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ASAMBLEA GENERAL
VIGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

3 de junio de 1996
Panamá, República de Panamá
OEA/Ser.P AG/doc.3329/96
Original: inglés

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AG/RES. 1349 (XXV-O/95)

(Punto 12 del temario)

Este documento será presentado a la Asamblea General en su vigésimo sexto período ordinario de sesiones

NOTA EXPLICATIVA

En la sesión del 15 de mayo de 1996, el Consejo Permanente consideró el informe de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas (CP/doc.2745/96) (Anexo), lo hizo suyo y decidió transmitirlo a la Asamblea General, junto con un proyecto de resolución, como material de antecedentes para consideración del correspondiente punto del temario.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN AG/RES. 1349 (XXV-O/95)

(Enero - junio de 1996)

INTRODUCCIÓN

Mediante resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95) "Gestión de Cumbres Interamericanas", adoptada en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones, la Asamblea General de la OEA creó una Comisión Especial del Consejo Permanente sobre Gestión de Cumbres Interamericanas con el fin de asegurar un seguimiento de las actividades encomendadas a la Organización por la Cumbre de las Américas.

El Consejo Permanente, en sesión celebrada el 9 de agosto de 1995 instaló la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y eligió por aclamación a la Embajadora Harriet C. Babbitt, Representante Permanente de los Estados Unidos, Presidente de la Comisión. En su primera sesión, la Comisión Especial eligió por aclamación al Embajador José Roberto Andino Salazar, Representante Permanente de El Salvador, como Vice-presidente.

La Asamblea General encomendó a la Comisión Especial que solicite y reciba regularmente informes de cualquier órgano, organismo o entidad de la OEA responsables por la ejecución de las Iniciativas de la Cumbre, los comente y que, de acuerdo con su mandato oriente, dé pautas específicas y encargue tareas a dichos cuerpos.

Igualmente, la Asamblea General instruyó al Consejo Permanente que informe a otras entidades e instituciones gubernamentales regionales y subregionales que han sido llamadas a colaborar en la ejecución de las iniciativas del Plan de Acción acerca del interés de la OEA en recibir información sobre sus actividades y solicitar que éstas proporcionen regularmente al Consejo Permanente tal información.

Asimismo, la Asamblea General encomendó a la Comisión Especial que a través del Consejo Permanente informe por escrito a los Ministros de Relaciones Exteriores, en diciembre de cada año y en cada período ordinario de sesiones de la Asamblea General, sobre los progresos realizados en la ejecución de la resolución.

El primer informe de la Comisión Especial a los Ministros de Relaciones Exteriores fue presentado en diciembre 1995 (CP/doc.2674/95 rev. 1 corr. 1).

Entre enero y junio de 1996, período al que se refiere este informe, la Comisión celebró reuniones mensuales. En sesión celebrada el 6 de febrero de 1996, la Comisión aprobó las cartas de la Presidente de la Comisión Especial a los cuerpos de la organización solicitando que informen por escrito sobre los progresos que han alcanzado en la implementación de las iniciativas de la Cumbre desde el informe anterior y sus planes adicionales de seguimiento de los puntos definidos por ésta. En las cartas la Presidente enfatizó la importancia de incluir sólo las actividades o planes que se relacionan directamente con el seguimiento de la Cumbre desde el informe previo. Se solicitó, además, al Presidente del Consejo Permanente que tuviera a bien hacer otro tanto con las entidades e instituciones gubernamentales, regionales y subregionales que han sido llamadas a colaborar en la ejecución de las iniciativas del Plan de Acción. El listado de los informes recibidos se incluye como Anexo I.

En la misma sesión, la Presidente distribuyó una carta abierta del Embajador Alexander F. Watson, Presidente del Grupo de Revisión de la Ejecución de la Cumbre (SIRG), a los miembros del grupo. La carta, con fecha del 26 de enero de 1996, expresaba la satisfacción del Embajador Watson con los resultados de la quinta Reunión del SIRG realizada en la sede de CEPAL en Chile. En su carta, el Embajador hace referencia a la propuesta conjunta sobre las iniciativas en democracia y derechos humanos presentadas en esa reunión por los Gobiernos de Brasil y Canadá. Por sugerencia de ambos Gobiernos, el SIRG acordó entregar la propuesta conjunta a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, con la recomendación de que organice un grupo de trabajo.

Las delegaciones de Brasil y Canadá presentaron a la Comisión su propuesta de ejecución del Plan de Acción de la Cumbre, en las áreas de fortalecimiento de la democracia y de promoción y protección de los derechos humanos.

En sesión celebrada el 11 de abril de 1996, la Comisión Especial instaló el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos encargado, Ade conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la OEA y con los propósitos y principios de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de asistir en actividades de seguimiento de los compromisos de la Cumbre de las Américas en las áreas de democracia y derechos humanos, incluyendo examinar la propuesta de Brasil y Canadá.

En cumplimiento del mandato de la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95), la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas presenta su segundo informe a los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización.

Las secciones del informe y su orden numérico corresponde a aquellos de las iniciativas tal como figuran en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas. Dado que el Comité Especial solicitó información sólo sobre aquellas actividades relacionadas con la Cumbre que hubieran ocurrido o se hubieran planeado con posterioridad al primer informe, algunas iniciativas del Plan de Acción no se encuentran cubiertas en este informe.

El informe abarca 13 de las 23 iniciativas del Plan de Acción en cada una de sus cuatro áreas temáticas. Algunas de las actividades incluidas en el informe son: actividades de la Unidad para la Promoción de la Democracia de monitoreo electoral y de fortalecimiento de instituciones democráticas; el trabajo realizado por varias organizaciones en la promoción de los derechos de la mujer en seguimiento de la Conferencia de Beijing de 1995; adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción; establecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); establecimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la propuesta de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero (realizado bajo la recomendación de la Conferencia Ministerial sobre Lavado de Dinero); el trabajo de CICAD en el combate contra las drogas ilícitas; la Conferencia sobre Terrorismo; la Conferencia Ministerial de Comercio; la reunión de ministros responsables de ciencia y tecnología; y la preparación para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

TEMA I: PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS DE LAS AMÉRICAS

 1. El fortalecimiento de la democracia (punto 1)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

El Grupo de Trabajo inició la consideración del proyecto AEducación para la Democracia presentado originalmente por la Delegación del Uruguay, que está diseñado para enseñar a los estudiantes las instituciones democráticas. El Grupo también inició la consideración del proyecto ALineamientos Generales para la Propuesta del Proyecto Promoción de Jóvenes Líderes Democráticos: Red Hemisférica de Dirigentes Jóvenes, presentado originalmente por la Delegación de Costa Rica. El proyecto tiene como objetivo la formación de líderes democráticos en las Américas.

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS

El Consejo Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 10 de abril, respaldó la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para la realización de tres seminarios, y acordó solicitar los fondos necesarios. Dos seminarios para delegados de los Estados Centroamericanos se realizarán en Managua durante el segundo semestre de 1996. El primero, titulado ASeminario Regional sobre Aplicación de Normas Internacionales, es organizado por la Corte Centroamericana de Justicia. El seminario tratará la aplicación de normas interamericanas en los ordenamientos nacionales de los Estados Centroamericanos. El segundo se titula ASeminario Regional sobre Perfeccionamiento de la Administración de Justicia. Este es organizado por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y analizará desarrollos legislativos recientes en el Hemisferio en materias relacionadas al derecho penal, mercantil, procesal y contencioso administrativo.

Finalmente, en Tarija, Bolivia, se realizará un taller regional sobre la formación del Defensor Público en materia civil y penal. Este tendrá lugar durante el primer semestre de 1997 y se prepara en forma conjunta con la Escuela de Defensores Públicos de Tarija.

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

El Comité Jurídico Interamericano (CJI) aprobó el 6 de febrero de 1996 la resolución ADemocracia en el Sistema Interamericano en la cual éste reafirma su convicción de que seminarios y mesas redondas fortalecerían el desarrollo del derecho internacional, profundizando la democracia representativa.

En otra resolución, adoptada el 9 de febrero de 1996, el CJI reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la administración de justicia. La resolución se concentra en la protección y garantías de jueces y abogados, así como en facilitar el acceso a la justicia mediante la simplificación de los procedimientos judiciales.

En sesión ordinaria de febrero de 1996, el CJI tomó nota del informe del Secretario General AEl Derecho en el Nuevo Orden Interamericano y decidió incluir su estudio en su próxima sesión ordinaria a realizarse en agosto de 1996.

SECRETARÍA GENERAL - Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)

La UPD mantiene un intenso programa de actividades diseñadas a contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países de América Latina y el Caribe.

Junto al Banco Mundial, al BID y otras instituciones, la Secretaría General, a través de la Unidad, organizó la Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes. Esta se realizó entre el 17 y 19 de abril en Miami. En esta ocasión alcaldes, dirigentes de asociaciones municipales y parlamentarios discutieron temas de descentralización.

Se realizó una visita a Belice para identificar posibles actividades que permitan fortalecer el sistema informático del registro civil. Se han preparado misiones de observación electoral para enviar a Nicaragua, República Dominicana y Suriname. Se ha recibido una solicitud del Ecuador para los mismos efectos. En El Salvador, la UPD está realizando un estudio de factibilidad para otorgar asistencia técnica al Tribunal Electoral Supremo para un proyecto de censo nacional. La UPD ha propuesto la realización de una reunión Hemisférica de organismos electorales. Esta sería antecedida por una reunión técnica de carácter preparatorio. Ambas reuniones tendrían lugar en Paraguay y tratarían temas como la formación de una carrera de funcionarios electorales, la cooperación horizontal entre organismos electorales, y el estudio comparado de legislación electoral.

La UPD está colaborando con la Secretaría Ejecutiva del Parlamento Andino en la realización de una serie de estudios y seminarios sobre compatibilización de leyes orgánicas de los congresos, leyes electorales y de partidos políticos, sobre capacitación de funcionarios de los congresos nacionales, y sobre análisis presupuestario. En Uruguay se apoya al Centro Latinoamericano de Economía Humana en la realización de seminarios y estudios sobre perfeccionamiento legislativo de ese país. Por último, la Secretaría General, el BID y otros organismos multilaterales organizarán un seminario sobre experiencias y lecciones aprendidas en proyectos de apoyo al fortalecimiento de legislaturas en América Latina.

La UPD apoya al Instituto Brasileño de Administración Municipal para la publicación de 10.000 cartillas sobre gobierno municipal. En Paraguay, la UPD apoyará al Ministerio de Educación y Culto en la preparación de la segunda etapa del programa de Educación para la Democracia. Este busca formar grupos de personal técnico para trabajar en investigación, preparación de material y capacitación en el tema. En Costa Rica se prepara la organización de un seminario-taller Centroamericano sobre métodos de enseñanza y aprendizaje de valores y actitudes democráticas. Finalmente, en Venezuela se está colaborando con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en la creación y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

COMISIÓN ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS

La Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, en la sesión del 11 de abril instaló el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos. El día 6 de mayo, el Grupo de Trabajo analizó el documento preparado por Brasil y Canadá APlan de Acción de la Cumbre de las Américas/ Democracia y Derechos Humanos/ Propuesta de Ejecución. La reunión contó con la presencia de expertos regionales. El Grupo de Trabajo dio plazo hasta el 31 de julio para que se presenten observaciones y comentarios sobre dicha propuesta. Se presentará una nueva versión del documento a los Estados miembros el 31 de agosto. La próxima reunión se realizará en septiembre de 1996.

2. La Promoción y Protección de los Derechos Humanos (punto 2)

SECRETARIA GENERAL - Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Varias convenciones interamericanas tratan el tema de la promoción y protección de los derechos humanos y la aceptación de éstas ha ido creciendo. Desde la Cumbre de las Américas realizada en diciembre de 1994, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, el AProtocolo de San Salvador, ha sido ratificada por El Salvador, México, Perú y Uruguay. Con lo cual el total de ratificaciones es de siete. La Convención Interamericana sobre la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 1994, AConvención de Belém do Pará, ha sido ratificada por veinte Estados miembros: Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Otros cinco Estados miembros han firmado pero aún no la han ratificado: Argentina, Chile, México, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos sirve de depositaria de estas Convenciones e instrumentos de ratificación.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Organización Panamericana de la Salud, realizaron en marzo 29 de 1996 una conferencia sobre mujer, derechos humanos y el sistema interamericano. Los panelistas, expertos seleccionados de distintos países del Hemisferio, consideraron temas relativos a la violencia contra la mujer, la discriminación y la participación política de la mujer y recomendaciones para el avance de la mujer en el marco de la Conferencia de las Mujeres realizada en Beijing en 1995. A continuación de la Conferencia, en marzo 30, se celebró la Segunda Reunión de Expertos, para asesorar al Relator Especial de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de la Mujer en lo relativo a la implementación del respectivo Proyecto.

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

Mediante la resolución ADerecho a la Información, el CJI resolvió mantener este tema en su agenda de discusión. El CJI recibió el informe inicial del relator responsable sobre acceso a la información personal y su protección. El informe final será presentado en la sesión de agosto de 1996.

SECRETARÍA GENERAL - Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)

La UPD está colaborando con la Secretaría Ejecutiva del Parlamento Andino en la organización de un seminario sobre derechos humanos en la subregión Andina.

En Perú la UPD está apoyando al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica de Lima en la elaboración y realización de un segundo curso sobre AEducación, Democracia y Derechos Humanos para civiles y militares peruanos.

3. Lucha contra la corrupción (punto 5)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA CÍVICA

El mandato del Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de Aimpulsar y coordinar un acuerdo hemisférico contra la corrupción, conferido a este Grupo de Trabajo, se concretó con la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la Conferencia Especializada de Caracas celebrada entre los días 27 y 29 de marzo de 1996 (ver Anexo II). La Convención es el primer tratado contra la corrupción en el mundo y constituye una firme declaración política que los países de las Américas están comprometidos a tomar un papel de liderazgo en la lucha global contra la corrupción.

Esta Convención fue suscrita por los siguientes veintiún Estados miembros de la Organización: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Conferencia Especializada de Caracas fue inaugurada por el Presidente de Venezuela y contó con la participación de numerosas autoridades de las más alta jerarquía en los Estados miembros.

La Convención aprobada tiene como propósitos Apromover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción@, así como Apromover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

El proceso de discusión para completar el análisis del proyecto de convención continuó su desarrollo en el seno del Grupo de Trabajo a través de reuniones extraordinarias a nivel de expertos gubernamentales convocadas en este período. Las reuniones extraordinarias realizadas durante el período cubierto por este informe tuvieron lugar entre los días 30 de enero y 2 de febrero de 1996 y entre el 11 y 12 de marzo del mismo año.

Con fecha 23 de enero de 1996, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica sometió a la consideración de los Estados miembros un proyecto de Plan de Acción en el que se sugieren una serie de iniciativas para ser desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional, así como un conjunto de tareas a ser encomendadas a la Secretaría General de la OEA, con el objeto de continuar, complementar y reforzar las acciones de lucha contra la corrupción.

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

El CJI participó como observador en las reuniones de expertos que prepararon el borrador de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en la Conferencia Especializada realizada en Caracas en marzo de 1996. Mediante una resolución, aprobada en marzo de 1996, el CJI mantiene dentro de su agenda el tema sobre cooperación internacional para reprimir la corrupción.

4. Lucha contra el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos (punto 6)

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE ENCARGADO DE ESTUDIAR LA PROPUESTA DE UNA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

El Consejo Permanente, en sesión ordinaria del 2 de febrero de 1996, creó un Grupo de Trabajo para que estudie y convenga en una respuesta hemisférica coordinada, incluyendo la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero. Con esto se cumple con la recomendación emanada de la Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito, celebrada en Buenos Aires el pasado 2 de diciembre. El grupo de trabajo se reunió el 9 de abril para comenzar a discutir el tema que le fue encomendado

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

La CICAD participó en diciembre de 1995 en la Conferencia Ministerial Concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito. En esta reunión se le encomendó a la Secretaría Ejecutiva que convoque al Grupo de Expertos de la CICAD que elaboró el AReglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Dinero Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos para que proponga las acciones acordes con el rol que le compete a la CICAD en cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia. Se invitó a los países miembros a que actualicen la información de legislaciones y medidas contra el lavado de dinero. Finalmente, se decidió comunicar al Presidente del Consejo Permanente de la OEA el interés de CICAD, como entidad técnica, por participar en el Grupo de Trabajo creado por dicho Consejo, para considerar la posibilidad de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero.

En marzo de 1996 se realizó en Washington la XIX Reunión de la CICAD en la cual se aprobó la propuesta de la Secretaría Ejecutiva de incluir en su área de acción todas las drogas y sustancias sicotrópicas. La CICAD elaborará un proyecto en esa área conjuntamente con el Directorio Internacional de Control de Narcóticos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

La CICAD aprobó la implementación del Proyecto sobre Banco de Datos de Precursores Químicos para analizar el movimiento de precursores químicos.

En diciembre de 1995, producto de consultas entre la OEA y la Unión Europea sobre precursores químicos, los países Andinos firmaron con ésta un acuerdo sobre el control de precursores y otras sustancias químicas. Se realizan negociaciones para extender este acuerdo a otros países del Hemisferio.

El Grupo de Expertos de la CICAD sobre control de armas y explosivos se reunirá para avanzar en el tema en Caracas entre el 20 y el 24 de mayo de 1996.

Se prepara una reunión técnica sobre prevención global de abuso de drogas a realizarse en Costa Rica. Adicionalmente, a mediados de año se realizará en Chile una reunión técnica para evaluar el impacto de los programas de prevención de abuso de drogas.

En reunión del 21 al 24 de mayo próximo, el Grupo de Trabajo sobre Estrategias para Combatir el Narcotráfico considerará la última versión del documento AEstrategia Antidroga en el Hemisferio. El documento deberá definir principios básicos para la elaboración de una estrategia común en el tema e identificar los procedimientos a seguir.

La Comisión autorizó a la Secretaría Ejecutiva para realizar un seminario piloto sobre desarrollo organizacional dirigido a fortalecer las comisiones nacionales de drogas en los países del Caribe. La fecha de realización está prevista para julio o agosto próximo.

5. La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional (tema 7)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TERRORISMO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

El Grupo de Trabajo sobre Terrorismo, presidido por la Representante Permanente del Perú, Embajadora Beatriz Ramacciotti, se reunió el 23 de febrero de 1996 para considerar el calendario y aprobar el proyecto de reglamento para la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo. Entre el 27 y 29 de febrero de 1996 se realizó la reunión preparatoria de la Conferencia. En ésta se aprobó el proyecto de temario de la Conferencia, el documento "Proyecto de Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo", así como diez párrafos del anteproyecto de "Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo". El Grupo de Trabajo, en cumplimiento del mandato recibido de la reunión preparatoria, finalizó en su sesión del 9 de abril la consideración del anteproyecto de Plan de Acción. El Consejo Permanente, en sesión extraordinaria del 13 de marzo, aprobó las resoluciones sobre temario y reglamento de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo.

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo se realizó en Lima entre el 23 y 26 de abril de 1996. En ella se adoptó la ADeclaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo" (ver Anexo III) y el "Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo".

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

En su sesión de febrero de 1996, el CJI consideró el informe sobre cooperación interamericana para confrontar el terrorismo y acordó considerar este y otros informes posteriores en la perspectiva de los resultados de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo.

 6. El fomento de la confianza mutua (punto 8)

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA

En reuniones realizadas el 28 de noviembre de 1995 y el 19 de enero de 1996, la Comisión inició el seguimiento y evaluación de la implementación de las medidas definidas en la Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. La Comisión acordó invitar a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA a proveer por escrito información sobre las medidas de fortalecimiento de la confianza y de la seguridad. Actualmente, la Comisión se encuentra a la espera de esta información para preparar el informe que ha de presentarse en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General.

La Comisión de Seguridad Hemisférica consideró los graves efectos de las minas antipersonales en Centroamérica, habiendo escuchado presentaciones sobre el desminado en Costa Rica, Honduras y Nicaragua de representantes de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA y la Junta Interamericana de Defensa. La Comisión acordó elevar a la consideración del Consejo Permanente un proyecto de resolución que recomiende continuar el proceso de remoción de minas en Centroamérica, para su eventual adopción por la Asamblea General. La Comisión de Seguridad Hemisférica escuchó además a representantes de la Cruz Roja Internacional y del Gobierno de los Estados Unidos sobre los graves e inhumanos efectos causados por las minas antipersonales, su limitado valor militar y las negociaciones internacionales que se están llevando a cabo procurando la prohibición de su fabricación, almacenamiento, tráfico y uso. La Comisión acordó considerar la presentación al Consejo Permanente de un proyecto de resolución sobre la eliminación de las minas antipersonales en el Hemisferio, para su eventual adopción por la Asamblea General.

TEMA II: LA PROMOCIÓN DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL LIBRE COMERCIO

7. El libre comercio en las Américas (punto 9)

COMISIÓN ESPECIAL DE COMERCIO

La Comisión Especial de Comercio (CEC) celebró una reunión extraordinaria en Bogotá el 6 de marzo de 1996 para considerar el informe que la CEC presentaría en la Reunión Ministerial en Cartagena. La CEC decidió presentar a los Ministros de Comercio la versión final del ACompendio Analítico de los Acuerdos de Comercio e Integración del Hemisferio@, y solicitar a la Unidad de Comercio revisar y actualizar el Compendio en forma periódica. Los Ministros posteriormente acordaron publicar el Compendio una vez que la versión final sea aprobada. La CEC también expresó su agradecimiento al BID por el informe AReglas de Origen en los Acuerdos Preferenciales de Comercio en las Américas@ y remitió dicho estudio al Grupo de Trabajo sobre Normas de Origen y Procedimientos Aduaneros del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

El CJI mantiene su coordinación con la CEC. El CJI presentó en la Reunión Ministerial sobre Comercio de Cartagena su resolución más reciente sobre las dimensiones jurídicas de la integración y el comercio internacional.

Un estudio sobre la aplicación en las Américas del concepto de nación más favorecida se encuentra en desarrollo.

 SECRETARIA GENERAL - Unidad de Comercio

La Unidad de Comercio ha continuado prestando apoyo a la Comisión Especial de Comercio (CEC) y a su Grupo Asesor. En este contexto, la Unidad de Comercio continuó desarrollando el ACompendio Analítico de Acuerdos de Comercio e Integración del Hemisferio, ampliando su cobertura e integrando cinco acuerdos comerciales adicionales. En apoyo al trabajo del CEC y en cumplimiento de los términos de referencia del Grupo Asesor, la Unidad de Comercio preparó el documento AObservaciones sobre las Economías más Pequeñas y Relativamente Menos Desarrolladas y la Integración en el Hemisferio Occidental@. Finalmente, en relación a los mandatos emanados de la Comisión Especial de Comercio, la Unidad de Comercio continúa reestructurando el Sistema de Información al Comercio Exterior (SICE) para adecuarlo a las necesidades de los países.

La Unidad de Comercio apoya ocho de los once Grupos de Trabajo del ALCA. Esta ha elaborado diez documentos técnicos para apoyar las labores de estos Grupos.

En la Reunión de Cartagena del 21 de marzo, los Ministros de Comercio establecieron grupos de trabajo adicionales en los temas comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, compras del sector público y política de competencia. Los Ministros acordaron considerar la creación de un grupo de estudio sobre medio ambiente. La decisión se adoptó después de recibir el informe que será presentado en la Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio a realizarse en Singapur y bajo recomendación de los Vice-Ministros. También se mantendrán bajo consideración asuntos laborales. Los Ministros recibieron informes de los grupos de trabajo del Foro Empresarial de las Américas que se reunió previo a la Reunión Ministerial. Brasil será el país anfitrión de la próxima Reunión Ministerial que se realizará en Belo Horizonte en junio de 1997.

Como parte de su estrategia de comunicaciones, la Unidad de Comercio comenzó la publicación del Boletín de Comercio de la OEA. Este boletín se publica bimestralmente y cada edición tratará un tema específico.

La Unidad de Comercio continúa ampliando sus conexiones con otras organizaciones multilaterales, regionales y subregionales. Ejemplo de ello son los seminarios sobre asuntos de comercio que la Unidad de Comercio organizará con SIECA para los países Centroamericanos, y con SELA, CARICOM y OECO para los países del Caribe, e iniciativas conjuntas con UNTAD, la OMC, el Banco Mundial y la OCDE.

En el contexto de la reunión Ministerial de Cartagena, la Unidad de Comercio colaboró en la organización y desarrollo de la reunión del Foro Empresarial de las Américas realizada el 19-20 de marzo.

8. El desarrollo y la liberalización de los mercados de capitales (punto 10)

COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO

El Comité Jurídico Interamericano ha sometido para consideración de financiamiento externo una serie de seminarios educativos sobre el perfeccionamiento de regulaciones del mercado de valores en el Hemisferio.

9. Las telecomunicaciones y la infraestructura de la información (punto 13)

COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL)

CITEL, junto con la Oficina de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), preparó la guía ARecomendaciones sobre Políticas de Telecomunicaciones para los Países de las Américas. Esta publicación provee a los países información respecto de los elementos que deben tomarse en cuenta cuando un país considera la liberalización o privatización de sus telecomunicaciones.

Dado el interés generado por el Grupo de Trabajo Legal, COM/CITEL decidió transformar este Grupo de Trabajo en un Grupo de Trabajo Conjunto de los tres Comités Consultivos Permanentes y abrirlo a la participación de todos los Miembros Asociados. El Grupo está preparando un plan de acción para la elaboración de un documento para administradores y operadores en la región. El documento tratará temas sobre las estructuras organizativas y los procesos de toma de decisiones de las autoridades reguladoras de telecomunicaciones que han surgido recientemente.

El Grupo de Trabajo realizó un seminario sobre Servicios de Valor Agregado al cual asistieron 105 representantes de 20 países. En dicha reunión se preparó un conjunto de Pautas para la Ejecución Uniforme de Servicios de Valor Agregado en las Américas. Estas pautas están siendo revisadas por los miembros y se espera tener un documento final para la reunión de funcionarios de alto nivel a realizarse el próximo septiembre.

El Grupo de Trabajo sobre Modernización de Redes se reunió en febrero para preparar el informe que será presentado en la reunión de funcionarios de alto nivel. El Grupo está recopilando información para la preparación de un futuro plan de acción.

CITEL celebró entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 1996 un seminario titulado ARadiodifusión Directa a los Hogares. Este se llevó a cabo en Puerto La Cruz, Venezuela.

SECRETARIA GENERAL - Secretaría Ejecutiva del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

La Red Hemisférica Universitaria de Información Científica y Tecnológica de la OEA (RedHUCyT) junto con el gobierno de Guatemala aportaron fondos para la ejecución del proyecto MAYANet. La primera etapa del proyecto culminó en diciembre de 1995 con la conexión de Guatemala a Internet. La segunda fase de MAYANet se completará a comienzos de 1996 e implicará una expansión de la cobertura y acceso a la red. Esta conexión promoverá el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y el intercambio de información especializada entre una serie de instituciones del país.

La Red Nacional de El Salvador (SVNet) se encuentra en su etapa de ejecución. Esta facilitará acceso a Internet a una serie de instituciones incluyendo, entre otras, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y las universidades de El Salvador, Don Bosco, y José Simón Cañas.

El 9 de abril de 1996 Paraguay completó su conexión a Internet. Con ello se contaron las universidades Nacional y Católica, además de algunas instituciones de gobierno y otras organizaciones. La OEA provee una estación de tierra para las comunicaciones de satélite y también equipo de comunicaciones de alta tecnología.

Proyectos similares están en consideración o se ejecutarán durante 1996 en el Caribe.

El Banco Centroamericano de Integración Económica junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y a la Red de Investigación Nacional Costarricense (CRNet) aprobaron un proyecto para lograr la interconexión de las redes académicas de Centroamérica usando la infraestructura actual desarrollada dentro del marco de la OEA/RedHUCyt.

También se entregó apoyo en comunicaciones a las instituciones participantes en CUNet que se conectan a Internet mediante la Universidad de Puerto Rico.

10. La cooperación en ciencia y tecnología (punto 14)

SECRETARIA GENERAL - Secretaría Ejecutiva del CIDI

Entre el 27 y el 29 de marzo se realizó en Colombia la Reunión de Ministros responsables de Ciencia y Tecnología en concordancia con la decisión adoptada en la Cumbre de las Américas. Esta reunión tuvo entre otros objetivos Aevaluar el progreso y promover el Programa Bolívar y el programa MERCOCYT de la OEA, proporcionar el apoyo necesario para fomentar las asociaciones científicas y empresas tecnológicas de la región, y explorar la posibilidad de establecer un consejo de ciencia y tecnología. Cumpliendo con el mandato de la Asamblea General de la OEA, CEPCIECC aportó cien mil dólares para apoyar la realización de esta Reunión. Igualmente, la Asamblea General de la OEA instruyó al Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos a que, en su condición de Secretaría Técnica del Comité Permanente del Programa MERCOCYT, apoye al Gobierno de Colombia y al Presidente del Comité Permanente en todas las materias relacionadas con la Reunión.

Los Ministros aprobaron una Declaración de Cartagena y Plan de Acción que manifestaba que la OEA tiene la responsabilidad principal del seguimiento y apoyo de las recomendaciones que emanen de la Reunión de Ministros. Entre éstas se destacan: que la OEA y el BID tengan un papel significativo de apoyo a los programas de cooperación Hemisférica en ciencia y tecnología; que el Comité Permanente del Programa MERCOCYT realice el seguimiento de los acuerdos y conclusiones de la reunión de Ministros, contando con el apoyo técnico de la OEA y bajo la autoridad de los Ministros de Ciencia y Tecnología; y organizar, dentro del marco de MERCOCYT, un foro especializado para analizar y preparar la transferencia de recursos hacia la ejecución de planes de desarrollo científico y tecnológico para países más pequeños y menos desarrollados. Además solicitaron el apoyo de la OEA en la organización de Reuniones Ministeriales futuras, en el ámbito del nuevo CIDI.

TEMA III: LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y

LA DISCRIMINACIÓN EN NUESTRO HEMISFERIO

 El 29 de enero de 1996 entró en vigor el Protocolo de Managua que reforma la Carta de la Organización. Este ha sido ratificado por 23 países. Con estas reformas se estableció el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que impulsará la cooperación solidaria para el desarrollo como objetivo fundamental de la OEA y como instrumento idóneo para apoyar colectivamente los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo y en particular, para contribuir a la superación de la pobreza extrema en el Hemisferio.

La primera reunión del CIDI está prevista para el 2 de junio de 1996 en Ciudad de Panamá en la cual se considerarán su estatuto, plan estratégico y mecanismos de financiamiento.

En febrero de 1996 el Secretario General propuso la creación de la Unidad Especializada de Desarrollo Social que tendría como responsabilidad apoyar a los países miembros en la formulación, diseño y evaluación de nuevas políticas sociales, particularmente en las dirigidas a la erradicación de la pobreza. La Unidad también fomentaría el intercambio de información y experiencias en esta área.

11. Fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad (punto 18)

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

La CIM coauspició con la UNESCO un encuentro sobre Mujeres Construyendo la Paz, en El Salvador, el 23 de enero de 1996. El evento fue organizado por la Asamblea Legislativa Salvadoreña y convocó a mujeres de diferentes regiones del país para discutir como las mujeres pueden contribuir al desarrollo de una sociedad pacífica.

La CIM, a través de su Secretaría Ejecutiva, hizo una presentación ante el Grupo de Revisión de Ejecución de la Cumbre que se celebró en Santiago de Chile el 22 de enero de 1996, sobre la sección de la Cumbre que hace referencia a los temas de la mujer.

La CIM, conjuntamente con las delegadas de Centroamérica, convocó a personalidades de esa región, entre las que se encontraban la designada a la Presidencia de Honduras, Guadalupe Jerezano Mejía y la Vice Presidente de Nicaragua, Julia Mena, para una reunión sobre El Acceso de la Mujer al Proceso de Toma de Decisiones, que se realizó en Guatemala, el 21 y 23 de febrero de 1996. Las conclusiones del evento ofrecen las bases para incrementar la participación de la mujer en las estructuras de decisión política.

La CIM trabaja en estrecha relación con La Red de Oficinas Gubernamentales para el Avance de la Mujer, a través de la cual se da asistencia a los países en la elaboración de políticas nacionales relacionadas con el avance de la mujer.

La CIM ha financiado a través de la Dirección General para el Avance de la Mujer de la República Dominicana, la participación de algunos de los países del CARICOM en la reunión de la Red Latinoamericana de Oficinas Gubernamentales para el Avance de la Mujer, para que consideren si están interesados en desarrollar una red similar para los países que lo integran. Las directoras de las oficinas de Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Bahamas y Santa Lucía asistieron a dicha reunión.

Durante 1996, la CIM realizará diversas consultas a nivel subregional sobre temas relacionados con la pobreza, la participación de las mujeres en la estructura de poder y de toma de decisiones, educación, y violencia y derechos humanos, con el objeto de colaborar en la identificación de estrategias para la implementación del Plan de Acción de la CIM. Asimismo, se realizarán gestiones para obtener fondos adicionales de las agencias de las Naciones Unidas y otras de carácter intergubernamental, parlamentos regionales y otras fuentes para apoyar estas actividades.

Como contribución a la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible que se realizará en diciembre de 1996, se está preparando un documento sobre el papel de la mujer en el desarrollo sostenible. La CIM también está preparando un análisis de la legislación en los países del CARICOM sobre la discriminación de la mujer. Este concluirá a mediados de 1996.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión, a través de su Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer, está estudiando la legislación, procedimientos judiciales y otras prácticas que tienen efectos sobre la discriminación contra la mujer, en contravención de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

12. Los Cascos Blancos-cuerpos para casos de emergencia y el desarrollo (punto 20)

COMISIÓN GENERAL DEL CONSEJO PERMANENTE

El 10 de Abril el Secretario General presentó a la Comisión General del Consejo Permanente el documento AIniciativa Cascos Blancos, encargado por la OEA y el BID a consultores externos. El documento se presentó en cumplimiento del mandato contenido en la resolución AG/RES. 1351 (XXV-O/95), que invita a la Secretaría General Aa que, en coordinación con el Consejo Permanente, impulse en el ámbito regional la iniciativa de los Cascos Blancos. Previo a su presentación, el Embajador Octavio Frigerio, Presidente de la Comisión de Cascos Blancos en la República Argentina, expuso sobre los últimos desarrollos de esta iniciativa, incluyendo operaciones exitosas de los Cascos Blancos en Bolivia, Haití y Jamaica entre otros países.

La Comisión General decidió mantener en estudio el citado Documento.

TEMA IV: LA GARANTÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS

COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Se realizó una Sesión Especial de la Comisión del Medio Ambiente, con la participación de expertos gubernamentales de alto nivel, para definir el papel de la OEA en el campo de medio ambiente y el desarrollo sostenible, y para contribuir a la elaboración de una nueva agenda de la OEA en estas materias, así como para proponer los cambios institucionales que se requieren. La reunión se llevó a cabo el 11 y 12 de abril en la sede de la OEA en Washington D.C., y en ella se consideraron los siguientes documentos: AEstudio Analítico para la Evaluación y Actualización del Programa Interamericano de Acción para la Conservación del Medio Ambiente, ATemas Propuestos para la OEA en Materia de Desarrollo Ambiental Internacional y ALa Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La realización del Seminario sobre participación pública en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible fue postergada para el segundo semestre del año en curso.

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA COOPERACIÓN DE LA OEA A LA CUMBRE SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Cooperación de la OEA a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible fue instalado el 7 de febrero de 1996, eligiendo como Presidente al Embajador Carlos Casap, Representante Permanente de Bolivia

En sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 12 de febrero 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, doctor Antonio Araníbar Quiroga, presentó el documento "Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas". El doctor Araníbar Quiroga explicó a los miembros del Consejo la trascendental importancia que asigna el Gobierno de Bolivia a la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible ha realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 7 y 8 de diciembre de 1996. El Canciller extendió la invitación del Presidente de Bolivia, Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la OEA. En la primera reunión del Grupo de Trabajo, realizada el 16 de febrero de 1996, el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Dr. Jaime Aparicio, y el Embajador en Misión Especial y Coordinador Nacional de la Cumbre, Don Fernando Romero, hicieron una exposición más amplia del documento presentado por el Canciller de Bolivia. El Grupo de Trabajo dio plazo hasta el 26 de abril de 1996 para que se presenten las observaciones y comentarios al documento AHacia el Desarrollo Sostenible en las Américas.

La Comisión del Medio Ambiente inició consultas con el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Cooperación de la OEA en la Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible, con vistas a redefinir la agenda del seminario y situarlo como un evento preparatorio de la citada Cumbre.

13. La alianza para la prevención de la contaminación (punto 23)

COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Consejo Permanente, en base al informe del Presidente de la Comisión del Medio Ambiente sobre la "Reunión de Expertos en Materia de Tecnologías Ambientales Sanas para Pequeñas y Medianas Empresas", decidió elevar a la consideración del vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General el proyecto de Resolución titulado "Reunión de Expertos Gubernamentales en Materia de Tecnologías Ambientales Sanas (CP/doc. 2719/96), mediante la cual se tomó nota del informe del Consejo Permanente sobre la Reunión de Expertos en Materia de Tecnologías Ambientalmente Sanas para la Pequeña y Mediana Empresa y se solicitó que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tome las medidas necesarias para el seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Reunión que considere pertinentes.

SECRETARIA GENERAL - Secretaría Ejecutiva del CIDI

El 2 de febrero la Secretaría General entregó al Consejo Permanente los documentos AEstudio Analítico para la Evaluación y Actualización del Programas Interamericano de Acción Para la Conservación del Medio Ambiente, de acuerdo a la AG/RES. 1358 (XXV-0/95), ATemas Propuestos para la OEA en Materia de Desarrollo Ambiental Internacional y ALa Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estos documentos forman parte de los que fueron presentados como referencia para la Sesión Especial de la Comisión del Medio Ambiente entre el 11 y 12 de abril de 1996.

La Secretaría General continúa cooperando con el Gobierno de Bolivia en la preparación del borrador de agenda para la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y se le han designado tareas específicas en relación a los temas de la agenda referidos a agua y bosques.

La Secretaría General, a través de su Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, a requerimiento de los organismos e instituciones participantes de la Reunión Intergubernamental de Expertos sobre la Alianza para la Prevención de la Contaminación, celebrada en San Juan de Puerto Rico en noviembre de 1995, aceptó la tarea de convocar a un equipo de trabajo integrado por organizaciones internacionales para coordinar sus actividades y optimizar el uso de sus recursos en la ejecución de la Alianza para la Prevención de la Contaminación. La primera reunión de este equipo de trabajo se realizó en febrero de 1996, y en ella se decidió que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos prepare una propuesta con los términos de referencia para el equipo de trabajo de la Cumbre de las Américas sobre la Implementación de la Cooperación para la Prevención de la Contaminación. Los términos de referencia fueron analizados en una reunión del equipo de trabajo del 15 de marzo, que también consideró el apoyo que otorgaría a la preparación de la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

La Secretaría General está colaborando con el Banco Mundial en la identificación y selección de los Puntos Focales Nacionales que actuarán en el proceso gradual de eliminación de la contaminación por plomo.


ANEXO I
LISTADO DE INFORMES

CE/GCI-46/96 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas
CE/GCI-50/96 Informe de la Presidente del Grupo de Trabajo sobre Terrorismo
CE/GCI-51/96 Informe del Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica
CE/GCI-52/96 Informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
CE/GCI-53/96 Informe de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
CE/GCI-54/96 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CE/GCI-55/96 Informe de la Comisión Interamericana de Mujeres
CE/GCI-58/96 Informe del Grupo de Trabajo CEPCIES/CEPCIECC
CE/GCI-59/96 Informe de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD)
CE/GCI-60/96 Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Democracia Representativa
CE/GCI-61/96 Informe del Presidente de la Comisión del Medio Ambiente
CE/GCI-62/96 Informe de la Unidad para la Promoción de la Democracia
CE/GCI-63/96 Informe del Inter-American Institute for Global Change Research
CE/GCI-65/96 Informe de la Comisión Especial de Comercio
CE/GCI-66/96 Informe de la Unidad de Comercio
CE/GCI-70/96 Informe del Instituto Interamericano del Niño
CE/GCI-71/96 Informe del Comité Jurídico Interamericano


ANEXO II

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN/

Preámbulo

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,

HAN CONVENIDO

en suscribir la siguiente

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo I

Definiciones

Para los fines de la presente Convención, se entiende por:

"Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Artículo II

Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Artículo III

Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Artículo IV

Ámbito

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o pruduzca sus efectos en un Estado Parte.

Artículo V

Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo VI

Actos de corrupción

1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c. La realización, por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y

e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma, en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.

Artículo VII

Legislación interna

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.

Artículo VIII

Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo IX

Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo X

Notificación

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación.

Artículo XI

Desarrollo progresivo

1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:

a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.

b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.

c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.

d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo XII

Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo XIII

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.

Artículo XIV

Asistencia y cooperación

Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.

Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Artículo XV

Medidas sobre bienes

De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

Artículo XVI

Secreto bancario

El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido.

Artículo XVII

Naturaleza del acto

A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político.

Artículo XVIII

Autoridades centrales

Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.

Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la presente Convención.

 Artículo XIX

Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.

Artículo XX

Otros acuerdos o prácticas

Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.

Artículo XXI

Firma

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXII

Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIII

Adhesión

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIV

Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XXV

Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo XXVI

Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.

Artículo XXVII

Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo II.

Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho protocolo.

Artículo XXVIII

Depósito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.


ANEXO III
CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICAN SOBRE TERRORISMO

26 abril 1996
Lima, Peru
OEA/SER.K/XXXIII.1   CEITE/doc.7/96 rev. 5
Original: español

DECLARACIÓN DE LIMA PARA PREVENIR, COMBATIRY ELIMINAR EL TERRORISMO

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 26 de abril de 1996)

Los Ministros de Estado y los Jefes de Delegación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Perú, del 23 al 26 de abril de 1996, en ocasión de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo,

CON FUNDAMENTO en los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

RECORDANDO que la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional, suscrita en Washington, D.C., en 1971, así como las resoluciones AG/RES. 4 (I-E/70), AG/RES. 775 (XV-O/85), AG/RES. 1112 (XXI-O/91) y AG/RES. 1213 (XXIII-O/93), y las Declaraciones de Asunción (1990) y de Belém do Pará (1994), son testimonio del proceso evolutivo del tratamiento en la Organización de los Estados Americanos del grave y preocupante fenómeno terrorista;

CONSIDERANDO que en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas (Miami, diciembre de 1994), los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron: "Condenamos el terrorismo en todas sus formas y combatiremos conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Américas, a través de todos los medios legales"; y que, en el Plan de Acción, bajo el título "La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional" (punto 7), afirmaron que dicho flagelo constituye "una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma" y decidieron que se convocara a "una conferencia especial de la OEA sobre la prevención del terrorismo";

TENIENDO PRESENTE que en la Declaración de Montrouis: Una nueva visión de la OEA, aprobada por la Asamblea General de la OEA en su vigésimo quinto período ordinario de sesiones (junio de 1995), los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio señalaron que "el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que preocupa seriamente a todos los Estados miembros y que tiene efectos devastadores para la convivencia civilizada y las instituciones democráticas, así como para la vida, la seguridad y los bienes de las personas", y que la misma Asamblea convocó a una Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo (AG/RES. 1350 (XXV-O/95));

RECORDANDO la Declaración de Quito, suscrita en la IX Reunión del Grupo de Río (septiembre de 1995), en la que los Jefes de Estado y de Gobierno manifestaron: "Reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas, y reiteramos nuestro compromiso de combatir conjunta y firmemente este flagelo que viola los derechos humanos, a través de todos los medios legales";

RECORDANDO TAMBIÉN el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (diciembre de 1995), suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el que "las Partes se comprometen a prevenir y combatir todo tipo de actividades delictivas con repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales como el terrorismo";

TOMANDO NOTA de la Declaración Final de los Estados Participantes en la Reunión de Consulta sobre Cooperación para Prevenir y Eliminar el Terrorismo Internacional, adoptada en Buenos Aires (agosto de 1995) por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, en la que, entre otros aspectos, se reafirmó la necesidad de "afianzar la cooperación existente entre nuestros gobiernos" y en cuyo contexto, con el fin de poner en práctica medidas eficaces que brinden una respuesta adecuada al fenómeno delictivo del terrorismo, se suscribió en marzo de 1996 un Acuerdo entre Argentina, Brasil y Paraguay;

TENIENDO EN CUENTA los trabajos recientes desarrollados en el seno de las Naciones Unidas y tomando nota de los documentos emitidos por la Conferencia Ministerial de Ottawa sobre el Terrorismo (diciembre de 1995) y la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Terrorismo celebrada en Baguio (febrero de 1996);

CONSCIENTES de que los actos terroristas atentan contra el Estado de derecho y las instituciones democráticas y que persiguen, en muchos casos, desestabilizar a los gobiernos constitucionales democráticamente elegidos;

PREOCUPADOS por los efectos negativos que el terrorismo conlleva para el logro del objetivo común de integración regional y para la promoción del desarrollo económico y social en los países del Hemisferio;

RECONOCIENDO que los actos terroristas, cualesquiera sean sus agentes, manifestaciones, métodos, motivaciones o lugar de perpetración, constituyen delitos comunes graves;

PROFUNDAMENTE ALARMADOS por la persistencia de este flagelo y por las vinculaciones que en ocasiones tiene con la producción, el tráfico y el consumo ilícitos de drogas, con el tráfico de precursores químicos y con el lavado de dinero, así como por su posible vinculación con otras actividades criminales;

RECONOCIENDO la importancia que tiene para el combate al terrorismo la eliminación de la producción, el tráfico y el uso ilícitos de armas, municiones y materiales explosivos; y

CONVENCIDOS de la necesidad de intensificar la cooperación existente a nivel regional y de la urgencia de adoptar medidas que permitan dar una respuesta concertada y eficaz a la amenaza terrorista,

DECLARAN:

1. Que la vigencia del derecho internacional, el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto a la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y el estricto cumplimiento de los derechos y deberes de los Estados consagrados en la Carta de la OEA constituyen el marco global para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

2. Que la violencia terrorista erosiona la convivencia pacífica y civilizada, afecta el Estado de derecho y el ejercicio democrático y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioeconómico de nuestros países.

3. Que el terrorismo, como grave manifestación de violencia deliberada y sistemática dirigida a crear caos y temor en la población, genera muerte y destrucción y constituye una actividad delictiva repudiable.

4. Su más enérgica condena a todos los métodos y actos terroristas, dondequiera sean cometidos y cualesquiera sean sus agentes, modalidades y motivaciones con las que se pretenda justificarlos.

5. Que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislación interna y las garantías que ofrece el Estado de derecho.

6. Su voluntad de cooperar plenamente en materia de extradición conforme a su legislación interna y a los tratados de extradición vigentes, sin perjuicio del derecho de los Estados de conceder asilo cuando corresponda.

7. Que el terrorismo, como lo señalaron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas, constituye una violación de los derechos y libertades esenciales de los individuos y un asalto a la democracia misma.

8. Su decisión de estudiar, a la luz de la evaluación de los instrumentos internacionales existentes, la necesidad y conveniencia de una nueva convención interamericana sobre terrorismo.

9. La importancia de que, tan pronto como sea posible, los Estados miembros de la OEA ratifiquen o adhieran a los instrumentos internacionales sobre terrorismo y, cuando sea necesario, los implementen a través de sus legislaciones nacionales.

10. Su decisión de intensificar la cooperación entre los Estados miembros para combatir los actos terroristas, con pleno respeto al Estado de derecho y a las normas internacionales, especialmente las que se refieren a los derechos humanos.

11. Que es indispensable adoptar las medidas de cooperación bilateral y regional necesarias para prevenir, combatir y eliminar, por todos los medios legales, los actos terroristas en el Hemisferio, con pleno respeto de la jurisdicción de los Estados miembros y de los tratados y convenciones internacionales.


ANEXO IV

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN: APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente a los Ministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95) (AG/doc.___/96);

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95) "Gestión de Cumbres Interamericanas", la Asamblea General estableció una Comisión Especial del Consejo Permanente sobre Gestión de Cumbres Interamericanas para asegurar un seguimiento eficaz, puntual y apropiado de las actividades asignadas a la Organización por la Cumbre de las Américas;

Que la Asamblea General encomendó a esta Comisión Especial solicitar y recibir regularmente informes de los órganos, organismos y entidades de la OEA, y hacer comentarios sobre estos informes y proporcionar directrices específicas, dirección y tareas a estos organismos de conformidad con su mandato;

Que la Asamblea General también encomendó al Consejo Permanente informar a otras entidades e instituciones gubernamentales regionales y subregionales que deben asistir en la implementación de las iniciativas del Plan de Acción, sobre el interés de la Organización de recibir información sobre sus actividades y solicitarles que proporcionen esta información al Consejo Permanente en forma regular; y

Que se le encomendó a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas que informe por escrito a través del Consejo Permanente a los Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre de cada año y en cada período ordinario de sesiones de la Asamblea General, sobre el progreso alcanzado en la implementación de esta resolución.

TENIENDO EN CUENTA que, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento del Consejo Permanente, las comisiones son temporales,

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Permanente por el informe de su Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres, y expresar su satisfacción por el importante trabajo realizado por esa Comisión en la implementación de la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95).

2. Tomar nota con satisfacción que los órganos, organismos y entidades de la Organización prestaron especial interés a la implementación de las iniciativas del Plan de Acción de la Cumbre.

3. Reafirmar el mandato de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, de acuerdo a lo recomendado en la resolución AG/RES. 1349 (XXV-O/95), instruyéndose a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas que informe por escrito una vez al año a los Ministros de Relaciones Exteriores en la Asamblea General en su sesión ordinaria sobre el progreso realizado en el año en la ejecución de esta resolución.

4. Solicitar al Secretario General que continúe otorgando su apoyo a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas en la ejecución de esta resolución.


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