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PRESENTACION DEL EMBAJADOR CLAUDE HELLER,

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MEXICO ANTE LA OEA Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Y POLITICOS, ANTE LA COMISION ESPECIAL SOBRE

GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

Washington, D.C., a 18 de febrero de 2000

 

Señor Presidente:

Deseo agradecer a usted su invitación para explicar ante esta Comisión, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el proceso de negociación del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, cuyo Grupo de Trabajo me corresponde presidir.

Como se recordará, la idea de elaborar en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas se remonta a 1989, cuando la Asamblea General, mediante su resolución 1022, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preparase un primer borrador.

Desde entonces, ha tenido lugar un intercambio de opiniones entre la CIDH por una parte, y los Estados miembros, así como otros órganos y entidades del sistema interamericano por la otra, en torno a la naturaleza que pudiera revestir una declaración sobre la materia. Debe destacarse que, en dicho proceso de consultas, participaron desde un principio diversas organizaciones indigenistas.

Por su parte, el Plan de Acción aprobado por la Segunda Cumbre de las Américas en 1998, estableció que:

"Con el objeto de promover una mayor participación de la población indígena en la sociedad mediante el acceso apropiado a la educación, atención de salud, capacitación ocupacional y así mejorar su estándar de vida,

los Gobiernos:

- (…) Procederán con el examen intergubernamental, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, del "Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con miras a la posible adopción de una Declaración."

El Consejo Permanente recibió el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, el cual, por decisión de la Asamblea General, fue remitido a los Estados miembros, así como al Comité Jurídico Interamericano y al Instituto Indigenista Interamericano para recabar sus observaciones. Una vez concluido este segundo proceso de consultas, la Asamblea General convocó la Reunión de Expertos Gubernamentales que se celebró en la sede de la Organización del 10 al 12 de febrero de 1999.

En vista de que la Reunión de Expertos Gubernamentales sólo pudo abordar el preámbulo del Proyecto de Declaración, se acordó el establecimiento de un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para continuar el examen del Proyecto de Declaración, con una adecuada participación de representantes de comunidades indígenas en sus labores con el propósito de que sus observaciones y sugerencias pudieran ser consideradas.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Permanente resolvió a través de su resolución 751 (1198/99) que el Grupo de Trabajo se reuniría en la sede del 8 al 12 de noviembre de 1999.

Consideración del proyecto de Declaración por el Grupo de Trabajo.

Los siguientes elementos constituyen el marco de referencia de la consideración de un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

  1. La experiencia acumulada por otros foros multilaterales que han llevado a cabo ejercicios similares desde hace varios años, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas.
  2. El reconocimiento de las muy diversas experiencias históricas, sociales y políticas del desarrollo de las comunidades indígenas dentro de los Estados del hemisferio.

Se estimo conveniente concentrar los esfuerzos en las definiciones de los términos "pueblos/poblaciones", "libre determinación", "autonomía/autogobierno" y "tierras/territorios". En este sentido, debe subrayarse que, ni el proyecto de Declaración Americana, ni el proyecto de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas intentan una definición de todos estos conceptos. La propuesta alternativa del Comité Jurídico Interamericano lo intenta en cuanto a la cuestión de "pueblos/poblaciones". De ahí que resulte tan difícil reconocer derechos si no se tiene claro a quienes o en que ámbito han de aplicarse.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo consideró, en primer lugar, 4 artículos sobre definiciones en cuya elaboración se tomaron en cuenta las distintas fuentes disponibles, incluyendo las observaciones de los Estados miembros y las del Comité Jurídico y del Instituto Indigenista Interamericano. Se tomó en consideración, asimismo, el texto del proyecto de declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El debate que se suscitó y las propuestas presentadas por los Estados miembros, y que aparecen en el texto evolutivo del proyecto de Declaración, ilustran las dificultades que éstas plantean todavía a los Estados frente a las eventuales connotaciones que puedan tener cada uno de estos conceptos en términos de derecho internacional.

Por su parte, algunos representantes de comunidades indígenas sostuvieron que cualquier intento por definir el concepto de "pueblos/poblaciones" y todo lo que de ello se derive es discriminatorio y violatorio de los derechos mismos que se busca reconocer. Al mismo tiempo, todos los representantes de comunidades indígenas señalaron que la autonomía y el derecho a la libre determinación no atentan contra la unidad del Estado y su integridad territorial.

Sin embargo, al abordar la cuestión de los llamados tratados, actos, acuerdos o arreglos constructivos que puedan haber concluido los pueblos/poblaciones indígenas con los Estados o sus sucesores, varios representantes de comunidades indígenas argumentaron que tales acuerdos son de derecho internacional puesto que han sido celebrados entre pueblos igualmente soberanos.

En síntesis, los distintos capítulos del proyecto de Declaración reflejan, en mayor o menor medida, estos dilemas.

Evaluación

La reunión del Grupo de Trabajo constituyó la primera ocasión, desde que la OEA decidió en 1989 ocuparse de este tema, en que los Estados miembros, con la participación de representantes de poblaciones indígenas, llevan a cabo un amplio y franco intercambio de opiniones sobre el contenido que debería tener un instrumento de esta naturaleza. Este hecho por sí mismo merece ser resaltado.

El informe del Grupo de Trabajo da cuenta de la complejidad que entrañan los temas abordados, lo que refleja, como señalé, la diversidad de las circunstancias y experiencias históricas de los países del hemisferio y de sus poblaciones indígenas. Ello incide desde luego en las prioridades que cada organización o representación indígena asigna a los distintos ámbitos que podrían quedar cubiertos por una declaración de esta naturaleza.

El intercambio de puntos de vista sobre el contenido de las secciones relativas a definiciones, derechos humanos, desarrollo cultural, derechos políticos y derechos económicos, sociales y de propiedad, se caracterizó por su amplitud y riqueza. Pero, de nuevo, fue el debate sobre las definiciones lo que permite apreciar que subsisten aún opiniones divergentes de fondo entre los Estados miembros, como también entre las mismas representaciones de comunidades indígenas.

A nadie escapa la complejidad del proceso de negociación de una declaración que, a nuestro juicio, debe ser clara y concisa que, además de consagrar derechos humanos fundamentales, mire hacia el futuro convirtiéndose en marco obligado de referencia para las políticas nacionales.

La participación adecuada de los destinatarios finales de la Declaración en las labores del Grupo, según las modalidades que definimos los Estados miembros, es indispensable si se quiere que este instrumento goce de legitimidad y de consenso.

No deja de preocupar, sin embargo, la marcada asimetría en la representación de las organizaciones – me refiero a las organizaciones realmente representativas de comunidades indígenas de todo el hemisferio - que estuvieron en posibilidad de participar en nuestra reunión. Las limitaciones financieras de la Organización para sufragar los costos de la participación de un grupo más representativo, explica en parte la situación que observamos durante la reunión. Esta situación debe ser atendida adecuadamente en todo futuro ejercicio.

Pero la reunión dio un ejemplo de participación de miembros de la sociedad civil en los foros intergubernamentales que debe nutrir la reflexión sobre el rumbo que adoptemos en el futuro en otros temas de la agenda hemisférica.

Señor Presidente:

Es importante tener presente que el futuro de esta negociación depende, en buena medida, de que tanto gobiernos como organizaciones indígenas acepten que el propósito de una declaración en la materia no es el reconocimiento de derechos y obligaciones adicionales a los ya consagrados en los instrumentos vigentes de derechos humanos.

La diversidad de las situaciones nacionales, producto de experiencias históricas distintas, obliga al realismo y a no buscar en la declaración soluciones que sólo pueden encontrarse en el ámbito interno de los países.

Sin embargo, una declaración como la que nos hemos propuesto constituiría un documento de innegable valor político que, como señalé, establecería un marco de referencia para los desarrollos normativos que tengan lugar en cada Estado y que permita a la comunidad internacional medir el compromiso de los países americanos con la promoción de los derechos humanos de las poblaciones indígenas.

Muchas gracias.


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