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PRESENTACION DEL CENTRO POR LA JUSTICIA 
Y EL DERECHO INTERNACIONAL
(CEJIL)

Comisión Especial sobre la Gestión de Cumbres Interamericanas
Viernes 18 de febrero de 2000

Para las organizaciones de la sociedad civil que hemos participado en el proceso de discusión sobre el furturo del sistema interamericano durante los dos últimos añós, uno de los aspectos fundamentales para profundizar el compromiso de los Estados consignado en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, consiste en establecer mecanismos tendientes fortalecer la eficacia de las decisiones de los órganos del sistema.

Un grave problema con el que se enfrenta el sistema regional es la falta de eficacia y por consiguiente de credibilidad. Como lo hemos señalado públicamente, si bien todos los Estados miembros en principio y en abstracto aceptan la idea y la existencia de un sistema básico de protección de los derechos humanos, cuando ese sistema adopta decisiones que tiene como destinatario un Estado determinado, el resto de los miembros opta por la indiferencia o el silencio. Es más, en ocasiones Estados han adoptado actitudes críticas respecto a la solidez de la decisión, o a los trámites seguidos, o sobre su posibilidad de cumplir la decisión adoptada o lo que resulta más grave, han llegado a cuestionar la legitimidad y propósitos de los propios órganos del sistema. Es evidente que los Estados tienen el derecho de discrepar de los contenidos de las actuaciones de la Comisión y de la Corte, pero el problema más grave surge cuando se llega al punto de cuestionar su legitimidad, descalificando directamente a la Comisión y a la Corte.

Para las organizaciones de la sociedad civil resulta paradójico que los mismos Estados que crearon el sistema regional de protección de derechos humanos hagan evidente su falta de voluntad política al momento de dar cumplimiento a las decisiones de sus órganos. Es innegable que la impunidad que todavía persiste en gran parte de la región va acompañada de la falta de cumplimiento de las decisiones de la Comisión y, en algunos aspectos, de las de la Corte.

No se trata solamente de los exiguos recursos otorgados tanto a la Corte como a la Comisión para su funcionamiento, sino del incumplimiento sistemático de sus resoluciones por parte de los Estados destinatarios. Un plan de acción dirigido a fortalecer y perfeccionar el sistema carecería de sentido sino contempla la creación de mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.

La obligación de garantizar los derechos reconocidos en la Declaración Americana y la Convención Americana conlleva el deber de adoptar aquellas disposiciones de derecho interno que hagan posible la efectiva protección de los derechos, incluida la ejecución de las decisiones de los órganos internacionales de supervisión de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a fin de permitir la reparación integral de las violaciones cometidas.

 En el caso de la Corte, la Convención requiere que se reconozca separadamente su jurisdicción contenciosa, por lo que una vez aceptada por un Estado, éste se compromete a cumplir las decisiones que la Corte profiere. Sin embargo, aun cuando la Convención prevé un mecanismo específico para la ejecución de sus sentencias en lo referente a las indemnizaciones pecuniarias que la Corte disponga como parte de las reparaciones en sus sentencias, en la práctica, en tanto que algunos Estados las han rechazado publicamente y se han negado a ejecutarlas, otros simplemente han diferido en el tiempo su cumplimiento de manera indeterminada.

Por su parte, la situación de las decisiones de la Comisión es aun más compleja. Varios Estados han cuestionado la obligatoriedad de sus decisiones y hacen caso omiso a sus recomendaciones. Esto, a pesar de que en el caso Loayza Tamayo la Corte aclaró su posición sobre el carácter de las recomendaciones formuladas por la Comisión, al establecer que el Estado Parte en la Convención Americana "tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos" (párr. 80 de la sentencia del 17 de septiembre de 1997).

En la práctica, la Comisión y la Corte tienen límites infranqueables para resolver la ejecución de sus decisiones. No obstante, pueden supervisar su cumplimiento, pueden recordar el incumplimiento a la Asamblea General de la OEA al momento de presentar su informe anual, pueden publicar oficialmente sus decisiones. La Comisión, en los casos pertinentes puede asimismo someter el caso ante la Corte. Por lo tanto, el impacto de su decisión depende, en últimas, de la seriedad con que el Estado asuma sus relaciones y compromisos internacionales.

En ese sentido, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Augusto Cancado Trindade, ha sostenido que el futuro de la protección internacional depende en gran parte de la adopción y perfeccionamiento de medidas nacionales de implementación.

En efecto, para que los Estados puedan llevar a cabo los compromisos internacionales adquiridos, es necesario que dentro del derecho interno se adopten medidas que permitan la efectiva protección de los derechos contemplados en los instrumentos internacionales. Como consecuencia, resulta necesario, que se contemplen mecanismos que permitan la ejecución de las resoluciones emitidas por los órganos internacionales protectores de los derechos humanos con el propósito de que las violaciones que se hayan cometido puedan ser reparadas. En tal virtud, deben existir vínculos entre los sistemas intermacionales y los nacionales, para que en un futuro no muy lejano se le otorgue valor legal interno a las decisiones emitidas por la Comisión y la Corte.

Resulta pertinente destacar que en algunos países ya se han establecido mecanismos dirigidos a facilitar el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y/o de la Corte, ya sea de carácter especiales o por medio de normas generales.

Como un ejemplo de estos esfuerzos se pueden mencionar a Costa Rica quien firmó un acuerdo con la Corte en donde se dispone que las resoluciones que ésta emita tendrán el mismo efecto que las emitidas por el poder judicial de ese país, debiéndose comunicar ésto a las autoridades administrativas y judiciales.

Por su parte, Colombia emitió una ley por medio de la cual el Gobierno Nacional queda obligado a pagar las indemnizaciones de perjuicios que se hayan causado en virtud de violaciones a derechos humanos declaradas por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, en tanto que la Constitución de 1982 de Honduras se prevee la obligatoriedad de la ejecución de las sentencias de carácter internacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el estado adoptará las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de organismos internacionales.

Para concluir, en el entendio de que la implementación de las decisiones de la Comisión y la Corte resulta crucial para lograr la efectiva protección de los derechos de las personas en la región, las organizaciones de la sociedad civil coincidimos en que el fortalecimiento de la eficacia de las decisiones de los órganos del sistema puede alcanzarse mediante:

  • El mejoramiento de los vínculos entre el sistema interamericano y los sistemas nacionales a modo de facilitar la implementación de las decisiones vinculantes de los órganos de supervision. En particular, en un plazo de tres años todos los países de las Américas deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para otorgarle valor legal interno a las decisiones de la Comisión y la Corte así como para cumplir con las mismas;
  • El fortalecimiento del rol de supervisión de la Comision y de la Corte del cumplimiento de sus decisiones. Los reglamentos de ambos órganos deben establecer un procedimiento contradictorio de supervisión del cumplimiento de sus sentencias y recomendaciones. La Comisión y la Corte deben incluir en sus informes anuales cuadros indicativos del estado de cumplimiento de cada una de sus sentencias y recomendaciones; y
  • El refuerzo del rol de los Estados como garantes colectivos del cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema, adoptándose un mecanismo de intensidad creciente de intervención los órganos políticos de la OEA, como complemento y no en detrimento de las facultades convencionales de la Comisión y la Corte.

 


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