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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION ESPECIAL SOME GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

OEA/Ser.G CE/GCI-9/95
29 Septiembre 1995
Original: español

INFORME DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO A LA
COMISION ESPECIAL SOME GESTON DE
CUMBRES INTERAMERICANAS


19 de septiembre de 1995
Excma. Sra. Embajadora Harriet C. Babbitt
U.S. Mission to the Organization of American States
ARA/USOAS, Room 6494
Department of State
2201 C. Street NW
Washington, D.C. 20520 U.S.A.

Estimada Señora Babbitt:

En respuesta a su comunicación de 25 de agosto, tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que, como es de su conocimiento, el instituto se encuentra en un proceso de reestructuración de su carta constitutiva. No obstante en el marco de las iniciativas de la Cumbre de las Américas hemos dado continuidad a nuestras actividades de capacitación y publicaciones, como una contribución al mejor conocimiento de los problemas que afectan a los pueblos indígenas de América, y a la difusión de políticas, estrategias y metodologías orientadas a superar los problemas, con especial énfasis en los que afectan a sus derechos humanos, y a procurar una mayor participación de esos problemas en sus respectivas sociedades nacionales.

Como una contribución de este Instituto al punto 1 del Plan de Acción "La Preservación y el Fortalecimiento de la Comunidad de Democracia de las Américas", me es grato remitirle el documento adjunto: "Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de América".

Reciba un saludo cordial de

José Matos Mar
Director

LOS DERECHOS HUMANGS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA

En este campo se deberá propiciar la apertura de las sociedades nacionales a la emergencia indígena y la creación de condiciones que conduzcan a la participación plena de los pueblos indios en el desarrollo de su sociedad, tal como, otros sectores organizadas participan, a fin de lograr sociedades positivas y fecundamente pluriculturales y multilingues. Por ello, aunque en gran parte de carácter legal y administrativo, su contenido es fundamentalmente político en dos sentidos. Primero, porque propone el cambio de actitudes y posiciones relativas a la organización, la institucionalidad y los intereses de Estados y Sociedades actuales. Segundo, porque el movimiento y las organizaciones indígenas, dadas las condiciones en que emergen y se desarrollan, van adquiriendo una dinámica propia, contesta taria y beligerante que, ante al burocratismo, la inercia o la insensibilidad, sin mencionar las posiciones conservadoras y elitistas de ciertos sectores, tienden a derivar en conflictos, enfrentamientos y, sobre todo, en más frustración y distanciamiento en las relaciones interénicas.

Una acción renovadora supone reconocer que las causas principales del problemas indígena no radica en los pueblos y comunidades indígenas o en alguna congénita predisposición racial, sino en el tipo de relaciones que los sectores dominantes han establecido con los indígenas a lo largo de la historia y, en consecuencia, en la propia estructura de las sociedades nacionales y los Estados.

Desde esta perspectiva, estas acciones atraen, en forma general, a los derechos humanos, individuales y colectivos; a los derechos específicos de las minorías indias, en cuanto colectividades dotadas de identidades propias y de continuidad histórica, y al desarrollo del propio derecho indígena.

El objetivo principal en este campo es contribuir al desarrollo de la democracia mediante la elaboración simultánea de una legislación más avanzada en el campo de las relaciones, interétnicas y de mejores y más efectivos instrumentos institucionales que sirvan para hacerla cumplir. Para ello sería necesario promover políticas indigenistas, con miras al refuerzo de la acción promotora y facilitadora del desarrollo étnico integral de los pueblos indios.

Es éste un esfuerzo que necesita encararse desde múltiples puntos de mira. Implica no solamente el refuerzo de los instrumentos internacionales y la incorporación de los avances logrados a ese nivel en las constituciones políticas y códigos sino, también, en muchos casos y a nivel más profundo, la revisión de los principios jurídicos en que se fundamentan los estados. Es un esfuerzo consciente de compatibilizar las tendencias vigentes hacia la integración nacional, regional y mundial con la consolidación y el aliento de la enriquecedora diversidad de culturas y las aspiraciones legitimas de los pueblos indios a conservar sus identidades y recuperar sus autonomías. Esto significa una doble, tarea: por un lado, la generación de los consensos a instrumentos generales necesarios a nivel de la comunidad internacional y de cada uno de los países que la constituyen; y, por otro, la creación de ámbitos y mecanismos jurídicos para el ejercicio real de los derechos civiles por parte de las poblaciones indígenas.

La tarea inicial del Grupo de Trabajo de Ginebra, orientada a 2a creación do un instrumento jurídico internacional que reconozca y regule al ejercicio do los derechos humanos inherentes a las poblaciones indígenas, es un punto focal de primordial importancia en este campo. Lo es también, de manera complementaria, el proyecto de Convención interamericana sobre los derechos indígenas que vienen preparando la organización de los Estados Americanos con el apoyo del instituto Indigenista Interamericano.

Entretanto existen algunos instrumentos cuya existencia representa un progreso considerable en la que hace a la toma de conciencia, par parte de los estados, respecto a la. necesidad de considerar a las poblaciones indígenas en el marco de la Declaración de los Derechos del Cumbre. En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 169, lo cual significa un avance sustantivo.

Se requiere, en esta materia, no sólo incorporar a la legislación de cada uno de los países los instrumentos normativos internacionales ya existentes, sino también reglamentar los dispositivos constitucionales y legales en aquellos países donde tales instrumentos han sido ya incorporados pero, por falta de reglamentación local, se mantienen aún a nivel declarativo.

La variedad de las situaciones nacionales y étnicas es determinante. Pero en todos los casos, la vigencia de los derechos ciudadanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas tiene aún mucho camino que recorrer y es uno de los campos que requieren de mayor atención por parte de las agencias y organizaciones internacionales idóneas. Son igualmente importantes el reconocimiento del derecho consuetudinario y la creación de tribunales a instrumentos que operen de conformidad con este derecho. Es necesaria, también, la participación de los propios indígenas en la redacción y discusión de todo nuevo instrumento legal que los afecte, y la creación de las instituciones necesarias para que tal participación sea efectiva. Especial atención debería ponerse en la vigencia efectiva de los derechos individuales, civiles y políticos, eliminando de las legislaciones todos aquellos dispositivos que, de manera directa o indirecta, establezcan discriminación o disminuyan el ejercicio de los derechos civiles por razones de carácter étnico o lingüístico. Un énfasis particular deberá ponerse en lo que so refiere al ejercicio pleno de derechos en los ámbitos de la representación política, de la propiedad y el usufructo de recursos naturales y otros bienes, y de los procedimientos civiles y penales.

Un importante asunto de fondo, en materia jurídica, es la cuestión del Estado. El problema indígena no es sino el reflejo de la incompatibilidad estructural entre la Sociedad y el Estado. En muchos países la estructura estatal se basa, históricamente, en el supuesto jurídico de una sociedad nacional con una identidad homogénea. Tal supuesto se opone a la realidad pluricultural, plurilingue y multiétnica de la sociedad.

La contradicción entre esta clase de Estado y los pueblos gobernados se ha expresado en forma de dos tendencias alternas y extremas; la homogeneización cultural forzada y la marginación cultural y civil de su población indígena. En países de densas poblaciones indígenas, donde la explosión demográfica de los últimos años desplaza a las masas indígenas hacia las grandes ciudades, la tensión generada estaría abriendo un nuevo canal: el conflicto y el enfrentamiento creciente entre la Sociedad y el Estado, y el desborde masivo de las leyes y las instituciones formales. De aquí deriva la convicción de que la solución definitiva de los problemas indígenas no podría lograrse sino mediante una reforma del Estado que, en algunos casos debería ser sustantiva.

La exploración de la estructura y la dinámica del Estado en las sociedades multiétnicas, la búsqueda de la compatibilidad de sus principios jurídicos y de organización con las justas demandas y reivindicaciones de las minorías étnicas, y la elaboración y discusión de modelos alternativos a niveles nacionales, regionales y continentales, debería tener también una importancia prioritaria. Para esta finalidad, no sólo hace falta elaborar y ejecutar proyectos específicas sino también alentar y fomentar iniciativas de investigadores particulares e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y propiciar el diálogo de los especialistas de las ciencias sociales y de los representantes de los distintos grupos étnicos, a través de foros, reuniones y publicaciones.

Pese a este énfasis en cuestiones jurídicas de largo y mediano alcance, será necesario tratar también situaciones de urgencia inmediata. Interesarse, de manera particular, en la situación de las poblaciones indígenas en zonas y regiones actualmente sometidas a la acción y presencia de movimientos armados. En estas zonas, pese a su voluntad expresa de paz, los indígenas están siendo forzadamente involucrados en las acciones de fuerza militares gubernamentales y antigubernamentales, con las consiguientes pérdidas de vidas y bienes, perturbaciones de las actividades económicas y de la vida cotidiana, y generalización de abusos y arbitrariedades.

Por último, deberá brindarse atención especial, de apoyo, estimulo y facilitación, a las organizaciones y movimientos indígenas cuyas innumerables instancias convergen mayoritariamente en iniciativas basadas en la autogestión y la cooperación con las respectivas sociedades nacionales. En las organizaciones y los movimientos indígenas y en sus posibilidades de éxito radica la esperanza de un futuro mejor para las etnias y para las sociedades de las que forman parte. Por ello, debe facilitarseles la información, asesoría y respaldo que requieran; ofrecérseles espacios adecuados de diálogo y, cuando haga falta, mediar entre las organizaciones indígenas y los organismos de gobierno.

José Matos Mar
México, 18 de setiembre de 1995


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