ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES PARA ANALIZAR EL "PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS

10, 11 y 12 de febrero de 1999
Washington, D.C.

 

 

OEA/Ser.K/XVI
RECIDIN/INF. 11/99
2 febrero 1999
Original: español

 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE VENEZUELA
AL "PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS"

 OEA- 677

Señor Embajador:

Washington, 29 de octubre de 1998.

Tengo a honra dirigirme a usted al remitirle las observaciones de Venezuela al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que servirán como base para la participación de nuestro Gobierno en el debate que sobre dicho proyecto se realizará en la reunión de expertos gubernamentales a celebrarse en febrero de 1999.

Atentamente,

Francisco Paparoni
Embajador

Al Señor Embajador
Mauricio Granillo Barrera
Presidente de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos
Washington, D.C.

Anexo: lo indicado

REPUBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Relaciones Exteriores
DGSPI/DAM

Observaciones de Venezuela al Proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas

Observaciones Generales.

Para Venezuela el documento preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas es una oportuna y buena iniciativa de la Comisión, cuyo propósito es digno de reconocimiento y aprecio. Podría decirse que el mismo es un interesante esfuerzo para profundizar y desarrollar aun más los principios contenidos en el Derecho Internacional vigente en materia de Derechos Humanos en general. Debe tenerse presente al respecto que en este ámbito la comunidad internacional y también la comunidad interamericana ha ido construyendo progresivamente, una importante codificación con el desarrollo de normas y estándares internacionales de universal aceptación cuyas características de indivisibilidad, igual importancia e interdependencia no ofrecen reservas a los Estados que así las han reconocido y así lo ha reafirmado ampliamente la comunidad internacional en los últimos años.

Los alcances del Proyecto de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas deberían, en consecuencia, concordarse con los principios y disposiciones que expresan los instrumentos internacionales adoptados y puestos en vigor por la comunidad internacional, así como también con aquellos que, en el ámbito regional atañen a la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Adicionalmente, conviene inscribir esta iniciativa entre las actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas según fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, en aplicación de los Principios contenidos en el Plan de Acción de Viena adoptado en 1993.

Los principios contenidos en el Proyecto de la CIDH deberían guardar correspondencia y estrecha relación con aquellos contenidos en la Carta de los Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos que amparan los derechos civiles y políticos y los llamados económicos, sociales y culturales). Sus normas deberían concordar también, naturalmente, con el contenido de la Convención para eliminar la discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño, e igualmente tener presente las previsiones de la Declaración del Derecho al Desarrollo que le sean aplicables.

Para el Estado venezolano, la idea de adoptar un Proyecto de Declaración en beneficio de los derechos de las poblaciones indígenas debe ser vista como un paso positivo hacia la adopción de un instrumento complementario del conjunto de normas citadas, de manera de propiciar y establecer las orientaciones necesarias para que el goce y disfrute de los derechos humanos llegue a aquella categoría de grupos humanos integrados por la población indígena de los Estados americanos. Se observa que generalmente, y por razones que no son del caso aludir ahora, la situación en que se encuentran estos grupos humanos coincide en buena parte con la de los más desfavorecidos y desasistidos, pero en esta situación, que evidentemente hay que corregir, está subyacente la idea fundamental de una cultura que hay que preservar.

De modo que cualquier intento de redacción debe favorecer el debido respeto al origen indígena mediante la promoción y realce de sus valores culturales e instituciones indígenas. En consecuencia, para Venezuela el propósito de la Declaración no debería consistir en crear nuevos derechos y obligaciones sino en asegurar que el goce efectivo y pleno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se vea obstaculizado respecto de un segmento de la población del continente en razón de su cultura.

El Proyecto de Declaración en cuestión es un Instrumento que pretende consagrar un conjunto de derechos aplicables en forma exclusiva a los "pueblos indígenas" del hemisferio, con el objetivo de proteger y aupar instituciones, prácticas e identidad de la cultura indígena y otros pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los hacen distintos de otras secciones de la comunidad nacional, bajo una política de autodeterminación y de total reconocimiento de los Estados hacia estos grupos, como poseedores de plena personalidad jurídica. En tal sentido, sin menoscabo de los derechos que tengan como ciudadanos de los Estados Partes, a tenor de lo establecido en el mencionado Proyecto, se les debe reconocer su organización social, instituciones, lenguas, el derecho de administrar sus propios programas educativos y de salud, a conservar sus tierras, territorios y recursos, a determinar libremente su status político y autogobierno; al reconocimiento del "derecho indígena" como parte del orden jurídico de los Estados y, por lo tanto, el derecho a mantener dicho derecho. De igual forma establece la creación de derechos especiales sobre las tierras, territorios y recursos en los que ejerzan posesión y dominio.

La inclusión del derecho a la libre determinación d e los pueblos tiene según la Carta de las Naciones Unidas y numerosos instrumentos internacionales en los que ese derecho está consagrado, alcances y consecuencias bien conocidos en el Derecho Internacional. En ese sentido, una referencia abierta a este derecho preocupa al Estado venezolano; por ello es indispensable discernir con claridad sobre el significado y las consecuencias precisas de las distintas referencias hechas a este derecho en diversos artículos del Proyecto. Estas aclaraciones deberían ser hechas de manera de permitir la conformidad de las mismas con las normas constitucionales y el ordenamiento jurídico venezolano, así como de su interpretación según el Derecho Internacional. Esto ocurre con términos como: pueblo, pueblos indígenas, territorio, recursos, autodeterminación, autogobierno, indemnización, patrimonio histórico y arqueológico, entre otras.

Muchos de estos términos son de difícil comprensión por la ausencia de definiciones de las que adolece el proyecto en consideración. Sin entrar a comentar exhaustivamente estos términos de uso frecuente en el texto, conviene hacer algunos comentados preliminares a algunos de ellos por la importancia de sus repercusiones jurídicas.

Observaciones Especificas

Tanto en el título del Proyecto de Declaración como en su sección primera se emplea la palabra "pueblo", la cual tiene alcances específicos en el Derecho Constitucional venezolano y en el Derecho Internacional. Su dimensión política como elemento fundamental del Estado ampliamente reconocido por esta rama del derecho, su utilización en el contexto del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos podría implicar el derecho a optar por la independencia y formar un Estado soberano aparte.

Resulta inconveniente la acepción de este término para designar a los pueblos indígenas en virtud de lo consagrado en la Constitución de la República que sólo reconoce una al significado de la palabra "pueblos" y es la referida al "pueblo venezolano". Por otro lado, el concepto de "pueblo" en el Derecho Internacional es utilizado en el contexto de libre determinación de los mismos, es decir, el derecho a optar por su independencia y soberanía, por lo que no sería conveniente utilizar este término para poblaciones indígenas que en Venezuela no tienen el derecho constitucional de optar a su libre determinación.

En consecuencia, sería preferible reemplazar esta expresión por la de "población indígena'' cuya definición, si bien es difícil por la inmensa variedad de culturas indígenas que han sobrevivido en el continente, constituye un término más apropiado para definir, a pesar de sus diferencias, bajo este concepto al "conjunto de personas que han conservado los rasgos fundamentales distintivos de una cultura anterior a la colonización, tales como idioma, creencias y usos y costumbres tradicionales que los hace pertenecer a una cultura indígena''.

Preocupa al Gobierno de Venezuela que el Proyecto de Declaración auspicie el establecimiento de un ordenamiento jurídico indígena separado, lo que estaría en abierta contradicción con el principio de la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos venezolanos establecida con rango constitucional en el ordenamiento jurídico venezolano.

Lo que se aspira formular claramente en este texto es la consecuencia jurídica de la vigencia de los derechos humanos cuando se trata de garantizar su goce y disfrute por personas o grupos humanos que se identifican como pertenecientes a la cultura indígena. Sin embargo se debe ser muy cuidadoso al redactar la Declaración de manera de no establecer por este conducto discriminaciones jurídicas en detrimento de la población no indígena, lo que crearía situaciones contrarias a la igualdad ciudadana que la norma constitucional antes aludida, categóricamente afirma.

Por otro lado, sería deseable, no obstante, que en razón de la diversidad de situaciones existentes entre las poblaciones indígenas que habitan en los Estados americanos se incorporara alguna previsión que abra la posibilidad de diferenciar entre las condiciones propias y particulares de cada país. Y de igual modo, que sea lo suficientemente flexible para diferenciar entre las poblaciones indígenas de un mismo país como ocurre en Venezuela en donde la situación de las poblaciones indígenas son en ocasiones muy similares a las que privan en las poblaciones de otros países americanos pero mucha veces los indígenas venezolanos son característicos de la zona del territorio nacional donde moran. En particular las variaciones pueden reconocerse desde el punto de vista étnico, numérico, social, cultural, económico e inclusive jurídico.

El espíritu aislacionista (artículo v) que pretende establecer la declaración, contrasta con el principio integracionista consagrado en la Constitución Nacional, la cual no reconoce autonomía política, jurídica o administrativa a estos grupos en su condición de minorías étnicas, condición que, por lo demás, tampoco es reconocida por la legislación venezolana, la cual únicamente diferencia en el ejercicio de sus deberes a los venezolanos de los que no lo son, sin reconocer la existencia perenne de minorías con características, deberes y derechos especiales, tal y como también se consagra en dicha Constitución, con el agravante que el Proyecto de Declaración no sólo regula su aplicación a los pueblos indígenas sino que la hace extensiva a "los pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones ... " (artículo 1 del Proyecto), cuando la legislación nacional no establece distinciones en este aspecto.

Asimismo preocupa al Gobierno de Venezuela el reconocimiento que pretende darte la Declaración a estos grupos como poseedores de personalidad jurídica propia, con el derecho a establecer un sistema de autogobiemo y de administración, incluyendo el derecho al uso de sus lenguas, y de la creación y consolidación de un "derecho indígena" distinto a la legislación nacional, y que está basado en su mayoría, en los usos y costumbres ancestrales de estos pueblos, aspectos que son claramente violatorios de la Constitución Nacional y demás leyes de la República que consagran el Castellano como idioma oficial de la República y que sólo reconocen una legislación aplicable a los venezolanos o extranjeros, pertenecientes a etnias indígenas o no.

En lo referente a los derechos sobre las tierras, territorios y recursos, se observa que la Declaración consagra en los puntos 5 y 7 del artículo XVIII del Proyecto, que en caso de pertenecer al Estado la propiedad de minerales o recursos del subsuelo de las tierras ocupadas por indígenas, a en caso de la necesidad de indemnización del Estado a estos por confiscación de tierras o territorios, o por cualquier daño qué sufran como resultado de las actividades de explotación, se debe efectuar sobre bases no menos favorables que el estándar del derecho internacional pretendiéndose de esta forma establecer una diferenciación entre indemnizaciones que deba acordar el Estado venezolano a sus ciudadanos de acuerdo a su legislación nacional por daños ocasionados en el ejercicio del lus Imperium, y las que debe acordar en virtud del proyecto de Declaración a determinadas minorías étnicas que, de acuerdo a lo ya explicado, no pueden recibir un trato ni más ni menos favorable que el acordado a todos los venezolanos, siendo el régimen de excepción consagrado en el artículo 77 de la Constitución Nacional de carácter temporal y por lo tanto objeto de legislación interna exclusivamente, sin poder adquirir el Estado compromisos internacionales en este aspecto, ya que se desvirtuaría el carácter temporal que la constitución le da al régimen de excepción de los indígenas mientras se incorporan a la vida de la Nación.

Por otro lado, se objeta la utilización de la palabra "territorio" en el Proyecto de Declaración, ya que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el "territorio" se define como el ámbito de validez espacial del ordenamiento jurídico estatal, por lo que sólo los Estados soberanos, y no las poblaciones indígenas, poseen territorio, considerando que el vocablo "tierras" resulta más aceptable a estos efectos, en razón de las consecuencias que aquel concepto tiene en el Derecho Internacional y Constitucional.

El Proyecto de Declaración consagra el derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de posesión, dominio y disfrute de las tierras y recursos, así como al uso de ellos. Al respecto, se debe señalar que el régimen jurídico aplicable en Venezuela a la tenencia de los recursos naturales y no renovables dentro del territorio nacional no hace diferencias en atención a la raza de los ciudadanos, y el artículo 106 de la Constitución expresa que: "El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos". En atención a este mandato constitucional es que deben estar dirigidos los objetivos de la Nación venezolana en materias del uso y propiedad de las tierras y recursos.

El artículo XXI del Proyecto de Declaración consagra que "Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad ...". Sobre el particular, es de indicar que corresponde al Poder Nacional y sólo a éste, regular lo relativo al desarrollo económico, social y cultural de los venezolanos y en tal sentido definirá las estrategias tendentes a la consecución de este fin, estrategias que están orientadas hacia todos los venezolanos sin distinción de su raza, credo, o condición social, en base a la consagrado en el artículo 61 de la Constitución Nacional, donde se prohibe cualquier tipo de distinción por dichas causas. Es por ello que mal podría reconocerse el derecho de una minoría étnica a regular cualquier aspecto que es, por mandato constitucional, competencia del Poder Nacional y consagrado en el artículo 136 ejusdem, tales como la salud, educación, desarrollo, legislación interna, ordenación territorial de la República, etc.

El Proyecto de Declaración dispone asimismo, derechos que deben ser reconocidos por el Estado a los grupos indígenas y referidos a aspectos como derechos laborales, de propiedad intelectual y derechos humanos, los cuales Venezuela reconoce y defiende, siendo aplicables a todos los venezolanos en su condición de ciudadanos, sin importar que pertenezcan a grupos indígenas o no. No resultaría procedente en consecuencia aceptar el reconocimiento de derechos consagrados en la Constitución diferenciando entre su aplicación a venezolanos pertenecientes a minorías o no pertenecientes a ellas, toda vez que la misma no establece distinciones en tal sentido, y se compromete a velar por la correcta aplicación de estos derechos sin marcar diferencias fundadas en raza, credo o condición social tal y como se ha mencionado.

Caracas, 24 de septiembre de 1998

RE00041SO1

 

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