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ASAMBLEA GENERAL
VIG�SIMO SEXTO PER�ODO ORDINARIO DE SESIONES

3 de junio de 1996
Panam�, Rep�blica de Panam�
OEA/Ser.P AG/doc.3329/96
Original: ingl�s

SEGUNDO INFORME DE LA COMISI�N ESPECIAL SOBRE GESTI�N DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCI�N AG/RES. 1349 (XXV-O/95)

(Punto 12 del temario)

Este documento ser� presentado a la Asamblea General en su vig�simo sexto per�odo ordinario de sesiones

NOTA EXPLICATIVA

En la sesi�n del 15 de mayo de 1996, el Consejo Permanente consider� el informe de la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas (CP/doc.2745/96) (Anexo), lo hizo suyo y decidi� transmitirlo a la Asamblea General, junto con un proyecto de resoluci�n, como material de antecedentes para consideraci�n del correspondiente punto del temario.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISI�N ESPECIAL SOBRE GESTI�N DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCI�N AG/RES. 1349 (XXV-O/95)

(Enero - junio de 1996)

INTRODUCCI�N

Mediante resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95) "Gesti�n de Cumbres Interamericanas", adoptada en su vig�simo quinto per�odo ordinario de sesiones, la Asamblea General de la OEA cre� una Comisi�n Especial del Consejo Permanente sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas con el fin de asegurar un seguimiento de las actividades encomendadas a la Organizaci�n por la Cumbre de las Am�ricas.

El Consejo Permanente, en sesi�n celebrada el 9 de agosto de 1995 instal� la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas y eligi� por aclamaci�n a la Embajadora Harriet C. Babbitt, Representante Permanente de los Estados Unidos, Presidente de la Comisi�n. En su primera sesi�n, la Comisi�n Especial eligi� por aclamaci�n al Embajador Jos� Roberto Andino Salazar, Representante Permanente de El Salvador, como Vice-presidente.

La Asamblea General encomend� a la Comisi�n Especial que solicite y reciba regularmente informes de cualquier �rgano, organismo o entidad de la OEA responsables por la ejecuci�n de las Iniciativas de la Cumbre, los comente y que, de acuerdo con su mandato oriente, d� pautas espec�ficas y encargue tareas a dichos cuerpos.

Igualmente, la Asamblea General instruy� al Consejo Permanente que informe a otras entidades e instituciones gubernamentales regionales y subregionales que han sido llamadas a colaborar en la ejecuci�n de las iniciativas del Plan de Acci�n acerca del inter�s de la OEA en recibir informaci�n sobre sus actividades y solicitar que �stas proporcionen regularmente al Consejo Permanente tal informaci�n.

Asimismo, la Asamblea General encomend� a la Comisi�n Especial que a trav�s del Consejo Permanente informe por escrito a los Ministros de Relaciones Exteriores, en diciembre de cada a�o y en cada per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General, sobre los progresos realizados en la ejecuci�n de la resoluci�n.

El primer informe de la Comisi�n Especial a los Ministros de Relaciones Exteriores fue presentado en diciembre 1995 (CP/doc.2674/95 rev. 1 corr. 1).

Entre enero y junio de 1996, per�odo al que se refiere este informe, la Comisi�n celebr� reuniones mensuales. En sesi�n celebrada el 6 de febrero de 1996, la Comisi�n aprob� las cartas de la Presidente de la Comisi�n Especial a los cuerpos de la organizaci�n solicitando que informen por escrito sobre los progresos que han alcanzado en la implementaci�n de las iniciativas de la Cumbre desde el informe anterior y sus planes adicionales de seguimiento de los puntos definidos por �sta. En las cartas la Presidente enfatiz� la importancia de incluir s�lo las actividades o planes que se relacionan directamente con el seguimiento de la Cumbre desde el informe previo. Se solicit�, adem�s, al Presidente del Consejo Permanente que tuviera a bien hacer otro tanto con las entidades e instituciones gubernamentales, regionales y subregionales que han sido llamadas a colaborar en la ejecuci�n de las iniciativas del Plan de Acci�n. El listado de los informes recibidos se incluye como Anexo I.

En la misma sesi�n, la Presidente distribuy� una carta abierta del Embajador Alexander F. Watson, Presidente del Grupo de Revisi�n de la Ejecuci�n de la Cumbre (SIRG), a los miembros del grupo. La carta, con fecha del 26 de enero de 1996, expresaba la satisfacci�n del Embajador Watson con los resultados de la quinta Reuni�n del SIRG realizada en la sede de CEPAL en Chile. En su carta, el Embajador hace referencia a la propuesta conjunta sobre las iniciativas en democracia y derechos humanos presentadas en esa reuni�n por los Gobiernos de Brasil y Canad�. Por sugerencia de ambos Gobiernos, el SIRG acord� entregar la propuesta conjunta a la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas, con la recomendaci�n de que organice un grupo de trabajo.

Las delegaciones de Brasil y Canad� presentaron a la Comisi�n su propuesta de ejecuci�n del Plan de Acci�n de la Cumbre, en las �reas de fortalecimiento de la democracia y de promoci�n y protecci�n de los derechos humanos.

En sesi�n celebrada el 11 de abril de 1996, la Comisi�n Especial instal� el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos encargado, Ade conformidad con los prop�sitos y principios de la Carta de la OEA y con los prop�sitos y principios de la Declaraci�n Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, de asistir en actividades de seguimiento de los compromisos de la Cumbre de las Am�ricas en las �reas de democracia y derechos humanos, incluyendo examinar la propuesta de Brasil y Canad�.

En cumplimiento del mandato de la resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95), la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas presenta su segundo informe a los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organizaci�n.

Las secciones del informe y su orden num�rico corresponde a aquellos de las iniciativas tal como figuran en el Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas. Dado que el Comit� Especial solicit� informaci�n s�lo sobre aquellas actividades relacionadas con la Cumbre que hubieran ocurrido o se hubieran planeado con posterioridad al primer informe, algunas iniciativas del Plan de Acci�n no se encuentran cubiertas en este informe.

El informe abarca 13 de las 23 iniciativas del Plan de Acci�n en cada una de sus cuatro �reas tem�ticas. Algunas de las actividades incluidas en el informe son: actividades de la Unidad para la Promoci�n de la Democracia de monitoreo electoral y de fortalecimiento de instituciones democr�ticas; el trabajo realizado por varias organizaciones en la promoci�n de los derechos de la mujer en seguimiento de la Conferencia de Beijing de 1995; adopci�n de la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n; establecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); establecimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la propuesta de una convenci�n interamericana para combatir el lavado de dinero (realizado bajo la recomendaci�n de la Conferencia Ministerial sobre Lavado de Dinero); el trabajo de CICAD en el combate contra las drogas il�citas; la Conferencia sobre Terrorismo; la Conferencia Ministerial de Comercio; la reuni�n de ministros responsables de ciencia y tecnolog�a; y la preparaci�n para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

TEMA I: PRESERVACI�N Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS DE LAS AM�RICAS

 1. El fortalecimiento de la democracia (punto 1)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

El Grupo de Trabajo inici� la consideraci�n del proyecto AEducaci�n para la Democracia presentado originalmente por la Delegaci�n del Uruguay, que est� dise�ado para ense�ar a los estudiantes las instituciones democr�ticas. El Grupo tambi�n inici� la consideraci�n del proyecto ALineamientos Generales para la Propuesta del Proyecto Promoci�n de J�venes L�deres Democr�ticos: Red Hemisf�rica de Dirigentes J�venes, presentado originalmente por la Delegaci�n de Costa Rica. El proyecto tiene como objetivo la formaci�n de l�deres democr�ticos en las Am�ricas.

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACI�N DE JUSTICIA EN LAS AM�RICAS

El Consejo Permanente, en sesi�n ordinaria celebrada el 10 de abril, respald� la solicitud de la Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos para la realizaci�n de tres seminarios, y acord� solicitar los fondos necesarios. Dos seminarios para delegados de los Estados Centroamericanos se realizar�n en Managua durante el segundo semestre de 1996. El primero, titulado ASeminario Regional sobre Aplicaci�n de Normas Internacionales, es organizado por la Corte Centroamericana de Justicia. El seminario tratar� la aplicaci�n de normas interamericanas en los ordenamientos nacionales de los Estados Centroamericanos. El segundo se titula ASeminario Regional sobre Perfeccionamiento de la Administraci�n de Justicia. Este es organizado por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y analizar� desarrollos legislativos recientes en el Hemisferio en materias relacionadas al derecho penal, mercantil, procesal y contencioso administrativo.

Finalmente, en Tarija, Bolivia, se realizar� un taller regional sobre la formaci�n del Defensor P�blico en materia civil y penal. Este tendr� lugar durante el primer semestre de 1997 y se prepara en forma conjunta con la Escuela de Defensores P�blicos de Tarija.

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

El Comit� Jur�dico Interamericano (CJI) aprob� el 6 de febrero de 1996 la resoluci�n ADemocracia en el Sistema Interamericano en la cual �ste reafirma su convicci�n de que seminarios y mesas redondas fortalecer�an el desarrollo del derecho internacional, profundizando la democracia representativa.

En otra resoluci�n, adoptada el 9 de febrero de 1996, el CJI reiter� su compromiso con el fortalecimiento de la administraci�n de justicia. La resoluci�n se concentra en la protecci�n y garant�as de jueces y abogados, as� como en facilitar el acceso a la justicia mediante la simplificaci�n de los procedimientos judiciales.

En sesi�n ordinaria de febrero de 1996, el CJI tom� nota del informe del Secretario General AEl Derecho en el Nuevo Orden Interamericano y decidi� incluir su estudio en su pr�xima sesi�n ordinaria a realizarse en agosto de 1996.

SECRETAR�A GENERAL - Unidad para la Promoci�n de la Democracia (UPD)

La UPD mantiene un intenso programa de actividades dise�adas a contribuir al fortalecimiento de las instituciones democr�ticas de los pa�ses de Am�rica Latina y el Caribe.

Junto al Banco Mundial, al BID y otras instituciones, la Secretar�a General, a trav�s de la Unidad, organiz� la Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes. Esta se realiz� entre el 17 y 19 de abril en Miami. En esta ocasi�n alcaldes, dirigentes de asociaciones municipales y parlamentarios discutieron temas de descentralizaci�n.

Se realiz� una visita a Belice para identificar posibles actividades que permitan fortalecer el sistema inform�tico del registro civil. Se han preparado misiones de observaci�n electoral para enviar a Nicaragua, Rep�blica Dominicana y Suriname. Se ha recibido una solicitud del Ecuador para los mismos efectos. En El Salvador, la UPD est� realizando un estudio de factibilidad para otorgar asistencia t�cnica al Tribunal Electoral Supremo para un proyecto de censo nacional. La UPD ha propuesto la realizaci�n de una reuni�n Hemisf�rica de organismos electorales. Esta ser�a antecedida por una reuni�n t�cnica de car�cter preparatorio. Ambas reuniones tendr�an lugar en Paraguay y tratar�an temas como la formaci�n de una carrera de funcionarios electorales, la cooperaci�n horizontal entre organismos electorales, y el estudio comparado de legislaci�n electoral.

La UPD est� colaborando con la Secretar�a Ejecutiva del Parlamento Andino en la realizaci�n de una serie de estudios y seminarios sobre compatibilizaci�n de leyes org�nicas de los congresos, leyes electorales y de partidos pol�ticos, sobre capacitaci�n de funcionarios de los congresos nacionales, y sobre an�lisis presupuestario. En Uruguay se apoya al Centro Latinoamericano de Econom�a Humana en la realizaci�n de seminarios y estudios sobre perfeccionamiento legislativo de ese pa�s. Por �ltimo, la Secretar�a General, el BID y otros organismos multilaterales organizar�n un seminario sobre experiencias y lecciones aprendidas en proyectos de apoyo al fortalecimiento de legislaturas en Am�rica Latina.

La UPD apoya al Instituto Brasile�o de Administraci�n Municipal para la publicaci�n de 10.000 cartillas sobre gobierno municipal. En Paraguay, la UPD apoyar� al Ministerio de Educaci�n y Culto en la preparaci�n de la segunda etapa del programa de Educaci�n para la Democracia. Este busca formar grupos de personal t�cnico para trabajar en investigaci�n, preparaci�n de material y capacitaci�n en el tema. En Costa Rica se prepara la organizaci�n de un seminario-taller Centroamericano sobre m�todos de ense�anza y aprendizaje de valores y actitudes democr�ticas. Finalmente, en Venezuela se est� colaborando con la Comisi�n Presidencial para la Reforma del Estado en la creaci�n y fortalecimiento de mecanismos de participaci�n ciudadana.

COMISI�N ESPECIAL SOBRE GESTI�N DE CUMBRES INTERAMERICANAS

La Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas, en la sesi�n del 11 de abril instal� el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos. El d�a 6 de mayo, el Grupo de Trabajo analiz� el documento preparado por Brasil y Canad� APlan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas/ Democracia y Derechos Humanos/ Propuesta de Ejecuci�n. La reuni�n cont� con la presencia de expertos regionales. El Grupo de Trabajo dio plazo hasta el 31 de julio para que se presenten observaciones y comentarios sobre dicha propuesta. Se presentar� una nueva versi�n del documento a los Estados miembros el 31 de agosto. La pr�xima reuni�n se realizar� en septiembre de 1996.

2. La Promoci�n y Protecci�n de los Derechos Humanos (punto 2)

SECRETARIA GENERAL - Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos

Varias convenciones interamericanas tratan el tema de la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos y la aceptaci�n de �stas ha ido creciendo. Desde la Cumbre de las Am�ricas realizada en diciembre de 1994, el Protocolo Adicional a la Convenci�n Americana de Derechos Humanos en el �rea de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de 1988, el AProtocolo de San Salvador, ha sido ratificada por El Salvador, M�xico, Per� y Uruguay. Con lo cual el total de ratificaciones es de siete. La Convenci�n Interamericana sobre la Prevenci�n, Castigo y Erradicaci�n de la Violencia contra la Mujer de 1994, AConvenci�n de Bel�m do Par�, ha sido ratificada por veinte Estados miembros: Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panam�, Paraguay, Per�, Rep�blica Dominicana, Santa Luc�a, San Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Otros cinco Estados miembros han firmado pero a�n no la han ratificado: Argentina, Chile, M�xico, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos sirve de depositaria de estas Convenciones e instrumentos de ratificaci�n.

COMISI�N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con la Comisi�n Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Organizaci�n Panamericana de la Salud, realizaron en marzo 29 de 1996 una conferencia sobre mujer, derechos humanos y el sistema interamericano. Los panelistas, expertos seleccionados de distintos pa�ses del Hemisferio, consideraron temas relativos a la violencia contra la mujer, la discriminaci�n y la participaci�n pol�tica de la mujer y recomendaciones para el avance de la mujer en el marco de la Conferencia de las Mujeres realizada en Beijing en 1995. A continuaci�n de la Conferencia, en marzo 30, se celebr� la Segunda Reuni�n de Expertos, para asesorar al Relator Especial de la Comisi�n Interamericana sobre los Derechos de la Mujer en lo relativo a la implementaci�n del respectivo Proyecto.

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

Mediante la resoluci�n ADerecho a la Informaci�n, el CJI resolvi� mantener este tema en su agenda de discusi�n. El CJI recibi� el informe inicial del relator responsable sobre acceso a la informaci�n personal y su protecci�n. El informe final ser� presentado en la sesi�n de agosto de 1996.

SECRETAR�A GENERAL - Unidad para la Promoci�n de la Democracia (UPD)

La UPD est� colaborando con la Secretar�a Ejecutiva del Parlamento Andino en la organizaci�n de un seminario sobre derechos humanos en la subregi�n Andina.

En Per� la UPD est� apoyando al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Cat�lica de Lima en la elaboraci�n y realizaci�n de un segundo curso sobre AEducaci�n, Democracia y Derechos Humanos para civiles y militares peruanos.

3. Lucha contra la corrupci�n (punto 5)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE PROBIDAD Y �TICA C�VICA

El mandato del Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas de Aimpulsar y coordinar un acuerdo hemisf�rico contra la corrupci�n, conferido a este Grupo de Trabajo, se concret� con la aprobaci�n de la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n en la Conferencia Especializada de Caracas celebrada entre los d�as 27 y 29 de marzo de 1996 (ver Anexo II). La Convenci�n es el primer tratado contra la corrupci�n en el mundo y constituye una firme declaraci�n pol�tica que los pa�ses de las Am�ricas est�n comprometidos a tomar un papel de liderazgo en la lucha global contra la corrupci�n.

Esta Convenci�n fue suscrita por los siguientes veinti�n Estados miembros de la Organizaci�n: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Hait�, Honduras, Jamaica, M�xico, Nicaragua, Panam�, Paraguay, Per�, Rep�blica Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Conferencia Especializada de Caracas fue inaugurada por el Presidente de Venezuela y cont� con la participaci�n de numerosas autoridades de las m�s alta jerarqu�a en los Estados miembros.

La Convenci�n aprobada tiene como prop�sitos Apromover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupci�n@, as� como Apromover, facilitar y regular la cooperaci�n entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupci�n en el ejercicio de las funciones p�blicas y los actos de corrupci�n espec�ficamente vinculados con tal ejercicio.

El proceso de discusi�n para completar el an�lisis del proyecto de convenci�n continu� su desarrollo en el seno del Grupo de Trabajo a trav�s de reuniones extraordinarias a nivel de expertos gubernamentales convocadas en este per�odo. Las reuniones extraordinarias realizadas durante el per�odo cubierto por este informe tuvieron lugar entre los d�as 30 de enero y 2 de febrero de 1996 y entre el 11 y 12 de marzo del mismo a�o.

Con fecha 23 de enero de 1996, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad y �tica C�vica someti� a la consideraci�n de los Estados miembros un proyecto de Plan de Acci�n en el que se sugieren una serie de iniciativas para ser desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional, as� como un conjunto de tareas a ser encomendadas a la Secretar�a General de la OEA, con el objeto de continuar, complementar y reforzar las acciones de lucha contra la corrupci�n.

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

El CJI particip� como observador en las reuniones de expertos que prepararon el borrador de la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n, as� como en la Conferencia Especializada realizada en Caracas en marzo de 1996. Mediante una resoluci�n, aprobada en marzo de 1996, el CJI mantiene dentro de su agenda el tema sobre cooperaci�n internacional para reprimir la corrupci�n.

4. Lucha contra el problema de las drogas il�citas y delitos conexos (punto 6)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE ENCARGADO DE ESTUDIAR LA PROPUESTA DE UNA CONVENCI�N INTERAMERICANA PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

El Consejo Permanente, en sesi�n ordinaria del 2 de febrero de 1996, cre� un Grupo de Trabajo para que estudie y convenga en una respuesta hemisf�rica coordinada, incluyendo la consideraci�n de una convenci�n interamericana para combatir el lavado de dinero. Con esto se cumple con la recomendaci�n emanada de la Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito, celebrada en Buenos Aires el pasado 2 de diciembre. El grupo de trabajo se reuni� el 9 de abril para comenzar a discutir el tema que le fue encomendado

COMISI�N INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

La CICAD particip� en diciembre de 1995 en la Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito. En esta reuni�n se le encomend� a la Secretar�a Ejecutiva que convoque al Grupo de Expertos de la CICAD que elabor� el AReglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Dinero Relacionados con el Tr�fico Il�cito de Drogas y Delitos Conexos para que proponga las acciones acordes con el rol que le compete a la CICAD en cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia. Se invit� a los pa�ses miembros a que actualicen la informaci�n de legislaciones y medidas contra el lavado de dinero. Finalmente, se decidi� comunicar al Presidente del Consejo Permanente de la OEA el inter�s de CICAD, como entidad t�cnica, por participar en el Grupo de Trabajo creado por dicho Consejo, para considerar la posibilidad de una convenci�n interamericana para combatir el lavado de dinero.

En marzo de 1996 se realiz� en Washington la XIX Reuni�n de la CICAD en la cual se aprob� la propuesta de la Secretar�a Ejecutiva de incluir en su �rea de acci�n todas las drogas y sustancias sicotr�picas. La CICAD elaborar� un proyecto en esa �rea conjuntamente con el Directorio Internacional de Control de Narc�ticos, la Organizaci�n Mundial de la Salud y la Organizaci�n Panamericana de la Salud.

La CICAD aprob� la implementaci�n del Proyecto sobre Banco de Datos de Precursores Qu�micos para analizar el movimiento de precursores qu�micos.

En diciembre de 1995, producto de consultas entre la OEA y la Uni�n Europea sobre precursores qu�micos, los pa�ses Andinos firmaron con �sta un acuerdo sobre el control de precursores y otras sustancias qu�micas. Se realizan negociaciones para extender este acuerdo a otros pa�ses del Hemisferio.

El Grupo de Expertos de la CICAD sobre control de armas y explosivos se reunir� para avanzar en el tema en Caracas entre el 20 y el 24 de mayo de 1996.

Se prepara una reuni�n t�cnica sobre prevenci�n global de abuso de drogas a realizarse en Costa Rica. Adicionalmente, a mediados de a�o se realizar� en Chile una reuni�n t�cnica para evaluar el impacto de los programas de prevenci�n de abuso de drogas.

En reuni�n del 21 al 24 de mayo pr�ximo, el Grupo de Trabajo sobre Estrategias para Combatir el Narcotr�fico considerar� la �ltima versi�n del documento AEstrategia Antidroga en el Hemisferio. El documento deber� definir principios b�sicos para la elaboraci�n de una estrategia com�n en el tema e identificar los procedimientos a seguir.

La Comisi�n autoriz� a la Secretar�a Ejecutiva para realizar un seminario piloto sobre desarrollo organizacional dirigido a fortalecer las comisiones nacionales de drogas en los pa�ses del Caribe. La fecha de realizaci�n est� prevista para julio o agosto pr�ximo.

5. La eliminaci�n de la amenaza del terrorismo nacional e internacional (tema 7)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TERRORISMO DE LA COMISI�N DE ASUNTOS JUR�DICOS Y POL�TICOS

El Grupo de Trabajo sobre Terrorismo, presidido por la Representante Permanente del Per�, Embajadora Beatriz Ramacciotti, se reuni� el 23 de febrero de 1996 para considerar el calendario y aprobar el proyecto de reglamento para la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo. Entre el 27 y 29 de febrero de 1996 se realiz� la reuni�n preparatoria de la Conferencia. En �sta se aprob� el proyecto de temario de la Conferencia, el documento "Proyecto de Declaraci�n de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo", as� como diez p�rrafos del anteproyecto de "Plan de Acci�n sobre Cooperaci�n Hemisf�rica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo". El Grupo de Trabajo, en cumplimiento del mandato recibido de la reuni�n preparatoria, finaliz� en su sesi�n del 9 de abril la consideraci�n del anteproyecto de Plan de Acci�n. El Consejo Permanente, en sesi�n extraordinaria del 13 de marzo, aprob� las resoluciones sobre temario y reglamento de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo.

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo se realiz� en Lima entre el 23 y 26 de abril de 1996. En ella se adopt� la ADeclaraci�n de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo" (ver Anexo III) y el "Plan de Acci�n sobre Cooperaci�n Hemisf�rica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo".

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

En su sesi�n de febrero de 1996, el CJI consider� el informe sobre cooperaci�n interamericana para confrontar el terrorismo y acord� considerar este y otros informes posteriores en la perspectiva de los resultados de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo.

 6. El fomento de la confianza mutua (punto 8)

COMISI�N DE SEGURIDAD HEMISF�RICA

En reuniones realizadas el 28 de noviembre de 1995 y el 19 de enero de 1996, la Comisi�n inici� el seguimiento y evaluaci�n de la implementaci�n de las medidas definidas en la Declaraci�n de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. La Comisi�n acord� invitar a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA a proveer por escrito informaci�n sobre las medidas de fortalecimiento de la confianza y de la seguridad. Actualmente, la Comisi�n se encuentra a la espera de esta informaci�n para preparar el informe que ha de presentarse en la pr�xima sesi�n ordinaria de la Asamblea General.

La Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica consider� los graves efectos de las minas antipersonales en Centroam�rica, habiendo escuchado presentaciones sobre el desminado en Costa Rica, Honduras y Nicaragua de representantes de la Unidad para la Promoci�n de la Democracia de la OEA y la Junta Interamericana de Defensa. La Comisi�n acord� elevar a la consideraci�n del Consejo Permanente un proyecto de resoluci�n que recomiende continuar el proceso de remoci�n de minas en Centroam�rica, para su eventual adopci�n por la Asamblea General. La Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica escuch� adem�s a representantes de la Cruz Roja Internacional y del Gobierno de los Estados Unidos sobre los graves e inhumanos efectos causados por las minas antipersonales, su limitado valor militar y las negociaciones internacionales que se est�n llevando a cabo procurando la prohibici�n de su fabricaci�n, almacenamiento, tr�fico y uso. La Comisi�n acord� considerar la presentaci�n al Consejo Permanente de un proyecto de resoluci�n sobre la eliminaci�n de las minas antipersonales en el Hemisferio, para su eventual adopci�n por la Asamblea General.

TEMA II: LA PROMOCI�N DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACI�N ECON�MICA Y EL LIBRE COMERCIO

7. El libre comercio en las Am�ricas (punto 9)

COMISI�N ESPECIAL DE COMERCIO

La Comisi�n Especial de Comercio (CEC) celebr� una reuni�n extraordinaria en Bogot� el 6 de marzo de 1996 para considerar el informe que la CEC presentar�a en la Reuni�n Ministerial en Cartagena. La CEC decidi� presentar a los Ministros de Comercio la versi�n final del ACompendio Anal�tico de los Acuerdos de Comercio e Integraci�n del Hemisferio@, y solicitar a la Unidad de Comercio revisar y actualizar el Compendio en forma peri�dica. Los Ministros posteriormente acordaron publicar el Compendio una vez que la versi�n final sea aprobada. La CEC tambi�n expres� su agradecimiento al BID por el informe AReglas de Origen en los Acuerdos Preferenciales de Comercio en las Am�ricas@ y remiti� dicho estudio al Grupo de Trabajo sobre Normas de Origen y Procedimientos Aduaneros del �rea de Libre Comercio de las Am�ricas (ALCA).

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

El CJI mantiene su coordinaci�n con la CEC. El CJI present� en la Reuni�n Ministerial sobre Comercio de Cartagena su resoluci�n m�s reciente sobre las dimensiones jur�dicas de la integraci�n y el comercio internacional.

Un estudio sobre la aplicaci�n en las Am�ricas del concepto de naci�n m�s favorecida se encuentra en desarrollo.

 SECRETARIA GENERAL - Unidad de Comercio

La Unidad de Comercio ha continuado prestando apoyo a la Comisi�n Especial de Comercio (CEC) y a su Grupo Asesor. En este contexto, la Unidad de Comercio continu� desarrollando el ACompendio Anal�tico de Acuerdos de Comercio e Integraci�n del Hemisferio, ampliando su cobertura e integrando cinco acuerdos comerciales adicionales. En apoyo al trabajo del CEC y en cumplimiento de los t�rminos de referencia del Grupo Asesor, la Unidad de Comercio prepar� el documento AObservaciones sobre las Econom�as m�s Peque�as y Relativamente Menos Desarrolladas y la Integraci�n en el Hemisferio Occidental@. Finalmente, en relaci�n a los mandatos emanados de la Comisi�n Especial de Comercio, la Unidad de Comercio contin�a reestructurando el Sistema de Informaci�n al Comercio Exterior (SICE) para adecuarlo a las necesidades de los pa�ses.

La Unidad de Comercio apoya ocho de los once Grupos de Trabajo del ALCA. Esta ha elaborado diez documentos t�cnicos para apoyar las labores de estos Grupos.

En la Reuni�n de Cartagena del 21 de marzo, los Ministros de Comercio establecieron grupos de trabajo adicionales en los temas comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, compras del sector p�blico y pol�tica de competencia. Los Ministros acordaron considerar la creaci�n de un grupo de estudio sobre medio ambiente. La decisi�n se adopt� despu�s de recibir el informe que ser� presentado en la Reuni�n Ministerial de la Organizaci�n Mundial de Comercio a realizarse en Singapur y bajo recomendaci�n de los Vice-Ministros. Tambi�n se mantendr�n bajo consideraci�n asuntos laborales. Los Ministros recibieron informes de los grupos de trabajo del Foro Empresarial de las Am�ricas que se reuni� previo a la Reuni�n Ministerial. Brasil ser� el pa�s anfitri�n de la pr�xima Reuni�n Ministerial que se realizar� en Belo Horizonte en junio de 1997.

Como parte de su estrategia de comunicaciones, la Unidad de Comercio comenz� la publicaci�n del Bolet�n de Comercio de la OEA. Este bolet�n se publica bimestralmente y cada edici�n tratar� un tema espec�fico.

La Unidad de Comercio contin�a ampliando sus conexiones con otras organizaciones multilaterales, regionales y subregionales. Ejemplo de ello son los seminarios sobre asuntos de comercio que la Unidad de Comercio organizar� con SIECA para los pa�ses Centroamericanos, y con SELA, CARICOM y OECO para los pa�ses del Caribe, e iniciativas conjuntas con UNTAD, la OMC, el Banco Mundial y la OCDE.

En el contexto de la reuni�n Ministerial de Cartagena, la Unidad de Comercio colabor� en la organizaci�n y desarrollo de la reuni�n del Foro Empresarial de las Am�ricas realizada el 19-20 de marzo.

8. El desarrollo y la liberalizaci�n de los mercados de capitales (punto 10)

COMITE JUR�DICO INTERAMERICANO

El Comit� Jur�dico Interamericano ha sometido para consideraci�n de financiamiento externo una serie de seminarios educativos sobre el perfeccionamiento de regulaciones del mercado de valores en el Hemisferio.

9. Las telecomunicaciones y la infraestructura de la informaci�n (punto 13)

COMISI�N INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL)

CITEL, junto con la Oficina de Desarrollo de la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones (UIT), prepar� la gu�a ARecomendaciones sobre Pol�ticas de Telecomunicaciones para los Pa�ses de las Am�ricas. Esta publicaci�n provee a los pa�ses informaci�n respecto de los elementos que deben tomarse en cuenta cuando un pa�s considera la liberalizaci�n o privatizaci�n de sus telecomunicaciones.

Dado el inter�s generado por el Grupo de Trabajo Legal, COM/CITEL decidi� transformar este Grupo de Trabajo en un Grupo de Trabajo Conjunto de los tres Comit�s Consultivos Permanentes y abrirlo a la participaci�n de todos los Miembros Asociados. El Grupo est� preparando un plan de acci�n para la elaboraci�n de un documento para administradores y operadores en la regi�n. El documento tratar� temas sobre las estructuras organizativas y los procesos de toma de decisiones de las autoridades reguladoras de telecomunicaciones que han surgido recientemente.

El Grupo de Trabajo realiz� un seminario sobre Servicios de Valor Agregado al cual asistieron 105 representantes de 20 pa�ses. En dicha reuni�n se prepar� un conjunto de Pautas para la Ejecuci�n Uniforme de Servicios de Valor Agregado en las Am�ricas. Estas pautas est�n siendo revisadas por los miembros y se espera tener un documento final para la reuni�n de funcionarios de alto nivel a realizarse el pr�ximo septiembre.

El Grupo de Trabajo sobre Modernizaci�n de Redes se reuni� en febrero para preparar el informe que ser� presentado en la reuni�n de funcionarios de alto nivel. El Grupo est� recopilando informaci�n para la preparaci�n de un futuro plan de acci�n.

CITEL celebr� entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 1996 un seminario titulado ARadiodifusi�n Directa a los Hogares. Este se llev� a cabo en Puerto La Cruz, Venezuela.

SECRETARIA GENERAL - Secretar�a Ejecutiva del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

La Red Hemisf�rica Universitaria de Informaci�n Cient�fica y Tecnol�gica de la OEA (RedHUCyT) junto con el gobierno de Guatemala aportaron fondos para la ejecuci�n del proyecto MAYANet. La primera etapa del proyecto culmin� en diciembre de 1995 con la conexi�n de Guatemala a Internet. La segunda fase de MAYANet se completar� a comienzos de 1996 e implicar� una expansi�n de la cobertura y acceso a la red. Esta conexi�n promover� el desarrollo de la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica y el intercambio de informaci�n especializada entre una serie de instituciones del pa�s.

La Red Nacional de El Salvador (SVNet) se encuentra en su etapa de ejecuci�n. Esta facilitar� acceso a Internet a una serie de instituciones incluyendo, entre otras, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog�a (CONACYT), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y las universidades de El Salvador, Don Bosco, y Jos� Sim�n Ca�as.

El 9 de abril de 1996 Paraguay complet� su conexi�n a Internet. Con ello se contaron las universidades Nacional y Cat�lica, adem�s de algunas instituciones de gobierno y otras organizaciones. La OEA provee una estaci�n de tierra para las comunicaciones de sat�lite y tambi�n equipo de comunicaciones de alta tecnolog�a.

Proyectos similares est�n en consideraci�n o se ejecutar�n durante 1996 en el Caribe.

El Banco Centroamericano de Integraci�n Econ�mica junto al Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a de Costa Rica y a la Red de Investigaci�n Nacional Costarricense (CRNet) aprobaron un proyecto para lograr la interconexi�n de las redes acad�micas de Centroam�rica usando la infraestructura actual desarrollada dentro del marco de la OEA/RedHUCyt.

Tambi�n se entreg� apoyo en comunicaciones a las instituciones participantes en CUNet que se conectan a Internet mediante la Universidad de Puerto Rico.

10. La cooperaci�n en ciencia y tecnolog�a (punto 14)

SECRETARIA GENERAL - Secretar�a Ejecutiva del CIDI

Entre el 27 y el 29 de marzo se realiz� en Colombia la Reuni�n de Ministros responsables de Ciencia y Tecnolog�a en concordancia con la decisi�n adoptada en la Cumbre de las Am�ricas. Esta reuni�n tuvo entre otros objetivos Aevaluar el progreso y promover el Programa Bol�var y el programa MERCOCYT de la OEA, proporcionar el apoyo necesario para fomentar las asociaciones cient�ficas y empresas tecnol�gicas de la regi�n, y explorar la posibilidad de establecer un consejo de ciencia y tecnolog�a. Cumpliendo con el mandato de la Asamblea General de la OEA, CEPCIECC aport� cien mil d�lares para apoyar la realizaci�n de esta Reuni�n. Igualmente, la Asamblea General de la OEA instruy� al Departamento de Asuntos Cient�ficos y Tecnol�gicos a que, en su condici�n de Secretar�a T�cnica del Comit� Permanente del Programa MERCOCYT, apoye al Gobierno de Colombia y al Presidente del Comit� Permanente en todas las materias relacionadas con la Reuni�n.

Los Ministros aprobaron una Declaraci�n de Cartagena y Plan de Acci�n que manifestaba que la OEA tiene la responsabilidad principal del seguimiento y apoyo de las recomendaciones que emanen de la Reuni�n de Ministros. Entre �stas se destacan: que la OEA y el BID tengan un papel significativo de apoyo a los programas de cooperaci�n Hemisf�rica en ciencia y tecnolog�a; que el Comit� Permanente del Programa MERCOCYT realice el seguimiento de los acuerdos y conclusiones de la reuni�n de Ministros, contando con el apoyo t�cnico de la OEA y bajo la autoridad de los Ministros de Ciencia y Tecnolog�a; y organizar, dentro del marco de MERCOCYT, un foro especializado para analizar y preparar la transferencia de recursos hacia la ejecuci�n de planes de desarrollo cient�fico y tecnol�gico para pa�ses m�s peque�os y menos desarrollados. Adem�s solicitaron el apoyo de la OEA en la organizaci�n de Reuniones Ministeriales futuras, en el �mbito del nuevo CIDI.

TEMA III: LA ERRADICACI�N DE LA POBREZA Y

LA DISCRIMINACI�N EN NUESTRO HEMISFERIO

 El 29 de enero de 1996 entr� en vigor el Protocolo de Managua que reforma la Carta de la Organizaci�n. Este ha sido ratificado por 23 pa�ses. Con estas reformas se estableci� el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que impulsar� la cooperaci�n solidaria para el desarrollo como objetivo fundamental de la OEA y como instrumento id�neo para apoyar colectivamente los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo y en particular, para contribuir a la superaci�n de la pobreza extrema en el Hemisferio.

La primera reuni�n del CIDI est� prevista para el 2 de junio de 1996 en Ciudad de Panam� en la cual se considerar�n su estatuto, plan estrat�gico y mecanismos de financiamiento.

En febrero de 1996 el Secretario General propuso la creaci�n de la Unidad Especializada de Desarrollo Social que tendr�a como responsabilidad apoyar a los pa�ses miembros en la formulaci�n, dise�o y evaluaci�n de nuevas pol�ticas sociales, particularmente en las dirigidas a la erradicaci�n de la pobreza. La Unidad tambi�n fomentar�a el intercambio de informaci�n y experiencias en esta �rea.

11. Fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad (punto 18)

COMISI�N INTERAMERICANA DE MUJERES

La CIM coauspici� con la UNESCO un encuentro sobre Mujeres Construyendo la Paz, en El Salvador, el 23 de enero de 1996. El evento fue organizado por la Asamblea Legislativa Salvadore�a y convoc� a mujeres de diferentes regiones del pa�s para discutir como las mujeres pueden contribuir al desarrollo de una sociedad pac�fica.

La CIM, a trav�s de su Secretar�a Ejecutiva, hizo una presentaci�n ante el Grupo de Revisi�n de Ejecuci�n de la Cumbre que se celebr� en Santiago de Chile el 22 de enero de 1996, sobre la secci�n de la Cumbre que hace referencia a los temas de la mujer.

La CIM, conjuntamente con las delegadas de Centroam�rica, convoc� a personalidades de esa regi�n, entre las que se encontraban la designada a la Presidencia de Honduras, Guadalupe Jerezano Mej�a y la Vice Presidente de Nicaragua, Julia Mena, para una reuni�n sobre El Acceso de la Mujer al Proceso de Toma de Decisiones, que se realiz� en Guatemala, el 21 y 23 de febrero de 1996. Las conclusiones del evento ofrecen las bases para incrementar la participaci�n de la mujer en las estructuras de decisi�n pol�tica.

La CIM trabaja en estrecha relaci�n con La Red de Oficinas Gubernamentales para el Avance de la Mujer, a trav�s de la cual se da asistencia a los pa�ses en la elaboraci�n de pol�ticas nacionales relacionadas con el avance de la mujer.

La CIM ha financiado a trav�s de la Direcci�n General para el Avance de la Mujer de la Rep�blica Dominicana, la participaci�n de algunos de los pa�ses del CARICOM en la reuni�n de la Red Latinoamericana de Oficinas Gubernamentales para el Avance de la Mujer, para que consideren si est�n interesados en desarrollar una red similar para los pa�ses que lo integran. Las directoras de las oficinas de Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Bahamas y Santa Luc�a asistieron a dicha reuni�n.

Durante 1996, la CIM realizar� diversas consultas a nivel subregional sobre temas relacionados con la pobreza, la participaci�n de las mujeres en la estructura de poder y de toma de decisiones, educaci�n, y violencia y derechos humanos, con el objeto de colaborar en la identificaci�n de estrategias para la implementaci�n del Plan de Acci�n de la CIM. Asimismo, se realizar�n gestiones para obtener fondos adicionales de las agencias de las Naciones Unidas y otras de car�cter intergubernamental, parlamentos regionales y otras fuentes para apoyar estas actividades.

Como contribuci�n a la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible que se realizar� en diciembre de 1996, se est� preparando un documento sobre el papel de la mujer en el desarrollo sostenible. La CIM tambi�n est� preparando un an�lisis de la legislaci�n en los pa�ses del CARICOM sobre la discriminaci�n de la mujer. Este concluir� a mediados de 1996.

COMISI�N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Comisi�n, a trav�s de su Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer, est� estudiando la legislaci�n, procedimientos judiciales y otras pr�cticas que tienen efectos sobre la discriminaci�n contra la mujer, en contravenci�n de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

12. Los Cascos Blancos-cuerpos para casos de emergencia y el desarrollo (punto 20)

COMISI�N GENERAL DEL CONSEJO PERMANENTE

El 10 de Abril el Secretario General present� a la Comisi�n General del Consejo Permanente el documento AIniciativa Cascos Blancos, encargado por la OEA y el BID a consultores externos. El documento se present� en cumplimiento del mandato contenido en la resoluci�n AG/RES. 1351 (XXV-O/95), que invita a la Secretar�a General Aa que, en coordinaci�n con el Consejo Permanente, impulse en el �mbito regional la iniciativa de los Cascos Blancos. Previo a su presentaci�n, el Embajador Octavio Frigerio, Presidente de la Comisi�n de Cascos Blancos en la Rep�blica Argentina, expuso sobre los �ltimos desarrollos de esta iniciativa, incluyendo operaciones exitosas de los Cascos Blancos en Bolivia, Hait� y Jamaica entre otros pa�ses.

La Comisi�n General decidi� mantener en estudio el citado Documento.

TEMA IV: LA GARANT�A DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI�N DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS

COMISI�N DEL MEDIO AMBIENTE

Se realiz� una Sesi�n Especial de la Comisi�n del Medio Ambiente, con la participaci�n de expertos gubernamentales de alto nivel, para definir el papel de la OEA en el campo de medio ambiente y el desarrollo sostenible, y para contribuir a la elaboraci�n de una nueva agenda de la OEA en estas materias, as� como para proponer los cambios institucionales que se requieren. La reuni�n se llev� a cabo el 11 y 12 de abril en la sede de la OEA en Washington D.C., y en ella se consideraron los siguientes documentos: AEstudio Anal�tico para la Evaluaci�n y Actualizaci�n del Programa Interamericano de Acci�n para la Conservaci�n del Medio Ambiente, ATemas Propuestos para la OEA en Materia de Desarrollo Ambiental Internacional y ALa Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La realizaci�n del Seminario sobre participaci�n p�blica en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible fue postergada para el segundo semestre del a�o en curso.

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA COOPERACI�N DE LA OEA A LA CUMBRE SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Cooperaci�n de la OEA a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible fue instalado el 7 de febrero de 1996, eligiendo como Presidente al Embajador Carlos Casap, Representante Permanente de Bolivia

En sesi�n extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 12 de febrero 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, doctor Antonio Aran�bar Quiroga, present� el documento "Hacia el Desarrollo Sostenible en las Am�ricas". El doctor Aran�bar Quiroga explic� a los miembros del Consejo la trascendental importancia que asigna el Gobierno de Bolivia a la Cumbre de las Am�ricas sobre Desarrollo Sostenible ha realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 7 y 8 de diciembre de 1996. El Canciller extendi� la invitaci�n del Presidente de Bolivia, Lic. Gonzalo S�nchez de Lozada, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la OEA. En la primera reuni�n del Grupo de Trabajo, realizada el 16 de febrero de 1996, el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Dr. Jaime Aparicio, y el Embajador en Misi�n Especial y Coordinador Nacional de la Cumbre, Don Fernando Romero, hicieron una exposici�n m�s amplia del documento presentado por el Canciller de Bolivia. El Grupo de Trabajo dio plazo hasta el 26 de abril de 1996 para que se presenten las observaciones y comentarios al documento AHacia el Desarrollo Sostenible en las Am�ricas.

La Comisi�n del Medio Ambiente inici� consultas con el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Cooperaci�n de la OEA en la Cumbre Hemisf�rica sobre Desarrollo Sostenible, con vistas a redefinir la agenda del seminario y situarlo como un evento preparatorio de la citada Cumbre.

13. La alianza para la prevenci�n de la contaminaci�n (punto 23)

COMISI�N DEL MEDIO AMBIENTE

El Consejo Permanente, en base al informe del Presidente de la Comisi�n del Medio Ambiente sobre la "Reuni�n de Expertos en Materia de Tecnolog�as Ambientales Sanas para Peque�as y Medianas Empresas", decidi� elevar a la consideraci�n del vig�simo sexto per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General el proyecto de Resoluci�n titulado "Reuni�n de Expertos Gubernamentales en Materia de Tecnolog�as Ambientales Sanas (CP/doc. 2719/96), mediante la cual se tom� nota del informe del Consejo Permanente sobre la Reuni�n de Expertos en Materia de Tecnolog�as Ambientalmente Sanas para la Peque�a y Mediana Empresa y se solicit� que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tome las medidas necesarias para el seguimiento e implementaci�n de las recomendaciones de la Reuni�n que considere pertinentes.

SECRETARIA GENERAL - Secretar�a Ejecutiva del CIDI

El 2 de febrero la Secretar�a General entreg� al Consejo Permanente los documentos AEstudio Anal�tico para la Evaluaci�n y Actualizaci�n del Programas Interamericano de Acci�n Para la Conservaci�n del Medio Ambiente, de acuerdo a la AG/RES. 1358 (XXV-0/95), ATemas Propuestos para la OEA en Materia de Desarrollo Ambiental Internacional y ALa Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estos documentos forman parte de los que fueron presentados como referencia para la Sesi�n Especial de la Comisi�n del Medio Ambiente entre el 11 y 12 de abril de 1996.

La Secretar�a General contin�a cooperando con el Gobierno de Bolivia en la preparaci�n del borrador de agenda para la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y se le han designado tareas espec�ficas en relaci�n a los temas de la agenda referidos a agua y bosques.

La Secretar�a General, a trav�s de su Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, a requerimiento de los organismos e instituciones participantes de la Reuni�n Intergubernamental de Expertos sobre la Alianza para la Prevenci�n de la Contaminaci�n, celebrada en San Juan de Puerto Rico en noviembre de 1995, acept� la tarea de convocar a un equipo de trabajo integrado por organizaciones internacionales para coordinar sus actividades y optimizar el uso de sus recursos en la ejecuci�n de la Alianza para la Prevenci�n de la Contaminaci�n. La primera reuni�n de este equipo de trabajo se realiz� en febrero de 1996, y en ella se decidi� que la Agencia para la Protecci�n del Medio Ambiente de los Estados Unidos prepare una propuesta con los t�rminos de referencia para el equipo de trabajo de la Cumbre de las Am�ricas sobre la Implementaci�n de la Cooperaci�n para la Prevenci�n de la Contaminaci�n. Los t�rminos de referencia fueron analizados en una reuni�n del equipo de trabajo del 15 de marzo, que tambi�n consider� el apoyo que otorgar�a a la preparaci�n de la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

La Secretar�a General est� colaborando con el Banco Mundial en la identificaci�n y selecci�n de los Puntos Focales Nacionales que actuar�n en el proceso gradual de eliminaci�n de la contaminaci�n por plomo.


ANEXO I
LISTADO DE INFORMES

CE/GCI-46/96 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Perfeccionamiento de la Administraci�n de Justicia en las Am�ricas
CE/GCI-50/96 Informe de la Presidente del Grupo de Trabajo sobre Terrorismo
CE/GCI-51/96 Informe del Presidente de la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica
CE/GCI-52/96 Informe de la Organizaci�n Panamericana de la Salud (OPS)
CE/GCI-53/96 Informe de la Comisi�n Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
CE/GCI-54/96 Informe de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos
CE/GCI-55/96 Informe de la Comisi�n Interamericana de Mujeres
CE/GCI-58/96 Informe del Grupo de Trabajo CEPCIES/CEPCIECC
CE/GCI-59/96 Informe de la Comisi�n Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD)
CE/GCI-60/96 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa
CE/GCI-61/96 Informe del Presidente de la Comisi�n del Medio Ambiente
CE/GCI-62/96 Informe de la Unidad para la Promoci�n de la Democracia
CE/GCI-63/96 Informe del Inter-American Institute for Global Change Research
CE/GCI-65/96 Informe de la Comisi�n Especial de Comercio
CE/GCI-66/96 Informe de la Unidad de Comercio
CE/GCI-70/96 Informe del Instituto Interamericano del Ni�o
CE/GCI-71/96 Informe del Comit� Jur�dico Interamericano


ANEXO II

CONVENCI�N INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCI�N/

Pre�mbulo

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACI�N DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONVENCIDOS de que la corrupci�n socava la legitimidad de las instituciones p�blicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, as� como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condici�n indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la regi�n, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupci�n en el ejercicio de las funciones p�blicas, as� como los actos de corrupci�n espec�ficamente vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupci�n fortalece las instituciones democr�ticas, evita distorsiones de la econom�a, vicios en la gesti�n p�blica y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupci�n es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus prop�sitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la poblaci�n de los pa�ses de la regi�n sobre la existencia y gravedad de este problema, as� como de la necesidad de fortalecer la participaci�n de la sociedad civil en la prevenci�n y lucha contra la corrupci�n;

RECONOCIENDO que la corrupci�n tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acci�n coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperaci�n internacional para combatir la corrupci�n y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupci�n en el ejercicio de las funciones p�blicas o espec�ficamente vinculados con dicho ejercicio; as� como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los v�nculos cada vez m�s estrechos entre la corrupci�n y los ingresos provenientes del tr�fico il�cito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras leg�timas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupci�n es responsabilidad de los Estados la erradicaci�n de la impunidad y que la cooperaci�n entre ellos es necesaria para que su acci�n en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupci�n en el ejercicio de las funciones p�blicas y en los actos de corrupci�n espec�ficamente vinculados con tal ejercicio,

HAN CONVENIDO

en suscribir la siguiente

CONVENCI�N INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCI�N

Art�culo I

Definiciones

Para los fines de la presente Convenci�n, se entiende por:

"Funci�n p�blica", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jer�rquicos.

"Funcionario p�blico", "Oficial Gubernamental" o "Servidor p�blico", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempe�ar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jer�rquicos.

"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Art�culo II

Prop�sitos

Los prop�sitos de la presente Convenci�n son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupci�n; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperaci�n entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupci�n en el ejercicio de las funciones p�blicas y los actos de corrupci�n espec�ficamente vinculados con tal ejercicio.

Art�culo III

Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Art�culo II de esta Convenci�n, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones p�blicas. Estas normas deber�n estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservaci�n y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios p�blicos en el desempe�o de sus funciones. Establecer�n tambi�n las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios p�blicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupci�n en la funci�n p�blica de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudar�n a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios p�blicos y en la gesti�n p�blica.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades p�blicas, que aseguren la adecuada comprensi�n de sus responsabilidades y las normas �ticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaraci�n de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempe�an funciones p�blicas en los cargos que establezca la ley y para la publicaci�n de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contrataci�n de funcionarios p�blicos y para la adquisici�n de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudaci�n y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupci�n.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efect�e asignaciones en violaci�n de la legislaci�n contra la corrupci�n de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios p�blicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupci�n, incluyendo la protecci�n de su identidad, de conformidad con su Constituci�n y los principios fundamentales de su ordenamiento jur�dico interno.

9. �rganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las pr�cticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios p�blicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisici�n y enajenaci�n de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupci�n.

11. Mecanismos para estimular la participaci�n de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupci�n.

12. El estudio de otras medidas de prevenci�n que tomen en cuenta la relaci�n entre una remuneraci�n equitativa y la probidad en el servicio p�blico.

Art�culo IV

�mbito

La presente Convenci�n es aplicable siempre que el presunto acto de corrupci�n se haya cometido o pruduzca sus efectos en un Estado Parte.

Art�culo V

Jurisdicci�n

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicci�n respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convenci�n cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podr� adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicci�n respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convenci�n cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicci�n respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convenci�n cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro pa�s por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convenci�n no excluye la aplicaci�n de cualquier otra regla de jurisdicci�n penal establecida por una Parte en virtud de su legislaci�n nacional.

Art�culo VI

Actos de corrupci�n

1. La presente Convenci�n es aplicable a los siguientes actos de corrupci�n:

a. El requerimiento o la aceptaci�n, directa o indirectamente, por un funcionario p�blico o una persona que ejerza funciones p�blicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como d�divas, favores, promesas o ventajas para s� mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realizaci�n u omisi�n de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones p�blicas;

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario p�blico o a una persona que ejerza funciones p�blicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como d�divas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario p�blico o para otra persona o entidad a cambio de la realizaci�n u omisi�n de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones p�blicas;

c. La realizaci�n, por parte de un funcionario p�blico o una persona que ejerza funciones p�blicas, de cualquier acto u omisi�n en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener il�citamente beneficios para s� mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultaci�n de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente art�culo; y

e. La participaci�n como autor, coautor, instigador, c�mplice, encubridor o en cualquier otra forma, en la comisi�n, tentativa de comisi�n, asociaci�n o confabulaci�n para la comisi�n de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente art�culo.

2. La presente Convenci�n tambi�n ser� aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o m�s Estados Partes, en relaci�n con cualquier otro acto de corrupci�n no contemplado en ella.

Art�culo VII

Legislaci�n interna

Los Estados Partes que a�n no lo hayan hecho adoptar�n las medidas legislativas o de otro car�cter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupci�n descritos en el Art�culo VI.1. para facilitar la cooperaci�n entre ellos, en los t�rminos de la presente Convenci�n.

Art�culo VIII

Soborno transnacional

Con sujeci�n a su Constituci�n y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur�dico, cada Estado Parte prohibir� y sancionar� el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario p�blico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en �l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como d�divas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones p�blicas, relacionado con una transacci�n de naturaleza econ�mica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, �ste ser� considerado un acto de corrupci�n para los prop�sitos de esta Convenci�n.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindar� la asistencia y cooperaci�n previstas en esta Convenci�n, en relaci�n con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Art�culo IX

Enriquecimiento il�cito

Con sujeci�n a su Constituci�n y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur�dico, los Estados Partes que a�n no lo hayan hecho adoptar�n las medidas necesarias para tipificar en su legislaci�n como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario p�blico con significativo exceso respecto de sus ingresos leg�timos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por �l.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento il�cito, �ste ser� considerado un acto de corrupci�n para los prop�sitos de la presente Convenci�n.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento il�cito brindar� la asistencia y cooperaci�n previstas en esta Convenci�n, en relaci�n con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Art�culo X

Notificaci�n

Cuando un Estado Parte adopte la legislaci�n a la que se refieren los p�rrafos 1 de los art�culos VIII y IX, lo notificar� al Secretario General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, quien lo notificar� a su vez a los dem�s Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento il�cito ser�n considerados para ese Estado Parte acto de corrupci�n para los prop�sitos de esta Convenci�n, transcurridos treinta d�as contados a partir de la fecha de esa notificaci�n.

Art�culo XI

Desarrollo progresivo

1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonizaci�n de las legislaciones nacionales y la consecuci�n de los objetivos de esta Convenci�n, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificaci�n en sus legislaciones de las siguientes conductas:

a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario p�blico o una persona que ejerce funciones p�blicas, de cualquier tipo de informaci�n reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en raz�n o con ocasi�n de la funci�n desempe�ada.

b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario p�blico o una persona que ejerce funciones p�blicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que �ste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en raz�n o con ocasi�n de la funci�n desempe�ada.

c. Toda acci�n u omisi�n efectuada por cualquier persona que, por s� misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopci�n, por parte de la autoridad p�blica, de una decisi�n en virtud de la cual obtenga il�citamente para s� o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.

d. La desviaci�n ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios p�blicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por raz�n de su cargo, en administraci�n, dep�sito o por otra causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, �stos ser�n considerados actos de corrupci�n para los prop�sitos de la presente Convenci�n.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este art�culo brindar�n la asistencia y cooperaci�n previstas en esta Convenci�n en relaci�n con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Art�culo XII

Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicaci�n de esta Convenci�n, no ser� necesario que los actos de corrupci�n descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Art�culo XIII

Extradici�n

1. El presente art�culo se aplicar� a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convenci�n.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente art�culo se considerar� incluido entre los delitos que den lugar a extradici�n en todo tratado de extradici�n vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradici�n en todo tratado de extradici�n que concierten entre s�.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradici�n a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradici�n de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ning�n tratado de extradici�n, podr� considerar la presente Convenci�n como la base jur�dica de la extradici�n respecto de los delitos a los que se aplica el presente art�culo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradici�n a la existencia de un tratado reconocer�n los delitos a los que se aplica el presente art�culo como casos de extradici�n entre ellos.

5. La extradici�n estar� sujeta a las condiciones previstas por la legislaci�n del Estado Parte requerido o por los tratados de extradici�n aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradici�n.

6. Si la extradici�n solicitada por un delito al que se aplica el presente art�culo se deniega en raz�n �nicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, �ste presentar� el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e informar� oportunamente a �ste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradici�n, el Estado Parte requerido podr�, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen car�cter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detenci�n de la persona cuya extradici�n se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los tr�mites de extradici�n.

Art�culo XIV

Asistencia y cooperaci�n

Los Estados Partes se prestar�n la m�s amplia asistencia rec�proca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigaci�n o juzgamiento de los actos de corrupci�n descritos en la presente Convenci�n, a los fines de la obtenci�n de pruebas y la realizaci�n de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigaci�n o juzgamiento de actos de corrupci�n.

Asimismo, los Estados Partes se prestar�n la m�s amplia cooperaci�n t�cnica mutua sobre las formas y m�todos m�s efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupci�n. Con tal prop�sito, propiciar�n el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los �rganos e instituciones competentes y otorgar�n especial atenci�n a las formas y m�todos de participaci�n ciudadana en la lucha contra la corrupci�n.

Art�culo XV

Medidas sobre bienes

De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestar�n mutuamente la m�s amplia asistencia posible en la identificaci�n, el rastreo, la inmovilizaci�n, la confiscaci�n y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisi�n de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convenci�n, de los bienes utilizados en dicha comisi�n o del producto de dichos bienes.

El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el p�rrafo anterior, de este art�culo, dispondr� de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislaci�n. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podr� transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigaci�n o en las actuaciones judiciales conexas.

Art�culo XVI

Secreto bancario

El Estado Parte requerido no podr� negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente ampar�ndose en el secreto bancario. Este art�culo ser� aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ning�n fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorizaci�n del Estado Parte requerido.

Art�culo XVII

Naturaleza del acto

A los fines previstos en los art�culos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convenci�n, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupci�n hubiesen sido destinados a fines pol�ticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupci�n ha sido cometido por motivaciones o con finalidades pol�ticas, no bastar�n por s� solos para considerar dicho acto como un delito pol�tico o como un delito com�n conexo con un delito pol�tico.

Art�culo XVIII

Autoridades centrales

Para los prop�sitos de la asistencia y cooperaci�n internacional previstas en el marco de esta Convenci�n, cada Estado Parte podr� designar una autoridad central o podr� utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

Las autoridades centrales se encargar�n de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperaci�n a que se refiere la presente Convenci�n.

Las autoridades centrales se comunicar�n en forma directa para los efectos de la presente Convenci�n.

 Art�culo XIX

Aplicaci�n en el tiempo

Con sujeci�n a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupci�n se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convenci�n, no impedir� la cooperaci�n procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposici�n en ning�n caso afectar� el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicaci�n interrumpir� los plazos de prescripci�n en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convenci�n.

Art�culo XX

Otros acuerdos o pr�cticas

Ninguna de las normas de la presente Convenci�n ser� interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten rec�procamente cooperaci�n al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o pr�ctica aplicable.

Art�culo XXI

Firma

La presente Convenci�n est� abierta a la firma de los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

Art�culo XXII

Ratificaci�n

La presente Convenci�n est� sujeta a ratificaci�n. Los instrumentos de ratificaci�n se depositar�n en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

Art�culo XXIII

Adhesi�n

La presente Convenci�n queda abierta a la adhesi�n de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesi�n se depositar�n en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

Art�culo XXIV

Reservas

Los Estados Partes podr�n formular reservas a la presente Convenci�n al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y prop�sitos de la Convenci�n y versen sobre una o m�s disposiciones espec�ficas.

Art�culo XXV

Entrada en vigor

La presente Convenci�n entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificaci�n. Para cada Estado que ratifique la Convenci�n o adhiera a ella despu�s de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaci�n, la Convenci�n entrar� en vigor el trig�simo d�a a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci�n o adhesi�n.

Art�culo XXVI

Denuncia

La presente Convenci�n regir� indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podr� denunciarla. El instrumento de denuncia ser� depositado en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos. Transcurrido un a�o, contado a partir de la fecha de dep�sito del instrumento de denuncia, la Convenci�n cesar� en sus efectos para el Estado denunciante y permanecer� en vigor para los dem�s Estados Partes.

Art�culo XXVII

Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podr� someter a la consideraci�n de los otros Estados Partes reunidos con ocasi�n de la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convenci�n con el objeto de contribuir al logro de los prop�sitos enunciados en su Art�culo II.

Cada protocolo adicional fijar� las modalidades de su entrada en vigor y se aplicar� s�lo entre los Estados Partes en dicho protocolo.

Art�culo XXVIII

Dep�sito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convenci�n, cuyos textos espa�ol, franc�s, ingl�s y portugu�s son igualmente aut�nticos, ser� depositado en la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, la que enviar� copia certificada de su texto para su registro de publicaci�n a la Secretar�a de las Naciones Unidas, de conformidad con el art�culo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos notificar� a los Estados miembros de dicha Organizaci�n y a los Estados que hayan adherido a la Convenci�n, las firmas, los dep�sitos de instrumentos de ratificaci�n, adhesi�n y denuncia, as� como las reservas que hubiere.


ANEXO III
CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICAN SOBRE TERRORISMO

26 abril 1996
Lima, Peru
OEA/SER.K/XXXIII.1   CEITE/doc.7/96 rev. 5
Original: espa�ol

DECLARACI�N DE LIMA PARA PREVENIR, COMBATIRY ELIMINAR EL TERRORISMO

(Aprobada en la segunda sesi�n plenaria, celebrada el 26 de abril de 1996)

Los Ministros de Estado y los Jefes de Delegaci�n de los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Per�, del 23 al 26 de abril de 1996, en ocasi�n de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo,

CON FUNDAMENTO en los principios y prop�sitos consagrados en la Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos;

RECORDANDO que la Convenci�n para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsi�n conexa cuando �stos tengan trascendencia internacional, suscrita en Washington, D.C., en 1971, as� como las resoluciones AG/RES. 4 (I-E/70), AG/RES. 775 (XV-O/85), AG/RES. 1112 (XXI-O/91) y AG/RES. 1213 (XXIII-O/93), y las Declaraciones de Asunci�n (1990) y de Bel�m do Par� (1994), son testimonio del proceso evolutivo del tratamiento en la Organizaci�n de los Estados Americanos del grave y preocupante fen�meno terrorista;

CONSIDERANDO que en la Declaraci�n de Principios de la Cumbre de las Am�ricas (Miami, diciembre de 1994), los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron: "Condenamos el terrorismo en todas sus formas y combatiremos conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Am�ricas, a trav�s de todos los medios legales"; y que, en el Plan de Acci�n, bajo el t�tulo "La eliminaci�n de la amenaza del terrorismo nacional e internacional" (punto 7), afirmaron que dicho flagelo constituye "una violaci�n sistem�tica y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma" y decidieron que se convocara a "una conferencia especial de la OEA sobre la prevenci�n del terrorismo";

TENIENDO PRESENTE que en la Declaraci�n de Montrouis: Una nueva visi�n de la OEA, aprobada por la Asamblea General de la OEA en su vig�simo quinto per�odo ordinario de sesiones (junio de 1995), los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio se�alaron que "el terrorismo constituye un grave fen�meno delictivo que preocupa seriamente a todos los Estados miembros y que tiene efectos devastadores para la convivencia civilizada y las instituciones democr�ticas, as� como para la vida, la seguridad y los bienes de las personas", y que la misma Asamblea convoc� a una Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo (AG/RES. 1350 (XXV-O/95));

RECORDANDO la Declaraci�n de Quito, suscrita en la IX Reuni�n del Grupo de R�o (septiembre de 1995), en la que los Jefes de Estado y de Gobierno manifestaron: "Reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas, y reiteramos nuestro compromiso de combatir conjunta y firmemente este flagelo que viola los derechos humanos, a trav�s de todos los medios legales";

RECORDANDO TAMBI�N el Tratado Marco de Seguridad Democr�tica en Centroam�rica (diciembre de 1995), suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam�, en el que "las Partes se comprometen a prevenir y combatir todo tipo de actividades delictivas con repercusi�n regional o internacional, sin ninguna excepci�n, tales como el terrorismo";

TOMANDO NOTA de la Declaraci�n Final de los Estados Participantes en la Reuni�n de Consulta sobre Cooperaci�n para Prevenir y Eliminar el Terrorismo Internacional, adoptada en Buenos Aires (agosto de 1995) por Argentina, Brasil, Canad�, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, en la que, entre otros aspectos, se reafirm� la necesidad de "afianzar la cooperaci�n existente entre nuestros gobiernos" y en cuyo contexto, con el fin de poner en pr�ctica medidas eficaces que brinden una respuesta adecuada al fen�meno delictivo del terrorismo, se suscribi� en marzo de 1996 un Acuerdo entre Argentina, Brasil y Paraguay;

TENIENDO EN CUENTA los trabajos recientes desarrollados en el seno de las Naciones Unidas y tomando nota de los documentos emitidos por la Conferencia Ministerial de Ottawa sobre el Terrorismo (diciembre de 1995) y la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Terrorismo celebrada en Baguio (febrero de 1996);

CONSCIENTES de que los actos terroristas atentan contra el Estado de derecho y las instituciones democr�ticas y que persiguen, en muchos casos, desestabilizar a los gobiernos constitucionales democr�ticamente elegidos;

PREOCUPADOS por los efectos negativos que el terrorismo conlleva para el logro del objetivo com�n de integraci�n regional y para la promoci�n del desarrollo econ�mico y social en los pa�ses del Hemisferio;

RECONOCIENDO que los actos terroristas, cualesquiera sean sus agentes, manifestaciones, m�todos, motivaciones o lugar de perpetraci�n, constituyen delitos comunes graves;

PROFUNDAMENTE ALARMADOS por la persistencia de este flagelo y por las vinculaciones que en ocasiones tiene con la producci�n, el tr�fico y el consumo il�citos de drogas, con el tr�fico de precursores qu�micos y con el lavado de dinero, as� como por su posible vinculaci�n con otras actividades criminales;

RECONOCIENDO la importancia que tiene para el combate al terrorismo la eliminaci�n de la producci�n, el tr�fico y el uso il�citos de armas, municiones y materiales explosivos; y

CONVENCIDOS de la necesidad de intensificar la cooperaci�n existente a nivel regional y de la urgencia de adoptar medidas que permitan dar una respuesta concertada y eficaz a la amenaza terrorista,

DECLARAN:

1. Que la vigencia del derecho internacional, el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto a la soberan�a de los Estados, el principio de no intervenci�n y el estricto cumplimiento de los derechos y deberes de los Estados consagrados en la Carta de la OEA constituyen el marco global para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

2. Que la violencia terrorista erosiona la convivencia pac�fica y civilizada, afecta el Estado de derecho y el ejercicio democr�tico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioecon�mico de nuestros pa�ses.

3. Que el terrorismo, como grave manifestaci�n de violencia deliberada y sistem�tica dirigida a crear caos y temor en la poblaci�n, genera muerte y destrucci�n y constituye una actividad delictiva repudiable.

4. Su m�s en�rgica condena a todos los m�todos y actos terroristas, dondequiera sean cometidos y cualesquiera sean sus agentes, modalidades y motivaciones con las que se pretenda justificarlos.

5. Que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislaci�n interna y las garant�as que ofrece el Estado de derecho.

6. Su voluntad de cooperar plenamente en materia de extradici�n conforme a su legislaci�n interna y a los tratados de extradici�n vigentes, sin perjuicio del derecho de los Estados de conceder asilo cuando corresponda.

7. Que el terrorismo, como lo se�alaron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Am�ricas, constituye una violaci�n de los derechos y libertades esenciales de los individuos y un asalto a la democracia misma.

8. Su decisi�n de estudiar, a la luz de la evaluaci�n de los instrumentos internacionales existentes, la necesidad y conveniencia de una nueva convenci�n interamericana sobre terrorismo.

9. La importancia de que, tan pronto como sea posible, los Estados miembros de la OEA ratifiquen o adhieran a los instrumentos internacionales sobre terrorismo y, cuando sea necesario, los implementen a trav�s de sus legislaciones nacionales.

10. Su decisi�n de intensificar la cooperaci�n entre los Estados miembros para combatir los actos terroristas, con pleno respeto al Estado de derecho y a las normas internacionales, especialmente las que se refieren a los derechos humanos.

11. Que es indispensable adoptar las medidas de cooperaci�n bilateral y regional necesarias para prevenir, combatir y eliminar, por todos los medios legales, los actos terroristas en el Hemisferio, con pleno respeto de la jurisdicci�n de los Estados miembros y de los tratados y convenciones internacionales.


ANEXO IV

 PROYECTO DE RESOLUCI�N: APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE DE LAS AM�RICAS

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente a los Ministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con la resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95) (AG/doc.___/96);

CONSIDERANDO:

Que mediante la resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95) "Gesti�n de Cumbres Interamericanas", la Asamblea General estableci� una Comisi�n Especial del Consejo Permanente sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas para asegurar un seguimiento eficaz, puntual y apropiado de las actividades asignadas a la Organizaci�n por la Cumbre de las Am�ricas;

Que la Asamblea General encomend� a esta Comisi�n Especial solicitar y recibir regularmente informes de los �rganos, organismos y entidades de la OEA, y hacer comentarios sobre estos informes y proporcionar directrices espec�ficas, direcci�n y tareas a estos organismos de conformidad con su mandato;

Que la Asamblea General tambi�n encomend� al Consejo Permanente informar a otras entidades e instituciones gubernamentales regionales y subregionales que deben asistir en la implementaci�n de las iniciativas del Plan de Acci�n, sobre el inter�s de la Organizaci�n de recibir informaci�n sobre sus actividades y solicitarles que proporcionen esta informaci�n al Consejo Permanente en forma regular; y

Que se le encomend� a la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas que informe por escrito a trav�s del Consejo Permanente a los Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre de cada a�o y en cada per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General, sobre el progreso alcanzado en la implementaci�n de esta resoluci�n.

TENIENDO EN CUENTA que, de conformidad con el art�culo 12 del Reglamento del Consejo Permanente, las comisiones son temporales,

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Permanente por el informe de su Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres, y expresar su satisfacci�n por el importante trabajo realizado por esa Comisi�n en la implementaci�n de la resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95).

2. Tomar nota con satisfacci�n que los �rganos, organismos y entidades de la Organizaci�n prestaron especial inter�s a la implementaci�n de las iniciativas del Plan de Acci�n de la Cumbre.

3. Reafirmar el mandato de la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas, de acuerdo a lo recomendado en la resoluci�n AG/RES. 1349 (XXV-O/95), instruy�ndose a la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas que informe por escrito una vez al a�o a los Ministros de Relaciones Exteriores en la Asamblea General en su sesi�n ordinaria sobre el progreso realizado en el a�o en la ejecuci�n de esta resoluci�n.

4. Solicitar al Secretario General que contin�e otorgando su apoyo a la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas en la ejecuci�n de esta resoluci�n.


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� 1998 Organizaci�n de los Estados Americanos, Oficina de Seguimiento de Cumbres

 

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