Declaración de Quebec
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas elegidos democráticamente, reunidos en la
ciudad de Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos
nuestro compromiso con la integración hemisférica y
la responsabilidad nacional y colectiva a fin de
mejorar el bienestar económico y la seguridad de
nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción
para fortalecer la democracia representativa, promover
una eficiente gestión de gobierno y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales.*
Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las
oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar
la justicia social y desarrollar el potencial humano.
Reiteramos nuestro firme compromiso
y adhesión a los principios y propósitos de las
Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Nuestras ricas y variadas
tradiciones ofrecen oportunidades inigualables para el
crecimiento, para compartir experiencias y
conocimientos y para crear una familia hemisférica
sobre la base de un orden internacional más justo y
democrático. Debemos enfrentar los retos inherentes a
las diferencias de tamaño y de niveles de desarrollo
social, económico e institucional en nuestros países
y en nuestra región.
Hemos avanzado en la
implementación de los compromisos colectivos asumidos
en Miami en 1994 y profundizados en Santiago en 1998.
Reconocemos la necesidad de continuar enfrentando las
vulnerabilidades de nuestros procesos de desarrollo y
de aumentar la seguridad humana. Estamos conscientes
de que aún queda mucho por lograr para que el proceso
de Cumbres de las Américas sea relevante en la vida
cotidiana de nuestros pueblos y contribuya a su
bienestar.
Reconocemos que los valores y
prácticas de la democracia son fundamentales para
avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El
mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho
y el respeto estricto al sistema democrático son, al
mismo tiempo, un propósito y un compromiso
compartido, así como una condición esencial de
nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En
consecuencia, cualquier alteración o ruptura
inconstitucional del orden democrático en un Estado
del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable
para la participación del Gobierno de dicho Estado en
el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando
debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos,
regionales y subregionales, existentes, acordamos
llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del
sistema democrático de un país que participa en el
proceso de Cumbres.
Las amenazas contra la democracia,
hoy en día, asumen variadas formas. Para mejorar
nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas,
instruimos a nuestros Ministros de Relaciones
Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea
General de la OEA, preparen una Carta Democrática
Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA
para la defensa activa de la democracia
representativa.*
Nuestro compromiso de asegurar el
pleno respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales se basa en principios y en convicciones
compartidos. Apoyamos el fortalecimiento y
perfeccionamiento de la eficacia del sistema
interamericano de derechos humanos, que incluye la
Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encomendamos
a la XXXI Asamblea General de la OEA que considere un
adecuado incremento de los recursos para las
actividades de la Comisión y de la Corte, para
perfeccionar los mecanismos de derechos humanos y para
promover la observancia de las recomendaciones de la
Comisión y el cumplimiento de las sentencias de la
Corte.
Reafirmamos nuestro compromiso de
mantener la paz y la seguridad a través de la
utilización eficaz de los medios hemisféricos
previstos para la solución pacífica de las
controversias y la adopción de medidas de fomento de
la confianza y de la seguridad. En este sentido,
apoyamos y elogiamos los esfuerzos de la OEA.
Reiteramos nuestra plena adhesión a los principios
que obligan a los Estados a abstenerse de la amenaza o
el uso de la fuerza, de acuerdo con el derecho
internacional. Conforme a los principios del derecho
internacional humanitario, condenamos enérgicamente
los ataques contra la población civil. Tomaremos toda
medida posible para asegurar que los niños y niñas
de nuestros países no participen en conflictos
armados y condenamos la utilización de niños y
niñas por fuerzas irregulares. Reafirmamos que la
subordinación constitucional de las fuerzas armadas y
de seguridad a las autoridades civiles legalmente
constituidas de nuestros países, y el respeto al
Estado de Derecho por parte de todas las instituciones
nacionales y sectores de la sociedad, son
fundamentales para la democracia. Haremos esfuerzos
para limitar los gastos militares manteniendo una
capacidad que corresponda a nuestras legítimas
necesidades de seguridad y promoveremos una mayor
transparencia en la adquisición de armamento.
Reiteramos nuestro compromiso de
combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la
seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas
destacan, principalmente, el problema mundial de la
droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso
criminal de las armas de fuego, el creciente peligro
que representa el crimen organizado, así como el
problema general de la violencia en nuestras
sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba
valores democráticos básicos, representa un desafío
a la estabilidad política y al crecimiento económico
y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro
hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la
corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de
mejorar las condiciones de seguridad humana en el
Hemisferio.
Renovamos nuestro compromiso con la
plena aplicación de la Estrategia Antidrogas en el
Hemisferio basada en los principios de responsabilidad
compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en
la cooperación multilateral. Acogemos con
beneplácito el desarrollo del Mecanismo de
Evaluación Multilateral, y reiteramos nuestro
compromiso para hacer de este mecanismo, único en el
mundo, uno de los pilares centrales en una
cooperación hemisférica eficaz para la lucha contra
todos los factores que constituyen el problema mundial
de la droga. Expresamos nuestro apoyo a los programas
eficaces de desarrollo alternativo orientados a la
erradicación de los cultivos ilícitos, y
realizaremos esfuerzos para facilitar el acceso a los
mercados de los productos derivados de estos
programas.
Reconocemos que otra grave amenaza
a la seguridad de nuestra población es el VIH/SIDA.
Estamos unidos en la determinación de adoptar
estrategias multisectoriales y mejorar nuestra
cooperación para combatir esta enfermedad y sus
consecuencias.
Reafirmamos la importancia de la
independencia del poder judicial y nuestra
determinación de asegurar el acceso equitativo a la
justicia y garantizar su administración oportuna e
imparcial. Nos comprometemos a incrementar la
transparencia en la gestión pública.
Las economías abiertas y libres,
el acceso a los mercados, el flujo sostenido de las
inversiones, la formación de capitales, la
estabilidad financiera, políticas públicas
adecuadas, el acceso a la tecnología y el desarrollo
y capacitación de los recursos humanos, son claves
para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los
niveles de vida y promover el desarrollo sostenible.
Trabajaremos con todos los sectores de la sociedad
civil y las organizaciones internacionales para
asegurar que las actividades económicas contribuyan
al desarrollo sostenible de nuestras sociedades.
Acogemos el progreso significativo
logrado hasta la fecha para el establecimiento de un
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
incluyendo la elaboración de un borrador preliminar
del Acuerdo ALCA. Tal como se acordó en la Cumbre de
Miami, el libre comercio, sin subsidios ni prácticas
desleales, acompañado de flujos crecientes de
inversión productiva y de una mayor integración
económica, favorecerá la prosperidad regional,
permitiendo elevar los niveles de vida, mejorar las
condiciones laborales de los pueblos de las Américas
y proteger mejor el medio ambiente. La decisión de
hacer público el borrador preliminar del Acuerdo ALCA
es una muestra clara de nuestro compromiso colectivo
con la transparencia y con una comunicación creciente
y sostenida con la sociedad civil.
Instruimos a nuestros Ministros que
aseguren que las negociaciones del Acuerdo ALCA
concluyan, a más tardar, en enero de 2005, para
tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes
posible, y no más allá de diciembre de 2005.**
Esto será un elemento clave para generar el
crecimiento económico y la prosperidad en el
Hemisferio, y contribuirá al logro de los amplios
objetivos de la Cumbre. El Acuerdo deberá ser
equilibrado, comprensivo, y congruente con las reglas
y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), y deberá constituir un compromiso único.
Otorgamos gran importancia a que el diseño del
Acuerdo tenga en cuenta las diferencias en tamaño y
niveles de desarrollo de las economías participantes.
Reconocemos el desafío que
presenta la gestión ambiental en el Hemisferio.
Comprometemos a nuestros gobiernos a fortalecer la
protección del medio ambiente y el uso sostenible de
los recursos naturales con miras a asegurar un
equilibrio entre el desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente,
en virtud de su interdependencia y refuerzo mutuo.
Nuestra meta es alcanzar el desarrollo sostenible en
todo el Hemisferio.
Promoveremos el cumplimiento de las
normas fundamentales del trabajo reconocidas
internacionalmente e incorporadas en la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998.
Consideraremos la ratificación o adhesión a las
convenciones fundamentales de la OIT, según
corresponda. A fin de avanzar en nuestro compromiso de
crear mayores oportunidades de empleo, incrementar las
capacidades de los trabajadores y mejorar las
condiciones laborales en todo el Hemisferio,
reconocemos la necesidad de considerar, en los foros
hemisféricos e internacionales pertinentes, las
cuestiones de la globalización relacionadas con el
empleo y el trabajo. Instruimos a la Conferencia
Interamericana de Ministros del Trabajo que continúe
considerando los temas relacionados con la
globalización que afectan al empleo y al trabajo.
Reconociendo la importancia de la
energía como una de las bases fundamentales para el
desarrollo económico, la prosperidad de la región y
el mejoramiento de la calidad de vida, nos
comprometemos a desarrollar iniciativas de energía
renovable y a profundizar la integración energética,
perfeccionando los marcos regulatorios y su
aplicación, y promoviendo los principios del
desarrollo sostenible.
La democracia y el desarrollo
económico y social son interdependientes y se
refuerzan mutuamente como condiciones fundamentales
para combatir la pobreza y la desigualdad. No
escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros
ciudadanos de las condiciones inhumanas de la pobreza
extrema. Nos comprometemos a realizar esfuerzos
adicionales para alcanzar los objetivos
internacionales de desarrollo, especialmente la
reducción en un 50% para el año 2015 de la
proporción de las personas que viven en condiciones
de pobreza extrema.
Nos comprometemos a impulsar
programas para mejorar la agricultura y la vida rural
y promover la agro-industria como contribución
esencial a la reducción de la pobreza y el fomento
del desarrollo integral.
Nos comprometemos a fortalecer la
cooperación hemisférica y las capacidades nacionales
para desarrollar un enfoque más integrado en el
manejo de desastres naturales. Continuaremos
implementando políticas que mejoren nuestra capacidad
para prevenir, mitigar y atender las consecuencias de
los desastres naturales. Acordamos estudiar medidas
que faciliten el acceso oportuno a recursos
financieros para atender las necesidades de
emergencia.
Reconocemos las contribuciones
económicas y culturales que aportan los migrantes a
las sociedades de destino y a sus comunidades de
origen. Nos comprometemos a asegurar tratamiento digno
y humano, con protección legal adecuada, defensa de
los derechos humanos y condiciones de trabajo seguras
y saludables para los migrantes. Fortaleceremos
mecanismos de cooperación hemisféricos para atender
las legítimas necesidades de los migrantes y adoptar
medidas eficaces en contra del tráfico de seres
humanos.
El progreso hacia sociedades más
democráticas, economías en crecimiento y la equidad
social, depende de una ciudadanía educada y de una
fuerza laboral capacitada. Hemos acordado una serie de
políticas para mejorar el acceso a una educación de
calidad a través de la capacitación de los docentes,
la educación de los valores cívicos y el uso de las
tecnologías de la información tanto en nuestras
aulas como en la evaluación del progreso para el
logro de estos objetivos. Mejores políticas
educativas y mayores inversiones en nuestros sistemas
educativos contribuirán a reducir las desigualdades
de ingresos y a cerrar la brecha digital en nuestro
Hemisferio.
Nuestros esfuerzos colectivos
hemisféricos serán más eficaces con el uso
innovador de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones con el fin de conectar a nuestros
gobiernos y a nuestros pueblos y para compartir
conocimientos e ideas. Nuestra declaración,
Conectando las Américas, resalta esta convicción.
Destacamos que la buena salud y el
acceso equitativo a la atención médica, a los
servicios de salud y a medicinas a costos accesibles
son de importancia vital para el desarrollo humano y
el logro de nuestros objetivos políticos, económicos
y sociales.
Reafirmamos nuestro compromiso de
proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, incluyendo aquellos en
situación de vulnerabilidad o marginalidad, los
discapacitados o los que requieren protección
especial. Nos comprometemos a erradicar todas las
formas de discriminación, incluido el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia en nuestras sociedades, así
como a promover la equidad de género y a lograr la
plena participación de todos los individuos en la
vida política, económica, social y cultural de
nuestros países.
Nos esforzaremos para asegurar que
los resultados del Cónclave Indígena de las
Américas celebrado en Guatemala y de la Cumbre de los
Pueblos Indígenas de las Américas, realizada en
Ottawa, se recojan en la implementación de la
Declaración de la Cumbre de las Américas y su Plan
de Acción. Apoyamos los esfuerzos encaminados a la
pronta y exitosa conclusión de las negociaciones del
Proyecto de la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual promoverá
y protegerá sus derechos y libertades fundamentales.
Consideramos que la diversidad
cultural que caracteriza a nuestra región es fuente
de gran riqueza para nuestras sociedades. El respeto y
la valoración de nuestra diversidad deben ser un
factor de cohesión que fortalezca el tejido social e
impulse el desarrollo de nuestras naciones.
La responsabilidad principal de la
coordinación e implementación del Plan de Acción
anexo reside en nuestros gobiernos. Las reuniones
ministeriales están produciendo resultados
significativos en apoyo a los mandatos de las Cumbres.
Proseguiremos el desarrollo continuo de esta
cooperación.
Valoramos el apoyo activo de la
Organización de los Estados Americanos y sus
organismos especializados, particularmente la
Organización Panamericana de la Salud, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y
el Instituto Interamericano del Niño, así como del
Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe y el Banco
Mundial. Hacemos un llamado a estas instituciones y a
otras organizaciones regionales e internacionales a
que establezcan una mayor coordinación para el apoyo
a la implementación y al seguimiento del Plan de
Acción de esta Cumbre.
La OEA desempeña un papel central
en la implementación de las decisiones de las Cumbres
de las Américas. Instruimos a nuestros Ministros de
Relaciones Exteriores que, en la próxima Asamblea
General, avancen y profundicen el proceso de reformas
en la OEA, respaldado por recursos adecuados, con el
fin de mejorar su funcionamiento y permitir que la
Organización implemente mejor los mandatos de las
Cumbres.
Recibimos con beneplácito y
valoramos las contribuciones de la sociedad civil,
incluidas las de las organizaciones empresariales y
sindicales, al Plan de Acción. Afirmamos que la
apertura y transparencia son vitales para el
fortalecimiento de la concientización pública y la
legitimidad de nuestras tareas. Hacemos un llamado a
todos los ciudadanos de las Américas a que
contribuyan al proceso de las Cumbres.
Nosotros, los Jefes de Estado y de
Gobierno de las Américas, hemos decidido aceptar el
ofrecimiento del Gobierno de la República Argentina
para ser la sede de la Cuarta Cumbre de las Américas.
Las Cumbres de las Américas
existen para servir a la gente. Debemos desarrollar
soluciones eficaces, prácticas y solidarias para
resolver los problemas que enfrentan nuestras
sociedades. No tememos a la globalización ni estamos
cegados por su brillo. Estamos unidos en nuestra
determinación de dejar a las generaciones futuras un
Hemisferio democrático y próspero, más justo y
generoso; un Hemisferio donde nadie sea relegado.
Estamos comprometidos para hacer de éste el siglo de
las Américas.
* La delegación de Venezuela
desea reservar su posición acerca de los párrafos 1
y 6 de la Declaración de Quebec, por cuanto a juicio
de nuestro Gobierno la democracia debe ser entendida
en su sentido más amplio y no únicamente en su
carácter representativo. Entendemos que el ejercicio
democrático abarca además la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión
de gobierno, con miras a la construcción diaria de un
proceso dirigido al desarrollo integral de la
sociedad. Por ello, el Gobierno de Venezuela hubiese
preferido, y así se solicitó en esta Cumbre, que en
el texto de la Declaración quedase reflejado
expresamente el carácter participativo de la
democracia.
**La delegación de Venezuela
reserva su posición sobre el párrafo 15 de la
Declaración de Quebec y el párrafo 6-A del Plan de
Acción, en virtud de las consultas que se llevan a
cabo entre los diversos sectores del Gobierno nacional
en función de nuestra legislación interna, para dar
cumplimiento a los compromisos que se derivarían de
la entrada en vigor del ALCA en el año 2005.
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