ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I - ANTECEDENTES

CAPÍTULO II - TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

CAPÍTULO III - TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO I

INFORME FINAL DE LA TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE

JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

INTRODUCCIÓN

Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

1. Convocatoria

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en ocasión de su vigésimo noveno período ordinario de sesiones celebrado en Guatemala y teniendo presente los acuerdos alcanzados por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, en el cual, al referirse al "Fortalecimiento del sistema de justicia y de los órganos judiciales", apoyaron "la celebración de reuniones periódicas de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos", y el informe del Consejo Permanente sobre la Segunda Reunión de Ministros de Justicia, celebrada en Lima, Perú en marzo de 1999 (CP/doc.3186/99), aprobó la resolución AG/RES. 1615 (XXIX-O/99), en la que resolvió "convocar a la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas y agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento de sede del Gobierno de Costa Rica para la celebración de dicho evento".

2. Alcance del Mandato^/

De acuerdo con la citada resolución AG/RES. 1615 (XXIX-O/99) la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente de la OEA la preparación de los documentos preliminares, la fijación de la fecha y la elaboración del temario de dicha reunión.

Por otra parte, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente, "por recomendación del Grupo Especial y previa consulta con los Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, la convocatoria, en la fecha y lugar que determine, y de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos, de una reunión de autoridades centrales con el fin de fortalecer la cooperación entre las mismas en el marco de las distintas convenciones en materia de cooperación legal y judicial".

Por último la Asamblea encomendó al Consejo Permanente "que lleve a cabo las acciones que considere pertinentes para continuar con la consideración del tema y presente su informe al trigésimo período ordinario de sesiones".

Las conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, deberán ser elevadas, a través del Consejo Permanente de la OEA, al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en Canadá en junio de 2000

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1. Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales (Buenos Aires, 1997)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la OEA reunidos en Lima, Perú, en ocasión del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, al destacar "la importancia de realizar una reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, con competencia en el tema, a los efectos de considerar aspectos tendientes a una mejor cooperación jurídica y judicial en las Américas", aprobaron la resolución AG/RES. 1482 (XXVII-0/97), "Reunión de Ministros de Justicia".

En dicha resolución, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que realice las consultas necesarias a fin de preparar el temario y convocar y organizar dicha reunión, y le solicitó que presente un informe sobre el cumplimiento de la citada resolución a la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones.

De acuerdo con lo encomendado por la Asamblea General mediante la resolución antes citada, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, teniendo en cuenta el ofrecimiento de sede hecho por el Gobierno de la República Argentina para la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas y de los lineamientos sobre la temática para dicha reunión, aprobó la resolución CP/RES. 709 (1141/97), en la que convocó la mencionada reunión de Ministros y aprobó el siguiente temario:

1. "Estado de derecho. Nuevas instituciones y desarrollos:

1. Experiencias a nivel nacional
2. Experiencias a nivel regional y subregional

2. Modernización y fortalecimiento de la administración de justicia. Procesos de reforma, nuevas tendencias y uso de mecanismos tales como: Arbitraje – Mediación – Conciliación.
3. La lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otras actividades delictivas:

1. Experiencias a nivel nacional
2. Iniciativas para fortalecer la cooperación legal/judicial.

4. Análisis de la aplicación de los convenios o acuerdos de cooperación o de asistencia jurídica y judicial en el ámbito americano.
5. La política penitenciaria y los procesos de reforma. Afianzamiento de las iniciativas orientadas a la readaptación y reinserción social del detenido/condenado".

La Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1997.

Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

A. Conclusiones

1. Un sistema jurídico que garantice los derechos y obligaciones de las personas, facilite un adecuado acceso a la justicia y otorgue la debida seguridad a la sociedad, es un elemento esencial para consolidar la vigencia del Estado de Derecho y para permitir un desarrollo social y económico como fórmula efectiva de la integración de nuestros pueblos.
2. El fortalecimiento del sistema jurídico requiere de normas que preserven la independencia del poder judicial, el continuo perfeccionamiento de sus instituciones para la eficaz aplicación de las reglas de derecho, así como de la formación y permanente actualización de magistrados, jueces, fiscales o procuradores y demás funcionarios vinculados con el sistema de justicia y de los abogados.
3. Las amenazas que enfrentan nuestras sociedades, tales como la delincuencia organizada, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico de niños y el deterioro del medio ambiente sólo pueden ser combatidos mediante el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de justicia y el robustecimiento de las diversas formas de cooperación internacional en estos campos.
4. El valioso patrimonio jurídico interamericano que emana de los numerosos tratados elaborados en el marco de la Organización de los Estados Americanos, requiere impulsar su efectiva aplicación a través de una ágil ratificación de las convenciones suscritas y de una adecuada difusión de sus textos y de la práctica de los Estados.
5. La cooperación legal internacional es esencial para el desarrollo de los sistemas de justicia en los países miembros de la OEA. En consecuencia, de conformidad con la legislación de cada país, es necesario trabajar, entre otras acciones, en la promoción de la Asistencia Jurídica Mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, en la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba, en el establecimiento de canales seguros y rápidos de comunicación como los de Interpol, así como en el fortalecimiento del papel de las Autoridades Centrales.
6. Uno de los mayores retos que enfrentan nuestras sociedades es el de lograr sistemas penitenciarios y carcelarios que, en condiciones adecuadas, permitan la rehabilitación y reinserción plena a la sociedad de aquellos que hayan sido sancionados por los tribunales de justicia.

B. Recomendaciones

1. Continuar el proceso de fortalecimiento de los sistemas jurídicos de las Américas, con el fin de asegurar el pleno acceso de las personas a la justicia, garantizar la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales y promover el establecimiento de sistemas de responsabilidad y de transparencia y la modernización de las instituciones.
2. Abordar los procesos de modernización de la justicia desde ópticas multidisciplinarias no relegándolos sólo a aspectos meramente normativos. En este sentido deben incorporarse materias tales como: análisis organizacionales, sistemas de gestión, rentabilidad social, estudios económicos y estadísticos.
3. Propiciar la incorporación de métodos alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia.
4. Proseguir con el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos interamericanos de cooperación en materia legal, para lo cual es necesario que cada Estado evalúe la aplicación efectiva de los actuales instrumentos, aplique medidas para su mayor difusión, y promueva la formulación de otros instrumentos que fueren necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades.
5. Solicitar a la Secretaría General de la OEA un estudio sobre los obstáculos para la aplicación efectiva de los tratados de cooperación jurídica y judicial, basado en los informes suministrados por los Estados sobre dichos obstáculos.
6. Promover en el marco de la OEA, el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación técnica en materia de política carcelaria y penitenciaria.
7. Promover el intercambio de experiencias y cooperación técnica en materia relativas a los sistemas de enjuiciamiento penal, acceso a la justicia y administración judicial.
8. Reforzar la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, adoptar nueva legislación, procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos.
9. Saludar la realización en el mes de abril de 1998 de una nueva Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile, y la incorporación del tema relativo al fortalecimiento del sistema judicial y administración de justicia como tópico especialmente relevante.
10. Generar una instancia de análisis de expertos gubernamentales, con el apoyo de la OEA, en Santiago de Chile, antes del 28 de febrero de 1998, sobre los temas fundamentales del Sector Justicia con el objeto de incorporar este análisis en la Cumbre de las Américas.
11. Apoyar que, en el marco de la OEA, se celebren periódicamente Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas, con el apoyo técnico de la Secretaría General de la Organización.
12. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de la República del Perú como sede de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia de las Américas, a realizarse en el segundo semestre de 1998, y acordaron que la agenda de dicha reunión, focalizada en los temas que se estimen prioritarios, se preparará en el marco de la OEA.
13. Solicitar a la OEA que disponga los recursos financieros necesarios a fin de permitir la realización de las distintas recomendaciones emanadas de esta Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

2. Segunda Cumbre de las Américas (Santiago de Chile, 1998)

En abril de 1998 se celebró una reunión de expertos gubernamentales la que incorporó temas fundamentales del sector justicia en el temario de la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada ese mismo mes en Santiago de Chile.

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en ocasión de dicha Cumbre de las Américas, al adoptar el Plan de Acción respectivo acordaron con relación al tema "Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Órganos Judiciales" lo siguiente:

• Desarrollar "mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional. En este contexto, promoverán, desarrollarán e integrarán el uso de métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema de justicia".

• Fortalecer "según sea el caso, sistemas de justicia penal fundados en la independencia del Poder Judicial y la efectividad del Ministerio Público y de la Defensoría, reconociendo la especial importancia de la introducción del juicio oral, en aquellos países que consideren necesaria la ejecución de esta reforma".

• Reformar "la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, propiciarán nuevas convenciones internacionales y legislaciones, así como procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos".

• Adecuar "su legislación", realizar "las reformas institucionales necesarias" y tomar "las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de la infancia y de los jóvenes, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales, en el plazo más breve posible".

• Impulsar "según sea el caso, la diferenciación de los procedimientos y consecuencias a las infracciones a la ley penal, de aquellas medidas que se establezcan para la protección de los niños y jóvenes, cuyos derechos están amenazados o son vulnerados". Además, promover "medidas socio-educativas para la reinserción de menores infractores".

• Promover "la creación o el fortalecimiento, según corresponda y de conformidad con los respectivos sistemas jurídicos, de un órgano jurisdiccional especializado en materia de familia".

• Impulsar… "el establecimiento de un centro de estudio de justicia de las Américas, tendiente a facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad con los requerimientos específicos de cada país. A tal efecto, solicitarán a los Ministros de Justicia o a otras autoridades competentes que analicen y definan las medidas más convenientes para la organización e instalación del mencionado centro".

• Promover… "de conformidad con la legislación de cada país, la cooperación jurídica y judicial mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y el intercambio, a nivel bilateral o multilateral, en éstos campos, incluyendo acuerdos relativos a los programas de protección de testigos".

• Apoyar… "la celebración de reuniones periódicas de Ministros de Justicia o de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA)".

Esta última iniciativa fue posteriormente acogida en el seno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en junio de 1998.

3. Diálogo sobre el tema Administración de Justicia en las Américas, Asamblea General de la OEA (Caracas, Venezuela, Junio 1998)

Durante el vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General (Caracas, junio, 1998), el Presidente de la misma, Canciller Miguel Ángel Burelli Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, presentó un resumen del diálogo que se produjo en relación al tema de la administración de justicia en las Américas, el que contuvo las siguientes ideas:

• La administración de justicia se ha convertido en tema de altísima prioridad.
• Se identificó como uno de los más graves problemas la politización del sistema judicial.
• Las metas más transcendentes: verdadera separación de poderes y un sistema judicial despolitizado y eficiente.
• La administración de justicia se concibe como una responsabilidad indelegable de los Estados.
• No obstante, se reconoce que la OEA puede jugar un importante papel en apoyar la creación y promoción de mejores sistemas judiciales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
• Se señaló que la OEA debe encontrar un campo de acción actualizado y adecuado a sus capacidades y recursos.
• El campo de acción de la OEA debe contener temas substantivos (legislación comercial) y ejecución.
• Condicionadas a la disponibilidad de recursos, entre las muchas posibilidades concretas sugeridas para la OEA se mencionaron:

• Creación de un plan estratégico por un grupo de trabajo
• Creación de un Centro de Estudios Interamericanos
• Evaluación de instrumentos de cooperación internacional
• Continuar el apoyo a las reuniones de Ministros de Justicia
• Intercambio de información sobre capacitación en el área judicial
• Ampliar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante este período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución AG/RES. 1481 (XXVII-O/97) "Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas" mediante la cual resolvió, entre otros puntos, recibir con satisfacción el informe del Consejo Permanente sobre el perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas.

4. Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (Lima, Perú, Marzo 1999)

La Asamblea General, al tener en cuenta el informe del Consejo Permanente y el informe final de la Reunión de Ministros de Justicia, celebrada en Buenos Aires, República Argentina, acordó mediante la resolución AG/RES.1562 (XXVIII-O/98)^/, convocar la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

Posteriormente, el Consejo Permanente en su sesión celebrada el 10 de noviembre de 1998, aprobó la resolución CP/RES. 737 (1176/98), en la que fijó los días 1, 2 y 3 de marzo de 1999, como fecha para la celebración de dicho evento.

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en su sesión celebrada el 9 de octubre de 1998, tomó conocimiento del proyecto de temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales presentado por la Embajadora Beatriz Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA^/.

Consecuentemente, el Consejo Permanente, ^,en sesión celebrada el 11 de diciembre de 1998, y visto el Informe de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos^/, adoptó, mediante la resolución CP/RES. 739 (1179/98), el siguiente temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia, o de Ministros, o Procuradores Generales:

Diálogo de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas y/o jefes de delegación

Tema: Modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas: intercambio de experiencias, nuevos desarrollos y cursos de acción a nivel nacional e internacional.

TEMARIO

1. Acceso a la justicia

2. Servicios de defensa y asistencia judicial

2.2 Iniciativas para la protección jurídica de niños y jóvenes

2.3 Incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia

3. Formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales

3.1. Experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia

3.2 Mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales

3.3 Creación de un centro de estudios de justicia de las Américas

4. Política carcelaria y penitenciaria

4.1 Los procesos de modernización del sector y el perfeccionamiento de los marcos legales

4.2 Nuevos desarrollos en materia procesal penal

4.3 Mecanismos de cooperación regional

5. Fortalecimiento y desarrollo de la cooperación interamericana

5.1 Combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibernético (legislación interna, grado de vigencia e implementación de instrumentos internacionales sobre la materia, procedimientos, y experiencias nacionales, etc.)

5.2 Cooperación legal y judicial (tratados interamericanos; otros mecanismos; extradición, intercambio de información, entrega de documentos y otros medios de prueba, acuerdos sobre protección de testigos, etc.)

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, se celebró en las fechas indicadas por el Consejo Permanente, en Lima Perú, en marzo de 1999. La Segunda Reunión de Ministros de Justicia, al concluir con la consideración de su agenda, adoptó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

I. Acceso a la justicia

1. Continuar con el intercambio de experiencias sobre las medidas e iniciativas adoptadas a nivel interno, así como de los avances logrados y obstáculos encontrados por parte de los Estados Miembros de la OEA en relación al acceso a la justicia en sus respectivos países; el perfeccionamiento de los esquemas nacionales de defensa y asistencia legal y judicial; la protección jurídica de la infancia y la juventud; y la incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en sus sistemas de justicia.
2. Para tales efectos se identificarán claramente los mecanismos de cooperación aplicables en estas áreas, y se emprenderán, entre otras, las siguientes acciones: recopilación de legislación vigente en estas materias, con el fin de crear un banco de datos; realización de estudios comparativos; y elaboración de un listado de países e instituciones que estén en condiciones de brindar cooperación internacional en estas áreas.

II. Formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales

A. Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Con miras al establecimiento del Centro de Estudios de Justicia previsto en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas; y,

Teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos vigentes en el hemisferio, decidió:

1. Que los objetivos del Centro serán facilitar:

1. el perfeccionamiento de los recursos humanos;
2. el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica;
3. el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región.

2. El establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participación de todas las delegaciones con la finalidad de:

1. elaborar un proyecto de estatuto;
2. elaborar un plan de trabajo;
3. identificar las entidades públicas y/o privadas vinculadas con la temática;
4. establecer los vínculos correspondientes con organizaciones internacionales a fin de obtener los soportes técnicos necesarios para la operatividad del Centro.

3. Que el plan de trabajo del Centro estará orientado en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal.

4. Que el grupo de expertos deberá concluir sus trabajos antes del 21 de septiembre de 1999.
5. Solicitar a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos.

B. Cursos, talleres y seminarios regionales

Continuar, con la colaboración de la Secretaría General de la OEA, organizando cursos, talleres y seminarios regionales o subregionales de capacitación y actualización del conocimiento jurídico de los funcionarios encargados del sistema de justicia en los Estados Miembros de la OEA, en colaboración con instituciones internacionales o nacionales, gubernamentales o no gubernamentales pertinentes.

III. Fortalecimiento y desarrollo de la cooperación interamericana

A. Fortalecer y desarrollar la cooperación internacional en áreas de especial preocupación tales como la lucha contra el terrorismo, el combate contra la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, el fraude documentario, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado y la delincuencia transnacional.

B. Delito cibernético

En vista de la importancia y la dificultad de las cuestiones que plantea el delito cibernético y la difusión y magnitud potencial de los problemas que presenta para nuestros países, recomendó el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales en el marco de la OEA con el siguiente mandato:

1. Hacer un diagnóstico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información, o que utiliza las computadoras como medio para cometer un delito;
2. hacer un diagnóstico de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con respecto a dicha actividad;
3. identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia; e
4. identificar mecanismos de cooperación dentro del sistema interamericano para combatir el delito cibernético.

El grupo de expertos gubernamentales deberá presentar un informe a la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

3. Continuar trabajando de manera efectiva y ágil en el fortalecimiento de la asistencia legal y judicial entre los Estados Miembros de la OEA, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, a la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y a los canales de comunicación entre las Autoridades Centrales.
4. Evaluar, la aplicación de las convenciones interamericanas en vigor en materia de cooperación legal y judicial a fin de identificar medidas para su efectiva aplicación o, en su caso, determinar la necesidad de adecuar el marco jurídico existente en el hemisferio.
5. Exhortar a los Estados Miembros de la OEA que son partes de las convenciones en materia de cooperación legal y judicial que, en los casos en que aún no lo hayan hecho, designen Autoridades Centrales para asegurar la efectiva aplicación de estos tratados.
6. Recomendar a la OEA que convoque oportunamente una reunión de Autoridades Centrales con el fin de fortalecer la cooperación entre las mismas en el marco de las diversas convenciones en materia de cooperación legal y judicial.
7. Extradición, decomiso de activos y asistencia jurídica mutua.

Reconociendo la necesidad de fortalecer y facilitar la cooperación legal y judicial en las Américas en lo que respecta a la extradición, el decomiso de activos y la asistencia jurídica mutua, y a fin de intensificar la acción individual e internacional contra el crimen organizado y la actividad delictiva internacional mediante una mejor comunicación y entendimiento entre los gobiernos, nos comprometemos a intercambiar información a través de la OEA sobre las siguientes cuestiones a fin de abordarlas en la Tercera Reunión de Ministros:

1. Listas de requisitos ("checklists") para la extradición, glosarios de términos jurídicos de uso común e instrumentos similares de orientación y explicación simplificada sobre extradición y procedimientos conexos;
2. Formularios modelo de solicitudes intergubernamentales de asistencia jurídica mutua;
3. materiales didácticos sobre los mejores métodos de obtener asistencia bilateral e internacional en materia de decomiso de activos.

A fin de facilitar esta labor, se iniciará de inmediato la compilación de una lista de puntos de referencia para fines de información en materia de extradición, asistencia jurídica mutua y decomisos de activos.

IV. Política carcelaria y penitenciaria

Reiterar la necesidad de promover en el marco de la OEA el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación técnica en materia de política carcelaria y penitenciaria

V. Sede para la Tercera y Cuarta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

1. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Costa Rica como sede de la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, y encargar la elaboración de la agenda de dicha reunión en el marco de la OEA.
2. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Trinidad y Tobago como sede de la Cuarta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, y encargar la elaboración de la agenda de dicha reunión en el marco de la OEA.

CAPÍTULO II

TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS

DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

El Consejo Permanente de la OEA, en abril de 1999, integró un Grupo Especial de Justicia para darle seguimiento a los mandatos emanados de las reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

El Consejo, a la luz de lo encomendado por la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1562 (XXVIII-O/98)^/, encargó al Grupo Especial de Justicia convocar y realizar las reuniones de expertos gubernamentales que fueren necesarias para coadyuvar a la implementación de las recomendaciones recibidas en las citadas reuniones de Ministros de Justicia.

El Grupo Especial de Justicia del Consejo Permanente, abierto a todas las delegaciones, estuvo presidido por el Perú, la primera vicepresidencia a cargo de la delegación de Costa Rica y la Segunda vicepresidencia a cargo de Trinidad y Tobago.

1. Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Con la anuencia del Consejo Permanente, el Grupo Especial de Justicia celebró cuatro reuniones de expertos gubernamentales, entre mayo y septiembre de 1999.

Como resultado de sus deliberaciones, el Grupo Especial de Justicia concluyó con un proyecto de Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el cual transmitió a la consideración del Consejo Permanente el 22 de septiembre de 1999. La información relativa a las reuniones de expertos y decisión acordada por el Consejo Permanente en relación al Estatuto del Centro de Justicia, aparecen registradas en el documento CP/doc. 3247/99 rev.1, titulado "Informe de la Presidenta del Grupo Especial encargado de dar cumplimiento a las recomendaciones de las reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o procuradores Generales"^./

El 15 de noviembre de 1999, la Asamblea General celebró su vigésimo sexto período extraordinario de sesiones, oportunidad en que aprobó mediante su resolución AG/RES. 1 (XXVI-E/99) el Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y mediante la resolución AG/RES. 2 (XXVI-E/99) encomendó al Consejo Permanente, por vía de excepción, proceder a la elección de los miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, conforme a las normas contenidas en el Reglamento de la Asamblea General y el Estatuto del referido Centro.

2. Elección de miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y Ofrecimientos de sede del Centro

El Presidente del Consejo Permanente, con la anuencia de los señores Representantes, en sesión celebrada el 19 de enero de 2000, integró el Comité de Escrutinios para proceder a la elección de los miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Dicho Comité quedó integrado por el Embajador Dr. Courtney Blackman, Representante Permanente de Barbados y el Embajador Lawrence Chewning Fábrega, Representante Permanente de Panamá.

• Artículo 82 del Reglamento de la Asamblea General

El Consejo, de un total de 16 candidatos propuestos por los Estados Miembros para integrar el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CP/doc.3252/99 y add. 1, 2, y 3) eligió, siguiendo los procedimientos establecidos en el Artículo 82 del Reglamento de la Asamblea General, en una primera vuelta los siguientes candidatos:

María Soledad Alvear Valenzuela (Chile)

Karl Hudson-Phillips (Trinidad y Tobago)

José Ovalle Favela (México)

Raphael Carl Rattray (Jamaica)

En la segunda vuelta, conforme al citado Artículo 82, participaron seis candidatos para elegir tres puestos, quedando electos los siguientes:

Federico Callizo Nicora (Paraguay)

Douglass Cassel (Estados Unidos)

Mónica Nagel Berger (Costa Rica)

El escrutinio de los votos aparece registrado en el acta de la correspondiente sesión, identificada como CP/ACTA 1219/99.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, se decidió, por sorteo, el término de servicio de los miembros del Consejo Directivo de la siguiente manera:

María Soledad Alvear Valenzuela (Chile)

Douglass Cassel (Estados Unidos)

Raphael Carl Rattray (Jamaica)

Karl Hudson-Phillips (Trinidad y Tobago)

José Ovalle Favela (México)

Federico Callizo Nicora (Paraguay)

Mónica Nagel Berger (Costa Rica)

El Consejo Permanente tomó nota de los ofrecimientos de sede del Centro de Estudios de Justicia de las Américas por parte de las delegaciones de Argentina, Chile, Perú, República Dominicana y Uruguay y acordó transmitirlas al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, para los fines previstos en la disposición transitoria segunda del Estatuto del citado Centro.

3. Convocatoria de la Primera Reunión del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas

El Consejo Permanente de la OEA, al tener presente la resolución AG/RES. 1 (XXVI-E/99) "Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas", que establece en sus disposiciones transitorias, que el Consejo Directivo del Centro debe presentar a la consideración de la Tercera Reunión de Justicia los resultados de las evaluaciones y recomendaciones entre los ofrecimientos de sede que presentaron los Estados Miembros, acordó aprobar la resolución CP/RES. 765 (1222/00)^/, convocando la primera reunión del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas para los días 24 y 25 de febrero de 2000, en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

4. Delito cibernético

En atención al tema sobre delito cibernético, el Grupo Especial de Justicia celebró dos reuniones de expertos gubernamentales, 12 de mayo y el 14 y 15 de octubre de 1999. El informe final de la reunión de Expertos aparece publicado en el documento GE/REMJA/doc. 51/99, y, además de reseñar los antecedentes, y el diagnóstico de la reunión, identifica entidades nacionales e internacionales con conocimientos especializados pertinentes, y hace referencia a mecanismos de cooperación existentes en el sistema interamericano.

Por otra parte, vale señalar que el Grupo de Expertos definió delito cibernético como una actividad delictiva cuyo objetivo material o instrumento de comisión consiste en sistemas de tecnología de la información (incluidos, entre otros, los sistemas de telecomunicaciones e informática).

Como resultado de la primera reunión de expertos, se elaboró un cuestionario que fue diseñado de modo de determinar el marco jurídico que existe en los países de la región sobre el tema^/. A la fecha se han recibido las respuestas presentadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela^/.

Además del referido cuestionario, durante la Segunda Reunión de Expertos se contó con un documento preparado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General en la que se organiza la respuesta recibida por los Estados Miembros^/.

Por último, la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Delito Cibernético, "Dentro del marco de lo establecido en la resolución AG/RES.1615/99 (XXIX-O/99) y reconociendo la amenaza global que plantea el delito cibernético y la necesidad de una respuesta adecuada y rápida por parte de las autoridades nacionales competentes, formula las siguientes recomendaciones que serán sometidas, a través del Consejo Permanente, a la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas^/:

1. Instar a los Estados Miembros que establezcan una entidad o entidades públicas con la autoridad y función específica para llevar adelante la investigación y persecución del delito cibernético.
2. Que los Estados, que aún no cuenten con legislación sobre delitos cibernéticos emprendan acciones en éste sentido.
3. Solicitar a los Estados Miembros que realicen todos los esfuerzos necesarios para armonizar sus legislaciones en materia de delito cibernético, a fin de facilitar la cooperación internacional para la preservación y combate de éstas actividades ilícitas.
4. Que los Estados Miembros identifiquen sus necesidades de capacitación en materia de delito cibernético, propiciándose esquemas de cooperación bilateral, regional y multilateral en este campo.
5. Propiciar la formulación de lineamientos generales para orientar los esfuerzos legislativos en materia de delito cibernético.
6. Considerar diversas medidas incluyendo el establecimiento de un Fondo Específico Voluntario, para apoyar el desarrollo de la cooperación en el Hemisferio sobre la materia.
7. Propiciar entre los Estados Miembros el intercambio de información en materia de delito cibernético.
8. Apoyar la difusión de información sobre las actividades desarrolladas en el ámbito de la OEA en esta materia, incluyendo la página Web sobre el particular.
9. Que los Estados Miembros consideren la posibilidad de sumarse a mecanismos de cooperación o intercambio de información ya existentes, tales como el "grupo de contacto de 24 horas/7 días" a fin de iniciar o recibir información.
10. Que los Estados Miembros tomen medidas para sensibilizar al público, incluyendo a los usuarios del sistema educativo, del sistema legal y administración de justicia sobre la necesidad de prevenir y combatir el delito cibernético".

El 20 de octubre de 1999, el Consejo Permanente de la OEA tomó nota de la información presentada por la Presidenta del Grupo Especial de Justicia, Embajadora Beatriz M. Ramacciotti, Representante Permanente de Perú, y acordó elevar las recomendaciones de la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Delito Cibernético a la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

CAPÍTULO III

TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS

O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

1. Sesión inaugural

El día 1° de marzo de 2000, a las 9.45 de la mañana, en el Centro de Convenciones del Hotel Herradura, se inició la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas en la ciudad de San José, Costa Rica. En la sesión inaugural hizo uso de la palabra la Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica, señora Mónica Nagel Berger y el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, Embajador Christopher R. Thomas. Asimismo, se hizo entrega del matasellos conmemorativo a la III REMJA.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el señor Presidente de la República del Costa Rica, Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Los tres discursos referidos figuran como anexos al presente Informe Final.

2. Primera sesión de trabajo

La Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica declaró abierta la Primera Sesión de Trabajo. En esa oportunidad, se procedió a la elección de las autoridades de la Reunión.

A. Elección del Presidente

A propuesta del Representante de Trinidad y Tobago, secundado por los representantes de México, Bolivia y Argentina, se eligió por aclamación a la señora Mónica Nagel Berger, Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica como Presidenta de la Reunión.

B. Elección de los Vicepresidentes

A propuesta del Representante de Costa Rica, se eligió por aclamación al señor Ramesh Lawrence Maharaj, Procurador General y Ministro de Asuntos Legales de Trinidad y Tobago como Primer Vicepresidente.

Finalmente, a propuesta del Representante de Jamaica, se eligió por aclamación a la señora Janice Charette, Primera Viceministra Adjunta del Canadá como Segunda Vicepresidenta.

De esta manera, la relación de autoridades de la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas quedó conformada de la siguiente manera:

Mónica Nagel Berger

Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica

Ramesh Lawrence Maharaj

Procurador General y Ministro de Asuntos Legales

Janice Charette

Primera Viceministra Adjunta de Canadá

C. Aprobación de los proyectos de temario y calendario

La Presidenta de la Reunión sometió a la III REMJA, para su aprobación, los proyectos de temario y calendario. El temario fue aprobado por unanimidad y el calendario fue aprobado con algunas modificaciones en cuanto al horario.

Por su parte, la delegación de Argentina solicitó que durante la sesión de la tarde, se conforme un grupo técnico paralelo sobre el tema de resolución alternativa de conflictos que cuente con el apoyo de la Secretaría General.

D. Informe del Grupo Especial Encargado de Darle Seguimiento a las Conclusiones y Recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

La Representante Permanente del Perú ante la OEA, Embajadora Beatriz Ramacciotti, presentó el Informe del Grupo Especial encargado de darle seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas en el que se refirió a la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, las recomendaciones en la prevención y combate del delito cibernético, y a los aportes en materia de extradición, decomiso de activos y asistencia jurídica mutua. La Presidenta de la Reunión reconoció y agradeció la labor que realizó la Representante Permanente del Perú como Presidenta de dicho Grupo Especial.

E. Intervenciones de diversas entidades

La Presidenta de la Reunión invitó a representantes de Reforma Penal Internacional (RPI), del Instituto Interamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), y del Programa de Administración de Justicia de Centro América y Panamá hacer uso de la palabra.

En representación de RPI, organismo encargado de la promoción de políticas penitenciarias y la prevención de la delincuencia, hizo uso de la palabra su Presidenta, la Baronesa Vivian Stern, quien expuso el programa de trabajo de dicha institución.

En representación del ILANUD, organismo intergubernamental creado por acuerdo entre Costa Rica y la ONU para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente en Latinoamérica, hizo uso de la palabra su Director, el señor Elías Carranza.

Finalmente, en representación del Programa de Administración de Justicia de Centro América y Panamá, entidad que se encarga de la formación de jueces y funcionarios ligados a la administración de justicia en estos países, hizo uso de la palabra su Director, el señor José Carlos Chinchilla.

La Presidenta de la Reunión sugirió que el plenario tome nota de las tres intervenciones y que las mismas sean consignadas como documentos de referencia de esta Reunión.

3. Segunda sesión de trabajo

La Segunda sesión de trabajo se abocó al estudio de los temas de delito cibernético y de extradición, decomiso de activos y asistencia jurídica mutua.

En relación a este tema hicieron uso de la palabra las siguientes Delegaciones: Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bolivia, El Salvador, Argentina, Brasil, Canadá y Perú.

La discusión de este tema se inició con una presentación a cargo de la Jefa de Delegación de los Estados Unidos de América, señora Janet Reno, quien resaltó la trascendencia de esta materia, elogió el trabajo llevado a cabo desde la II Reunión de Ministros de Justicia hasta la fecha por el Grupo Especial de Justicia y sugirió que expertos en el tema se sigan reuniendo por lo menos dos veces al año en el marco de la OEA y destacó la importancia de la cooperación internacional en este campo.

Algunas Delegaciones expresaron que era imposible que los países puedan aisladamente combatir este delito debido a la ausencia de mecanismos legales y prácticos para enfrentarlo. Asimismo algunas delegaciones expresaron que la premisa para un eventual instrumento jurídico en esta área debía ser la libertad personal y la libertad de información como principales elementos a ser tenidos en cuenta al momento de legislar.

Otras delegaciones se refirieron a los enormes costos que implica la prevención y el control del delito cibernético, así como a los recursos tecnológicos y humanos que para ello se requiere. También se hizo referencia a los esfuerzos por enfrentar este problema a través de mecanismos ya existentes como el registro de la propiedad intelectual y los derechos de autor, pero se expresó la necesidad de implementar una ley específica sobre delito cibernético en los ordenamientos jurídicos internos.

El delito cibernético se definió como un delito inter jurisdiccional (diversas jurisdicciones se hallan implicadas), de difícil definición (implica conductas de distinta naturaleza) y de difícil investigación (requiere capacitación y tecnología adecuada). Dichas premisas, se expresó, debían guiar los criterios a aprobarse en esta Reunión para la lucha contra el delito cibernético, encargando a un grupo de expertos que trabaje en una legislación modelo, teniendo en cuenta los tres elementos antes señalados y las diversas experiencias de los Estados Miembros de la OEA. Algunas delegaciones señalaron incluso la posibilidad de adoptar un instrumento internacional sobre el particular.

Además de la legislación modelo, también se recomendó solicitar a la OEA preparar las bases de un mecanismo de capacitación de los investigadores en relación con los delitos cibernéticos.

Las diversas delegaciones subrayaron la dificultad que el tema plantea y la urgencia de enfrentarlo con eficacia. También expresaron su voluntad de intensificar mecanismos de cooperación a nivel inter estatal. De igual forma resaltaron la importancia del rol de la educación ética de los niños en el buen uso de las nuevas tecnologías de la información

La Presidenta envió al grupo de trabajo encargado de la redacción de las conclusiones y recomendaciones de la presente Reunión las recomendaciones emanadas de la reunión de expertos gubernamentales celebrada el 14 y 15 de octubre de 1999 y que se incluyen en el documento GE/REMJA/doc.51/99.

La Presidenta inició la discusión de este tema haciendo referencia al documento REMJA-III/doc.6/OO "Extradición, decomiso de activos y asistencia jurídica mutua (documentación compilada por la Secretaría General de la OEA)".

Hicieron uso de la palabra las siguientes delegaciones: Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, México, Perú, Chile, Jamaica, Argentina, República Dominicana, Canadá, Trinidad y Tobago, Bolivia, Ecuador, Bahamas y Colombia.

Algunas delegaciones sostuvieron que los mecanismos de extradición como mecanismos de cooperación se justificaban debido a que el mejor lugar para juzgar un delito es el lugar donde fue cometido efectivamente el mismo, así como en la mejor posibilidad de recabar las pruebas y resarcir a las víctimas. Se subrayó la importancia de la soberanía de los Estados, pero también se indicó que la confianza que se intenta construir entre los Estados del hemisferio es la razón por la cual se intenta trabajar en una lista de requisitos, formularios y glosarios, así como en la identificación de los puntos de contacto, todo lo cual facilite los mecanismos de extradición. Se recomendó que la OEA solicite a los Estados Miembros que aún no lo han hecho que remitan la información solicitada por la II REMJA; que la información recopilada sea difundida a través de la página de internet de la OEA; y que se constituya una red de intercambio de información a través de medios electrónicos tanto en materia de extradición como de cooperación judicial.

Asimismo se solicitó que la Reunión considere para su adopción las recomendaciones adoptadas por una reunión preparatoria de expertos que se celebró el 29 de febrero en San José de Costa Rica.

Otras delegaciones expresaron la necesidad de que el grupo de expertos de la OEA formule también recomendaciones a los órganos legislativos y judiciales de los países, pues en muchos de los países del hemisferio, no es sólo la instancia ejecutiva la que resuelve los procesos de extradición. Se afirmó que el tema de la extradición conlleva problemas distintos según los diferentes sistemas jurídicos existentes en el hemisferio, y que esta diferencia debía verse reflejada en las conclusiones a las que arribe la REMJA, así como en el trabajo posterior de los expertos.

Finalmente se solicitó, reiterando lo ya recomendado por la II REMJA, que se lleve a cabo, dentro del marco de la OEA, una reunión de autoridades centrales que permita dar un mejor cumplimiento a las obligaciones contenidas en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales sobre cooperación judicial.

La Presidenta sugirió que las propuestas presentadas fueran enviadas al grupo encargado de preparar el proyecto de conclusiones y recomendaciones de esta Reunión.

4. Tercera sesión de trabajo

La tercera sesión de trabajo, se inició en la mañana del día 2 de marzo, para considerar el tema "Política carcelaria y penitenciaria: la salud integral en las cárceles".

Al respecto, las delegaciones de Costa Rica, Chile, México, Canadá, Brasil y Argentina, formularon observaciones, destacando entre otros asuntos, lo relativo al proceso de reforma y modernización de la política carcelaria y penitenciara; la cooperación técnica y definición de programas y proyectos específicos de cooperación; la salud integral en las cárceles, asistencia sanitaria, enfermedades de transmisión sexual, SIDA y uso de drogas, entre otros.

De manera general se destacó la profunda crisis del sistema carcelario a los fines de poder cumplir con sus objetivos en la ejecución de penas privativas de la libertad. Asimismo, se destacó los problemas generados por la sobrepoblación, el espacio físico inadecuado, la mala alimentación y los problemas de salud.

Algunas delegaciones, a los fines de controlar la crisis de los sistemas carcelarios, expresaron su interés en buscar mecanismos alternativos para que el condenado privado de libertad física cumpla su condena fuera de un centro de reclusión o cárcel.

Por otra parte, se tomó nota de lo expresado por algunas delegaciones en torno a la salud en las cárceles y el derecho del procesado de contar con condiciones carcelarias dignas, conforme a los pactos internacionales de derechos humanos vigentes en la región y dentro del respeto de las normas constitucionales de cada país.

En cuanto a este asunto, el Ministro de Justicia de Argentina presentó por escrito las siguientes ideas:

1. La necesidad de que la cárcel sea realmente el último recurso. Disminuir su utilización lo máximo que sea posible (necesidad de penas alternativas en los casos en que el conflicto social admita ser solucionado de una manera menos violenta, no abuso de la prisión preventiva, etc.)
2. Una nueva definición del concepto de resocialización asumiendo la obligación del Estado de dotar a las personas privadas de libertad de los elementos necesarios para desarrollarse (opciones educativas, trabajo, etc.)
3. La protección del interno como sujeto de derecho y la plena vigencia de la legalidad en el ámbito carcelario. En este aspecto la importancia de garantizar la judicialización de la ejecución y el acceso al derecho a la defensa, una de las falencias más importantes de las cárceles de la región.
4. La obligación del Estado de dotar a los internos de condiciones carcelarias dignas y la prohibición de que el encierro carcelario se convierta en una pena o trato inhumano o degradante.

Por otra parte, la Vice Ministra de Justicia de Chile, presentó un documento titulado "La Salud en el Marco de la Nueva Política Penitenciaria Chilena" y teniendo en cuenta las evaluaciones de los programas y proyectos de la nueva política penitenciaria del Sistema Penal de su país, presentó las siguientes sugerencias a los países participantes:

1. Aplicar las recomendaciones contempladas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas.
2. Definir e integrar un área de salud en el organigrama de las instituciones que atienden personas privadas de libertad, considerándolos como un departamento más de la Institución.
3. Definir los problemas de salud pública más relevantes en los recintos penales.
4. Contratar personal calificado para coordinar a nivel regional, provincial y local la atención de salud de los internos.
5. Realizar las coordinaciones intersectoriales básicas, con las instituciones públicas y privadas locales, que pudieran otorgar servicios de salud que no se pueden dar dentro del recinto penal, como así también para otro tipo de actividades específicas en beneficio de los internos en las áreas educacionales, laborales, etc.
6. Capacitar a los funcionarios e internos que manipulan alimentos.
7. Elaborar programas manuales y/o instructivos a nivel nacional, que normen las acciones frente a problemas de salud específicos, basados en las normativas internacionales y nacionales del área.
8. Crear establecimientos hospitalarios penitenciarios en zonas geográficas estratégicas, que permitan solucionar la mayor cantidad de problemas de salud de los internos, sin necesidad de tener que trasladarlos.
9. Crear Unidades de atención de salud básica, tipo enfermerías, donde se le den las primeras atenciones de salud a los internos, con bajo nivel de complejidad y alta cobertura de atención, incluyendo, en el caso de la población penal femenina, todas las acciones de salud reproductiva, tales como Papanicolau, examen preventivo de mamas, etc.
10. Insertar en los currículum de formación de funcionarios que atienden los establecimientos penales, temas específicos de salud pública, que les ayude a tomar decisiones en su lugar de trabajo. Se desearía que llegaran a dominar algún tipo de técnica educativa grupal, que les permita intervenir como agente multiplicador en temas preventivos, como consumo de drogas, infectación con ETS-VIH-SIDA, etc.
11. Utilizar la estrategia de formar a los internos como agentes multiplicadores y/o monitores, en temas de prevención específicos en salud, otorgándoles la posibilidad de desarrollar actividades creativas e innovadoras, producto de la motivación personal en el tema, dentro de su lugar de reclusión; esto requiere previamente haber intervenido en los funcionarios a cargo de la seguridad y atención integral de los internos, con el fin de que colaboren y se involucren en este sistema de trabajo.
12. Mantener un diagnóstico permanente de la situación de salud en todos los recintos penitenciarios, lo que incluye registros, evaluaciones, etc.
13. Incorporar temas de prevención en salud en forma transversal dentro de las actividades laborales y/o formativas que desarrollen los internos dentro de las Unidades Penales.
14. Mantener un incremento anual progresivo de recursos para apoyar los recintos penales.
15. Incorporar sistemáticamente la cantidad mínima de profesionales y técnicos del área de la salud a la dotación de funcionarios, que atienden en las Unidades Penales.
16. Diagnosticar, seleccionar y otorgar una atención de salud integral a las personas con patologías crónicas, incluidos los adictos, discapacitados, SIDA, adultos mayores, etc.
17. Crear un sistema de atención ambulatorio o residencial, dentro de las Unidades Penales, para los adictos, aprovechando los recursos básicos con que cuentan los recintos penales para aplicar un modelo de "Comunidad Terapéutica".
18. Definir las políticas de pesquisa, ubicación, seguimiento y tratamiento de internos portadores del VIH y con SIDA, dentro de los recintos penales.

Por último, el plenario acordó tomar nota y transmitir al grupo de trabajo encargado de preparar las conclusiones y recomendaciones de esta reunión lo siguiente: que la OEA estudie la posibilidad de participación de empresas privadas en la construcción y/o administración de los centros penitenciarios; que continúe con el estudio de la consideración de medidas de prevención del delito; y que inicie la consideración del tema de "Medidas Alternativas para el Cumplimiento de Privación de Libertad".

La Secretaría de la Reunión registró la siguiente documentación presentada por las delegaciones:

1. Intervención del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra, "Política Carcelaria y Penitenciaria".
2. "La Protección de la Salud de los Internos Alojados en el Sistema Penitenciario Federal Argentino".
3. "Política Carcelaria y Penitenciaria: La Salud Integral en las Cárceles", ponencia del Sr. Ministro de Justicia de la República de Bolivia, Dr. Juan Antonio Chahin Lupo.
4. "La Salud en el Marco de la Nueva Política Penitenciaria Chilena", por la Subsecretaria de Justicia, Dra. Consuelo Gazmuri Riveros.
5. "Salud Integral en Cárceles", presentado por la delegación de Costa Rica.
6. "Salud Integral en el Sistema Penitenciario Mexicano presentado por el Sr. Miguel Angel Yunes Linares, de la Delegación de México.
7. "Sistema Penitenciario Federal Mexicano", presentado por el Sr. Miguel Angel Yunes Linares, de la Delegación de México.
8. "Libertad Provisional y Prelibertad en el Sistema Jurídico Mexicano", presentado por el Sr. Miguel Angel Yunes Linares, de la Delegación de México.
9. "Revista Mexicana de Prevención y Readaptación Social, números 2, 3, 4, y 5", presentado por el Sr. Miguel Angel Yunes Linares, de la Delegación de México.
10. "Orientación Actual de Legislación Penitenciaria", presentado por el Sr. Miguel Angel Yunes Linares, de la Delegación de México.

De la misma manera, la Secretaría registró el documento presentado por el Procurador General y Ministro de Asuntos Legales de Trinidad y Tobago, su Excelencia Ramesh Lawrence Maharaj, S.C.M.P., que contiene temas relativos al delito cibernético, a la extradición y asistencia Judicial mutua, al acceso de la Justicia, a las Cárceles y Política de Reforma Penal y a la Epidemia del SIDA.

Las publicaciones presentadas por las delegaciones transcritas anteriormente serán depositadas en la Biblioteca Colón de la Secretaría General de la OEA.

5. Cuarta sesión de trabajo

Siendo las tres de la tarde del día 2 de marzo, se dio inicio a la Cuarta Sesión de Trabajo para considerar los asuntos que aparecen en la orden del día:

1. Acceso a la justicia: resolución de conflictos y otros mecanismos.
2. Informe del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Estatuto del Centro.
3. Sede del Centro

a. Acceso a la justicia: resolución de conflictos y otros mecanismos.

En relación a este tema, las delegaciones de Costa Rica, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil y Nicaragua formularon observaciones.

La promoción y utilización de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como medida concreta para el mejoramiento al acceso de la justicia ha sido un tema que se ha tratado tanto en la Primera Reunión de Ministros o de Procuradores Generales de las Américas, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 1997, como durante la Segunda Reunión de Ministros de Justicia celebrada en Lima, Perú, en 1999.

Algunas delegaciones recordaron lo aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en ocasión a la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago de Chile, en 1998, al referirse al tema "Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Organos Judiciales", sobre los mecanismos que permitieran el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular de aquellos de menores ingresos, y que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia la labor jurisdiccional.

Durante la Reunión se tomó nota de lo expresado por la delegación de Costa Rica que señaló que "el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, sin distingo de sexo, raza, religión, estrato económico, posición social o ubicación geográfica, entre otros, constituye uno de los principales retos de los estados democráticos de cara al nuevo siglo".

Igualmente, el Jefe de la Delegación de Ecuador presentó un cuestionario sobre resolución alterna de conflictos para la consideración de la Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores de las Américas y se refirió a la Ley de Arbitraje y Mediación de su país, indicando que "todo contrato que realiza el gobierno con empresas privadas está sometido a la citada ley".

Por su parte, el delegado de Nicaragua, como un aporte a este tema, se refirió a la nueva Ley 278, titulada Propiedad Urbana y Rural, que contempla la mediación o en su defecto el arbitraje como medidas de resolución alternativa de conflictos.

Por último, la delegación de Argentina señaló, entre otros, algunos objetivos y criterios sobre este asunto, tales como: la promoción y desarrollo de la mediación como medio voluntario de resolución de conflictos; la promoción de procesos de facilitación y de la figura del facilitador como medios apropiados para la construcción de consensos y el gerenciamiento de conflictos que involucran políticas del gobierno nacional en forma directa o indirecta; la promoción de las técnicas de negociación, de la figura del negociador y de la negociación; y, la promoción de la enseñanza de los métodos de resolución alterna de conflictos en los distintos niveles de la educación.

Al finalizar la consideración de este tema, la Presidenta de la Reunión acordó tomar nota de las observaciones formuladas por las delegaciones.

La Secretaría registró los siguientes documentos presentados por las Delegaciones:

1. Intervención del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra, Tema 7. "Acceso a la Justicia"
2. Desarrollo de los métodos alternativos de resolución de conflictos en la República Argentina y desarrollo de nuevas políticas, presentado por Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra.
3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, República Argentina, Informe Estadístico de Mediaciones Judiciales, presentado por Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra.
4. Cuestionario sobre resolución alterna de conflictos y Ley de Arbitraje y Mediación, presentados por el Procurador General del Estado, Dr. Ramón Jiménez Carbo.
5. Acceso a la justicia resolución alternativa de conflictos y otros mecanismos, ponencia de Sr. Ministro de la República de Bolivia, Dr. Juan Antonio Chahin Lupo.

La documentación antes identificada será depositada en la Biblioteca Colón, ubicada en la Sede la Secretaría General de la OEA.

b. y c. Informe del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Estatuto del Centro; y Sede del Centro

En relación al tema del epígrafe, la Presidenta de la Reunión se refirió al informe del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, documento OEA/Ser.K/XXXIV.3 REMJA-III/doc.11/00 Ref.1, e hizo una presentación de los trabajos del Consejo Directivo durante su Primera Reunión celebrada en Washington D.C., los días 24 y 25 de febrero del año en curso. El Plenario acordó aprobar las siguientes recomendaciones adoptadas por consenso por el Consejo Directivo que aparece transcrita en el informe clasificado como REMJA-III/doc.11/00:

1. Que la sede del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sea establecida en Santiago de Chile.
2. Que para la preparación de un Anteproyecto de Reglamento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas se solicite la colaboración de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA.
3. Que se exhorte a los gobiernos de los Estados Miembros y Observadores Permanentes de la OEA a contribuir con fondos para financiar las actividades del Centro, conforme a lo establecido en el Artículo 17 del Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
4. Que dada la necesidad de contar a la brevedad posible con un Director (a) Ejecutivo (a) del Centro y de acuerdo con el Artículo 6 del Estatuto, se solicita al trigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que proceda a la aprobación de la designación que proponga el Consejo Directivo del Centro.

La Delegación del Uruguay manifestó su interés de integrar el grupo asesor conforme al artículo 15 del Estatuto del Centro. Manifestó, asimismo, que en su oportunidad hará una presentación al respecto.

La Delegación de Jamaica expresó que tenía interés en proponer dos instituciones para que sean miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El Justice Training Institute de Jamaica y el Caribbean Regional Drug Law Enforcement Training Centre, cuya sede se encuentra en Jamaica.

La Delegación de Chile, luego de agradecer la decisión de la III REMJA sobre la sede del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, sugirió, dada la experiencia y capacidad técnica ofrecida por Argentina para el desarrollo de los trabajos que le corresponde desempeñar al Centro, la firma de un acuerdo entre el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el ARGENJUS, lo que no fue objetado por ninguna delegación. Por su parte, el Sr. Ministro de la República Argentina, Dr. Ricardo Gil Lavedra expresó su acuerdo para la firma de un convenio de cooperación con el Centro.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta levantó la sesión.

6. Quinta sesión de trabajo

La quinta sesión de trabajo se celebro el día 3 de marzo en hora de la mañana. El Embajador Jorge Rhenán Segura, Coordinador del grupo de trabajo, presentó las conclusiones y recomendaciones acordadas por el grupo, y aprobadas por consenso durante la quinta y última sesión de trabajo de la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas y que figuran en el Capítulo IV del presente informe.

7. Sesión de Clausura

Siendo las 3:30 de la tarde del día 3 de marzo de 2000, se dio inicio a la sesión de clausura en sesión solemne de la Corte Plena en ocasión a la inauguración del año judicial 2000.

El Dr. Luis Paulino Mora Mora,, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, declaró abierta la sesión. Seguidamente se escucharon las palabras del Dr. Ernesto Jinesta Lobo, del Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, del Lic. Montenegro Trejos, magistrado de la Sala Primera y del Lic Edgar Cervantes Villalta.

Por último, durante la sesión de clausura la Presidenta de la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas, Dra. Mónica Nágel Berger, y el Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA pronunciaron sus correspondientes discursos. Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Presidente de la República, clausuró la Tercera Reunión de Ministros de Justicia, o Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

8. Lista de participantes

La lista de participantes de la reunión aparece publicada como documento REMJA-III/doc. 12/00 rev. 1.

9. Lista de documentos

Se anexa al presente informe la lista de documento procesados por la Secretaría.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, convocada en el marco de la OEA, mediante la resolución AG/RES. 1615 (XXIX-O/99), adoptó las siguientes conclusiones y recomendaciones, para ser elevadas, a través del Consejo Permanente de la OEA al trigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

1. Delito cibernético

La III REMJA, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Delito Cibernético, reunido en la sede de la OEA en mayo y en octubre de 1999, exhorta a los Estados Miembros de la OEA a que:

1. Establezcan una entidad o entidades públicas con la autoridad y función específica para llevar adelante la investigación y persecución del delito cibernético.
2. Emprendan las acciones necesarias para implementar legislación sobre delito cibernético, si aún no cuentan con la misma.
3. Realicen todos los esfuerzos necesarios para armonizar sus legislaciones en materia de delito cibernético, a fin de facilitar la cooperación internacional para la prevención y combate de estas actividades ilícitas.
4. Identifiquen sus necesidades de capacitación en materia de delito cibernético, propiciando esquemas de cooperación bilateral, regional y multilateral en este campo.
5. Consideren la posibilidad de sumarse a mecanismos de cooperación o intercambio de información ya existentes, tales como el "Grupo de contacto de 24 horas/7 días" a fin de iniciar o recibir información.
6. Tomen medidas para sensibilizar al público, incluyendo a los usuarios del sistema educativo, del sistema legal y administración de justicia sobre la necesidad de prevenir y combatir el delito cibernético.
7. Consideren diversas medidas, incluyendo el establecimiento de un Fondo Específico Voluntario, para apoyar el desarrollo de la cooperación en el hemisferio sobre la materia.
8. Promuevan, en el marco de la OEA, el intercambio de información en materia de delito cibernético y la difusión de información sobre las actividades desarrolladas en esta materia, incluyendo la página Web de la OEA.
9. Den seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Expertos Gubernamentales en el marco de la OEA, tomando en cuenta la necesidad de desarrollar lineamientos para orientar los esfuerzos nacionales en materia de delito cibernético a través de, por ejemplo, la elaboración de legislación modelo u otros instrumentos jurídicos pertinentes y el diseño de programas de capacitación.

2. Extradición y cooperación jurídica mutua

La III REMJA expresa su beneplácito por los avances alcanzados en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la II REMJA, en particular, en lo relativo a la presentación de información sobre puntos de contacto, lista de requisitos para la extradición, formularios tipo para solicitar la asistencia jurídica mutua y glosarios de términos legales.

En ese sentido:

1. Exhorta a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho a presentar la información solicitada a la brevedad posible a fin de contar con los elementos necesarios que permitan conocer de manera integral la situación hemisférica sobre la materia.
2. Invita a la OEA a difundir dicha información a través de su página de internet.
3. Exhorta a los Estados Miembros de la OEA a proporcionar, en adición a la información ya presentada, elementos sobre la forma en que solicitudes de extradición son procesadas por sus poderes ejecutivo y judicial.
4. Subraya la necesidad de promover la concientización de los poderes legislativo y judicial sobre su responsabilidad en materia de extradición.
5. Decide establecer, para fortalecer la cooperación en este campo y la confianza mutua, una red de intercambio de información integrada por las autoridades competentes con el mandato de elaborar recomendaciones concretas en materia de extradición y asistencia jurídica mutua para ser consideradas por dichas autoridades en forma previa al plenario de la IV REMJA. Dicha red, integrada con la información de los diferentes sistemas jurídicos del hemisferio, deberá apoyarse en la medida de lo posible en los medios electrónicos de comunicación, en particular la internet.
6. Exhorta a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar o adherirse a las convenciones interamericanas sobre cooperación jurídica y judicial.

3. Política carcelaria y penitenciaria: la salud integral en las cárceles

Teniendo en cuenta la importancia del tema de la salud integral en las cárceles, la III REMJA:

1. Invita a los Estados Miembros de la OEA a buscar los mecanismos que permitan reducir los índices de sobrepoblación carcelaria, utilizando entre otros medios, las medidas alternativas al encierro carcelario.
2. Exhorta a los Gobiernos a intercambiar las experiencias desarrolladas en sus sistemas penitenciarios en materia de salud integral de la población privada o anteriormente privada de la libertad para prevenir el contagio del VIH/SIDA, las ITS, las adicciones y la violencia intracarcelaria.
3. Invita a los Estados Miembros de la OEA a que promuevan el desarrollo de proyectos de cooperación para la capacitación de personal, con el apoyo de organismos internacionales y nacionales – gubernamentales o no gubernamentales – vinculados con la materia.
4. Solicita a los Estados Miembros de la OEA a que, con el asesoramiento de los expertos en la materia, dé seguimiento al tema de la salud integral en las cárceles con miras a identificar problemas comunes y promover la cooperación, el intercambio de información y de experiencias.
5. Invita a los Estados Miembros de la OEA con experiencia en la materia a intercambiar información sobre la participación de empresas privadas en la construcción y/o operación de centros penitenciarios, con miras a explorar nuevas alternativas encaminadas a mejorar los sistemas penitenciarios.

4. Acceso a la Justicia: Resolución alternativa de conflictos y otros mecanismos

Con el ánimo de mejorar los sistemas de administración de justicia, la III REMJA:

1. Reitera su compromiso con el mejoramiento del acceso a la justicia de los habitantes de los Estados Miembros de la OEA a través de la promoción y el uso de métodos alternativos de solución de conflictos, para proveer canales judiciales y extrajudiciales ágiles y expeditos que contribuyan al desarrollo democrático.
2. Exhorta a los Estados Miembros de la OEA con experiencia en la materia a ofrecer cooperación en el desarrollo y promoción de estos mecanismos alternos.
3. Recomienda que, como parte de las labores de cooperación jurídica que desarrolla la Secretaría General de la OEA, se promueva el desarrollo y ejecución de programas de cooperación tendientes a fomentar el uso de los métodos alternos de solución de controversias, en coordinación con entidades que trabajan en este campo en los países de las Américas.
4. Exhorta a los Estados Miembros de la OEA a promover, de conformidad con sus respectivas legislaciones, la inclusión en programas de educación de elementos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la mediación y otros mecanismos idóneos para el tratamiento de conflictos orientados a fortalecer la convivencia armónica y el desarrollo de una cultura de paz y de derechos humanos.
5. Decide dar seguimiento al tema de la resolución alternativa de conflictos en el marco de la OEA, a fin de seguir fomentando el intercambio de experiencias y la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA.

La III REMJA,

1. Expresa su beneplácito por el establecimiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas; la adopción de su Estatuto; y la integración de su Consejo Directivo por la Asamblea General de la OEA, en cumplimiento de los mandatos de la II Cumbre de las Américas.
2. Toma nota de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Primera Reunión del Consejo Directivo, celebrada en Washington el 24 y 25 de febrero de 2000.
3. Decide que la sede del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sea establecida en Santiago de Chile, de conformidad con las facultades asignadas a la REMJA en el Estatuto del Centro, y tomando en cuenta la recomendación del Consejo Directivo. La III REMJA agradece los ofrecimientos de sede presentados por los gobiernos de Argentina, Perú, República Dominicana y Uruguay y los invita a aportar su experiencia y capacidad técnica para apoyar los trabajos que se encomienden al Centro. La III REMJA reconoce el papel que instituciones tales como la propuesta por el Gobierno de la República Argentina y otros Gobiernos pueden desempeñar en ese sentido.
4. Exhorta a los Estados Miembros y Observadores Permanentes de la OEA a contribuir con fondos voluntarios para financiar las actividades del Centro, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
5. Alienta al Consejo Directivo a avanzar en la elaboración de su Reglamento; en la pronta celebración del acuerdo de sede con el Gobierno de Chile; en el desarrollo del proyecto de programa de trabajo del Centro; y en la selección de su Director(a) Ejecutivo(a).
6. Solicita a la Asamblea General de la OEA que proceda a la aprobación de la designación del Director(a) Ejecutivo(a) del Centro que proponga su Consejo Directivo, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto del Centro, a fin de asegurar el inicio de sus actividades a la brevedad posible.
7. Invita al Consejo Directivo a tomar debidamente en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la III REMJA en el desarrollo de su programa de trabajo y en las actividades del Centro, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de su Estatuto.
8. Estas conclusiones y recomendaciones están dirigidas, según corresponda, a los Estados Miembros de la OEA, Organos políticos y consultivos de la OEA, la Secretaría General de la OEA y entidades interamericanas.

ANEXO I

TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS
OEA/Ser.K/XXXIV.3   REMJA-III/doc.2/00 rev.4
1 al 3 de marzo de 2000
San José, Costa Rica
1 marzo 2000
Original: español

LISTA DE DOCUMENTOS REGISTRADOS POR LA SECRETARÍA

HASTA EL 17 DE MARZO DE 2000