CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

OEA/Ser.K/XVI
GT/DADIN/doc. 5/99
Diciembre 1 de 1999
Original: español

INFORME DEL PRESIDENTE DEL REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECTO DE DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDIGENAS

Celebrada en Washington, D.C., 8-12 de noviembre de 1999

ÍNDICE

  1. Antecedentes
  2. Temario de la reunión
  3. Desarrollo de los trabajos

ANEXOS

  1. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas
  2. Presentación del Presidente del Grupo de Trabajo
  3. Palabras del Secretario General
  4. Lista de documentos distribuidos por la Secretaría

INFORME DEL PRESIDENTE

I. Antecedentes

La Asamblea General durante su vigésimo octavo período ordinario de sesiones, mediante resolución AG/RES.1549 (XXVIII-O/98), encomendó al Consejo Permanente convocar una reunión de expertos gubernamentales y llevar a cabo las acciones que considerara pertinentes a los fines de adoptar una Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

La Reunión de Expertos Gubernamentales para Analizar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas tuvo lugar durante los días 10, 11 y 12 de febrero de 1999. Los resultados de dicha reunión fueron publicados en el respectivo Informe Final, documento RECIDIN/doc.10/99, y fueron considerados posteriormente por la Asamblea General de la OEA, la que durante su vigésimo noveno período ordinario de sesiones, mediante resolución AG/RES.1610 (XXIX-O/99), y teniendo presente los avances registrados en dicha Reunión de Expertos Gubernamentales, estableció un grupo de trabajo para continuar la consideración del proyecto de declaración. Dicho grupo de trabajo fue instalado el 28 de julio de 1999 acordándose que quedaría bajo la presidencia del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

El grupo de trabajo se reunió en la sede del 8 al 12 de noviembre de 1999. El grupo de trabajo tuvo ante sí los documentos que contienen los antecedentes del tratamiento del tema por parte de los distintos órganos, incluyendo los comentarios de los Estados miembros y de los órganos y entidades del sistema interamericano sobre el proyecto de declaración. La lista de documentos figura como anexo al presente informe.

  1. Temario de la Reunión
    1. Presentación de la presidencia.
    2. Consideración de la parte dispositiva del proyecto de declaración americana sobre los derechos de las poblaciones indígenas.
    1. Ambito de aplicación y definiciones.
    2. Derechos humanos.
    3. Desarrollo cultural.
    4. Derechos organizativos y políticos.
    5. Derechos sociales, económicos y de propiedad.
    6. Disposiciones generales.
    1. Otros asuntos.

III. Desarrollo de los Trabajos

A. Organización de los Trabajos

El presidente del grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México ante la OEA, y el Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria se dirigieron al grupo de trabajo (ambas intervenciones figuran en anexo al presente informe).

A continuación hicieron uso de la palabra el señor Rodolfo Stavenhagen, vice-presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien recomendó la creación de mecanismos de participación de las poblaciones indígenas en la redacción de instrumentos jurídicos internacionales. También hizo uso de la palabra el señor Robert Goldman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien expresó su esperanza de que el proyecto de declaración se adopte durante la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en Windsor, Canadá en el año 2000.

El presidente expuso la metodología de trabajo que habría de emplearse durante el desarrollo de la reunión, la cual había sido aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que actuó como órgano preparatorio de la reunión del grupo de trabajo. Sobre el particular, anunció que los trabajos se iniciarían con relación a la parte dispositiva del proyecto de declaración sobre la base de una agrupación temática por capítulos, como se desprende del temario, en la medida en que la parte preambular había sido ampliamente discutida en la reunión del mes de febrero pasado, sin perjuicio de volver sobre ella una vez finalizado el examen de la parte dispositiva. También se refirió a la modalidad de la participación de los representantes de las poblaciones indígenas, de acuerdo con la resolución 1610 (XXIX/O-99) de la Asamblea General, y sobre la base de los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. En ese sentido, al iniciarse la discusión de cada uno de los temas antes señalados, se ofrecería el uso de la palabra a dichos representantes para que hicieran conocer sus puntos de vista. Teniendo en cuenta el avance de los trabajos, se ofrecería nuevamente el uso de la palabra al final de consideración de cada capítulo. El presidente señaló que dichas intervenciones quedarían debidamente registradas en el informe del grupo de trabajo. Así, invitó tanto a las delegaciones de los Estados miembros como a los representantes de las poblaciones indígenas a que sus intervenciones fueran precisas y, en lo posible, apegadas al tema bajo consideración.

Los representantes de las poblaciones indígenas presentes leyeron una declaración sobre su posición en cuanto a la metodología de su participación en el grupo de trabajo. Sobre el particular consideraron que dicho procedimiento era inadecuado y no recogía el espíritu de la resolución 1610 (XXIX/O-99) de la Asamblea General. Solicitaron la revisión de la decisión respectiva a fin de permitir una plena participación de los representantes de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones. No obstante, anunciaron su decisión de participar en la reunión al tiempo que dejaron constancia de su postura en los siguientes términos.

a. Participación en el debate: solicitaron un derecho de voz amplio y sin restricciones, así como la posibilidad de opinar sobre las intervenciones de las delegaciones gubernamentales.

b. Adopción del consenso: solicitaron que las delegaciones gubernamentales tomaran en cuenta las realidades de las poblaciones indígenas antes de adoptar una decisión.

c. Registro de las intervenciones: solicitaron que se registren las intervenciones de los representantes de las poblaciones indígenas y que éstas, así como los resultados de la reunión, se hagan llegar a los respectivos gobiernos.

Se hizo hincapié, por otro lado, en la necesidad de que se consigan los recursos que haga posible la participación de los representantes de las poblaciones indígenas en la continuación de la consideración del proyecto declaración.

El presidente del grupo de trabajo indicó que la participación de los representantes de las poblaciones indígenas estaba garantizada por los acuerdos que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos había tomado en su momento. Aseguró que el espíritu que animaba la reunión era constructivo y que las propuestas de los representantes de dichas poblaciones quedarían debidamente reflejadas en el informe. Asimismo, indicó que el estudio del proyecto de declaración no se iba a agotar en la presente reunión y que por lo tanto la toma de decisiones se produciría luego de una nueva lectura de dicho proyecto. Finalmente, el presidente se refirió a los escasos recursos con los que cuenta la Organización, no obstante lo cual se había hecho un esfuerzo por realizar una reunión de cinco días dada la importancia del tema para la Organización.

Diversas delegaciones gubernamentales expresaron la importancia de respetar las decisiones tomadas en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en cuanto a la participación de los representantes de las poblaciones indígenas, en términos que fueron recordados por el presidente al inicio de la sesión. Dicha decisión, se indicó, aseguraba la adecuada participación de dichos representantes y estaba en armonía con la citada resolución de la Asamblea General.

Los representantes de las poblaciones indígenas hicieron uso de la palabra en varias oportunidades a lo largo del desarrollo de los trabajos del grupo de trabajo y sus intervenciones fueron registradas en el presente informe junto con los comentarios de las delegaciones de los Estados miembros y los de representantes de distintos órganos y entidades del sistema interamericano, tales como el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Indigenista Interamericano, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

  1. Consideración del Proyecto de Declaración

a. Sección Primera: Definiciones

El presidente propuso iniciar los trabajos con la identificación y discusión de conceptos de cuya definición depende el resto del proyecto, con el objetivo de fijar una base común de discusión. En ese sentido, propuso definir el alcance y contenido de términos tales como "pueblo" y "población", de "libre determinación", de "autonomía" y "auto-gobierno" y de "territorio" e incluirlos en un capítulo referido a "definiciones". Sobre esta base, la presidencia circuló una propuesta escrita que contenía tres artículos referidos a la sección primera "definiciones" (artículo 1: pueblos y poblaciones; artículo 2: libre determinación; artículo 3: territorio). El presidente aclaró que dichos artículos se inspiraban en diversas fuentes disponibles, incluyendo los comentarios de los Estados miembros, del Comité Jurídico Interamericano y del Instituto Indigenista Interamericano.

Respecto de los términos "pueblo" y "población", algunas delegaciones indicaron su preferencia por el uso del término "población" apoyándose en el derecho internacional y en diversas resoluciones adoptadas en el seno de la Asamblea General. Expresaron que la expresión de "pueblo" estaba relacionada con el concepto de libre determinación y que el derecho internacional no concedía ese derecho a las comunidades indígenas. Sobre el particular, algunas delegaciones expresaron que la inclusión de una salvaguarda como la que contiene el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 169, podría resultar conveniente pues permitía usar el término "pueblo" sin las implicancias que confiere este término en el derecho internacional.

Por su parte, varios representantes de poblaciones indígenas indicaron que no era oportuno que los Estados definan el concepto de "pueblos indígenas", en la medida en que corresponde exclusivamente a dichas colectividades determinar su existencia. La auto identificación, como criterio fundamental para el reconocimiento de un pueblo indígena, no está sujeta a obligación alguna. Ningún término podía englobar las múltiples y variadas características que presentan dichas comunidades a lo largo de todo el hemisferio. En ese sentido, indicaron que no eran minorías étnicas, ni minorías raciales, ni poblaciones (esta última referida a una comunidad que no necesariamente tiene una continuidad histórica). Se definieron a sí mismos como pueblos, es decir, entidades colectivas con autonomía propia y con un lenguaje milenario, con una organización sustentada alrededor de las tierras, las aguas, los bosques y otros recursos naturales que les daba una cosmovisión propia y con una estructura social única y distinta que garantiza su continuidad.

Otros representantes de poblaciones indígenas señalaron sin embargo, que era importante avanzar en una definición de dichos conceptos, en la medida en que ello aporta un elemento de certidumbre que asegura los progresos en la definición de los derechos que se derivan de ellos.

Los representantes de las poblaciones indígenas indicaron que los desarrollos alcanzados, tanto a nivel de las legislaciones nacionales como en los trabajos que han tenido lugar en los organismos multilaterales demuestran que la discusión se ha enfocado en el contenido de los derechos de dichas colectividades, más que en el ensayo de algún tipo de definición. Expresaron que en este esfuerzo era importante mantener una referencia colectiva a sus derechos en la medida en que sus derechos individuales ya estaban consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Concluyeron que el término "pueblo" debía mantenerse en el proyecto de declaración, sin lo cual el estudio de los siguientes artículos carecería de sentido.

Sobre este particular, el National Congress of American Indians propuso que el artículo 1 del proyecto de declaración lea de la siguiente manera:

"Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a mantener y desarrollar sus identidades y características específicas, incluyendo el derecho a identificarse a sí mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales".

Algunas delegaciones gubernamentales, después de escuchar la posición de los representantes de las poblaciones indígenas, sostuvieron que sería importante discutir los criterios que ellas utilizan para auto definirse como pueblos.

Con relación al concepto de "libre determinación", diversas delegaciones gubernamentales indicaron que en el ámbito de las Naciones Unidas, el concepto de "libre determinación" se hallaba en evolución y que el alcance del mismo debía definirse con base en el acuerdo que los Estados y las poblaciones indígenas alcanzaran dentro del ámbito interno de cada uno de ellos. En todo caso, dicho concepto no podía incluir la posibilidad de disminuir la integridad política del Estado.

Los representantes de las poblaciones indígenas señalaron que los términos "pueblo" y "auto determinación" no podían estar separados y que este último otorgaba un status político, así como derechos económicos, sociales y culturales a los que dichas comunidades indígenas no podían renunciar, pues era un derecho histórico del cual habían sido despojados. Indicaron asimismo que la auto determinación no era susceptible de definición por entes externos y que su definición correspondía a las colectividades. Sobre este particular se expresó que la libre determinación era un derecho de los pueblos indígenas, así como la soberanía correspondía al Estado. En ningún caso ello buscaba amenazar la integridad territorial del Estado sino que más bien coadyuvaba a fortalecer la unidad nacional. Lo que se intentaba era un reconocimiento de la existencia de dichas colectividades, poseedoras de una cosmovisión propia y distinta, en el marco de los Estados ya constituidos. No se pretende pues un derecho de secesión. Se afirmó que una real autonomía había de fundarse en bases pluralistas con el debido reconocimiento de las instituciones propias de las comunidades indígenas. Dicha autonomía era una de las formas de ejercer la auto determinación dentro de un Estado.

Algunas delegaciones gubernamentales señalaron que sería importante discutir el alcance del concepto de auto determinación y lo que significa en los tiempos modernos dada la estructura de la actual comunidad internacional. Otras delegaciones expresaron que estaban dispuestas a ofrecer a las poblaciones indígenas un amplio grado de autonomía en esferas tales como la económica, social y cultural.

Respecto al concepto "territorio", los representantes de las poblaciones indígenas señalaron que éste estaba íntimamente ligado a su espiritualidad, a su cultura, a su idioma, a su manera de vivir, y a su manera de relacionarse con el medio ambiente y que por lo tanto era importante mantener dicho término en el proyecto de declaración. Se indicó que la tierra, desde el punto de vista de la cultura occidental, era objeto de trabajo y un medio de lucro sometido al comercio, pero que, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, se trataba de un elemento asociado a su propia vida y posibilidades de existencia como grupo o colectividad, en el marco de una cosmovisión integrada y en la cual se reconocen las formas tradicionales de representación política. Así, el territorio era un elemento esencial para definir los derechos en su conjunto de los pueblos indígenas y el término "tierras" era en todo caso limitativo de dicha realidad. Sin embargo, todo intento de definición de la palabra "territorio", se expresó, impondría limitaciones a los derechos tradicionales de las comunidades indígenas por la diversidad de las relaciones territoriales que se han desarrollado al interior de dichas poblaciones.

Finalmente, los representantes de las poblaciones indígenas indicaron que lo que se estaba discutiendo era un proyecto de declaración y no un proyecto de convención. En ese sentido, se subrayó que una declaración era una "aspiración" respecto de los derechos de dichas poblaciones y por lo tanto no podía estar sujeta a las constituciones o normas internas de los Estados pues ello significaría un claro retroceso respecto de dicha aspiración. Lo que se buscaba con dicha declaración era abrir puertas hacia un diálogo sobre bases comúnmente acordadas.

Sobre el particular, el representante del Instituto Indigenista Interamericano precisó que el hecho de estar discutiendo una declaración no eximía a los Estados de buscar la precisión y claridad de los conceptos con los cuales se iba a trabajar, y el representante del Comité Jurídico Interamericano recordó que una declaración, si bien no tiene carácter obligatorio, podía reconocer una situación o derecho y en dicha medida producir efectos jurídicos, poseyendo cierto valor de interpretación. También recordó que una declaración podía dar nacimiento a una costumbre, fuente reconocida de derecho internacional.

El representante del Instituto Indigenista Interamericano señaló que todo intento por redactar una declaración sobre el tema debía tener en cuenta el proceso no sólo de reconocimiento sino de reconstitución de las poblaciones indígenas. También reconoció que los Estados tenían la responsabilidad de adecuar lo que se está discutiendo a los conceptos nacionales ya reconocidos y que sólo el diálogo abierto con los representantes de las poblaciones indígenas podía armonizar dichos conceptos con las demandas de dichas colectividades.

Los representantes de las poblaciones indígenas también hicieron un llamado a los gobiernos para que incluyan en sus legislaciones internas los tres conceptos que habían sido materia de discusión en esta sección, a saber, "pueblos", "territorio" y "auto determinación", reconociendo de esta manera la diversidad de estas comunidades.

Con base en las diversas opiniones expresadas, se resolvió mantener la expresión "pueblo/población" en el proyecto de declaración hasta que se defina el alcance de cada uno de dichos conceptos. Asimismo, algunas delegaciones insistieron en la importancia de definir determinados conceptos básicos sobre los cuales se puede desarrollar el resto de la declaración. También se expresó la complacencia por haber tenido la posibilidad de escuchar a los representantes de las poblaciones indígenas en temas tan importantes como los discutidos en la presente sección.

b. Sección Segunda: Derechos Humanos

Con relación a la sección segunda del proyecto de declaración, diversas delegaciones realizaron propuestas de enmienda. En particular, en lo concerniente a los derechos colectivos, se expresó la conveniencia de incluir referencias al derecho a la organización social, política y económica y al reconocimiento de los sistemas normativos de dichas comunidades. No obstante, algunas delegaciones expresaron sus reservas respecto de ello en la medida en que podría interpretarse como el reconocimiento de un sistema normativo paralelo dentro de un mismo Estado.

En el tema de la personalidad jurídica, se anotó que sería necesario precisar de qué tipo de personalidad se estaba hablando, si de una personalidad internacional o de una personalidad determinada por el derecho interno de cada uno de los Estados.

El rechazo a la asimilación también fue un tema que concitó la atención de las delegaciones. En particular se sugirió incluir una referencia específica a la protección de las poblaciones indígenas contra la eventualidad de un genocidio.

En cuanto al tema de las garantías especiales contra la discriminación, algunas delegaciones indicaron que tenían dificultades con un lenguaje que impusiera al Estado la obligación de implementar mayores garantías que las ya reconocidas a nivel constitucional. Varias delegaciones indicaron que no se justificaba la referencia exclusiva a la violencia por razones de género o edad, sino que debía hacerse una referencia a toda clase de violencia como causa que impide y anula el ejercicio de los derechos de las poblaciones indígenas.

En general se expresó que esta sección estaba referida a los derechos de las poblaciones indígenas más que a las obligaciones de los Estados y que debía respetarse dicha estructura y tenerla presente para el resto del articulado. En ese sentido, la presidencia sugirió mantener esto en mente, y referirse a las obligaciones de los Estados en un capítulo específico.

Por su parte, los representantes de las poblaciones indígenas señalaron que los artículos de esta sección debían tener una redacción más directa en cuanto a las obligaciones de los Estados. Asimismo, sugirieron que se añadiera en toda la sección, luego de la frase "pueblos indígenas", la frase "y sus miembros". El National Congress of American Indians sugirió una nueva redacción para el artículo 2, tomado del proyecto de declaración que está siendo negociado en el seno de las Naciones Unidas, y que estaba referido a la auto determinación y reza de la siguiente manera:

"Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural."

En cuanto al párrafo 2 de dicho artículo, el National Congress of American Indians propuso la siguiente redacción:

"En consecuencia, los Estados reconocerán los derechos fundamentales sociales, económicos, políticos y culturales de los pueblos indígenas, y en particular, el derecho colectivo a las tierras, territorios y recursos, y su derecho a la auto determinación".

Sobre el particular, algunos representantes de poblaciones indígenas señalaron que la auto determinación era un derecho humano colectivo fundamental, quizás el más importante de ellos, que aseguraba entre otras cosas el derecho a la tierra y al desarrollo de las comunidades indígenas de acuerdo a sus necesidades particulares dentro del marco general del Estado. Indicaron que muchos de los Estados aquí presentes habían reconocido el derecho a la auto determinación en otros foros internacionales, y que ahora solicitaban que se hiciera lo mismo en el marco de la OEA. Sin embargo, expresaron que existían muchos otros derechos colectivos y se llamó la atención sobre los mismos, consagrados ya en varios instrumentos internacionales.

En cuanto al artículo 4, el señor Juan León, representante indígena del pueblo maya de Guatemala, sugirió que su título sea "reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas" (que incluye existencia, identidad y derecho), lo cual distingue entre la personalidad jurídica de un ente y la personería jurídica del mismo, y el señor Margarito Ruiz, de México, solicitó se incluyera en dicho artículo la referencia a las "tradiciones".

Uno de los representantes de poblaciones indígenas, señor Héctor Huerta, de Panamá, realizó la siguiente propuesta en los siguientes términos:

"Los Estados reconocerán a los pueblos indígenas su personalidad jurídica de acuerdo a las formas tradicionales de representación o de acuerdo a las normas que desarrollen estos pueblos. Los Estados adoptarán las medidas legislativas necesarias para el reconocimiento de este derecho".

El National Congress of American Indians también propuso reemplazar el artículo 5 del proyecto de declaración por la siguiente fórmula:

"Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual de no ser sometidos a etnocidio o genocidio cultural, incluyendo el derecho a la prevención y reparación frente a:

    1. cualquier acto que tenga como objetivo o efecto la privación de su integridad como pueblos únicos, o de sus valores culturales, o de su identidad étnica;
    2. cualquier acto que tenga como objetivo o efecto despojarlos de sus territorios o recursos naturales;
    3. cualquier forma de desplazamiento que tenga como objetivo o efecto la violación o perjuicio de cualquiera de sus derechos;
    4. cualquier forma de asimilación o integración por otras culturas o formas de vida impuestas a través de medidas legislativas, administrativas u otras;
    5. cualquier forma de propaganda dirigida contra ellos."

Finalmente con relación al artículo 6 del proyecto de declaración el National Congress of American Indians propuso reemplazar la frase "garantías especiales" por la de "medidas especiales".

c. Sección Tercera: Desarrollo Cultural

Respecto del "derecho a la integridad cultural" algunas delegaciones gubernamentales indicaron sus dudas respecto al standard de indemnización incluido en el artículo respectivo y su valoración con respecto al derecho internacional por no ser ésta una materia regulada por el orden jurídico internacional. Algunas delegaciones solicitaron que se eliminara el término "restitución" del proyecto de declaración. En cuanto a la restitución del patrimonio, el representante del Comité Jurídico Interamericano señaló que habría que precisarse el alcance de dicha restitución y dentro de qué márgenes se desenvuelve. El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó por su parte que el concepto "patrimonio" que había inspirado el artículo VI del proyecto de declaración no incluía las tierras.

En lo relativo al tema de la "educación", varias delegaciones gubernamentales señalaron la importancia de la misma y algunas de ellas pidieron que se incluya, en el tratamiento de esta cuestión, la consideración de las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en materia de educación. Con relación a la asistencia necesaria que habría de ser provista por los Estados en esta materia, algunas delegaciones consideraron que ésta podría ser una carga muy onerosa para los mismos, en el entendido de que los Estados proveen ya una asistencia financiera sin diferenciar entre la población indígena y el resto de la población. El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que una de las intenciones del artículo era que, como una medida de equidad y no discriminación, las poblaciones indígenas también garanticen el acceso a sus escuelas por parte de la población en general, sobre todo en los casos en que exista apoyo estatal en el financiamiento de la misma.

Respecto al tema de la "libertad espiritual y religiosa", algunas delegaciones gubernamentales sugirieron que este tema fuera regulado en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos jurídicos internacionales vigentes. No obstante, varias delegaciones encontraban dificultades con la obligación de devolver sepulturas sagradas y reliquias cuando éstas hayan pasado a formar parte del patrimonio estatal.

En lo relativo al tema de las "relaciones y vínculos de familia", algunas delegaciones gubernamentales expresaron sus dificultades con el mismo en la medida en que establecía un régimen paralelo en materias como familia, matrimonio, filiación, etc. Igualmente se señaló que no era conveniente hacer una declaración general sobre la familia en términos amplios, sino únicamente en cuanto tuviera que ver con las poblaciones indígenas. También se señaló la conveniencia de incluir una referencia relativa al papel de la mujer en la familia indígena.

Con relación al tema de "salud y bienestar" las delegaciones gubernamentales señalaron la conveniencia de buscar una fórmula menos específica que vaya en consonancia con las normas que regulan el ejercicio a las profesiones vinculadas a la salud en los diversos Estados. Otras delegaciones indicaron que si bien era conveniente conservar la autonomía de las poblaciones indígenas en esta área, debía asegurarse que se cumpliera con los requerimientos mínimos de salubridad y seguridad fijados por el Estado, proponiéndose establecer medios de capacitación adecuada para quienes practican la medicina tradicional. La libertad de opción fue otro término sugerido para consideración en el proyecto de declaración. Sobre este asunto, el representante del Comité Jurídico Interamericano señaló que lo ideal sería encontrar una fórmula que concilie el efecto de las costumbres tradicionales con el régimen jurídico general.

En cuanto al "derecho a la protección del medio ambiente", las diversas delegaciones reconocieron la importancia de la interacción entre las poblaciones indígenas y su medio ambiente. En especial, se refirieron al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables por parte de dichas poblaciones, en circunstancias en que muchas veces la explotación de determinadas áreas por parte del Estado generaba un perjuicio para las mismas. En cuanto a las medidas que pueden afectar dicho medio ambiente, se expresó que las poblaciones indígenas no sólo debían tener derecho a ser informadas sino a ser consultados, y por otro lado, tenían derecho a aprovechar de su medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos.

Algunas delegaciones gubernamentales sugirieron la idea de realizar una mención a la producción y comercio ilegal de drogas. Sin embargo, otras delegaciones señalaron la dificultad de diferenciar entre las plantas de uso tradicional que muchas veces pueden servir de insumos para la producción de estupefacientes ilícitos y los estupefacientes ilícitos mismos. En suma, se trataría de impedir que las tierras de las poblaciones indígenas se prestaran para el uso, tenencia y tránsito de sustancias ilícitas.

Finalmente, se solicitó que la expresión "tierras/territorios" figure entre corchetes hasta que se decida sobre el uso y contenido de dichos términos en el proyecto de declaración.

Respecto de esta sección, el National Congress of American Indians solicitó que todos los artículos contengan la frase "Los pueblos e individuos indígenas tienen derecho ….."

Otros representantes de poblaciones indígenas señalaron que el sustento original de los pueblos indígenas era la cultura y que el Estado debía proteger el desarrollo de dicha cultura a través de la ejecución de proyectos y programas ad hoc. La importancia de dicha cultura consiste en que ella refleja una cosmovisión que ha guiado y orientado a dichas comunidades para practicar una política propia, tener una economía distinta y un sistema jurídico basado en la búsqueda de la conciliación real y efectiva. Otros representantes señalaron que la mera prevención por parte del Estado de cualquier intento de discriminación por razones de cultura no era suficiente, sino que debían implementarse mecanismos de promoción respecto de dichas culturas y sus prácticas.

Sobre el particular el representante de Altepetl Nahuas, A.C./ Seminario Indígena (Indígena Mexicano), propuso la siguiente fórmula a ser introducida en el proyecto de declaración:

"Los Estados deberán tomar las medidas necesarias para evitar la discriminación, el etnocidio y genocidio cultural en los pueblos indígenas".

Por su parte, el Indian Law Resource Center, propuso que el párrafo 2 del artículo 7 leyera de la siguiente manera:

"Los pueblos y los individuos indígenas tienen el derecho a conservar y practicar su lengua, filosofía y sus concepciones lógicas como una expresión necesaria de su propia cultura. Los Estados deberán adoptar las medidas apropiadas para salvaguardar el ejercicio de este derecho."

Por lo que hace a la cuestión de la restitución de las tierras (artículo 7, párrafo 2), una representación de poblaciones indígenas manifestó que, cuando ello no fuese posible, en lugar de indemnizar era preferible otorgar tierras de igual valor y citó al respecto una Recomendación General del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial establecido por la Convención de las Naciones Unidas en la materia.

Otros representantes de poblaciones indígenas señalaron que se debía incluir una referencia a los derechos intelectuales de las poblaciones indígenas tanto tangibles como no tangibles.

Con relación a este párrafo, el Indian Law Resource Center realizó una propuesta concreta en los siguientes términos:

"Donde haya una alta presencia indígena, los Estados adoptarán las medidas necesarias para asegurar la transmisión de programas de radio y televisión en las correspondientes lenguas indígenas. Además, el Estado apoyará la creación de estaciones de radio y otros medios de comuniación indígenas."

En relación al párrafo 3, el National Law Resource Center propuso que en vez de la expresión "reconocerán" se utilice la expresión "tomarán medidas" como se había hecho en los demás párrafos.

Por otro lado, se señaló que la lengua era el vehículo de la transmisión de dicha cultura indígena, que ha permitido desarrollar sistemas propios que han sobrevivido a través del tiempo. En ese sentido, el Estado debe adoptar disposiciones para adoptar y proteger los idiomas indígenas y promover el desarrollo de los mismos, garantizando que los niños puedan escribir y hablar en su propio idioma. Se solicitó así que los Estados abran nuevos espacios en los medios sociales para impulsar dichos idiomas.

Sobre el particular, el National Congress of American Indians propuso una redacción alternativa al artículo 8 en los siguientes términos:

"Los pueblos indígenas tienen el derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a generaciones futuras su historia, lengua, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y de designar y retener sus propios nombres para comunidades, lugares y personas".

Por su parte, el Indian Law Resource Center propuso la siguiente redacción al primer y segundo párrafos:

"Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a mantener y practicar su lengua, filosofía y sus concepciones lógicas como una expresión necesaria de su propia cultura. Los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de este derecho"

"Donde haya una alta presencia indígena, los Estados adoptarán las medidas necesarias para asegurar la transmisión de programas de radio y televisión en las correspondientes lenguas indígenas. Además, el Estado apoyará la creación de estaciones de radio y otros medios de comunicación indígenas".

Los representantes de las poblaciones indígenas también llamaron la atención sobre la necesidad de promover los procesos de reforma educativa lo cual implica transformaciones profundas en un marco de pluralismo, equidad y solidaridad y se insistió en la necesidad de asegurar el derecho de las poblaciones indígenas a la educación intercultural. Algunos representantes solicitaron que el proyecto de declaración asegure que los miembros de las poblaciones indígenas tengan igual acceso a la educación y que los centros de educación estén disponibles en las áreas indígenas de manera tal que los vínculos familiares no se vean perjudicados en la búsqueda de proseguir con estudios superiores. Sobre el particular, se expresó que la educación ha sido un instrumento de enajenación de la cultura de los pueblos indígenas, pero que puede constituir también el instrumento que puede ayudar a dichas comunidades a buscar mejores medios de vida y desarrollo.

Otros representantes de poblaciones indígenas señalaron que las instituciones de enseñanza superior deben rechazar todas las formas de investigación que traten a los pueblos indígenas como objetos, y deben eliminar sus prácticas y políticas discriminatorias de sus procedimientos de matrícula y resolver las prácticas de exclusión de las culturas indígenas en el contexto de la enseñanza.

En cuanto a la libertad espiritual y religiosa, se expresó que este era un derecho humano fundamental. Se pidió reconocer la importancia de la individualidad y especificidad de las mismas y el derecho a practicarlas tanto en público como en privado. Se subrayó el valor histórico de los templos y centros ceremoniales que son parte de la herencia cultural, histórica y espiritual de las poblaciones indígenas y se solicitó tener en cuenta el derecho a participar en la administración y conservación de las mismas, llamándose la atención sobre la necesidad de reglamentar el acceso a dichos centros garantizando la libre práctica de las manifestaciones espirituales de las poblaciones indígenas. Se solicitó asimismo que en el proyecto de declaración aparezca una referencia a la restitución de los centros religiosos de los cuales las poblaciones indígenas hayan sido despojadas.

Respecto de este tema, el National Congress for American Indians propuso la siguiente redacción alternativa al artículo 10:

"Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a mantener y proteger sus propiedades culturales y religiosas, incluidos sitios sagrados, reliquias, sepulturas y los restos humanos y artículos hallados en éstas. Esto incluye el derecho a restitución de propiedades religiosas y culturales que hayan sido apropiadas sin su consentimiento libre y fundado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. En cooperación con los pueblos indígenas en cuestión, los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que dichas propiedades sean preservadas, respetadas y protegidas. Cuando hayan sido apropiadas por instituciones estatales y privadas o por particulares sin el consentimiento de los pueblos en cuestión, deberán ser devueltas."

El Indian Law Resource Center presentó la siguiente propuesta al párrafo 1:

"Los pueblos e individuos indígenas tienen el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad para cambiarse de religión o creencia, y libertad para manifestar, en público o privado, su religión o creencia en la enseñanza, práctica, oraciones y observancia."

Con relación al párrafo 2 propusieron reemplazar la frase "convertir forzadamente" por la frase "convertir a los pueblos indígenas sin su consentimiento libre e informado".

Y en lo que respecta al párrafo 3, propusieron la siguiente redacción:

"Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a mantener y proteger sus propiedades culturales y religiosas, incluidos sitios sagrados, reliquias, sepulturas y los restos humanos y artículos hallados en éstas. Esto incluye el derecho a restitución de propiedades religiosas y culturales que hayan sido apropiadas sin su consentimiento libre y fundado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. En cooperación con los pueblos indígenas en cuestión, los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que dichas propiedades sean preservadas, respetadas y protegidas. Cuando hayan sido apropiadas por instituciones estatales, deberán ser devueltas".

Con relación al tema de las relaciones y vínculos de familia, se propuso introducir una declaración expresa que reconozca los derechos de la mujer indígena, que aborde, entre otras cosas, los derechos reproductivos, el derecho a la educación bilingue y bicultural y, en general, incorpore la perspectiva de género al proyecto de declaración.

En particular, el Indian Law Resource Center propuso la siguiente fórmula para el párrafo 2:

"En todas las acciones relacionadas con los niños, el Estado tiene el deber de respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, o cuando corresponda, de los miembros de la familia ampliada o comunidad según determinen las costumbres locales".

En lo que respecta al tema de salud y bienestar, los representantes de las poblaciones indígenas solicitaron implementar un mecanismo de protección a la propiedad intelectual sobre la medicina indígena. Los representantes de las poblaciones indígenas subrayaron la importancia de la medicina tradicional y solicitaron que los mecanismos de preservación y acceso a la misma sean fortalecidos de la mejor manera posible. En particular, se propuso trasladar la parte referida a la propiedad intelectual del proyecto de declaración a la sección referida al desarrollo cultural.

Con relación al tema del medio ambiente, los representantes de las poblaciones indígenas llamaron la atención sobre su derecho a participar en el uso y administración de sus recursos y tierras y a la necesidad de ser consultadas antes de iniciar cualquier proyecto de explotación que pudiese afectar a dichas comunidades. Algunos representantes señalaron que no eran suficiente las consultas si las mismas no eran previas a la toma de las acciones respectivas. Dicha información previa garantizaba no limitar el derecho de participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones. Asimismo se expresó la importancia de reconocer la tecnología empleada por las poblaciones indígenas en el proceso de producción, y se pidió que los territorios indígenas no sean declarados unilateralmente como áreas protegidas, sino que reciban dicha denominación una vez que se hayan realizado las consultas necesarias y se haya conseguido el consentimiento por parte de las mismas.

El National Congress of American Indians propuso reformar el artículo 13, párrafo 6 del proyecto de declaración modificando la expresión "en contravención de disposiciones legales" por la de "a menos que se haya obtenido el consentimiento libre y fundado de los pueblos indígenas".

Asimismo, propuso modificar el párrafo 7 de dicho artículo por la siguiente expresión:

"Cuando el Estado considere establecer un área protegida en un territorio indígena, o cerca del mismo, reconocido legalmente o bajo reclamo, el Estado deberá obtener el consentimiento libre y fundado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar o llevar a cabo dicha propuesta. Las áreas protegidas no deberán estar sujetas al desarrollo de recursos naturales sin el consentimiento libre y fundado de los pueblos indígenas afectados.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a declarar sus territorios, en su totalidad o en parte, como áreas protegidas de propiedad de los indígenas y administradas por ellos y el Estado deberá reconocer y respetar dicha decisión."

En general, en lo que respecta a esta sección, los representantes de las poblaciones indígenas solicitaron que se considerara volver al lenguaje original del proyecto de declaración presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los representantes de diversos órganos y organismos del sistema interamericano también expresaron su opinión respecto de estos temas. Así, el representante del Instituto Indigenista Interamericano subrayó que debe dejarse claro que los derechos específicos que se garantizan en este proyecto de declaración no limitan los derechos que los miembros de dichas poblaciones tienen como ciudadanos de un determinado Estado. Subrayó además que las condiciones de las diferentes poblaciones indígenas a lo largo del hemisferio varían mucho y que dicha diversidad debe tenerse en consideración de manera especial en lo referido al desarrollo cultural. Una declaración de carácter general como la que está bajo estudio, señaló, debe poder adecuarse a las características específicas de cada una de las comunidades. Por su parte, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso énfasis en una serie de artículos que a su consideración debían ser tomados muy en cuenta por parte de los representantes de los Estados miembros, particularmente en lo referido a la restitución. El representante del Comité Jurídico Interamericano señaló que sería preciso aclarar si a los casos de confiscación de los que trata el proyecto de declaración se han de aplicar o no los estándares del derecho internacional.

d. Sección Cuarta: Derechos Organizativos y Políticos

En relación a esta sección, y en particular al "derecho de autogobierno", diversas delegaciones expresaron sus dudas en cuanto al uso de términos tales como "status político", "autogobierno" y "autonomía", no sólo por sus implicaciones a nivel interno, sino también en el ámbito internacional. Algunas delegaciones afirmaron reconocer a las poblaciones indígenas el derecho a la auto determinación, siempre y cuando el contenido de dicho derecho sea negociado con el Estado de que se trata. En todo caso, se indicó que el concepto de autonomía no debía perderse de vista en lo que respecta a esta sección, el cual resaltaba la necesidad de trabajar más en los artículos referidos a las definiciones.

En lo referido al "derecho indígena", se volvió a insistir una vez más que el mismo contemplaba un régimen jurídico paralelo al estatal, lo cual no era aceptable para algunas delegaciones. También se expresó que la observancia del derecho y costumbre indígenas podría crear un desequilibrio desde el punto de vista de la normativa interna estatal. Otras delegaciones gubernamentales aceptaban la idea de un derecho indígena siempre y cuando no entre en conflicto con el ordenamiento jurídico estatal y se enmarque dentro del respeto de los derechos humanos.

Respecto a la "incorporación nacional de los sistemas legales y organizativos indígenas", algunas delegaciones gubernamentales subrayaron que el sentido de este artículo debía ser garantizar el pleno acceso de las poblaciones indígenas a la jurisdicción del Estado y que así debía quedar consignado en la redacción respectiva.

Sobre el particular, algunos representantes de las poblaciones indígenas señalaron que los Estados deben tener en cuenta de manera prioritaria los derechos colectivos de las poblaciones indígenas, propiciando su participación activa en la sociedad en su conjunto, garantizando de esta manera los derechos individuales de los miembros de estas comunidades. Se indicó que era importante consagrar en el proyecto de declaración el respeto a las instituciones indígenas y garantizar sus diversas formas de autonomía y auto gobierno, pero se subrayó que en el proceso de incorporación nacional de los sistemas legales y organizativos indígenas debía garantizarse que ello no implique forma alguna de asimilación arbitraria y forzosa.

Algunos representantes de las poblaciones indígenas también se refirieron a los derechos de auto determinación y autogobierno en términos equivalentes a otros comentarios previos, los cuales han sido recogidos en la sección segunda del presente informe.

En cuanto a las propuestas específicas de modificación de artículos del proyecto de declaración, el National Congress of American Indians, la Ameridian Peoples Association of Guyana and the Toledo Maya Cultural Council, y el Upper Sioux Community propusieron en relación al artículo 14 que la primera frase del párrafo 1 leyera: "pueblos e individuos indígenas".

Con relación al párrafo 2, propusieron la siguiente fórmula:

"Los pueblos e individuos indígenas tienen el derecho al uso de sus espacios sagrados y ceremoniales, así como el derecho a establecer y mantener sin discriminación, contacto libre y pacífico con otros pueblos e individuos indígenas que habiten en los territorios de los Estados vecinos o a través de sus fronteras".

Respecto del artículo 15, párrafo 1, propusieron la siguiente fórmula:

"Los pueblos indígenas tienen el derecho de autodeterminación. En virtud de este derecho podrán determinar libremente su status político y procurar libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural. Como una forma específica de ejercicio de su derecho de autodeterminación, tienen el derecho a la autonomía y al auto-gobierno con relación a, inter alia, la cultura, religión, educación, información, medios de comunicación, salud, vivienda, empleo, bienestar social, actividades económicas, manejo de recursos naturales y de la tierra, del medio ambiente y el ingreso de no-miembros; y para determinar las formas y medios para financiar estas funciones autónomas."

En lo que respecta al artículo 16, propusieron que se añadiera otro párrafo en los siguientes términos:

"Las decisiones oficiales, disposiciones y acciones de las instituciones indígenas serán plenamente reconocidas, respetadas y observadas por las instituciones del Estado".

Finalmente, con relación al artículo 17, señalaron que el párrafo 2 debía también asegurar que "no se podrán adoptar decisiones directamente relacionadas con sus derechos e intereses sin su libre e informado consentimiento".

Una delegación leyó una declaración mediante la cual lamentó que en el transcurso de la reunión se hubiera expresado que las leyes de su país no brindan a las poblaciones indígenas un trato igualitario en relación con los demás ciudadanos de dicho Estado. Sobre el particular, citó una serie de dispositivos tanto constitucionales como reglamentarios que reflejaban un trato igualitario para todos los ciudadanos de su país.

        e. Sección Quinta: Derechos Sociales, Económicos y de Propiedad

Algunas delegaciones gubernamentales se centraron en el análisis del artículo 18 del proyecto de declaración. En general, mostraron dudas en cuanto al alcance del artículo en su conjunto, sobre todo en cuanto a lo que toca al derecho interno y en lo referido al momento histórico que se debía tener en cuenta para efectos de la restitución, y solicitaron que el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera una explicación al respecto. Este último explicó que los antecedentes de este artículo se ubican en diversas normas de derecho interno de los Estados miembros y que incluye aquellas tierras que tradicionalmente han pertenecido a las poblaciones indígenas y son objeto actual de disputa.

Sobre el particular, diversas representaciones indígenas señalaron que los derechos indígenas a sus tierras están reflejados en diversos instrumentos jurídicos internacionales y que el pleno reconocimiento de los mismos debe ser incorporado en el proyecto de declaración bajo estudio. Ello en razón de que muchas poblaciones indígenas han vivido en las tierras que actualmente poseen desde tiempos inmemoriales, incluso desde antes de la formación de los Estados-nación.

En este sentido, se señaló la necesidad de incluir una referencia al derecho al autodesarrollo, que es un corolario del derecho a la autodeterminación.

Con relación a esto, el señor Abelardo Torres, de México, representante de poblaciones indígenas, propuso que en la sección 5 del proyecto de declaración, cada vez que se haga referencia al término "territorio", éste vaya acompañado del término "propiedad colectiva". Asimismo solicitó incorporar en el artículo 19 el derecho a la doble nacionalidad, y en el artículo 21 el derecho al autodesarrollo integral de las poblaciones indígenas.

El señor Marcial Arias, de Panamá, representante de poblaciones indígenas, sugirió que el párrafo 6 del artículo 18 sea eliminado para evitar que las poblaciones indígenas sean trasladadas por razones de un pretendido interés público que esconda otro tipo de motivaciones por parte del Estado. Asimismo, en lo que respecta a la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales, manifestó que el proyecto de declaración carece de una referencia específica con vistas a protegerla y citó al respecto el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Por su parte, el representante de la Assembly of First Nations se refirió específicamente al artículo 18 del proyecto de declaración referido a las formas de propiedad y supervivencia cultural: derecho a tierras y territorios. Sobre el particular indicó que el derecho a la tierra debía incluir todo el territorio, incluyendo el suelo, recursos y las aguas. Subrayó que era precisamente esos derechos a la tierra la característica fundamental que definía a los pueblos indígenas. También sugirió incluir algún párrafo referido a la solución de controversias, creando mecanismos independientes ya que generalmente los pueblos indígenas se encuentran en desventaja al momento de hacer valer sus derechos y títulos jurídicos.

El National Congress of American Indians, el Upper Sioux Community, la American Peoples Association of Guyana y el Toledo Maya Cultural Council propusieron también modificaciones concretas a una serie de artículos, en los siguientes términos:

Artículo 18, párrafo 4: (incluir luego de la frase "para la protección de sus derechos con respecto de")

"Sus tierras, territorios y recursos naturales, inclusive la capacidad de usarlos, administrarlos y conservarlos; y con respecto a los usos tradicionales de sus tierras, territorios y recursos, como los de subsistencia".

Artículo 18, párrafo 5:

"Los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, inclusive el derecho a pedir que los estados obtengan su consentimiento libre e informado antes de aprobar proyecto alguno que afecte sus tierras, territorios y otros recursos, en especial en lo relacionado con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, acuíferos u otros. Se otorgará indemnización por toda actividad o medida de esa índole y se tomarán medidas para mitigar los impactos adversos en lo ambiental, económico, social, cultural o espiritual."

Artículo 18, párrafo 6:

"Los pueblos indígenas no podrán ser sacados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se realizará ninguna reubicación sin el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en cuestión y tras acuerdo sobre la indemnización justa y equitativa y, cuando fuere posible, con la opción de poder retornar."

Artículo 18, párrafo 7:

"Se les proporcionará tierras de igual valor y calidad; si esto no fuere posible, los pueblos afectados tienen el derecho a recibir indemnización en términos no menos favorables que el estándar del derecho internacional."

Finalmente, la representante del Indian Law Resource Center volvió a señalar la conveniencia de que se haga referencia en todos los artículos a "pueblos e individuos indígenas". También indicó que debía incluirse una referencia a aquellas tierras respecto de las cuales las poblaciones indígenas poseen un título actual y no sólo respecto de aquellas que han poseído históricamente. Igualmente se insistió en referirse no sólo a los recursos minerales en general sino a todos aquellos que se hallan bajo tierra y sobre ella.

Con relación a los traslados forzosos de las poblaciones indígenas indicó que se debería fijar un estándar más claro que el mero interés público antes de que dichas comunidades sean trasladadas sin su previo consentimiento. Asimismo, en lo que respecta al artículo 19, sugirió la idea de hacer referencia a la igualdad de oportunidades en cuanto a lo laboral, incluyendo la igualdad de género y la igualdad en cuanto a la remuneración, la asistencia médica y social, todos los beneficios de seguridad social y todos los otros beneficios laborales estipulados en el derecho internacional.

  1. Sección Sexta: Provisiones Generales

A solicitud del presidente, el Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General planteó una serie de dudas referidas a los términos que se emplean en esta sección, a fin de mantener la congruencia tanto con la terminología utilizada en otros instrumentos interamericanos como con la naturaleza del instrumento propuesto.

Señaló que en el artículo 22 la referencia a la palabra "tratados" significa, en el marco de la Carta de la OEA, acuerdos celebrados entre Estados o entre éstos y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.

Con relación al artículo 27, manifestó que éste era más propio de una convención que de una declaración.

Por su parte, el representante del Comité Jurídico Interamericano propuso que se reemplazara la palabra "tratado" por otra que reflejara todo acuerdo en el ámbito interno, cualquiera que sea su denominación.

Algunas delegaciones gubernamentales expresaron que esta sección parece estar más referida a un instrumento de carácter obligatorio y no corresponde a la naturaleza de una declaración, sugiriendo su completa eliminación. Otras delegaciones indicaron que, a su juicio, los artículos 22, 26 y 27 no tienen cabida alguna en la declaración habida cuenta que se ha reconocido que la materia misma de la declaración es objeto de regulación interna por parte de cada Estado miembro. Una delegación expresó sin embargo su deseo de mantener el artículo 22.

En general, los representantes de poblaciones indígenas manifestaron que los tratados a que se alude en el artículo 22 del proyecto de declaración tienen carácter internacional, por lo que sugirieron que se mantenga este artículo y se fortalezca.

En particular, el señor Darwin Hill, representante de poblaciones indígenas, propuso la siguiente fórmula con relación a la provisión relativa a tratados, inspirada en el artículo 36 del proyecto de declaración que sobre la misma materia se negocia bajo los auspicios de las Naciones Unidas:

"Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados según su espíritu y propósitos originales y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y arreglos. Las controversias que no puedan arreglarse de otro modo serán sometidas a los órganos internacionales competentes por todas las partes interesadas."

Con relación a esta sección, el representante de la Assembly of First Nations subrayó que los acuerdos con las poblaciones indígenas deben ser respetados, en especial a la luz de la desventaja en que se encuentran las mismas vis-à-vis el Estado-nación. También sugirió que se incluya alguna referencia a los acuerdos históricos, celebrados por las poblaciones indígenas basados en sus tradiciones orales.

En representación del National Congress of American Indians, el Upper Sioux Community, la American Peoples Association of Guyana y el Toledo Maya Cultural Council, se hicieron algunas propuestas concretas, en particular, que el artículo 25 y el 26 se fusionen en uno solo, y que el artículo 27 incluya una referencia a que los Estados miembros de la OEA se comprometen a promover el respeto y aplicación de los derechos definidos en el presente proyecto de declaración.

IV. Consideraciones Finales

Antes de dar por terminada la reunión del grupo de trabajo, el presidente circuló el informe que someterá a la consideración del Consejo Permanente, el cual recoge un resumen de los debates desarrollados y las propuestas presentadas a lo largo de la semana. Asimismo, agradeció la participación de las delegaciones gubernamentales así como de los representantes de las poblaciones indígenas, indicando que corresponderá al Consejo Permanente determinar el curso de acción futura de las labores del grupo de trabajo. Sobre el particular, una delegación propuso la organización de reuniones intersesionales como manera de proseguir con el estudio del proyecto de declaración.

El señor Osvaldo Kreimer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradeció a nombre de dicha Comisión los esfuerzos que se estaban desarrollando en el análisis del proyecto de declaración.

Finalmente, diversas delegaciones gubernamentales expresaron su satisfacción por la participación de los representantes de las poblaciones indígenas y manifestaron su deseo de que haya continuidad en este proceso.

Por su parte, los representantes de las poblaciones indígenas agradecieron la oportunidad que les fue brindada de presentar sus puntos de vista y propuestas al grupo de trabajo y expresaron su disposición de seguir contribuyendo con las labores futuras de la OEA en la materia.

  [Indigenous/W-Group-Oct99/tracker.htm]