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Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA) PROCESO CUMBRES DE LAS AMERICAS SAN JOSE, COSTA RICA, NOVIEMBRE, 1998 CONTENIDO Iniciativa 7.
Iniciativa 15. Iniciativa 16. En las Américas prevalece una situación de insostenibilidad en cuanto al desarrollo. Con el fin de superar esta situación, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio decidieron establecer una estrategia de desarrollo que recoge una serie de acuerdos internacionales y que promueve la atención de los temas sectoriales con una visión integral. En la Cumbre de las Américas de 1994, el compromiso se alcanza con un Plan de Acción que considera 23 temas relacionados con la preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de las Américas; la promoción de la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio; la erradicación de la pobreza y la discriminación; y la garantía del desarrollo sostenible y la conservación de nuestro medio ambiente. En la Cumbre de Bolivia, se adoptan medidas orientadas a avanzar hacia el desarrollo sostenible como guía para superar los retos ambientales y los problemas de la pobreza y se formula un Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Este Plan presenta 65 iniciativas -relacionadas con la salud y la educación, la agricultura y la silvicultura sostenibles, las ciudades y las comunidades sostenibles, los recursos hídricos y las áreas costeras, y la energía y los minerales- que los gobiernos y otras instituciones debían emprender; En la II Cumbre de las Américas, realizada en Chile en 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirman su voluntad de continuar el diálogo y el fortalecimiento de la cooperación iniciados en Miami y adoptan un cuerpo de iniciativas destinadas a promover el desarrollo pleno de los países del Hemisferio, a asegurar el acceso a la educación y a mejorar su calidad, a promover y fortalecer la democracia y el respeto de los derechos humanos, a erradicar la pobreza y la discriminación, y, a profundizar la integración económica y el libre comercio, dando inicio a las negociaciones del ALCA. La Cumbre de Bolivia encomendó a la Organización de los Estados Americanos realizar el seguimiento a los acuerdos. Para ello convocó al Grupo Interagencial para el Desarrollo Sostenible, formado por las instituciones hemisféricas que los Presidentes designaron como responsables de acompañar ese proceso y de preparar el informe de progreso del Plan de Acción. En el marco de los arreglos institucionales acogidos en el proceso Cumbres de las Américas le corresponde al IICA asumir dos responsabilidades principales. La primera, contribuir al cumplimiento de los acuerdos adoptados en las tres Cumbres mediante la acción institucional a nivel hemisférico, regional y nacional. La segunda, informar sobre el progreso alcanzado por los países en el cumplimiento de las Iniciativas 7 a la 16 del capítulo sobre agricultura y silvicultura sostenibles. El IICA, en cumplimiento de la primera responsabilidad, ha internalizado las orientaciones políticas de los Jefes de Estado y de Gobierno en su marco estratégico institucional. Dichas orientaciones quedaron plasmadas en el Plan de Mediano Plazo, La Agricultura: Más Allá de una Visión Sectorial. Este último señala : " La Misión del IICA es proveer servicios de cooperación para la agricultura, y fortalecer y facilitar el diálogo interamericano. La primera tarea aspira a apoyar a sus Estados Miembros en la consecución del desarrollo sostenible de la agricultura y su medio rural; la segunda ubica este desarrollo en el contexto de la integración de las Américas". En este marco y en apoyo a los sistemas institucionales nacionales y regionales, el IICA brinda servicios de cooperación técnica, principalmente proyectos focalizados en temas estratégicos como : Políticas Socioeconómicas, Comercio e Inversiones; Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Producción Agropecuaria; Sanidad Agropecuaria; Desarrollo Rural Sostenible; Capacitación, Educación y Comunicación. En atención a la segunda responsabilidad, el IICA presenta este Informe de Progreso cuyo contenido se basa en la información obtenida por sus unidades regionales y nacionales sobre las medidas adoptadas por los países. El documento dirige su atención a los principales logros alcanzados, a los problemas encontrados y a las acciones que deberían emprenderse para una mejor ejecución de los acuerdos (recomendaciones). Pese al logro alcanzado en el cumplimiento de los acuerdos, el IICA considera necesario redoblar, en todos los niveles y ámbitos del quehacer gubernamental y no gubernamental del Hemisferio, los esfuerzos orientados a difundir, internalizar y ejecutar los acuerdos del proceso Cumbres de las Américas. Desafortunadamente, muchos de los avances en el logro del desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural se han visto dramáticamente afectados por los adversidades climáticas. Primero se hicieron sentir los efectos del fenómeno El Niño - un largo período de sequía e inundaciones en la mayoría de los países- ; más recientemente, los huracanes Georges y Mitch sembraron catástrofe y destrucción en el Caribe y Centroamérica. La agricultura y el medio rural figuran entre los más perjudicados por estos fenómenos; de ahí que el IICA considera oportuno acrecentar los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para ayudar no sólo a prevenir y atender los efectos de los desastres naturales sino para continuar apoyando a los países en su afán por impulsar el desarrollo del medio rural.
Resumen de progreso La promoción de la agricultura sostenible en las Américas ha tenido como resultado el fortalecimiento de la capacidad nacional en la formulación de planes nacionales y locales de desarrollo que incluyen la agricultura y el desarrollo rural sostenibles; una mayor integración de los aspectos económicos y ambientales en el proceso de planificación y de toma de decisiones relacionados con el desarrollo y la agricultura; una mayor sensibilidad, aunque no suficiente, de los ministerios de agricultura a los aspectos ambientales; una creciente adopción de procesos de concertación en la formulación de políticas nacionales; y, una mayor utilización de información básica de suelos (en la planificación regional se emplean incluso sistemas satelitales de información geográfica). La formulación de Planes Nacionales de Desarrollo sustentados en el concepto multidimensional del desarrollo sostenible muestra avances importantes en varios países del Hemisferio. Se observa, además, la creación de mecanismos para el diseño participativo de dichos planes. Al respecto, destacan los logros de Canadá en la ejecución de los Planes Verdes para la Agricultura; la creación de los Consejos de Desarrollo Sostenible, en los países de Centro América, el Caribe y América del Sur; Guyana ejecuta la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la Agricultura; Honduras impulsa el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral Sostenible; Trinidad y Tobago orienta sus acciones atendiendo los dictados del Programa de Reforma del Sector Agrícola y estimula la producción de productos con alto valor y potencial agroindustrial; Panamá ejecuta el Plan de Acción Sectorial Agropecuario 1997-2005 y la Estrategia Nacional Ambiental; y en Costa Rica, el Foro Nacional de Concertación contribuye a la formulación del Programa de Desarrollo Agropecuario 1998-2002. Este último programa propicia la competitividad de la agricultura y el desarrollo rural, pero centra su atención en el bienestar del ser humano dentro de un marco equilibrado de crecimiento económico, uso racional de los recursos naturales y equidad social. Se observa una mayor integración de los aspectos económicos y ambientales en el proceso de planificación y de toma de decisiones, y una mejor articulación, en ese proceso, entre las instancias de nivel nacional y los entes sectoriales, departamentales y municipales. Cabe mencionar los casos de Bolivia: institucionalización del proceso de planificación y participación ciudadana; Brasil: ejecución de proyectos de desarrollo regional y fortalecimiento del desarrollo regional (regiones Norte-Este y Centro-Oeste), y, Honduras: ejecución de planes regionales (Región Occidente, Centro Oriente, Olancho y Sur del Lempira). La generación de información básica de suelos adquiere mayor importancia en la planificación regional. Los países están incorporando el Sistema de Información Geográfica y otros sistemas convencionales en el diseño de los planes de desarrollo físico (Barbados, Dominica, Venezuela). Además, los ministerios de agricultura, medio ambiente y desarrollo económico se están integrando en grupos de trabajo multisectorial para revisar la política nacional sobre el uso del suelo y la planificación del recurso tierra (Belice, Dominica). Los ministerios de agricultura muestran una mayor sensibilidad a los aspectos ambientales. La sostenibilidad ambiental se ha institucionalizado en Unidades de Gestión Ambiental (Colombia); la integración del componente agricultura en el Plan Ambiental Federal se considera un logro alcanzado en varias provincias canadienses; y, en Ecuador se aprobó un Acuerdo Ministerial que instituye la política ambiental para el sector agropecuario (la sostenibilidad es uno de los criterios de la agricultura ampliada asumidos por ese gobierno como política de Estado). Los procesos de concertación de intereses están prosperando en varios países como un elemento importante en la planificación del desarrollo y la gobernabilidad de las naciones y las comunidades. Iniciativas recientes, en El Salvador, Costa Rica y Bolivia, buscan incorporar, en un proceso de análisis, negociación y concertación a nivel nacional, los temas relevantes para la agricultura y el desarrollo rural que deberán abordar las instituciones del Estado para su ejecución en conjunto con la sociedad civil. En el caso de Costa Rica, en el marco del Foro Nacional de Concertación se establecieron varios grupos de trabajo, entre ellos, el de Desarrollo Rural y el de Servicios Ambientales (este último se refiere a aquellos servicios que los recursos naturales le prestan a la comunidad nacional y global y que, en la medida en que sean retribuidos por esa comunidad constituyen una alternativa de desarrollo sostenible para el campo). Destaca la armonización de estrategias y proyectos de ámbito regional que apoyan los esfuerzos nacionales. En el Caribe se ha formulado una Estrategia Diferenciada para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y el Desarrollo Rural, misma que se focaliza en tres aspectos: el manejo de los recursos naturales, el desarrollo de los recursos humanos y el alivio a la pobreza. Dicha estrategia contribuye al proceso de desarrollo de la agricultura en el Caribe mediante la ejecución sistemática y organizada de proyectos nacionales y multinacionales. En la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se ejecutan planes integrales para el manejo sostenible de laderas en ecosistemas frágiles; un Sistema de Información en Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible que utiliza bases de datos sobre suelos, clima, tipos de uso de la tierra y tecnología, y además, se definieron -y se están aplicando- indicadores de sostenibilidad en el seguimiento y evaluación de planes de uso de la tierra. Segundo Foro Iberoamericano de Agricultura "La Agricultura como Soporte de la Democracia", Maturín, Venezuela, 1997, reunión preparatoria a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Plan de Acción señala la elaboración de una estrategia iberoamericana de fortalecimiento de la agricultura y el medio rural que considere los elementos de género, sostenibilidad y participación. II Foro Ministerial "La Agricultura de las Américas de Cara al Siglo XXI: Retos y Oportunidades", organizado por el IICA, Chile, octubre de 1997. Los líderes del sector, gubernamentales y no gubernamentales, identificaron los principales desafíos y prioridades que los países del Hemisferio deberán enfrentar en el próximo milenio. Una insuficiente capacidad propositiva, a nivel nacional y local, para la elaboración y ejecución de planes que fomenten la agricultura sostenible. Los impactos del cambio climático. El fenómeno de El Niño y los huracanes Georges y Mitch han provocado cuantiosas pérdidas y problemas a la agricultura y el medio rural, entre otros, inundaciones severas, pérdida de suelo y salinización de tierras. Con el fin de paliar esos daños se han realizado esfuerzos tales como créditos y exenciones impositivas (Argentina), y, comisiones y planes regionales (Centro América y República Dominicana). No obstante, los recursos disponibles no son suficientes para reparar los destrozos y emprender acciones de preparación y atención de emergencias futuras. Es necesario fortalecer la voluntad política para lograr el establecimiento y la ejecución de una política efectiva sobre el uso del suelo. En el Caribe se identificaron las siguientes dificultades para apoyar y ejecutar una estrategia sobre agricultura y desarrollo rural sostenibles: información deficiente e insuficiente; escasa capacidad científica, tecnológica, profesional e institucional, y, obstáculos políticos, sociales y económicos. A estos problemas se suman: un inadecuado marco de políticas, inapropiados patrones tecnológicos, sistemas y mecanismos de apoyo deficientes, inadecuada información relevante para la toma de decisiones y limitada participación de la sociedad civil en la estrategia de agricultura y desarrollo rural sostenibles. Formular y ejecutar una política nacional sobre el uso del suelo que sea congruente con los esfuerzos regionales y hemisféricos por lograr un desarrollo sostenible. Mejorar la articulación y la coordinación interinstitucional y la colaboración de los interlocutores sectoriales con el propósito de formar una mayor conciencia ambiental y lograr la aplicación de la normatividad existente. Continuar financiando proyectos de agricultura y ganadería sostenibles que sirvan de modelo, y apoyar su difusión masiva entre los productores (muchos de estos proyectos han sido suprimidos por razones de disminución del gasto público). Fortalecer la asistencia técnica dirigida a construir un marco legal que apoye la ejecución de proyectos sostenibles de agricultura. Facilitar a las instituciones de planificación la obtención, a costos razonables, de tecnología de información geográfica, que incluya las facilidades de teledetección y otras herramientas para el planeamiento sostenible del recurso tierra. Fortalecer la capacidad de las organizaciones empresariales, profesionales y de la comunidad en general, de ejecutar planes que fomenten la agricultura sostenible.
Los logros más destacados en la promoción de exportaciones se refieren a la universalización de políticas y a la ejecución de programas de promoción de exportaciones; al fortalecimiento institucional nacional para atender la promoción de las exportaciones; a la integración de esfuerzos públicos y privados en la creación de nuevas instituciones y mecanismos para promover las exportaciones; a un mayor énfasis en la responsabilidad ambiental y en la calidad de los productos de exportación, y, a una mayor participación, por parte de los pequeños y medianos productores, de los beneficios de la actividad exportadora. El establecimiento y la operación de bolsas de productos agropecuarios y de sistemas electrónicos de información adquiere cada vez más importancia en la comercialización nacional e internacional, y, a nivel internacional, se ejecutan iniciativas regionales y hemisféricas que acompañan los esfuerzos nacionales por promover las exportaciones (CARICOM, MERCOSUR, negociaciones agrícolas en el marco del ALCA). La formulación de políticas que promueven las exportaciones no tradicionales -y la ejecución de los programas respectivos- es uno de los elementos de política económica a los que se les ha dado prioridad como respuesta a las expectativas de la apertura comercial y a los acuerdos bilaterales de comercio entre los países del Hemisferio. Belice ejecuta una política agrícola de diversificación y expansión de las exportaciones no tradicionales y un programa nacional de desarrollo de tecnologías para la producción de frutas y el cultivo de raíces para la exportación; Costa Rica, Colombia, El Salvador y Perú impulsan la exportación de cultivos orgánicos tales como café, cacao y hortalizas; Panamá está desarrollando sistemas de riego, zonas de agroexportación y un plan de desarrollo de las agroexportaciones; Nicaragua promueve la producción de vegetales para la exportación; y Trinidad y Tobago ejecuta un programa de incentivos a la agroexportación y expande la producción de cítricos con variedades apropiadas. A nivel del CARICOM se ejecuta el Programa Regional de Reconversión con fuerte impulso a las exportaciones. El fortalecimiento institucional, para atender la promoción de las exportaciones, refleja una direccionalidad evidente en la modernización del aparato público nacional y del sector agropecuario. Ha habido una mayor preocupación por elevar la capacidad nacional, en particular, las habilidades de negociación de los funcionarios públicos y privados, por mejorar los mecanismos de información y de inteligencia de mercados y por fomentar la participación en ferias internacionales. Canadá promueve la diversificación y apoya a los agricultores en el mercadeo de productos obtenidos de manera ambientalmente sostenible; Colombia fomenta las unidades exportadoras por producto para su comercializan en, además, la corporación Colombia Internacional maneja el sistema de información de precios y mercados del sector agropecuario. Chile, mediante el Fondo de Promoción de Exportaciones Agrícolas, creado por los Ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores, promueve la exportación de los productos agrícolas, incluidos los provenientes de la agricultura familiar; Dominica les facilita a los exportadores inteligencia de mercado e información sobre las exigencias de calidad establecidas por la OMC; la Corporación de Mercadeo de Guyana impulsa la presencia de los productos en ferias internacionales y conforma equipos técnicos para consolidar oportunidades de exportación. Perú creó la Comisión para la Promoción de las Exportaciones bajo la dirección del Primer Vicepresidente de la República, y, Venezuela y varios países de Centro y Sur América han realizado esfuerzos en la preparación de negociadores y en la difusión de los instrumentos de política comercial establecidos en los acuerdos internacionales de comercio e integración. La integración de esfuerzos -de los sectores público y privado- en la creación de nuevos mecanismos e instituciones para promover las exportaciones adquiere cada vez mayor presencia y relevancia en los países del Hemisferio. Argentina impulsa la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna con representación privada y pública; Dominica tiene en proceso la formación de la empresa mixta Dominica Export Company; Guatemala muestra en AGEXPRONT, exportadores de productos no tradicionales, un importante ejemplo de esfuerzos conjuntos; Nicaragua impulsa la actividad exportadora con el concurso de la Asociación de Productores de Productos No Tradicionales y el Centro de Exportaciones e Importaciones; y, República Dominicana promueve las exportaciones agropecuarias con la participación de la Secretaría de Estado, el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones y el Comité Dominicano Agroempresarial. El afán de obtener una mayor calidad en los productos de exportación orienta, en varios países, los esfuerzos institucionales públicos y privados, en el entendido de que la calidad, en general, y la calidad ambiental, en particular, constituyen elementos esenciales para lograr la competitividad. En Colombia, Costa Rica, El Salvador y México, entre otros, existen instituciones que otorgan certificados de calidad para los productos agropecuarios. Dominica, a través de la Dominica Export Import Agency, facilita información y capacitación a exportadores agropecuarios sobre las normas internacionales de calidad; Ecuador promueve la implantación de estrategias para mejorar la calidad ambiental de los productos agropecuarios y pretende establecer la certificación ambiental para dichos productos; Perú, con el apoyo del USAID, ejecuta un Proyecto de Apoyo a Micro y Pequeños Productores Agroindustriales que incluye aspectos de mejoramiento de la calidad y de las destrezas para la comercialización. Los pequeños y medianos productores de productos no tradicionales de exportación participan, cada vez más, de los beneficios de la actividad exportadora. En Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de asociaciones de productores y con el apoyo de programas públicos y privados de reconversión productiva y comercialización, se están exportando exitosamente a los mercados de Europa y Norteamérica productos como palmito, mora, vegetales chinos y minivegetales. Brasil, con el apoyo del IICA y la Secretaría de Desarrollo Rural, ejecuta, en el Nordeste, un programa de desarrollo socioeconómico basado en la producción de frutas tropicales de exportación. En Ecuador, el Consejo Provincial de Pichincha promueve la agroexportación con la participación directa de los productores organizados en microempresas rurales. Varios países, por su parte, han apoyado a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas creando mecanismos de exportación, protegiéndolos de la competencia desleal, llevando a cabo la reforma agraria y estableciendo incentivos y subsidios para fomentar la exportación; por ejemplo, en El Salvador se les retribuye a los productores de café orgánico, básicamente pequeños productores, el equivalente al 6% del valor FOB de las exportaciones, y en Paraguay, se ha creado la Asociación de Turismo en Estancias, organización que promueve la venta de productos agropecuarios provenientes de cooperativas, de pequeños productores, de artesanos y de pequeños empresarios del sector informal. El establecimiento y la operación de bolsas de productos agropecuarios y de sistemas electrónicos de información está adquiriendo importancia y ha favorecido la promoción y el mejoramiento del comercio nacional e internacional de productos, principalmente en Centro América. A nivel regional se observan varias iniciativas que acompañan los esfuerzos nacionales. En la región andina, con el apoyo del IICA, se trabaja en la generación y transferencia de tecnologías en toda la cadena agroalimentaria de frutales nativos de exportación y en la preparación de estudios de mercados para frutales y hortalizas de la región. En Centro América, el IICA apoya la operación de las bolsas de productos agropecuarios. En el Caribe, la ejecución de la Estrategia Diferenciada para el Caribe pretende lograr una mejoría en los sistemas de información y en la formulación de políticas que favorezcan servicios más eficientes a productores, comercializadores y a otros eslabones de la cadena agroproductiva. "Trade: Towards Open regionalism". Tercera Conferencia Anual sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe. Banco Mundial, Gobierno de Uruguay, julio 1997. "Situación actual y perspectivas de las organizaciones empresariales del sector agroalimentario en la región andina". Taller organizado por el IICA y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Participaron 15 organizaciones empresariales de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. "La Agricultura, el ALCA y la OMC", en Foro Empresarial de las Américas organizado conjuntamente por el IICA y el International Policy Council on Agriculture, Food and Trade (IPC). Este foro se celebró paralelamente a la Reunión Ministerial del ALCA, Bello Horizonte. Seminario "América Latina y el Caribe frente a la profundización del proceso de reformas agrícolas multilaterales" FAO/IICA/Banco Mundial. Santiago, Chile, 23 y 24 de noviembre de 1998. La persistencia, en los mercados de los países desarrollados, de medidas arancelarias y no arancelarias a los productos agropecuarios. La imposición de normas técnicas y de calidad a los productos agropecuarios de exportación constituye una barrera de ingreso a los mercados de los países desarrollados. El mantenimiento de subsidios a productos agrícolas en países desarrollados. La política monetaria de sobrevaluación de la moneda ha obstaculizado, en algunos países, el desempeño exportador. Los problemas tecnológicos en la producción de frutas y verduras de exportación determinan, de manera importante, la capacidad de exportación en los países menos desarrollados del hemisferio. El insuficiente desarrollo de la agricultura por contrato, de las agroindustrias, de la cultura de la calidad, de la generación de valor agregado y la baja cultura empresarial de los pequeños productores. El escaso conocimiento de las posibilidades de mercado y de las características de la demanda, el financiamiento inadecuado y la falta de una estrategia agroempresarial han limitado el crecimiento de los productos no tradicionales de exportación de los pequeños productores. La infraestructura deficiente limita el desarrollo de sistemas de producción y comercialización y contribuye a pérdidas cuantiosas en post cosecha. Asegurar un mayor presupuesto gubernamental a las instituciones que promueven las exportaciones agropecuarias. Fomentar el consumo nacional de productos orgánicos como una etapa de aprendizaje para la promoción de exportaciones de productos no tradicionales y orgánicos. Acceder a la investigación básica realizada sobre el germoplasma exótico de productos con buenas posibilidades para la expansión de las exportaciones agropecuarias. Fortalecer la capacidad tecnológica de la producción, tanto para consumo interno como para exportación, con el fin de hacerla sostenible y competitiva. Fortalecer el desarrollo de las agroindustrias y de la cultura empresarial de los pequeños productores con potencial de exportación. Realizar más actividades de capacitación y disponer más recursos para poner en práctica las regulaciones establecidas en la OMC. Fortalecer el desarrollo de sistemas de información comercial para la exportación. Capacitar a extensionistas y pequeños productores en comercio internacional y en temas de sostenibilidad ambiental, medidas sanitarias e inocuidad en productos de exportación. Analizar el impacto de las normas comerciales en la agricultura y en el medio ambiente.
En cuanto a la gestión integrada de plagas y de nutrientes, la utilización de sustancias agroquímicas y la reglamentación efectiva del uso y comercio de dichas sustancias, en la mayoría de los países se observan logros importantes en la ejecución de programas de gestión integrada de plagas, uso de abonos orgánicos, biofertilizantes y desarrollo de productos biológicos para uso agrícola. Además, se avanza en la certificación de productos orgánicos para el consumo humano. Al mismo tiempo, los países han fortalecido las medidas legales y administrativas destinadas a regular la utilización y el comercio de sustancias agroquímicas que plantean riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y, la institucionalidad en sanidad agropecuaria pública y privada se ha modernizado y fortalecido para atender las exigencias del comercio internacional, la salud pública y la protección del medio ambiente. La ejecución de programas de gestión integrada de plagas es uno de los logros con mayor presencia en los países y regiones del hemisferio. Impulsados por los ministerios de agricultura, institutos de investigación, ONG, empresa privada y organismos internacionales de cooperación, estos programas muestran crecientes avances en el uso del control biológico, abonos orgánicos y biofertilizantes. En la región andina, en el marco de la Red Andina de Investigación en Frutihorticultura de Exportación, FRUTHEX, se trabaja en la generación y transferencia de tecnologías para el manejo integrado de plagas en frutales nativos y en cultivos de papa; en Centro América, la Red Colaborativa de Investigación y Desarrollo de Hortalizas, REDCAHOR, apoya el combate integrado de plagas y la nutrición de hortalizas, cacao, papa y cebolla; en el Caribe, los ministerios de agricultura impulsan programas nacionales y el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe, CARDI, en conjunto con el IICA, apoya, con capacitación, el manejo integrado de plagas y el uso seguro y efectivo de pesticidas. Además, en la mayoría de los países se impulsan programas públicos y privados en agricultura, y se fortalece la certificación de productos orgánicos y el ecoetiquetado (Costa Rica, Colombia, Chile, entre otros). El desarrollo de productos biológicos para el control de plagas y la elaboración de fertilizantes, por parte de las entidades de investigación, muestra resultados interesantes y prometedores. En Colombia, la Corporación para la Investigación y Transferencia de Tecnología trabaja en la aplicación de microorganismos en el control biológico, el Centro de Física de la Universidad Nacional tiene avanzado el estudio sobre Resistencia Sistémica Adquirida de Defensa Vegetal (vacunas para vegetales), y organizaciones no gubernamentales y universidades han desarrollado tecnologías de biofertilización y biopesticidas. En Costa Rica el CATIE y la Universidad Nacional promueven la extracción de insecticidas de plantas del género Pachyrhisus; en Ecuador, organizaciones públicas y privadas, están probando y difundiendo el uso de biofertilizantes e insecticidas botánicos. Las medidas legales y administrativas destinadas a regular la utilización y el comercio de sustancias agroquímicas riesgosas para la salud humana y el medio ambiente han adquirido mayor relevancia, no solo a nivel global y nacional, sino en la gestión de las empresas. A nivel global, 95 países acordaron un Convenio sobre Productos Químicos y Plaguicidas Peligrosos que regula el comercio de dichos productos y establece el Procedimiento de Información y Consentimiento Previos para 22 plaguicidas de uso prohibido; la Organización de Estados del Caribe Oriental se ha abocado a la tarea de armonizar la reglamentación sobre el uso de agroquímicos, y, la legislación nacional sobre pesticidas ha sido promulgada en Belice, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Nicaragua. Los países conforman equipos de trabajo y ejecutan acciones para cumplir con los acuerdos multilaterales de comercio en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias y han fortalecido las unidades de control plagas y de entrada y uso de biocidas. Entidades públicas y privadas apoyan, con información y capacitación, la gestión de empresas agropecuarias exportadoras en cuanto a los productos permitidos en los mercados de destino y en cuanto al control de los puntos críticos del proceso agroproductivo ; con ello se intenta garantizar la inocuidad de los alimentos (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia). El IICA ha realizado eventos de información y capacitación sobre la reglamentación higiénico-sanitaria para las operaciones de comercio internacional de productos cárnicos, frutas y hortalizas. La institucionalidad en sanidad agropecuaria pública y privada se ha modernizado y fortalecido para atender las exigencias del comercio internacional, la salud pública y la protección del medio ambiente. En Brasil, la Secretaría de Defensa Agropecuaria y el IICA, ejecutan un proyecto de desarrollo sobre la nueva política sanitaria ; similares programas de cooperación para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el diseño de un sistema de monitoreo ambiental se desarrollan en Ecuador. En Guyana se apoyó la realización del Diagnóstico del Servicio de Sanidad Agropecuaria; en Nicaragua el consorcio IICA-GTZ ejecuta el Proyecto de Fortalecimiento a los Servicios Sanidad Agropecuaria y de Información al Productor y la creación de la Unidad de Análisis de Riesgo. Perú, con apoyo del BID, ha ampliado el programa de Fortalecimiento y Modernización del Sistema Nacional de Sanidad Agraria, con énfasis en el control biológico y la erradicación de la mosca de la fruta y la fiebre aftosa; entes privados ofrecen servicios de capacitación en materia de calidad y análisis de residuos de pesticidas en productos de exportación (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México). A nivel hemisférico, el IICA contribuye a modernizar la organización, la infraestructura y la operación de los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria y coopera con ellos en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Reunión Internacional de Pesticidas de la Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos, RAAA/PNUMA, mayo de 1997. "Inocuidad de Alimentos en el Comercio Agropecuario Internacional". Seminario hemisférico, setiembre 1998, auspiciado por el IICA y la Secretaría de Agricultura de México. "Cuarentenas para Vegetales y Animales". Reunión internacional auspiciada por la OMC y el CARICOM para discutir los requerimientos de los países para cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Continúa la producción, el almacenamiento y la exportación sobre todo a países en desarrollo de plaguicidas peligrosos, prohibidos en países desarrollados. Lentitud en la revisión, homologación a nivel hemisférico y actualización de la legislación nacional, para que esta sea congruente con las normas y el marco jurídico internacional, y responda, especialmente, al Convenio Internacional sobre Plaguicidas Peligrosos de 1998. Mecanismos de información insuficiente sobre los riesgos del uso inadecuado de plaguicidas, la legislación nacional y los acuerdos internacionales de control de plaguicidas peligrosos para la salud humana y el ambiente. Debilitamiento de los presupuestos públicos orientados a la investigación en general y a la investigación agropecuaria en particular. Limitaciones financieras, públicas y privadas, impiden la disminución significativa de las pérdidas económicas ocasionadas por plagas. Insuficiente capacidad nacional, no obstante los esfuerzos realizados, para ofrecer los servicios que requiere el productor en gestión de plagas, nutrientes y exigencias sanitarias del mercado internacional. Carencia de materiales educativos apropiados para capacitar a los productores en gestión integrada de plagas y de nutrientes. Ratificar y difundir el Convenio Internacional sobre Productos Químicos y Plaguicidas Peligrosos y utilizar el Procedimiento de Información y Consentimiento Previos para la exportación e importación de plaguicidas peligrosos. Fortalecer y modernizar los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria. Informar a las organizaciones de consumidores, de ambientalistas y de productores respecto de los riesgos y las alternativas en el uso de agroquímicos y respecto de la legislación existente. Validar y divulgar prácticas autóctonas y ecológicamente racionales para el control de plagas. Incorporar, en los programas de enseñanza, conocimientos básicos sobre la gestión integrada de plagas y el uso de prácticas amigables con el ambiente y la salud humana. Crear y fortalecer unidades y programas intersectoriales entre los ministerios de educación, agricultura, medio ambiente y salud. Fortalecer la transferencia y la difusión masiva de tecnologías exitosas en gestión integrada de plagas y nutrientes.
Los países presentan los siguientes avances en el fomento del desarrollo de innovaciones en tecnología agrícola y en la adopción de medidas que favorecen la integración y el establecimiento de mecanismos de cooperación en los planos nacional, regional y hemisférico: desarrollo y la operación de sistemas de información tecnológica; apoyo técnico a la producción y a la comercialización agropecuaria, con inclusión de los pequeños productores; mejora en la institucionalidad pública y privada para la gestión de la calidad, la sostenibilidad, la inocuidad de los alimentos y la investigación agropecuaria. El combate a la pobreza, en particular en el medio rural, es una preocupación generalizada y mantiene vigencia en la agenda política y de acción de las entidades públicas y privadas; al respecto se observan diversos programas de desarrollo rural. La educación agrícola en sus distintos niveles presenta mejoras en la adecuación curricular y en la oferta de servicios de apoyo a la producción. La generación, la transferencia de tecnología e intercambio de las mejores prácticas y de innovación tecnológicas presenta avances importantes en la formulación de planes nacionales y hacia la integración y el establecimiento de mecanismos institucionales de cooperación en el plano nacional, regional y hemisférico de mayor impacto y beneficio para los productores agropecuarios. En Canadá, tanto el gobierno como las asociaciones de productores ejecutan programas para la formulación y aplicación de planes ambientales de finca y la adopción de las mejores prácticas de producción y gestión de fincas. Panamá ejecuta el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, el cual incorpora áreas novedosas como la agroecotoxicología, la agrobiotecnología y la agricultura sostenible en áreas protegidas, y realiza el Proyecto de Investigación Adaptada para el Mejoramiento de Grupos Sociales Específicos, el cual, busca formas alternativas y sencillas de manejo de cultivos y la transferencia de esos resultados. En Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, conjuntamente con gremios agropecuarios, implementa el Programa de Validación de Alternativas Agropecuarias. Este programa apoya el desarrollo de rubros, tecnologías y sistemas de producción alternativos utilizando experiencias de producción a escala comercial y haciendo concursos públicos para la presentación de ideas o proyectos. En Venezuela, a través del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias se realizaron acciones de investigación y desarrollo tecnológico dirigidas a lograr la superación de los problemas ambientales, sociales, económicos y tecnológicos más relevantes asociados al agronegocio nacional. En cuanto a la integración y el establecimiento de mecanismos institucionales de cooperación, a nivel nacional se observa una diversificación institucional que propicia un cambio de modelo : se estaría pasando de un modelo basado en una institución nacional de investigación a un modelo que privilegia el concepto de sistema nacional de investigación. En el ámbito regional operan diversos centros de investigación y mecanismos de cooperación ; entre ellos: REMERFI, PROMECAFE, REDCAHOR, RISPAL, SICTA, PROCISUR, PROCIANDINO, PROCITROPICOS y PROCICARIBE. En el plano hemisférico se han creado el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, impulsado por el BID, y el Foro Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, FORAGRO. Este último facilita el diálogo, fomenta la cooperación, promueve la integración y tiene como propósito lograr un desarrollo competitivo y sostenible de la agricultura. El IICA ejerce la Secretaría Técnica de ese Foro y apoya la consolidación del Sistema Regional de Innovación Tecnológica, integrado por todas las instituciones y mecanismos públicos y privados, nacionales y regionales, de investigación, y la interacción de este con el sistema global de investigación agropecuaria. El desarrollo y la operación de sistemas de información tecnológica recibe atención importante de organismos públicos y privados en los planos nacional, regional y hemisférico. Los consejos nacionales de ciencia y tecnología, los centros nacionales de investigación agropecuaria, universidades, ONG e instituciones gubernamentales nacionales e internacionales y empresa privada, organizada por rubro de actividad agrícola, emprenden distintas actividades de información tecnológica por medios convencionales y electrónicos. En la región andina se desarrollan Sistemas de Información Tecnológica dar a conocer técnicas, documentación, instituciones y mecanismos que sustentan la. En la región Caribe, la reciente creación de PROCICARIBE impulsa el intercambio y la difusión de experiencias e investigaciones. En Brasil, el proyecto de desarrollo rural en el Nordeste, contempla el componente de desarrollo y operación de sistemas de información e intercambio de experiencias; el IICA y EMBRAPA apoyan el desarrollo tecnológico de cooperativas agropecuarias. En Colombia, el Ministerio de Agricultura realizó el Inventario Nacional de Agricultura Ecológica y ejecuta, con el IICA, un programa de difusión tecnológica sobre agricultura sostenible. Costa Rica estableció la Red de Información Agropecuaria, INFOAGRO, con servicios de difusión sobre investigación y transferencia de tecnología agropecuaria. Programas de apoyo técnico a la producción y a la comercialización agropecuaria, con inclusión de iniciativas para atender a los pequeños productores, se ejecutan en la mayoría de los países. Es notoria la creciente participación del sector privado en la prestación de servicios y la consideración, en la gestión de las empresas, de aquellos aspectos que mejoren la competitividad y la sostenibilidad de productos, actividades y procesos. En Argentina se ejecutan los programas Cambio Rural y Programa Social Agropecuario, orientados a pequeños y medianos productores, y con componentes de asistencia técnica, capacitación y crédito. Chile opera un sistema integral y diferenciado de asesoría técnica dirigido al conjunto de productores, y, entre otros mecanismos se han establecido los Centros de Gestión, los cuales brindan apoyo a la agricultura familiar. Guyana está aplicando una novedosa metodología basada en Agentes Comunales de Transferencia de Tecnología, mediante la cual se capacita a líderes que puedan diseminar información y nuevas tecnologías entre los productores. A través del Programa de Desarrollo Rural, Nicaragua emprende 18 proyectos de desarrollo que atienden con crédito y asistencia técnica a pequeños productores. En el marco del Plan de Desarrollo 1995-2000, México realiza varios programas que apoyan la producción y la seguridad alimentaria, entre ellos, el Programa Alianza con el Campo, los programas de Mejoramiento a la Productividad de los Suelos, Desarrollo Sostenible en Zonas Marginadas y el Programa Agropecuario y Desarrollo Rural. Uruguay implementa, con el apoyo del BID, el Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja, orientado a la reconversión de unidades económicas tecnológicamente rezagadas, a desarrollar nuevas actividades y a promover las exportaciones; además, con el apoyo de la GTZ, se ejecuta el Programa Nacional de Desarrollo de Pequeños y Medianos Ganaderos dirigido a mejorar la competitividad, las condiciones de vida y los ingresos de las familias. La institucionalidad pública y privada para la gestión de la calidad, la sostenibilidad y la inocuidad de los alimentos se fortalece de manera decidida en países desarrollados pero de manera gradual e insuficiente en los países de América Latina y el Caribe. En Canadá, a nivel federal y provincial, con la participación de las asociaciones de productores, se brinda apoyo técnico a los actores de la cadena agroproductiva en aspectos de gestión ambiental y de procedimientos a seguir para asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos. En Estados Unidos se ofrece similar apoyo a través del Departamento de Agricultura y del Departamento de Alimentos y Drogas. Tanto Canadá como Estados Unidos han fortalecido los controles a la importación de productos agropecuarios y forestales en aspectos relacionados con la calidad, la conservación del medio ambiente y la salud pública. Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador, Panamá, Uruguay y otros países que han promulgado leyes sobre el medio ambiente y aspectos relacionados, han instaurado programas dirigidos a funcionarios públicos y empresarios con el fin de apoyarlos y capacitarlos en aspectos de certificación de calidad, gestión ambiental e inocuidad de los alimentos. Asimismo, estos países han incorporado criterios ambientales y de seguridad para la aprobación, crediticia y de operación, de proyectos agroproductivos y agroindustriales. En Brasil, con el apoyo del IICA, se ejecuta un proyecto de calidad total en el Ministerio de Agricultura. La investigación agropecuaria en el hemisferio cuenta con una masa crítica de recursos humanos de aproximadamente 27 000 investigadores, quienes, de manera creciente están incorporando nuevas áreas de observación para desarrollar la innovación tecnológica necesaria para enfrentar los retos de productividad, competitividad y sostenibilidad. Además de la nueva temática que se está abordando, se han iniciado y comprometido esfuerzos para lograr la integración y la consolidación de sistemas nacionales y regionales de innovación tecnológica. Belice, con el apoyo del CARDI, realiza investigación para la adopción de germoplasma exótico y la identificación de paquetes tecnológicos; en Ecuador, el Ministerio de Agricultura fomenta la descentralización de la investigación agropecuaria, y, con el apoyo del IICA, se definen políticas de ciencia y tecnología y el establecimiento del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología. Colombia investiga tecnologías para una agricultura sostenible, como es la Resistencia Sistémica Adquirida para "vacunación vegetal" contra enfermedades, y Costa Rica realiza importante investigación en el uso de la biodiversidad para fines agrícolas u otros, como una nueva alternativa de ingreso económico al medio rural. En Norteamérica, la Comisión para la Cooperación Ambiental, derivada del Tratado de Libre Comercio, apoya la innovación tecnológica y desarrolla una base de datos para brindar información sobre tecnologías y servicios ambientales disponibles en Canadá, Estados Unidos y México. La educación agrícola presenta mejoras con respecto a la adecuación curricular y a la oferta de servicios de apoyo a la producción ; los institutos de aprendizaje ofrecen con mayor éxito cursos sobre agricultura sostenible y orgánica; las instituciones de enseñanza agrícola técnica y superior también se abocan a la modernización curricular y aumenta la oferta decursos de posgrado en áreas relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. El IICA apoya a las instituciones de enseñanza superior agrícola brindando modelos institucionales, actualización curricular, capacitación didáctica y capacitación en temas estratégicos. La educación a distancia también se está fortaleciendo. En Guyana, el Instituto de Educación Continua y a Distancia prepara una oferta en agricultura; Costa Rica ofrece grados universitarios en administración de empresas agropecuarias; en Chile se ofrecen cursos de posgrado en agroecología. El IICA, con el apoyo del Gobierno de México y la Universidad de Texas A&M, ha creado el centro de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Agroempresarial con sede en Costa Rica. El combate a la pobreza, en particular en el medio rural, mantiene vigencia en la agenda política y de acción de las entidades públicas y privadas de las Américas (la magnitud del flagelo es insoslayable: 74 millones de pobres en el medio rural, 46 de ellos en nivel de indigencia). Al respecto, se observan diversos programas de desarrollo rural, algunos de inversión directa en zonas marginadas, dirigidos a grupos socialmente vulnerables. Dichos programas intentan fortalecer la competitividad de los pequeños productores como un medio para mejorar su nivel de vida. Igualmente, se realizan intentos por enfocar las políticas nacionales hacia el desarrollo rural. Brasil, con el apoyo del IICA, ejecuta programas de desarrollo sostenible y combate a la pobreza en los Estados de Paraíba, Bahía, Ceará, Pernambuco, Piauí y Río Grande do Norte; México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2005 impulsa las iniciativas Programa para Superar la Pobreza, Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios, y, Programa de Alimentación y Nutrición Familiar. Aún cuando insuficientes, en varios países (México, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, entre otros) se ejecutan programas de apoyo al pequeño productor y de combate a la pobreza entre cuyos objetivos figuran capacitación, apoyo técnico, acceso a la tierra, crédito y apoyo a la comercialización de los productos. En Costa Rica, se señala el logro de la competitividad agrícola y el desarrollo del medio rural como una responsabilidad multisectorial ; para ello, se ha creado el Consejo de Desarrollo Rural y el Instituto de Desarrollo Rural. En Colombia se han promovido los Acuerdos Sectoriales de Competitividad en varias cadenas productivas y se ejecuta el Programa de Modernización y Diversificación orientado a fortalecer la economía campesina. La República Dominicana desarrolla la Estrategia de Desarrollo Tecnológico para Aumentar la Rentabilidad y la Competitividad de los Sectores Agropesqueros y Silvícola. Taller internacional sobre abonos verdes y sistemas de cultivos de cobertura para pequeños productores en regiones tropicales y subtropicales, Brasil, abril de 1997. Seminario Internacional "Intercambio de Experiencias sobre la Tercerización de la Asistencia Técnica Agraria", organizado por el IICA, el BID y el MAG de Paraguay, mayo de 1997. II Foro Iberoamericano de Ministros de Agricultura, agosto 1997, Maturín, Venezuela. El tema de capacitación agrícola se incorporó en el Plan de Acción Ministerial derivado del Foro. Reunión Regional sobre Biomasa para la Producción de Energía y Alimentos, La Habana, FAO, noviembre 1997. Taller internacional "Hacia una agricultura tropical con menos uso de energía fósil", La Habana, FAO, noviembre 1997. I Foro Interamericano de Gestión de los Recursos Hídricos (1997), en Fortaleza, Brasil, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Cuenca Amazónica de Brasil, la Secretaría Nacional de Recursos Hídricos, la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno del Estado de Ceará y el IICA. Taller "Situación Actual y Perspectivas del Complejo Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Extensión Agropecuaria", organizado por el IICA, Costa Rica, diciembre de 1997. IV y V Jornadas de Apoyo a la Modernización de Facultades de Agronomía, en Trinidad y Tobago y Brasil, respectivamente, con el apoyo del IICA. Participaron 82 decanos y autoridades de 24 universidades de Guyana, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Surinam, Puerto Rico, Haití, Islas Vírgenes, Barbados y del Norte y Nordeste de Brasil. IX Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Educación Agrícola Superior, ALEAS, con el apoyo del IICA. Se presentaron ponencias relacionadas con la modernización de la educación agrícola superior. Lentitud en los procesos de generación y transferencia de tecnologías que combinen, simultáneamente, mejoramiento en la rentabilidad y protección ambiental. Limitaciones financieras y reducciones presupuestarias gubernamentales para la investigación, los servicios de extensión y la asistencia técnica, en general, y a pequeños productores, en particular. Políticas de reducción del gasto público han afectado la continuación de programas de demostración y difusión de agricultura sostenible. Incrementar la inversión pública en investigación, y acelerar los procesos de transformación institucional, para fortalecer la capacidad de adaptación y generación de tecnologías económicamente viables y ambientalmente sostenibles. Apoyar los procesos de diseño e implementación de políticas orientadas a fortalecer los sistemas nacionales de innovación, buscando que la institucionalidad del complejo investigación, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria responda, en forma creciente, a las necesidades de los productores y a las señales del mercado. Impulsar los procesos de transformación de los servicios de extensión y asistencia técnica, estimulando la participación del sector privado y prestando especial atención a los sectores de productores más pobres. Fomentar el desarrollo de sistemas de información y asistencia técnica sobre tecnologías económicamente viables y ambientalmente sostenibles, y difundir su utilización en organizaciones de productores, líderes empresariales y profesionales del sector. Crear un espacio electrónico para la difusión de las mejores prácticas para una agricultura sostenible. Promover la presencia de tecnologías alternativas en ferias agropecuarias e industriales locales, nacionales e internacionales. Buscar, simultáneamente, una mayor participación de los medios de comunicación, en especial los televisivos, con el fin de divulgar ampliamente en las áreas rurales innovaciones tecnológicas y prácticas agrícolas sostenibles. Reforzar la identificación de experiencias exitosas en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, y su difusión por medios impresos y electrónicos. Adecuar los objetivos y contenidos de la enseñanza agropecuaria técnica y superior a los retos que actualmente enfrenta la agricultura: competitividad, productividad y sostenibilidad.
La consideración de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas, como sistemas integrales en la investigación agropecuaria avanza en los siguientes aspectos: una mayor conciencia acerca de la vinculación existente entre los efectos potenciales de la actividad agrícola y la conservación de los ecosistemas ; un creciente interés por realizar investigación sobre políticas de desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales en laderas ; un énfasis en la definición de políticas y en la asignación de recursos para investigación y desarrollo sostenible de cuencas hidrográficas; y, un mayor apoyo a los investigadores mediante la operación de redes nacionales y regionales de investigación y cooperación. Los programas de investigación del sector agropecuario revelan una clara vinculación entre los efectos potenciales de la actividad agrícola y la conservación de los ecosistemas, especialmente, los frágiles, como laderas, humedales y zonas áridas. Canadá desarrolla variedades de cultivos que promuevan la biodiversidad y deparen beneficios ambientales, tales como resistencia a enfermedades, secuestro de dióxido de carbono en el suelo y utilización eficiente de nutrientes. Además, se investiga la contribución de la agricultura a la emisión de gases de efecto invernadero y su eventual reducción. Colombia, a través de CORPOICA, focaliza sus programas de investigación considerando sistemas integrales de producción por ecosistemas y muestra avances importantes en la generación, ajuste y validación de tecnologías sostenibles. Chile evalúa la sensibilidad de regiones y microrregiones a la erosión e investiga el grado de deterioro de los ecosistemas ganaderos y agrícolas con un enfoque integral, utilizando la teledetección y el sistema de información geográfica, confeccionando bases de datos locales de biodiversidad de flora y fauna e incorporando las variables socioeconómicas de los agricultores. Panamá desarrolla en tres áreas del país el programa Manejo Integrado de Cultivos y Rubros en Sistemas de Producción orientado a maximizar el uso de los recursos físicos y financieros disponibles. En México, se fomentan acciones productivas que contribuyan a la diversificación, el desarrollo rural y la conservación de la riqueza biológica. Paraguay, con apoyo de la GTZ, ejecuta el Proyecto Sistema Ambiental del Chaco, que emprende un diagnóstico medio ambiental (suelo, vegetación, clima, fauna, salinización) de toda la Región Occidental. Además, la Dirección de Investigación Agrícola de ese país realiza ensayos sobre épocas de siembra, fertilización, rotaciones, abonos verdes, correctivos orgánicos y método de siembra de cultivos para las distintas ecorregiones tendientes a una agricultura sostenible ; asimismo, lleva a cabo investigaciones en pasturas y forrajes en la Región Occidental-Chaco, orientadas al manejo racional del recurso suelo. En Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola realiza investigaciones sobre la producción agrícola integral con prácticas de desarrollo sostenible e investiga los humedales en el marco del proyecto para la Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los Humedales del Este. La investigación sobre políticas para el desarrollo sostenible y el manejo de los recursos naturales en las laderas de México y Centro América muestra un avance importante y un creciente interés de parte de investigadores y organismos de cooperación ante la amenaza de la degradación ambiental, y, consecuentemente ante el futuro que les espera a los habitantes de esos ecosistemas. El consorcio IICA-Holanda ejecuta el proyecto regional Desarrollo Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de Centroamérica cuyos propósitos son mejorar la seguridad del medio de vida de los agricultores y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. La investigación y el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas, nacionales y compartidas por varios países, ha adquirido enorme importancia en la definición de políticas y asignación de recursos en varios países y regiones. Bolivia implementa el Proyecto Especial de la Cuenca del Lago Titikaka; Bolivia y Argentina implementan un acuerdo binacional para el aprovechamiento múltiple de las cuencas de los ríos Bermejo y Grande (de Tarija). [ firmado en Orán, en 1995] La iniciativa cuenta con un financiamiento del GEF cercano a los tres millones de dólares para la ejecución de un Plan Estratégico de Acción Ambiental. Colombia y Venezuela desarrollan el Programa Integral de Investigación y Desarrollo para el Manejo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Táchira. Ecuador, realiza actividades relacionadas con el control hidráulico, el monitoreo ambiental, y la aplicación de un plan de desarrollo agropecuario en el marco del programa integrado para el manejo de la cuenca baja del río Guayas. Además, el MAG, a través del Programa Sectorial Agropecuario, diagnostica la situación del manejo y la protección de cuencas hidrográficas, formula planes de inversión para la investigación, la protección y la administración de cuencas, y, con apoyo del IICA, diseña una política nacional para el manejo de cuencas hidrográficas. Panamá realiza un plan de manejo integral de la cuenca del Río Bayano y de las áreas adyacentes al embalse (por la importancia que reviste el abastecimiento de agua en la generación de energía eléctrica para el país). Argentina, Bolivia y Paraguay realizan actividades en el marco del Acuerdo Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del río Pilcomayo. Por su parte, Paraguay, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, ha iniciado el Proyecto Sistema Ambiental de la Región Oriental en tres cuencas hidrográficas (Ypacarai, Capiibary y Tebicuarymí) ; dicho proyecto contempla, entre otros, el levantamiento de suelos, la caracterización de la vegetación, los aspectos socioeconómicos, la fauna, la contaminación del agua superficial y subterránea, el manejo y conservación de suelos, y la concientización de los productores. Asimismo, con el apoyo de la Unión Europea, se realizan actividades en el ámbito del Proyecto de Desarrollo Duradero del Chaco (PRODECHACO) en un área de 250 000 km2. En Perú, el Ministerio de Agricultura impulsa, en las comunidades indígenas, acciones dirigidas al manejo integral de las cuencas hidrográficas, y, en Venezuela se realiza el inventario nacional de cuencas hidrográficas con miras a formular un Plan Nacional de Conservación de Cuencas Hidrográficas. Los programas de investigación sobre sistemas integrales están siendo fortalecidos mediante la operación de redes nacionales y regionales de investigación y cooperación. Paraguay ha establecido la Red Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. En la región andina opera la Red de Investigación de Manejo y Conservación de Suelos y Aguas, REDAMACS; y en el plano hemisférico la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Investigación, RIMISP. Reunión de coordinación de la implementación de proyectos GEF en materia de cuentas hidrográficas, GEF-UNEP, Washington (1997). Taller de planeación en investigación de políticas para el manejo de los recursos naturales en Mesoamérica, organizado por el IICA, la REDCAPA, el CIMMYT y la Escuela Agrícola Panamericana, 1997. Los ajustes fiscales han reducido los presupuestos nacionales para la investigación. Escasos recursos humanos, en la región Caribe, para emprender varias investigaciones a la vez. Fortalecer el desarrollo de investigación colaborativa sobre temas claves para el desarrollo sostenible de ecosistemas. Integrar, en la región Caribe, a todos los interesados en un esfuerzo complementario que pueda ser financiado conjuntamente. Favorecer la investigación del flujo de energía y de los recursos existentes al interior de los ecosistemas. Establecer un sistema de validación de tecnología ambientalmente sostenible que considere los sistemas integrales tales como ecosistemas y cuencas hidrográficas. Fortalecer el intercambio de experiencias en la gestión sostenible y participativa de cuencas hidrográficas. La conservación y restauración de suelos y el combate a la desertificación y la sequía se han visto fortalecidos, en la mayoría de los países, con la ejecución de programas de conservación ; con programas de investigación sobre zonas áridas; con la aplicación de tecnologías y prácticas de conservación y restauración de suelos ; con el desarrollo de proyectos regionales de irrigación ; con investigación y capacitación en técnicas de riego; con la promulgación de legislación referente a conservación de suelos ; con la ratificación de la Convención y la adopción de sus mandatos , y, con la operación de diferentes redes nacionales, regionales y hemisféricas. Programas de conservación, de restauración de suelos y de prevención de las causas que originan su degradación, principalmente por un manejo inadecuado de las prácticas agrícolas, han sido formulados y se ejecutan en la mayoría de los países, en muchos casos con destacada participación de organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad y de la empresa privada. Argentina ejecuta el Programa para el Manejo de la Tierra y el Agua, ha realizado un diagnóstico físico de la situación de degradación de los suelos de todo el país y está identificando y evaluando las técnicas, las prácticas y los sistemas de manejo agropecuarios dirigidos a la conservación y el mejoramiento del suelo y el agua. En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura impulsa el proyecto Fomento y Aplicación de Prácticas de Conservación y Manejo de Tierras, un programa de producción conservacionista, con tecnología ambientalmente sostenible, disponible y validada; además, con apoyo de la FAO, se ha elaborado la Matriz de Relaciones entre Procesos de Degradación de las Tierras y Opciones Tecnológicas, instrumento de fácil comprensión orientado al cambio tecnológico y a la conservación del suelo. Barbados prepara un proyecto para el distrito de Scotland que promueve la conservación de los suelos a través de la adopción de mejores prácticas. Colombia, en sus esfuerzos por promover la agricultura sostenible, hace hincapié en el manejo óptimo del suelo a través de CORPOICA, gremios y ONG. Chile está operando el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, con una cobertura inicial en 1997 de 145 000 ha; además, actualmente se diseña una política de conservación de suelos y se subsidian los costos de operación de plantaciones forestales en tierras con esa aptitud. En Ecuador, instituciones públicas del sector agropecuario, el Ministerio de Bienestar Social y organizaciones no gubernamentales, a través de los proyectos de desarrollo rural que impulsan, promueven prácticas de conservación y recuperación de suelos. Además, el MAG realiza esfuerzos para conocer en detalle las características agrológicas del país y llevar a cabo su zonificación y su manejo adecuado. Guatemala da prioridad a la protección del recurso suelo, protegiendo aquellas zonas o regiones productoras de agua. Por otra parte, dentro del Plan TRIFINIO (Guatemala, Honduras, El Salvador), ejecuta un proyecto dirigido a la protección y desarrollo de zonas ecológicamente frágiles. Honduras implementa el proyecto Mejoramiento del Uso y Productividad de la Tierra y trabaja con una metodología participativa validada para la identificación de indicadores locales de calidad del suelo. Panamá desarrolla el Plan General y el Plan Regional de uso de los suelos y otros recursos naturales de la Región Interoceánica, relacionados con el manejo prioritario de la cuenca del Canal de Panamá; además, confecciona mapas sobre la capacidad agrológica de los suelos, la distribución de tierras y aguas, el análisis de la cubierta boscosa y de zonas de vida. En Paraguay, la Dirección de Ordenamiento Ambiental ha concertado una cooperación horizontal con las Repúblicas de Argentina y Bolivia para la ejecución del Programa Subregional de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano; además se ejecuta el proyecto Sistema Ambiental de la Región Oriental enfocado al manejo y conservación de los suelos en tres cuencas hidrográficas. En tanto, en el Perú, el problema se enfrenta también combatiendo la pobreza en el área rural través del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos que trabaja en estrecha relación con los agricultores más necesitados de las zonas altoandinas. La República Dominicana ejecuta un Proyecto de Manejo de Areas Irrigadas, así como el Plan Verde de Quisqueya orientado a la reforestación y protección de sistemas frágiles. Trinidad y Tobago, con base en el Programa Revisado de Incentivos a la Agricultura continúa promoviendo la conservación y la restauración de suelos. Venezuela evalúa prácticas conservacionistas empleadas en el Estado de Lara y controla la erosión y la estabilización de los taludes de los ríos estableciendo plantaciones de bambú. Los programas de investigación sobre zonas áridas, desertificación así como de tecnologías y prácticas de conservación y restauración de suelos adquieren cada vez mayor importancia, debido a la creación del Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención Lucha contra la Desertificación. En la región andina, en el marco de la Red de Investigación de Manejo y Conservación de Suelos y Aguas para la Región Andina, REDAMACS, se ejecutan iniciativas para el desarrollo de investigaciones conjuntas en agroforestería en laderas medias; en Centro América, los países están ejecutando el proyecto Desarrollo Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de Centroamérica, que incluye componentes de investigación, capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente, y en relación con la agricultura de riego y la gestión de recursos hídricos, los países registran avances en el desarrollo de proyectos regionales de irrigación, gestión de servicios, investigación y capacitación en técnicas de riego y evaluación de impactos. Por otra parte, varios países están adoptando legislación referente a conservación de suelos. En Brasil, con el apoyo del IICA, se implementan el Programa Nacional de Irrigación y Drenaje, que contribuye al desarrollo de la agricultura comercial, el Proyecto de Irrigación Nordeste I y varios proyectos Federales y estaduales de gestión de recursos hídricos con componentes de gerenciamiento de la agricultura irrigada. Costa Rica ha establecido un Colegio Universitario de Riego para el Trópico Seco; Costa Rica, El Salvador, Panamá y Chile, entre otros, han promulgado leyes del medio ambiente en donde se legisla en aspectos relacionados con la protección del suelo, y, también, decretos específicos sobre conservación de suelos, previendo, si fuera necesario, leyes específicas en este tema. El combate a la desertificación y a la sequía en el hemisferio observa, en el marco de la Convención, logros importantes, tanto en lo relativo a la ratificación de la Convención como en la adopción de sus mandatos. Tales mandatos se expresan en la formulación y ejecución de Planes de Acción Nacionales. Por otra parte los países y la región de ALC (Anexo 3 de la Convención) mejoran el grado de organización y de representación en la Conferencia de las Partes y en otros organismos. Además, la región muestra un alto grado de integración entre las organizaciones no gubernamentales involucradas en la lucha contra la desertificación y los organismos de gobierno responsables de llevar adelante los compromisos asumidos. En estos casos, la sociedad civil organizada está participando activamente en la preparación de los programas de acción nacionales de lucha contra la desertificación y de mitigación de los efectos de la sequía. En el hemisferio la mayoría de los países están involucrados en la Convención. En términos del cumplimiento se observa una alta participación de los países, tanto a través de instituciones públicas como de organizaciones no gubernamentales. La III Conferencia Regional de la Convención aprobó un Programa de Acción Regional, estableció un Mecanismo Regional de Coordinación, formuló un documento de posición de América Latina y el Caribe ante la Primera Conferencia de las Partes de la Convención celebrada en Roma, y se estableció un Acta de Compromiso: Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible de la Puna Americana, con la firma de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. La región exhibe experiencias importantes en la formulación de planes, programas y proyectos, tanto en iniciativas que se orientan directamente a atacar los fenómenos de la desertificación y la sequía como tales, como en iniciativas que se centran en la corrección de situaciones relacionadas, de un modo u otro, a los procesos de deterioro que conducen a la desertificación. En Argentina se desarrolla el Programa de Acción Nacional de lucha contra la desertificación, atendiendo la recuperación, la preservación y el uso sustentable de los suelos de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas; Bolivia formuló y está ejecutando, desde 1996, el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la sequía. Canadá ha establecido medidas de largo plazo para la mitigación de la sequía; mantiene una red de reporte que provee información sobre condiciones de sequía y riesgos para la agricultura en la región de las praderas, así como información que facilita la evaluación del mejor uso de los recursos suelo y agua. En Chile se encuentra en operación el Plan de Acción contra la Desertificación y funciona de manera permanente la Comisión de la Sequía; además, en las regiones más afectadas por la sequía se ejecuta el Proyecto Desarrollo del Secano con el componente de información del estado de los recursos naturales y de planificación indicativa por microcuenca. Ecuador, a través del INEFAN, y en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, está preparando el Plan Nacional de Lucha Contra la Desertificación. México cuenta con un Plan de Acción Nacional, cuyo principal objetivo es detener el avance de la desertificación y en la medida de lo posible, recuperar terrenos degradados para su uso productivo. Así mismo, tiene en operación desde hace varios años la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. Perú ha formado un grupo de trabajo nacional para la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. El trabajo de conservación y restauración de suelos y de lucha contra la desertificación se ha visto fortalecido con la creación y operación de diferentes redes nacionales, regionales y hemisféricas. Destacan la Red de Cooperación Técnica Internacional en Zonas Aridas y Semiáridas integrada por 14 países y 200 organizaciones, coordinada por los puntos focales que la integran, y apoyada por las Oficinas Regionales de la FAO y del PNUMA; la Red de Investigación y Conservación de Suelos y Aguas para la Región Andina, operada por el Programa IICA-PROCIANDINA; y la Red Internacional de ONG sobre la Desertificación y la Sequía, punto focal para América Latina y el Caribe. III Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación, marzo de 1997. I Conferencia Interamericana sobre Manejo de Recursos de Agua, con el patrocinio del IICA y el Ministerio del Ambiente, Recursos de Agua y la Amazonía de Brasil. Fortaleza, Brasil del 10-14 de noviembre de 1997. IV Reunión Regional de América Latina y el Caribe, 1998, en Antigua y Barbuda. II Conferencia de las Partes a realizarse en Senegal a fines de 1998. V Reunión Regional de América Latina y el Caribe sobre Desertificación, marzo o abril de 1999. Debilidades significativas en los sistemas nacionales de información ambiental que se traducen en la falta de indicadores apropiados o en la poca confiabilidad de los indicadores utilizados. Limitada consideración a indicadores socioeconómicos que reflejen la realidad en las áreas afectadas por los procesos de transformación que conducen a la desertificación. Insuficientes recursos financieros nacionales y de cooperación internacional para atender la formulación y ejecución de los Planes de Acción Nacional. Favorecer una mayor participación, en el diseño de estrategias nacionales e iniciativas específicas, de las organizaciones de productores de campesinos, de las comunidades locales y de los representantes de los principales grupos de agentes involucrados en los fenómenos de la desertificación. Definir parámetros e indicadores cuantificables y para los Programas de Acción Nacional y la Convención. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo, especialmente en lo que se refiere a actividades de monitoreo local, nacional y regional. Desarrollar instrumentos que motiven la adopción de tecnologías conservacionistas en la agricultura comercial y campesina.
La capacidad de las comunidades y de la organizaciones locales para actuar en favor de la conservación y la agricultura se ha visto fortalecida a través de diferentes acciones. Las más destacadas son : la ejecución, en la mayoría de los países, de programas de desarrollo rural, en los que, directa o indirectamente, se impulsan políticas que apoyan a las comunidades y a sus organizaciones; la capacitación a dirigentes y líderes locales como método de socialización y difusión de metodologías y tecnologías que favorecen el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural; la creación y operación activa de redes de organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades locales; y, la promulgación de instrumentos políticos, programáticos y jurídicos que impulsan el fortalecimiento de las entidades locales y la participación ciudadana en el desarrollo local. Los programas de fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales se centran, en cada país, en distintos componentes, mecanismos y grupos humanos; sin embargo, las cooperativas y sus organismos de integración están presentes en todos ellos. Además, se incorporan, de manera creciente, los aspectos ambientales y de conservación en los planes de desarrollo y de gestión de las empresas, y, se fortalecen los programas públicos y privados dirigidos a organizaciones de mujeres, a jóvenes y a indígenas del medio rural. En Barbados, el Ministerio de Agricultura impulsa un programa de apoyo a las comunidades rurales que es utilizado por los gremios y cooperativas para informar, capacitar y ejecutar obras de infraestructura rural; en Belice los agricultores mayas reciben capacitación y exportan cacao orgánico y rotan sus cultivos de arroz y maíz con cultivos de leguminosas como cubierta vegetal. Bolivia ejecuta el Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales y promueve la participación de las organizaciones locales y el fortalecimiento de sus capacidades. De reciente formulación, en dicho país se encuentran en ejecución el Plan de Equidad de Oportunidades para las Mujeres y el Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales, los cuales confieren espacios y mecanismos de participación para la toma de decisiones a nivel local, incluyendo aspectos relativos a la conservación del ambiente y los recursos naturales. En Colombia operan varios mecanismos : el Fondo Capacitar apoya financieramente proyectos de fortalecimiento de organizaciones campesinas; PRONATTA, responde con proyectos de cofinanciamiento la demanda social de transferencia de tecnología; el Ministerio de Agricultura promueve y fortalece los Concejos Municipales de Desarrollo Rural, y los programas de Desarrollo Rural Integrado y de Reservas Campesinas dan prioridad a los planes municipales y al fortalecimiento de la capacidad local para generar y definir planes de desarrollo. Además, se ejecutan diversas acciones en favor de las comunidades locales y se implementa una política integral para la comunidad indígena bajo la coordinación de la Dirección General de Comunidades Indígenas. Ecuador, a través del Ministerio de Bienestar Social y con el apoyo del IICA, está implementando, en 14 áreas y con participación de comunidades y grupos organizados, los Proyectos de Desarrollo Rural Sostenibles. En El Salvador, los programas cuentan con el apoyo de grupos de agricultores organizados denominados Círculos Vecinales, los cuales impulsan prácticas conservacionistas que colaboran en la restauración de 21 000 ha de laderas. En Nicaragua, todos los proyectos de desarrollo rural contemplan el componente de fortalecimiento local; en Panamá, con la ejecución de los Proyectos de Pobreza Rural y Recursos Naturales, se pone en práctica un modelo combinado de acción comunitaria y fortalecimiento institucional. La capacitación a dirigentes y líderes comunales adquiere mayor presencia y relevancia con la difusión y operación de metodologías y tecnologías de interés productivo y comunitario, lo mismo que con el desarrollo de programas locales. Guyana realizó actividades con líderes de 37 comunidades a los cuales capacitó en distintas tecnologías de agricultura sostenible ; además, está incursionando en una nueva metodología de extensión agropecuaria : la capacitación de Agentes Comunales de Transferencia de Tecnología. En Costa Rica los dirigentes comunales son capacitados para enfrentar los trabajos de concertación de políticas y programas locales, acción que se ejecuta en el marco del llamado Triángulo de la Solidaridad (este triángulo aspira a conjuntar los esfuerzos y la voluntad política del gobierno y sus instituciones con las organizaciones y los gobiernos locales). En República Dominicana se llevan a cabo actividades de capacitación en control integrado de plagas y conservación de suelos dirigidas a productores organizados y a líderes comunitarios. En Paraguay, la Dirección de Extensión Agrícola Ganadera y la Dirección de Investigación Agrícola conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ejecutan el Proyecto de Desarrollo y Difusión de Sistemas de Aprovechamiento de Suelos mediante el cual capacitan a técnicos y líderes rurales en técnicas de manejo racional de este recurso, realizando ensayos y estableciendo parcelas demostrativas. De manera similar, en Uruguay la Junta Nacional de la Granja desarrolla programas de capacitación e información sobre manejo integrado de plagas y diversificación de cultivos dirigidos a productores y a líderes de la comunidad. Taller Internacional sobre Manejo de Recursos Naturales basado en la Comunidad, organizado por el Banco Mundial y el IDRC, mayo de 1998. Perú Forum. Foro Internacional sobre el papel de la mujer indígena en la conservación del bosque húmedo, Perú, noviembre 1997. Insuficiente conocimiento, a nivel local, de los recursos disponibles, del grado de deterioro de estos y de su potencial para el desarrollo sostenible. Carencia de mecanismos de monitoreo que le permitan a la propia comunidad evaluar periódicamente el estado de los recursos naturales. Fuerte presencia de patrones y tecnologías insostenibles de producción agropecuaria. Mejorar la gestión ambiental de la agricultura y de las actividades que se realizan en el medio rural. Fortalecer las organizaciones de base y los mecanismos de participación, para que ellos desempeñen una función más activa en la formulación, ejecución y evaluación de medidas en favor de la protección de los recursos naturales. Apoyar los consejos comunales de desarrollo sostenible u otros mecanismos similares que representen a los principales actores a nivel local. Apoyar con recursos públicos y privados la formulación y ejecución de planes locales de desarrollo. Transferir información relevante y relacionada con los recursos locales a los profesores de ciencias, para sensibilizarlos y actualizarlos en el tema de la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Garantizar un marco jurídico claro y favorable a la creación y funcionamiento de organizaciones representativas del sector rural. Fomentar una cultura que tome en cuenta los valores de la solidaridad, la equidad, la justicia y la sostenibilidad en las actividades productivas y en la convivencia humana. Promover la formulación de proyectos comunales que sirvan como casos demostrativos de desarrollo sostenible.
La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura muestra avances en el fortalecimiento de la institucionalidad nacional y hemisférica; en el establecimiento y la operación de mecanismos regionales de cooperación recíproca horizontal para la conservación y el mejoramiento genético, y en la instrumentación, en América Latina, del Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización de los Recursos Sostenible de los Recursos Fitogenéticos en la Alimentación y la Agricultura (PAM). Los avances en la investigación y el uso sostenible de recursos genéticos también se hacen evidentes a nivel nacional : destacan allí la bioprospección, la creación de bancos de germoplasma, la conservación y uso de especies nativas, y el desarrollo de bases de datos y de alternativas de producción para los recursos del bosque y otros ecosistemas del medio rural. La institucionalidad hemisférica, pública y privada, se ha robustecido con el establecimiento y la operación de mecanismos regionales de cooperación recíproca horizontal sobre recursos genéticos. Tales acciones se observan en la Región Andina, Mesoamérica, el Cono Sur, la Cuenca Amazónica y el Caribe. El IICA inició, conjuntamente con las instituciones nacionales de investigación y el IPGRI, la creación de un programa hemisférico de recursos genéticos de plantas y animales, utilizando como marco de referencia los programas de cooperación recíproca en investigación (el PROCIANDINO, el PROCITROPICOS y el PROCISUR). Así, surgen y operan la Red Andina de Recursos Genéticos, REDARFIT, la Red Técnica Regional de Recursos Genéticos, TROPIGEN, en la Cuenca Amazónica y el Subprograma de Recursos Genéticos, en el Cono Sur. Además, con la alianza entre el IICA, el CATIE y el IPGRI y el apoyo de BMZ/GTZ se crearon la Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos, REMERFI y el Comité del Caribe para el Manejo de los Recursos Fitogenéticos, CAPGERNET. A nivel hemisférico, varias instituciones internacionales (FAO, IICA, CATIE, SELA, GTZ e IPGRIA) e instituciones nacionales de investigación (EMBRAPA, CORPPOICA y el INIA de Chile) desarrollan una propuesta para el establecimiento del Sistema de Apoyo Técnico para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos de las Américas, SIARFA. El proceso de integración por rubro de actividad para la conservación y el mejoramiento genético también muestra avances importantes. El IICA, con el apoyo del Centro Asiático para la Investigación y el Desarrollo de Hortalizas y el BCIE creó la Red Colaborativa de Investigación y Desarrollo de Hortalizas para América Central, REDCAHOR, con un importante componente de recursos fitogenéticos de hortalizas; en México, Centroamérica, Panamá y República Dominicana opera el Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura que ha iniciado un proyecto multinacional sobre mejoramiento genético, caracterización y evaluación de los recursos genéticos del cultivo del café; en el Caribe, PROCIANDINO y el IICA, impulsan una cooperación recíproca en frutas tropicales; y en América Latina y el Caribe, una Red de Recursos Genéticos de Cocotero. La instrumentación en América Latina del Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización de los Recursos Sostenible de los Recursos Fitogenéticos en la Alimentación y la Agricultura (PAM) arribó, tras un proceso de cerca de dos años, a importantes acuerdos en la Consulta Técnica Regional realizada en Cali, Colombia. Asimismo, surgen planes nacionales que atienden los mandatos de las Convenciones de Diversidad Biológica y las directrices del PAM. La República Dominicana realizó una Consulta Nacional que ha orientado la formulación del Plan Nacional sobre recursos genéticos. La investigación y el uso sostenible de los recursos genéticos a nivel nacional presenta esfuerzos y logros crecientes, con énfasis en la bioprospección, la capacitación, la creación de bancos de germoplasma, la conservación y uso de especies nativas, el establecimiento de bases de datos y el desarrollo de alternativas de producción para los recursos del bosque y otros ecosistemas. En Antigua y Barbuda, el Proyecto de Mejoramiento de Semillas pone atención a la colección de razas nativas y a la conservación de los recursos genéticos para uso en la agricultura y la alimentación. Surinam ejecuta un programa para el mejor uso de la palma nativa. Argentina realiza un levantamiento del estado de los recursos naturales a nivel de cuencas, mediante la actualización de los inventarios de especies de fauna y flora, y la promoción de medidas de manejo para lograr su desarrollo sustentable. Belice, establece un banco de germoplasma de cultivares locales de raíces y frutas. Costa Rica estimula las actividades de bioprospección e investigación en biodiversidad e identifica nuevas oportunidades para empresas pequeñas y medianas por medio de la utilización sostenible de la biodiversidad en los sectores de la química y la farmacia, la horticultura, la agricultura orgánica, la biotecnología y la sustitución de pesticidas. En Chile, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias creó la Curaduría Nacional de Recursos, cuyo objetivo central es la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, nacionales o aclimatados, y su aprovechamiento integral; además, ejecuta el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos y brinda capacitación a nivel internacional en recursos fitogenéticos. Brasil, implementa un Servicio Nacional de Protección de Cultivares. Ecuador estableció un banco de recursos fitogenéticos de variedades generadas en el país y realiza conservación de recursos fitogenéticos andinos. Guyana colecta cultivares silvestres de cacao. Guyana, con el apoyo de Conservation International y la empresa privada, incursiona en estudios sobre la producción sostenible de nibbi, cuffa y otros productos no maderables del bosque. México implementa una estrategia de Diversificación Productiva y Vida Silvestre en el Sector Rural y desarrolla actividades tendientes a ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de la diversificación productiva basada en la conservación de germoplasma y el aprovechamiento de especies; promueve y facilita la conservación de extensiones de hábitat para la vida silvestre e impide la extinción y fomenta la recuperación de especies; además, implementa un programa de productos y subproductos de la flora y fauna silvestres para la industria químico-farmacéutica y cosmética. Las actividades enfocadas a la conservación de los recursos fitogenéticos permiten un inventario en bancos de germoplasma de más de 42, 000 colectas de 104 especies de interés agrícola. La República Dominicana elabora un Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos Endémicos e Introducidos, ejecuta proyectos de caracterización y conservación de cultivos nativos tales como aguacate, mango, sapodilla, yuca, guandul y banano; y desarrolla, con la cooperación de la FAO, el programa Base Nacional de Datos en Recursos Fitogenéticos. En Perú, atendiendo la demanda de productos alimenticios de origen nativo, se ejecuta un plan de cultivos nativos, tales como arroz con cáscara, maíz amiláceo, frijol grano seco, kiwicha, chocho o tarhui, quinoa y olluco, y propicia el repoblamiento en diversas zonas alto andinas con especies de camélidos sudamericanos. Trinidad y Tobago atiende la conservación de germoplasma de frutas tropicales, como la carambola, sapodilla y cacao, entre otros. Reunión Regional para promover la implementación del Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización de los Recursos Sostenible de los Recursos Fitogenéticos en la Alimentación y la Agricultura (PAM)en América Latina y el Caribe, del Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización de los Recursos Sostenible de los Recursos Fitogenéticos en la Alimentación y la Agricultura (PAM). Organizada por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, IPGRI, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO y el IICA, Colombia, setiembre de 1998. III Reunión Técnica de responsables de las Comisiones de Biodiversidad de Mesoamérica, agosto, 1997, Costa Rica. Organizada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. V y VI Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Acceso a los Recursos Genéticos, en el marco de la Junta del Acuerdo de Cartagena; los acuerdos conllevan al establecimiento de un Régimen Común por el cual los países de la subregión andina deberán establecer mecanismos legales e institucionales que permitan su aplicación. Pérdida de diversidad biológica por destrucción de bosques, y uso de patrones insostenibles de producción, utilización de variedades con una base genética estrecha y dependencia de los sistemas alimenticios en pocos cultivos . El tema de los recursos genéticos no está incorporado en los planes nacionales de desarrollo ni en las constituciones nacionales. Asignación insuficiente del valor económico a los recursos genéticos empleados en el proceso productivo. Escasa participación del sector privado y de los agricultores en la conservación de los recursos genéticos. Falta de vínculo de la cadena agroalimentaria con los recursos genéticos. Distribución desigual de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Limitada información y documentación sobre el material genético conservado en los bancos de germoplasma. Carencia de bancos de germoplasma de recursos genéticos autóctonos. Insuficientes recursos financieros y humanos, e infraestructura nacional y regional para realizar investigación y transferencia de tecnología en favor de la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos. Debilidades en los marcos de política y en la institucionalidad que fortalezcan las acciones en recursos genéticos en función de la producción y de la valorización de la riqueza propia de las Américas. Impulsar a nivel nacional y regional la ejecución del Plan de Acción Mundial de Recursos Fitogenéticos, aprobado en Leipzig, 1996, movilizando recursos de la cooperación técnica y financiera. Consolidar los Sistemas Nacionales de Recursos Fitogenéticos mediante el fortalecimiento de la legislación nacional. Crear sistemas amplios de información sobre los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. Capacitar al recurso humano en el uso sostenible de los recursos genéticos en agricultura y alimentación. Desarrollar la capacidad en materia de conservación y empleo de recursos genéticos en la agricultura y la alimentación. Aplicar programas de conservación y desarrollo de las razas autóctonas para garantizar su supervivencia y evitar su sustitución y cruce. Difundir entre las comunidades las diversas posibilidades de utilización de los recursos genéticos disponibles a nivel local y contribuir a valorizar el recurso creando nuevas actividades productivas y ampliando los mercados interno y de exportación. Difundir a nivel nacional y local, y entre instituciones y organizaciones, las implicaciones de la propiedad intelectual, las cuales pueden comprometer los recursos genéticos locales, según los acuerdos multilaterales de comercio. Promover los productos alimenticios nativos en las ferias agrícolas y alimenticias nacionales e internacionales. Promover la elaboración de productos de marca utilizando los productos alimenticios nativos. Ejecutar programas educativos para el hogar, que motiven el uso de productos alimenticios nativos y la diversificación de la canasta alimenticia nacional. Adoptar y armonizar políticas y leyes relacionadas con los recursos fitogenéticos, la diversidad biológica, la bioseguridad y los derechos de propiedad intelectual. Adoptar políticas y marcos legales sobre bioseguridad, acceso a los recursos genéticos y agrobiotecnológicos y valoración económica de dichos recursos. Creación de mecanismos tales como las comisiones nacionales de recursos fitogenéticos para la coordinación y concertación de acciones nacionales con los diversos actores públicos y privados y la formulación de posiciones nacionales. Establecer un mecanismo regional de apoyo técnico a la conservación y a la utilización sostenible de los recursos genéticos de las Américas. Crear un Fondo Regional para el Manejo de los Recursos Genéticos.
La promoción de las prácticas tradicionales que favorecen la agrobiodiversidad se manifiesta en el interés que muestran los países por identificar, investigar y documentar esas prácticas, por desarrollar programas de extensión que consideren prácticas autóctonas sostenibles, y por promover mercados para productos tradicionales generados mediante prácticas tradicionales. Belice, estimula algunas prácticas tradicionales de agricultura como : prácticas locales de selección de germoplasma, no labranza, cero uso de pesticidas y procedimientos tradicionales para el secado y almacenamiento de granos. En Colombia, el Ministerio de Agricultura, efectuó el Inventario Nacional de Agricultura Ecológica, lo cual contribuirá a difundir prácticas agrícolas tradicionales de impacto benéfico sobre la agrobiodiversidad; además, se desarrollan programas regionales sobre prácticas agrícolas sostenibles, que incluyen el uso de abonos orgánicos, cobertura de suelos con rastrojos, el empleo de tracción animal en las labores de labranza agrícola y el plantío directo en favor de la conservación del suelo. Costa Rica, mediante programas como el de cacao orgánico y los proyectos de desarrollo rural con comunidades indígenas, apoya las prácticas nativas que favorecen la agricultura sostenible ; además, con el apoyo de la Universidad Nacional, promueve la extracción de sustancias químicas de las plantas. Ecuador, auspicia estudios e investigaciones que identifiquen prácticas agrícolas tradicionales replicables en beneficio de la agrobiodiversidad, y, con el apoyo del IICA, desarrolla propuestas tecnológicas alternativas que combinan conocimientos agrícolas ancestrales con los avances de la ciencia y la tecnología. Guyana desarrolla investigación orientada a identificar productos tradicionales como yuca, café y algodón silvestre, obtenidos mediante prácticas tradicionales que sean competitivas o que se puedan mejorar. A través del establecimiento de unidades de producción y recolección sujetas a planes de manejo e investigación, México ejecuta un programa de aprovechamiento de la flora y fauna con fines comerciales. Dicho programa emplea prácticas autóctonas y previene daños al ecosistema mediante el manejo sostenible del recurso. Panamá apoya las prácticas agrícolas tradicionales y ejecuta diversas actividades de extensión agropecuaria, ha establecido granjas integrales de agricultura sostenible, y fomenta la tracción animal y la agricultura orgánica. En Perú, el programa Plan de Cultivos, impulsa el cultivo de alimentos nativos, con lo cual favorece el crecimiento y la multiplicación de recursos genéticos hasta ahora de uso local. En la República Dominicana se realiza una evaluación de las prácticas agrícolas tradicionales utilizando para ello la metodología participativa de investigación. El fortalecimiento del marco jurídico está contribuyendo a la identificación y promoción de prácticas tradicionales. La mayoría de los países son Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, muchos de ellos han promulgado leyes sobre la biodiversidad, han formulado programas nacionales en ese y protegen el conocimiento tradicional o autóctono. Además, algunos países (Costa Rica, Colombia, Chile) han elaborado legislación sobre agricultura y promueven prácticas tradicionales en la obtención de abonos y en el control de plagas y enfermedades. Ausencia de programas nacionales específicos sobre identificación y difusión de prácticas agrícolas tradicionales que resulten adecuadas para la promoción de la agricultura sostenible y la agrobiodiversidad. Insuficiente conocimiento del consumidor acerca de productos agropecuarios obtenidos con prácticas tradicionales sostenibles que favorecen la agrobiodiversidad y la conservación de los recursos naturales. Ejecutar, en escuelas, colegios y otros centros comunitarios de áreas rurales, programas de capacitación sobre aspectos elementales de cultura agrícola, especialmente sobre las prácticas tradicionales sustentables y fundamentadas científicamente. Impulsar un mayor involucramiento de los centros de investigación en la identificación y evaluación de prácticas agrícolas sostenibles arraigadas en la cultura local y campesina. Motivar a las facultades de agronomía, administración de empresas, biología, etc., a realizar trabajos de grado e investigación tendientes a evaluar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas tradicionales. Promover, foros locales sobre prácticas tradicionales con el apoyo de las instituciones del sector agropecuario y las organizaciones de la comunidad y el empleo de medios audiovisuales.
Los problemas de tenencia de la tierra y los conflictos del uso del suelo han ido superándose mediante el fortalecimiento del marco jurídico nacional e institucional relacionado con la tenencia de la tierra y la reforma agraria y el establecimiento de distintos mecanismos de acceso a la tierra. El marco jurídico nacional e institucional relacionado con la tenencia de la tierra y la reforma agraria se fortalece en los países con la promulgación de leyes, decretos, reformas a la constitución y la creación de instituciones catastrales y de reforma agraria. Bolivia, continua y profundiza programas derivados de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ambas ocurridas en 1996. El Salvador ha modificado marcos legales, específicamente el código penal, en lo relativo a las prácticas de usurpación penalizando la usurpación de la propiedad privada. Brasil, con el apoyo del IICA, ejecuta proyectos de consolidación de la reforma agraria, descentralización y municipalización de la reforma agraria, y elaboración y ejecución de planes de desarrollo sostenible en los asentamientos y municipios. Guatemala pondrá en marcha, con financiamiento del BID, un sub-componente de catastro en los Proyectos de Desarrollo Sostenible de Petén, como acción piloto que permita su extensión posterior. Guyana estableció el Departamento de Reforma Agraria para facilitar a los agricultores el acceso a tierras estatales. Honduras, a través del Instituto Nacional Agrario, apoya el proceso de legalización de tierras rurales de vocación agrícola y ganadera, elabora un censo de los grupos del sector reformado, da seguimiento a la ejecución del Programa de Titulación de tierras, y vela por el saneamiento de la tierra ocupada por los grupos campesinos asentados. México, reestructuró el Registro Agrario Nacional, constituyó los Consejos Estatales Agrarios y descentralizó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. En el marco legal y normativo se reformó el texto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprobó una nueva Ley Agraria. El reparto agrario se dio por concluido preservándose los límites de la propiedad para impedir su acumulación improductiva. Perú, en el marco de la política agropecuaria, aprobó importantes disposiciones legales, tales como la Ley de Titulación de Tierras, la Ley de Reestructuración de las Empresas Agrarias, la Ley de Promoción del Sector Agrario, y un amplio abanico legal orientado a dar confianza a los productores. República Dominicana reformula el Catastro Nacional, hace modificaciones a la Ley de Reforma Agraria para favorecer a las mujeres con el derecho a la propiedad y a la organización, y, aprobó un proyecto de titulación para pequeños propietarios. Venezuela fortalece la seguridad jurídica en el agro con la realización del Catastro Rural Nacional y con la inscripción de los predios rurales en el registro público. Además, impulsa la reforma agraria, la cual ha adjudicado un poco más de 11 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, acelera el proceso de otorgamiento de titularidad plena del derecho de propiedad en parcelas bajo el régimen de reforma agraria. La ejecución del Catastro Rural Nacional en una primera fase cubrirá aproximadamente 18 millones de hectáreas en los principales estados agropecuarios del país, en un período de tres años. Los mecanismos de acceso a la tierra aplicados por los países adoptan diferentes modalidades que se orientan a favorecer a grupos vulnerables de la población rural y a dar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Los países exhiben avances en la posesión jurídica de los territorios indígenas, en la participación de los municipios en el desarrollo rural y en la asignación de tierras, en la aplicación de bancos de tierras, en la titulación de la propiedad y en la consolidación de la reforma agraria. Bolivia ejecuta actividades en el marco del Programa de Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de Origen y Areas Territoriales Indígenas. Colombia, impulsa el programa de mercado de tierras descentralizando los procedimientos y convirtiendo la reforma agraria en un instrumento administrado por los municipios. El programa de reforma agraria se realiza en aquellos sitios considerados como pertinentes por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de ese modo se aseguran proyectos productivos de mayor calidad, el compromiso de la población beneficiaria, y la transparencia en la selección de las fincas negociadas y en los subsidios adjudicados. También se ejecuta el programa de Constitución y Ampliación de Resguardos Indígenas : 40 resguardos (1 572 familias) constituidos en 1996 en una superficie de 52 885 hectáreas. Los programas de reasentamientos campesinos y reforma agraria incluyen la titulación de fincas, el mercado de tierras, el saneamiento de territorios indígenas y la conformación de reservas campesinas. Entre 1996 y 1998 el Instituto de Reforma Agraria entregó 150,000 ha a campesinos pobres sin tierra bajo dos modalidades: negocios voluntarios entre los campesinos beneficiarios y los propietarios de las tierras, y negociación directa del Instituto con los propietarios. Chile administra un Fondo de Tierras para dar solución a comunidades indígenas; desarrolla acciones de saneamiento de Títulos de Dominio y confiere Títulos Gratuitos Rurales a familias de escasos recursos con permanencia de más de cinco años en el lugar. En El Salvador, el Consejo Nacional del Registro trabaja en la inscripción de títulos de propiedad (20 007), el Banco de Tierras ha presentado al registro 3 478 cancelaciones de hipotecas y el Programa de Transferencia de Tierras ha entregado 3 352 escrituras de propiedades en proindiviso. Guatemala prepara un proyecto para la dotación y operación de un fondo de tierras. Guyana inició un programa nacional para revisar y demarcar las tierras de comunidades indígenas. En México el Programa de Reordenamiento de la Propiedad Rural declaró terrenos nacionales 133 870 ha, emitió títulos, y expidió decretos expropiatorios de bienes ejidales y comunales destinados a infraestructura, a la constitución de reservas ecológicas y a la regularización de asentamientos humanos. Por otra parte, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, otorgó certidumbre jurídica, seguridad documental y estímulo a la asociación productiva. Más del 70% de los ejidos del país están incorporados al programa. También se han regularizado núcleos ejidales y expedido títulos en los Estados de Chihuahua, Guanajuato, México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Nic |