| SEGUNDA REUNI�N DE
MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS
1 al 3 de marzo de 1999 Lima, Per� OEA/Ser.K/XXXIV.2 REMJA-II/doc. 21/99 12 marzo 1999 Original: espa�ol INFORME FINAL DE LA SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS (Versi�n provisional)
INDICE CAP�TULO I ANTECEDENTES CAP�TULO III SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS CAP�TULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXO I Intervenci�n de C�sar Gaviria Trujillo, Secretario General de la OEA ANEXO II Discurso del Ing. Alberto Fujimori, Presidente de la Rep�blica del Per� ANEXO III Resoluci�n de agradecimiento al gobierno y el pueblo de la Rep�blica del Per� (REMJA-II/RES. 1/99) ANEXO V Lista de participantes ANEXO VI Lista de documentos CAPITULO I1. I Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales (Buenos Aires, 1997) Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegaci�n de los Estados miembros de la OEA reunidos en Lima, Per�, en ocasi�n del vig�simo s�ptimo per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General, al destacar "la importancia de realizar una reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, con competencia en el tema, a los efectos de considerar aspectos tendientes a una mejor cooperaci�n jur�dica y judicial en las Am�ricas", aprobaron la resoluci�n AG/PES. 1482 (XXVII-0/97), "Reuni�n de Ministros de Justicia". En dicha resoluci�n, la Asamblea General encomend� al Consejo Permanente que realice las consultas necesarias a fin de preparar el temario y convocar y organizar dicha reuni�n, y le solicit� que presente un informe sobre el cumplimiento de la citada resoluci�n a la Asamblea General en su vig�simo octavo per�odo ordinario de sesiones. De acuerdo con lo encomendado por la Asamblea General mediante la resoluci�n antes citada, el Consejo Permanente de la Organizaci�n de los Estados Americanos, teniendo en cuenta el ofrecimiento de sede hecho por el Gobierno de la Rep�blica de Argentina para la Reuni�n, de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas y de los lineamientos sobre la tem�tica para dicha reuni�n , aprob� la resoluci�n CP/RES. 709 (1141/97), en la que convoc� la mencionada reuni�n de Ministros y aprob� el siguiente temario:
La primera reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, se celebr� en Buenos Aires, Argentina, los d�as 1, 2 y 3 de diciembre de 1997. Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Primera Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas lleg� a las siguientes conclusiones y recomendaciones: A. Conclusiones 1. Un sistema jur�dico que garantice los derechos y obligaciones de las personas, facilite un adecuado acceso a �ajusticia y otorgue la debida seguridad a la sociedad, es un elemento esencial para consolidar la vigencia del Estado de Derecho y para permitir un desarrollo social y econ�mico como f�rmula efectiva de la integraci�n de nuestros pueblos. 2. El fortalecimiento del sistema jur�dico requiere de normas que preserven la independencia del poder judicial, el continuo perfeccionamiento de sus instituciones para la eficaz aplicaci�n de las reglas de derecho, as� como de la formaci�n y permanente actualizaci�n de magistrados, jueces, fiscales o procuradores y dem�s f�ncionarios vinculados con el sistema dejusticia y de los abogados. 3. Las amenazas que enfrentan nuestras sociedades, tales como la delincuencia organizada, la corrupci�n, el narcotr�fico, el terrorismo, el lavado de activos, el tr�fico de ni�os y el deterioro del medio ambiente s�lo pueden ser combatidos mediante el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de justicia y el robustecimiento de las diversas formas de cooperaci�n internacional en estos campos. 4. El valioso patrimonio jur�dico interamericano que emana de los numerosos tratadoselaborados en el marco de la Organizaci�n de los Estados Americanos, requiere impulsar su efectiva aplicaci�n a trav�s de una �gil ratificaci�n de las convenciones suscritas y de una adecuada difusi�n de sus textos y de la pr�ctica de los Estados. 5. La cooperaci�n legal internacional es esencial para el desarrollo de los sistemas de justicia en los pa�ses miembros de la OEA. En consecuencia, de conformidad con la legislaci�n de cada pa�s, es necesario trabajar, entre otras acciones, en la promoci�n de la Asistencia Jur�dica Mutua, efectiva y �gil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, en la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba, en el establecimiento de canales seguros y r�pidos de comunicaci�n como los de Interpol, as� como en el fortalecimiento del papel de las Autoridades Centrales. 6. Uno de los mayores retos que enfrentan nuestras sociedades es el de lograr sistemas penitenciarios y carcelarios que, en condiciones adecuadas, permitan la rehabilitaci�n y reinserci�n plena a la sociedad de aquellos que hayan sido sancionados por los tribunales de justicia. B. Recomendaciones 1. Continuar el proceso de fortalecimiento de los sistemas jur�dicos de las Am�ricas, con el fin de asegurar el pleno acceso de las personas a la justicia, garantizar la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales y promover el establecimiento de sistemas de responsabilidad y de transparencia y la modernizaci�n de las instituciones. 2. Abordar los procesos de modernizaci�n de la justicia desde �pticas multidisciplinarias no releg�ndolos s�lo a aspectos meramente normativos. En este sentido deben incorporarse materias tales como: an�lisis organizacionales, sistemas de gesti�n, rentabilidad social, estudios econ�micos y estad�sticos. 3. Propiciar la incorporaci�n de m�todos alternativos de resoluci�n de conflictos en los sistemas nacionales de administraci�n de justicia. 4. Proseguir con el perfeccionamiento de los instrumentos jur�dicos interamericanos de cooperaci�n en materia legal, para lo cual es necesario que cada Estado eval�e la aplicaci�n efectiva de los actuales instrumentos, aplique medidas para su mayor difusi�n, y promueva la formulaci�n de otros instrumentos que fueren necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades. Solicitar a la Secretar�a General de la OEA un estudio sobre los obst�culos para la aplicaci�n efectiva de los tratados de cooperaci�n jur�dica y judicial, basado en los informes suministrados por los Estados sobre dichos obst�culos. 5. Promover en el marco de la OEA, el intercambio de experiencias nacionales y la cooperaci�n t�cnica en materia de pol�tica carcelaria y penitenciaria. 6. Promover el intercambio de experiencias y cooperaci�n t�cnica en materia relativas a los sistemas de enjuiciamiento penal, acceso a la justicia y administraci�n judicial. 7. Reforzar la lucha contra la corrupci�n, el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, adoptar nueva legislaci�n, procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos fiagelos. 8. Saludar la realizaci�n en el mes de abril de 1998 de una nueva Cumbre de las Am�ricas, en Santiago de Chile, y la incorporaci�n del tema relativo al fortalecimiento del sistemajudicial y administraci�n de justicia como t�pico especialmente relevante. 9. Generar una instancia de an�lisis de expertos gubernamentales, con el apoyo de la OEA, en Santiago de Chile, antes del 28 de febrero de 1998, sobre los temas fundamentales del Sector Justicia con el objeto de incorporar este an�lisis en la Cumbre de las Am�ricas. 10. Apoyar que, en el marco de la OEA, se celebren peri�dicamente Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, con el apoyo t�cnico de la Secretar�a General de la Organizaci�n. 11. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de la Rep�blica del Per� como sede de la II Reuni�n de Ministros de Justicia de las Am�ricas, a realizarse en el segundo semestre de 1998, y acordaron que la agenda de dicha reuni�n, focalizada en los temas que se estimen prioritarios, se preparar� en el marco de la OEA. 12. Solicitar a la OEA que disponga los recursos financieros necesarios a fin de permitir la realizaci�n de las distintas recomendaciones emanadas de esta Primera Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. 2. II Cumbre de las Am�ricas (Santiago de Chile, 1998) En abril de 1998 se celebr� una reuni�n de expertos gubernamentales la que incorpor� temas fundamentales del sector justicia en el temario de la Segunda Cumbre de las Am�ricas, celebrada ese mismo mes en Santiago de Chile. Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en ocasi�n de dicha Cumbre de las Am�ricas, al adoptar el Plan de Acci�n respectivo acordaron en relaci�n al tema "Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Organos Judiciales" lo siguiente:
Esta �ltima iniciativa fue posteriormente acogida en el seno de la Asamblea General de la Oroanizaci�n de los Estados Americanos en unio de 1998. 3. Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos Durante el vig�simo octavo per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General (Caracas, junio, 1998), el Presidente de la misma, Canciller Miguel �ngel Burelli Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, present� un resumen del di�logo que se produjo en relaci�n al terna de la administraci�n de justicia en las Am�ricas, el que contuvo las siguientes ideas:
1. Convocatoria La Asamblea General, al tener en cuenta el informe del Consejo Permanente y el informe final de la Reuni�n de Ministros de Justicia, celebrada en Buenos Aires, Rep�blica Argentina, acord� mediante la resoluci�n AG/RES.1562 (XXVIII-0/98)i, convocar la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. 2. Consejo Permanente El 19 de agosto de 1998, el Consejo Permanente, al considerar la resoluci�n AG/RES 1562 (XXVIII-0/98) "Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas", acord� transmitirla a la consideraci�n de su Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos, presidida por el Embajador Mauricio Granillo, Representante Permanente de El Salvador ante la OEA. Posteriormente, el Consejo Permanente en su sesi�n del 30 de septiembre recibi� al Excelent�simo doctor Alfredo Quispe Correa, Ministro de Justicia del Per�, quien expuso sobre el tema "Cooperaci�n Interamericana para el Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia", destacandolos asuntos relativos al temario de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de Am�ricas. El Consejo Permanente en su sesi�n celebrada el 10 de noviembre de 1998, aprob� la resoluci�n CP/RES. 737 (1176/98), en la que fij� los d�as 1, 2 y 3 de marzo de 1999, como fecha para la celebraci�n de dicho evento. El Consejo Permanente, adem�s, encomend� a la Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos la elaboraci�n del temario de esta Reuni�n. La Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos, en su sesi�n celebrada el 9 de octubre de 1998, tom� conocimiento del, proyecto de temario de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales presentado por la Embajadora Beatriz Rarnacciotti, Representante Permanente del Per� ante la OEA.ii El Presidente de la Comisi�n, conforme a lo acordado, transmiti� el proyecto de temario a consulta de los gobiernos de los Estados miembros. El 18 de noviembre de 1998, la Comisi�n continu� con la consideraci�n del Proyecto de Temario de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Arn�ricas. Consecuentemente, el Consejo Permanente, visto el informe de su Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticosiii y teniendo en cuenta la presentaci�n que hiciera el Excelent�simo doctor Alfredo Quispe Correa, Ministro de Justicia del Per�, en sesi�n celebrada el 11 de diciembre de 1998, adopt�, rnediante la resoluci�n CP/RES. 739 (1179/98), el siguiente temario de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia, o de Ministros, o Procuradores Generales. DIALOGO DE MINISTROS DE JUSTICIA 0 DE MINISTROS 0 PROCURADORES GENERALES DE LAS AMERICAS Y/O JEFES DE DELEGACION Tema: Modernizaci�n y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Am�ricas: intercambio de experiencias, nuevos desarrollos y cursos de acci�n a nivel nacional e internacional. TEMARIO 1. Acceso a la justicia 1.1 Servicios de defensa y asistencia judicial 2. Formaci�n de jueces, fiscales y funcionarios judiciales 2.1 Experiencias adquiridas en la formaci�n, perfeccionamiento, especializaci�n 3. Pol�tica carcelaria y penitenciaria 3.1 Los procesos de modernizaci�n del sector y el perfeccionamiento de los 4. Fortalecimiento y desarrollo de la cooperaci�n interamericana 4.1 Combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito
cibern�tico (legislaci�n interna, grado de vigencia e implementaci�n de Instrumentos
internacionales sobre la materia, procedimientos, y experiencias nacionales, etc.) Conclusiones y recomendaciones CAPITULO III SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA 0 DE MINISTROS 0 PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 . Sesi�n inaugural El d�a 1 de marzo de 1999, a las 9.00 de la ma�ana, en el sal�n Paracas del Swissotel, se inici� la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas en la ciudad de Lima, Per�. En la sesi�n inaugural hizo uso de la palabra el doctor C�sar Gaviria Trujillo, Secretario General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, quien se�al�, entre otros aspectos, en cuanto al tema del acceso a la justicia, la necesidad de hacer un mayor uso de los medios alternativos de soluci�n de controversias tales como el arbitraje. Sobre el particular, destac� la conveniencia de un intercambio de experiencias propias de los Estados miembros en este campo. Asimismo, se�al� como el desafio m�s importante para los Estados miembros de la OEA, el acceso, mediante la firma y ratificaci�n, a los instrumentos jur�dicos interamericanos relativos a la cooperaci�n judicial. Acto seguido, hizo uso de la palabra el Presidente de la Rep�blica del Per�, Ingeniero Alberto Fujimori, quien durante el curso de su intervenci�n, destac�, entre otros aspectos, que no podr� existir un desarrollo estable de las democracias mientras la sociedad no sienta que tiene asegurado el acceso a la justicia, concepto que adem�s implica la justicia econ�mica y social. Se�al� adem�s que es necesaria toda una cultura democr�tica que acompa�e de manera sostenida este esfuerzo y que se mantenga ajena a la manipulaci�n tanto de intereses p�blicos como privados. Con estas palabras, al terminar su intervenci�n, el ingeniero Alberto Fujimori declar� Inaugurada la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. 2. Primera sesi�n de trabajo La doctora Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia del Per�, declar� abierta la Primera Sesi�n de Trabajo. En esa oportunidad, se procedi� a la elecci�n de las autoridades de la Reuni�n. A propuesta del Ministro de Justicia de Argentina, se�or Ra�l Granillo Ocampo, secundado por la se�ora Ana McLellan, Ministra de Justicia del Canad�, se eligi� por aclamaci�n a la se�ora Ministra de Justicia del Per� como Presidenta de la Reuni�n quien agradeci� dicha designaci�n y aprovech� la oportunidad para destacar algunos aspectos que figuran en la agenda de la Reuni�n, se�alando la necesidad de alcanzar propuestas viables y precisas a mediano y largo plazo, con el objeto de avanzar en el proceso de modernizaci�n y perfeccionamiento de la administraci�n de justicia en las Am�ricas. A propuesta del Ministro de Justicia de El Salvador, se�or Rub�n Antonio Mej�a Pe�a, secundado por el Vice-Ministro de Justicia de Bolivia, se�or Juan Antonio Chain Lupo, se eligi� por aclamaci�n al Procurador General de Trinidad y Tobago, se�or Ramesh Lawrence Maharaj como Primer Vice-Presidente. Finalmente, a propuesta del Vice-Ministro de Educaci�n y Cultura del Uruguay, se�or Antonio Guerra, secundado por el se�or Jean Auguste Brutus, Procurador de Gobierno de Hait�, se eligi� por aclamaci�n a la se�ora M�nica Nagel, Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica. De esta manera, la relaci�n de autoridades de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas qued� conformada de la siguiente manera:
Acto seguido, se escucharon las exposiciones generales formuladas por los jefes de las delegaciones asistentes. 3. Di�logo de Jefes de Delegaci�n La Presidenta de la Reuni�n dio inicio al di�logo de Jefes de Delegaci�n sobre el tema "Modernizaci�n y Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia en las Am�ricas: Intercambio de Experiencias, Nuevos Desarrollos y Cursos de Acci�n a Nivel Nacional e Internacional". En primer lugar hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegaci�n de Argentina quien destac� que hoy en d�a la sociedad demanda una prestaci�n efectiva de la justicia y que ello amerita un an�lisis de la situaci�n actual en nuestros pa�ses. Si el diagn�stico consecuente es equivocado, subray�, las medidas aplicables no ser�n efectivas. Luego de presentar algunas reformas que se han venido llevando a cabo en la legislaci�n nacional de Argentina, sostuvo que el problema principal que enfrentan la mayor�a de los Estados miembros de la OEA es un desajuste de la administraci�n de justicia con la realidad actual, indicando que se requiere una modernizaci�n del proceso que implique, entre otros aspectos, una mayor econom�a de tiempo y la inclusi�n de medios alternativos de soluci�n de conflictos, como por ejemplo la mediaci�n. Tambi�n se refiri� al enorme impacto que tiene la falta de seguridad jur�dica en los procesos econ�micos de los pa�ses. Acto seguido, hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegaci�n del Brasil, quien se�al� la necesidad de establecer una nueva din�mica en relaci�n a los acuerdos de intercambio de informaci�n que permita acelerar los juicios de tal manera que la sociedad tenga los medios para hacer valer sus derechos de forma simple, eficaz y segura. Luego de informar sobre algunos aspectos de su legislaci�n nacional vinculada con la administraci�n de justicia, se�al� que es preciso fortalecer los mecanismos de cooperaci�n entre los pa�ses del hemisferio no s�lo para combatir el crimen sino tambi�n para atacar la impunidad. El Jefe de la Delegaci�n de M�xico durante su intervenci�n, sostuvo que la justicia es una preocupaci�n central en nuestras sociedades, comprendida no s�lo la justicia penal sino otras �reas del derecho. Llam� la atenci�n sobre el crimen transnacional organizado, que no tiene nacionalidades, y que plantea un reto muy grande para los pa�ses de las Am�ricas. Por otro lado, el delegado de M�xico mencion� algunas iniciativas que se est�n realizando para reformar el sistema judicial en su pa�s, y se�al� que el gran activo de la justicia son los recursos humanos y que a ellos deb�a estar dirigida la inversi�n del Estado en su intento por modernizar y perfeccionar los sistemas judiciales, tomando en cuenta, sin embargo, la realidad de cada uno de los pa�ses. Finalmente indic� que los recursos tecnol�gicos deb�an ser aprovechados al m�ximo y que M�xico est� convencido de que el fortalecimiento de la democracia va de la mano con el desarrollo y modernizaci�n de los sistemas de justicia. Tambi�n hizo uso de la palabra la Jefa de la Delegaci�n de los Estados Unidos de Am�rica. En primer lugar hizo menci�n a los delitos inform�ticos o cibern�ticos y destac� la importancia de abordar este tema. Se�al� que la inform�tica no conoce de fronteras y puede atentar contra el derecho a la privacidad. Recomend� la formaci�n de un grupo de trabajo que se ocupe del tema y que comparta informaci�n sobre el mismo. Tambi�n destac� los temas de la propiedad intelectual sobre el cual sugiri� la posibilidad de organizar cursos regionales; la confiscaci�n de activos de los criminales para darles un uso leg�timo en beneficio de la sociedad; y la evaluaci�n de las formas respecto de los procesos de extradici�n en los pa�ses del hemisferio y de los tratados de asistencia mutua en el marco de otro grupo de trabajo. Finalmente se refiri� a la creaci�n del Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas y de las esperanzas que su pa�s ha depositado en dicho proceso. Posteriormente intervino el Jefe de la Delegaci�n del Ecuador quien se refiri� a la violencia criminal que trasciende las fronteras sin respetar la soberan�a de los pa�ses. Tambi�n hizo referencia a una serie de normas internas sobre el acceso a la justicia en su pa�s. Acto seguido hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegaci�n de Honduras quien tambi�n se refiri� a la situaci�n interna y las preocupaciones de su pa�s en relaci�n a la administraci�n de justicia y la criminalidad. En particular, se refiri� al crimen infantil y juvenil y, en general, a la ejecuci�n de la pena. Despu�s hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegaci�n de Bolivia quien se refiri� a la necesidad dar a los ciudadanos la posibilidad democr�tica del acceso a la justicia. Hizo menci�n especial a aquellos pa�ses que albergan en su territorio a comunidades ind�genas que claman por el reconocimiento de su propia realidad social lo que implica el reconocimiento de sus medios particulares de soluci�n de conflictos. Intervino luego el Jefe de la Delegaci�n de Jamaica quien rese�� una serie de medidas internas para la modernizaci�n de la administraci�n de justicia en su pa�s. Sostuvo adem�s que la fuerza de la OEA radica en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas y estructuras sociales de la regi�n, as� como del respeto a las leyes internas de los Estados miembros. Dentro de este marco se refiri� a la necesidad de que la ley interna se cumpla bajo el pleno respeto de la soberan�a de cada pa�s y se�al� la dificultad de los pa�ses del Caribe con los plazos y procedimientos que regulan la actuaci�n de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, indic� que la independencia de los sistemas jur�dicos de los pa�ses de la regi�n deb�a respetarse en todos los casos como requisito indispensable para el fortalecimiento de los mismos. Posteriormente intervino el Jefe de la Delegaci�n de Chile quien se pronunci� sobre la distribuci�n igualitaria del debido proceso. Se refiri� a la necesidad de desjudicializar el sistema de protecci�n de derechos, fortaleciendo la incorporaci�n de medios alternativos de soluci�n de conflictos, describiendo la pr�ctica llevada a cabo en su pa�s y haciendo especial referencia a los nuevos cambios introducidos en su legislaci�n relativa al procedimiento. El Jefe de la Delegaci�n de Nicaragua, por su parte se refiri� a los diversos obst�culos que enfrenta su pa�s en el proceso de perfeccionamiento y modernizaci�n de la justicia. Se�al� la necesidad de la b�squeda de recursos humanos que representen adecuadamente a la sociedad en los tribunales de justicia, pues no s�lo es importante contar con leyes adecuadas sino que es fundamental contar con jueces probos y bien preparados. 4. Segunda sesi�n de trabajo En horas de la tarde del d�a 1 de marzo de 1999, se inici� la segunda sesi�n de trabajo, haciendo uso de la palabra algunas delegaciones que a�n no hab�an intervenido en el Di�logo de Jefes de Delegaci�n iniciado en horas de la ma�ana. En primer lugar hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegaci�n de Saint Kitts y Nevis quien respald� la creaci�n del Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas. Se�al� que una de las �reas a las que deb�a brindarse especial atenci�n era la de protecci�n y seguridad de testigos, afirmando que no deb�a permitirse que los sistemas judiciales fracasen por el temor de los testigos en su actuaci�n. Tambi�n hizo uso de la palabra la Jefe de Delegaci�n de Costa Rica quien se refiri� al proceso de reforma del Poder Judicial en su pa�s cuyo objetivo es el de fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Habl� asimisino de la necesidad de compartir experiencias entre los pa�ses de la regi�n, en particular, en cuanto a los sistemas penitenciarios, que presentan una problem�tica social actual seria. Apoy� la iniciativa de tratar temas como el crimen cibern�tico y la problem�tica de la ni�ez y la juventud en relaci�n a la criminalidad en los pa�ses del hemisferio. Acto seguido hizo uso de la palabra el Jefe de Delegaci�n de Trinidad y Tobago quien se refiri� a diversos aspectos de cooperaci�n bilateral llevados a cabo con algunos pa�ses en relaci�n al tema del lavado de dinero y la confiscaci�n de activos derivados de la droga, como ejemplo de la importancia de la adopci�n de medidas de cooperaci�n en aras de fortalecer los sistemas judiciales de la regi�n. Tambi�n resalt� la importancia de los mecanismos de extradici�n. A continuaci�n se cedi� el uso de la palabra a la Jefe de Delegaci�n de Canad� quien resalt� la importancia de desarrollar un trabajo conjunto, sobre todo en un marco de globalizaci�n que puede acarrear una serie de injusticias sociales en la regi�n. Hizo referencia al problema de las drogas, a los delitos inform�ticos, al lavado de dinero, y a c�mo la cooperaci�n bilateral y multilateral puede ayudar cada vez m�s a combatir el crimen organizado, no s�lo como una opci�n sino como un elemento esencial en las relaciones entre los pa�ses. Seguidamente se dio inicio al tratamiento del primer tema de la agenda, "El Acceso a la Justicia", que comprende a su vez los sub temas sobre los servicios de defensa y asistencia judicial, las iniciativas para la protecci�n jur�dica de la ni�ez y la juventud, y la incorporaci�n de medios alternativos de resoluci�n de conflictos en los sistemas nacionales de administraci�n de justicia. En cuanto a los servicios de defensa y asistencia judicial, diversos delegados se�alaron que, en cuanto a la presencia de defensores de oficio, sobre todo para personas de escasos recursos, el gran reto es encontrar personal debidamente capacitado y que sea bien remunerado, haciendo atractiva la idea de dedicarse a esta noble tarea. No obstante ello, se reconoci� que el problema sigue siendo uno de car�cter econ�mico y presupuestal. Varios representantes hablaron sobre las propias experiencias nacionales, resaltando en particular la creaci�n de consultorios jur�dicos gratuitos y centros de conciliaci�n, con participaci�n y asistencia de ONGs y parroquias, por ejemplo, en donde se promueve la soluci�n de conflictos por medios alternativos. Tambi�n se mencion� el caso de los juzgados de paz, cuyo objetivo central es el restablecimiento de la paz social a trav�s de la aplicaci�n principal de la costumbre, trascendiendo la ley positiva. Dentro de ese sistema se resalt� la elecci�n directa de las autoridades a cargo de dichos juzgados de paz. Tambi�n se habl� de la necesidad, en algunos pa�ses, de realizar un inventario de todos los casos pendientes en los tribunales, con el objeto de cubrir todos los aspectos relativos al acceso efectivo de la justicia. En cuanto a las iniciativas para la protecci�n jur�dica de la ni�ez y la juventud , se destac� el hecho de que en muchos de los pa�ses de la regi�n, la poblaci�n es mayoritariarnente joven. Tambi�n se resalt� la importancia de tener centros penitenciarios distintos para la ni�ez y para la juventud, separados de aquellos destinados a los delincuentes adultos, para permitir la readaptaci�n de los ni�os y j�venes que han cometido alg�n delito, y su posterior reincorporaci�n a la sociedad. Se intercambiaron ideas sobre las diversas iniciativas adoptadas en los pa�ses de la regi�n en relaci�n a la justicia penal tanto para la ni�ez como para la juventud y las garant�as de las que goza este sector de la poblaci�n en este tipo de situaciones. En particular, se habl� de la constituci�n de tribunales especiales para menores. Se hizo tambi�n menci�n a la importancia de adoptar e iinplementar en las legislaciones internas los diferentes instrumentos jur�dicos que sobre protecci�n de los derechos del ni�o y del joven existen a nivel internacional, resaltando la prevenci�n como instrumento esencial para lograr los objetivos trazados en esta materia. En cuanto a la incorporaci�n de medios alternativos de soluci�n de conflictos en los sistemas nacionales de administraci�n de justicia, algunas delegaciones subrayaron la importancia de la mediaci�n como medio alternativo previo, el que, seg�n algunas experiencias que fueron expuestas, en muchos casos da por terminado el conflicto sin la necesidad de recurrir al proceso judicial. Se insisti� en la gran ventaja del arbitraje sobre todo en materia civil y comercial dada la gran saturaci�n de los tribunales en estos campos. Se se�al�, sin embargo, la inconveniencia a�n subsistente en muchos sistemas de tener que reconocer las sentencias arbitrales en el marco del poder judicial. En t�rminos generales, en materia penal, varios delegados se�alaron la importancia de contar con leyes de protecci�n a las v�ctimas y con centros de asesor�a para las mismas. Algunos pa�ses indicaron ejemplos de la implementaci�n de mecanismos de indemnizaci�n por parte del Estado a las v�ctimas, independientemente de la indemnizaci�n otorgada por el inculpado de un determinado delito. Por �ltimo, se hizo menci�n a la importancia de la educaci�n del ciudadano como un elemento central para toda reforma de la administraci�n de justicia en la regi�n. 5. Tercera sesi�n de trabajo La tercera sesi�n de Trabajo se inici� en la ma�ana del d�a 2 de marzo. En dicha sesi�n de trabajo, se dio inicio al tratamiento del segundo tema de la agenda, "La Formaci�n de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales", que comprende a su vez los sub temas sobre las experiencias adquiridas en la formaci�n, perfeccionamiento, especializaci�n y capacitaci�n de los recursos humanos de los sistemas de justicia; los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales; y la creaci�n de un Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas. En cuanto a las experiencias adquiridas en la formaci�n, perfeccionamiento, especializaci�n y capacitaci�n de los recursos humanos de los sistemas de justicia, diversas delegaciones hicieron una presentaci�n sobre las iniciativas adoptadas en sus pa�ses, mencionando algunos aspectos tales como la descentralizaci�n en la formaci�n de los magistrados y la importancia del intercambio a nivel internacional. Se destac� que hoy en d�a han aparecido nuevas figuras delictivas o se han generado nuevos mecanismos de cooperaci�n que ameritan la actualizaci�n en la formaci�n de aquellos que aplican la justicia. Se se�al� adem�s que esta permanente capacitaci�n en el �mbito t�cnico debe ir acompa�ada de un entrenamiento en el campo �tico, resaltando la responsabilidad de los actores judiciales. Este entrenamiento �tico, se subray�, aparece como insustituible. Se mencion� la necesidad de sistematizar las diversas experiencias y se sugiri� solicitar a la Secretar�a General de la OEA que siga promoviendo la formaci�n de magistrados a trav�s de talleres y seminarios de car�cter sub regional, que contemplen tanto los aspectos legales del derecho civil como del derecho consuetudinario. En lo que respecta a los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales, diversas delegaciones destacaron la importancia de este tema, expresando que el poder judicial es uno de los pilares de la democracia y describiendo los mecanismos que han implementado a nivel interno para asegurar dicha independencia y eficacia. Se hizo referencia a la necesidad de que los actores judiciales cuenten con una adecuada remuneraci�n que evite las posibles y eventuales situaciones de corrupci�n p�blica. Finalmente, en cuanto a la creaci�n de un Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas, varias delegaciones expresaron su entusiasmo por la formaci�n del mismo, el cual permitir� el intercambio de experiencias en la modernizaci�n y perfeccionamiento de los sistemas de justicia en las Am�ricas. Algunas delegaciones sugirieron que entre sus tareas espec�ficas podr�an figurar, entre otras, la capacitaci�n de los magistrados, as� como la difusi�n de los resultados y el impacto de dicha capacitaci�n, el desarrollo de t�cnicas de capacitaci�n a distancia, el intercambio de alumnos, la difusi�n de sus labores a trav�s de publicaciones, y la organizaci�n de reuniones anuales para hacer una evaluaci�n de sus actividades. Otras delegaciones sugirieron que el Centro podr�a realizar estudios para promover la independencia del poder judicial. En cuanto al aspecto presupuestario, se hizo manifiesta la preocupaci�n de c�mo estar�an financiadas las labores de dicho Centro de Estudios. Posterionnente, el grupo de trabajo informal conformado el d�a anterior, someti� a consideraci�n del plenario un proyecto de recomendaci�n, mediante el cual la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas decide que los objetivos del Centro de Estudios ser�n el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de informaci�n y otras formas de cooperaci�n t�cnica, y el apoyo a los procesos de reforma y modernizaci�n de los sistemas de justicia en la regi�n. Tambi�n se decide el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participaci�n de todas las delegaciones, con la finalidad de elaborar un proyecto de estatuto para el funcionamiento del Centro y un plan de trabajo, de identificar las entidades p�blicas y privadas vinculadas con la tem�tica, y de establecer los v�nculos correspondientes con organizaciones internacionales a fin de obtener los soportes t�cnicos necesarios para la operatividad del centro. Dicha resoluci�n tambi�n contempla que el plan de trabajo del centro est� orientado, en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal, y que el grupo de expertos concluya sus trabajos antes del 21 de setiembre de 1999. Finalmente, en dicho proyecto de recomendaci�n se solicita a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos. Algunas delegaciones expresaron su deseo de no restringir las labores futuras del Centro de Estudios al �rea de la justicia penal, sino ampliarlas a los �mbitos de la modernizaci�n de los sistemas judiciales y la independencia del poder judicial. Sin embargo, se estim� la necesidad de f�calizar las actividades iniciales del Centro con el �nimo de poder avanzar en los trabajos. En relaci�n al aspecto del intercambio de informaci�n, tarea que se encomendar�a al Centro de Estudios, algunas Delegaciones expresaron su preocupaci�n de que dicha labor no abarque el intercambio de informaci�n sensible o de inteligencia, lo que podr�a restarle credibilidad al mismo. Con estas consideraciones, se aprob� la propuesta de recomendaci�n presentada. 6. Cuarta sesi�n de trabajo En horas de la tarde se desarroll� la cuarta sesi�n de trabajo. En primer lugar, la Jefa de la Delegaci�n de los Estados Unidos anunci� que su Gobierno estaba dispuesto a brindar un mill�n de d�lares para el funcionamiento del Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas una vez concluidas las labores del grupo de expertos gubernamentales constituido, iniciativa que fue bienvenida por las dem�s Delegaciones. Asimismo, se conform� un grupo informal de trabajo para tratar el tema de la extradici�n en el transcurso de la tarde. Inmediatamente despu�s se dio inicio a la consideraci�n del punto 3 de la agenda "Fortalecin�ento y Desarrollo de la Cooperaci�n Interamericana", dentro del cual se consideraron los sub temas relativos al combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibern�tico (legislaci�n interna, grado de vigencia e implementaci�n de instrumentos internacionales sobre la materia, procedimientos y experiencias nacionales, etc.), y a la cooperaci�n legal y judicial (tratados interamericanos, otros mecanismos, extradici�n, intercambio de informaci�n, entrega de documentos y otros medios de prueba, acuerdos sobre protecci�n de testigos, etc.). En cuanto al tema del combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibern�tico, se anunci� la finalizaci�n de los trabajos del grupo informal sobre el delito cibern�tico y se present� un texto de proyecto de recomendaci�n, propuesta que fue aprobada por la Reuni�n. En base a ella se recomienda el establecimiento de un grupo intergubemamental de expertos en el marco de la OEA, con el mandato de hacer un diagn�stico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la informaci�n, o que utiliza las computadoras como medio para cometer un delito; de hacer un diagn�stico de la legislaci�n, las pol�ticas y las pr�cticas nacionales con respecto a dicha actividad; de identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia; y de identificar los mecanismos de cooperaci�n que existen en el sistema interamericano para combatir en el delito cibern�tico. Por �ltimo se establece que el grupo intergubernamental de expertos deber� presentar un informe a la pr�xima Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. Algunas Delegaciones tambi�n subrayaron la urgencia de combatir ciertas formas de crimen organizado tales como el narcotr�fico y el tr�fico �l�cito de annas, y se sugiri� la posibilidad de crear un Tribunal Penal Interamericano que revise estos casos de cr�menes internacionales. En lo relativo a la cooperaci�n legal y judicial, diversas Delegaciones resaltaron la importancia de la aplicaci�n efectiva de las convenciones interamericanas en vigor en esta materia y se realiz� una propuesta para exhortar a los Estados miembros de la OEA, que a�n no lo hubiesen hecho, a que se comprometan a impulsar la ratificaci�n de dichas convenciones y a designar las autoridades centrales previstas en las diferentes convenciones interamericanas, con el objeto de asegurar la implementaci�n de las normas contenidas en dichas convenciones y asegurar la eficacia de este mecanismo de cooperaci�n. Asimismo, se propuso la convocatoria de una reuni�n de autoridades centrales con el fin de evaluar la actuaci�n de las mismas en relaci�n a las diversas convenciones interamer�canas en materia de cooperaci�n jur�dica y judicial. Por otro lado, varias Delegaciones se refirieron a la problem�tica actual de los procesos de extradici�n y plantearon la necesidad de hacer una revisi�n de los mismos de manera tal de hacerlos m�s eficaces, por constituir una herramienta central en el esfuerzo de cooperaci�n a nivel regional. Sobre el particular se recomend� el establecimiento de listas de verificaci�n respecto a los procedimientos de extradici�n. A continuaci�n, la Presidenta de la Reuni�n invit� al se�or Brynmor Pollard, miembro del Comit� Jur�dico Interamericano, a hacer uso de la palabra. El se�or Pollard hizo menci�n al documento "Perfeccionamiento de la Administraci�n de Justicia en las Am�ricas: Protecci�n y Garant�as a los Jueces y Abogados en el Ejercicio de sus Funciones" que contiene la resoluci�n CJ1/RESA/LIV/99, aprobada por el Comit� Jur�dico durante su LIV per�odo ordinario de sesiones. En especial, sugiri� que ciertos temas merec�an especial atenci�n entre los asuntos a tratarse durante la presente Reuni�n, los cuales figuran contenidos en el punto 8 de dicho documento. Tambi�n hizo uso de la palabra la se�ora Cecilia Sosa G�mez, Presidenta de la Corte Suprema de Venezuela y Presidenta de la Organizaci�n de las Cortes Supremas de las Am�ricas, quien se refiri� al convenio de cooperaci�n suscrito recientemente con la OEA para establecer una red de comunicaci�n en temas concernientes a la administraci�n de justicia. Afirm� que el poder judicial necesita ser aut�nomo e independiente en su ejercicio. Sostuvo que las reformas emprendidas en la regi�n han despertado la colaboraci�n con el poder ejecutivo y legislativo de los pa�ses, siendo la presente Reuni�n un ejemplo de ello. Subray� la necesidad de establecer una mayor cooperaci�n entre los pa�ses, disponiendo de una informaci�n que tenga un valor agregado y que est� comparada de manera tal que permita alcanzar soluciones comunes. Expres� la necesidad de contar con prioridades tem�ticas, que sirvan de base para la capacitaci�n y perfeccionamiento de los recursos humanos con que cuentan las administraciones de justicia. 7. Quinta sesi�n de trabajo La quinta sesi�n de trabajo se inici� en la ma�ana del d�a 3 de marzo. Durante la misma se conform� un grupo de trabajo informal para considerar las recomendaciones de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. Adem�s, se dio inicio al tratarniento del cuarto tema de la agenda, "Pol�tica Carcelaria y Penitenciaria", que a su vez comprende los sub temas de los procesos de modernizaci�n del sector y el perfeccionamiento de los marcos legales; los nuevos desarrollos en materia procesal penal; y los mecanismos de cooperaci�n regional. Las diversas Delegaciones expresaron la necesidad de mejorar las instalaciones carcelarias en los pa�ses de la regi�n, hacer desaparecer el hacinamiento, reducir el nivel de fuga, y capacitar al personal carcelario, aprovechando los avances tecnol�gicos para ponerlos a disposici�n de los aspectos antes mencionados, demandas sociales a las que los Gobiernos deben atender desde un punto de vista pol�tico. Tambi�n se se�al� que era preciso incrementar los niveles de supervisi�n en las c�rceles para evitar que se conviertan en centros delictivos y de adoctrinamiento en los cuales se trafica libremente con la droga, el alcohol y las armas. No obstante, muchas Delegaciones tambi�n reconocieron las dificultades econ�micas y presupuestarias que enfrentan los diversos pa�ses para implementar una mejor pol�tica carcelaria. Algunas Delegaciones se�alaron varios aspectos que deb�an merecer principal atenci�n por parte de los Gobiernos y presentaron a la Reuni�n las reformas que se han venido llevando a cabo en sus pa�ses, como por ejemplo, la participaci�n de empresarios privados en el otorgamiento de trabajo remunerado para los reclusos, como parte del proceso de reinserci�n de los mismos en la sociedad, y el trabajo paralelo con las familias de los reclusos. Por otro lado, se propuso seguir organizando seminarios o talleres para continuar intercambiando experiencias en materia de pol�tica penitenciaria en la b�squeda de nuevas alternativas. Tambi�n se propuso crear en el seno de la OEA una Unidad Tem�tica sobre cuestiones de pol�tica carcelaria, dentro de la cual se lleve a cabo la evaluaci�n, el fomento y el desarrollo de las pol�ticas penitenciarias, y que pueda coordinar la asistencia t�cnica necesaria. Varias Delegaciones apoyaron esta propuesta. Sin embargo otras expresaron sus reservas sugiri�ndose replantear las funciones de dicha Unidad para que cubra muchos de los asuntos discutidos durante la presente Reuni�n y no �nicamente el aspecto de las pol�ticas penitenciarias. Tambi�n se indic� que deb�a tenerse en cuenta los recursos que, sobre este particular, est�n siendo ya empleados en el marco de la Secretar�a General para no duplicar esfuerzos ni burocratizar procesos. Para considerar esta propuesta se constituy� un grupo informal. Asimismo, se conoci� una primera propuesta del grupo informal sobre extradici�n, la que a�n no ha logrado un consenso final. En la presente sesi�n hicieron tambi�n uso de la palabra el representante del Comit� Internacional de la Cruz Roja, quien expuso sobre las acciones llevadas a cabo por este Organismo en los �ltimos a�os, en especial, sobre las visitas a los acusados y sentenciados por motivos ideol�gicos o pol�ticos en los pa�ses de la regi�n; y el representante de la Santa Sede quien hizo una reflexi�n sobre la dignidad humana y los derechos que de ella derivan, los que deben constituir la gu�a pr�ctica para las acciones de los poderes legislativo y judicial con el objeto de tener siempre presente el bien com�n. Habl� de la urgencia de revalorizar la justicia social en el mundo de hoy. 8. Sexta sesi�n de trabajo La sexta sesi�n de trabajo se desarroll� el d�a 3 de marzo en horas de la tarde. En la misma se aprobaron las Recomendaciones de la Reuni�n que figuran en el cap�tulo IV del presente Informe, as� como las resoluciones que se adjuntan. 9. Sesi�n de Clausura Siendo las 5:00 de la tarde del d�a 3 de marzo de 1999, la se�ora Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia del Per�, en su condici�n de Presidenta de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, luego de agradecer la participaci�n de todas las Delegaciones presentes, as� como el apoyo de la Secretar�a General de la OEA y de la Secretar�a Local, declar� clausurada la Reuni�n. /1 REMJA/doc.33/97 Informe final dela Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. /2 CP/CAJP-1043/98 Proyecto de Temario de la Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas /3 CP/CAJP-1432/98 "Proyecto de Temario de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia, o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas.CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, convocada en el marco de la OEA, arrib� a las siguientes conclusiones y formul� las siguientes recomendaciones: I. Acceso a la justicia A. Continuar con el intercambio de experiencias sobre las medidas e iniciativas adoptadas a nivel interno, as� como de los avances logrados y obst�culos encontrados por parte de los Estados miembros de la OEA en relaci�n al acceso a la justicia en sus respectivos pa�ses; el perfeccionamiento de los esquemas nacionales de defensa y asistencia legal y judicial; la protecci�n jur�dica de la infancia y la juventud; y la incorporaci�n de medios alternativos de resoluci�n de conflictos en sus sistemas de justicia. B. Para tales efectos se identificar�n claramente los mecanismos de cooperaci�n aplicables en estas �reas, y se emprender�n, entre otras, las siguientes acciones: recopilaci�n de legislaci�n vigente en estas materias, con el fin de crear un banco de datos; realizaci�n de estudios comparativos; y elaboraci�n de un listado de pa�ses e instituciones que est�n en condiciones de brindar cooperaci�n internacional en estas �reas. II. Formulaci�n de jueces, fiscales y funcionarios judiciales A. Centro de estudios de justicia de las Am�ricas Con miras al establecimiento del centro de estudios de justicia previsto en el plan de acci�n de la II Cumbre de las Am�ricas; y Teniendo en cuenta los diferentes sistemas jur�dicos vigentes en el hemisferio, decidi� que: 1. Los objetivos del Centro ser�n los siguientes:
2. El establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participaci�n de todas las delegaciones con la finalidad de:
3. El plan de trabajo del centro estar� orientado en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal. 4. El grupo de expertos deber� concluir sus trabajos antes del 21 de septiembre de 1999. 5. Solicitar a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos. B. Cursos, talleres y seminarios regionales Continuar, con la colaboraci�n de la Secretar�a General d a OEA, organizando cursos, talleres y seminarios regionales o subregionales de capacitaci�n y actualizaci�n del conocimiento jur�dico de los funcionarios encargados del sistema de justicia en los Estados miembros de la OEA; en colaboraci�n con instituciones internacionales o nacionales, gubernamentales o no gubernamentales pertinentes. III. Fortalecimiento y desarrollo de la cooperaci�n interamericana A. Fortalecer y desarrollar la cooperaci�n internacional en �reas de especial preocupaci�n tales como la lucha contra el terrorismo, el combate contra la corrupci�n, el lavado de dinero, el narcotr�fico, el tr�fico il�cito de armas, el fraude documentario, el crimen organizado y la delincuencia transnacional. B. Delito cibern�tico En vista de la importancia y la dificultad de las cuestiones que plantea el delito cibern�tico y la difusi�n y magnitud potencial de los problemas que presenta para nuestros pa�ses, recomend� el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales en el marco de la OEA con el siguiente mandato: 1. Hacer un diagn�stico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la informaci�n, o que utiliza las computadoras como medio para cometer un delito; 2. Hacer un diagn�stico de la legislaci�n, las pol�ticas y las pr�cticas nacionales con respecto a dicha actividad; 3. Identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia; y 4. Identificar mecanismos de cooperaci�n dentro del sistema interamericano para combatir el delito cibern�tico. El grupo de expertos gubernamentales deber� presentar un informe a la III Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas. C. Continuar trabajando de manera efectiva y �gil en el fortalecimiento de la asistencia legal y judicial entre los Estados miembros de la OEA, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, a la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y a los canales de comunicaci�n entre las Autoridades Centrales. D. Evaluar, la aplicaci�n de las convenciones interamericanas en vigor en materia de cooperaci�n legal y judicial a fin de identificar medidas para su efectiva aplicaci�n o, en su caso, determinar la necesidad de adecuar el marco jur�dico existente en el hemisferio. E. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que son partes de las convenciones en materia de cooperaci�n legal y judicial que, en los casos en que a�n no lo hayan hecho, designen autoridades centrales para asegurar la ejecuci�n de �ste mecanismo de cooperaci�n. F. Recomendar a la OEA que convoque oportunamente una reuni�n de Autoridades Centrales con el fin de fortalecer la cooperaci�n entre las mismas en el marco de las diversas convenciones en materia de cooperaci�n legal y judicial. G. Extradici�n, decomiso de activos y asistencia jur�dica mutua Reconociendo la necesidad de fortalecer y facilitar la cooperaci�n legal y judicial en las Am�ricas en lo que respecta a la extradici�n, el decomiso de activos y la asistencia jur�dica mutua, y a fin de intensificar la acci�n individual e internacional contra el crimen organizado y la actividad delictiva internacional mediante una mejor comunicaci�n y entendimiento entre los gobiernos, nos comprometernos a intercambiar informaci�n a trav�s de la OEA sobre las siguientes cuestiones a fin de abordarlas en la III reuni�n: Listas de requisitos ("checklists") para la extradici�n, glosarios de t�rminos jur�dicos de uso com�n e instrumentos similares de orientaci�n y explicaci�n simplificada sobre extradici�n y procedimientos conexos; Formularios modelo de solicitudes intergubernamentales de asistencia jur�dica mutua; Materiales did�cticos sobre los mejores m�todos de obtener asistencia bilateral e internacional en materia de decomiso de activos. A fin de facilitar esta labor, se iniciar� de inmediato la compilaci�n de una lista de puntos de referencia para fines de informaci�n en materia de extradici�n, asistencia jur�dica mutua y decomisos de activos. IV. Pol�tica carcelaria y penitenciaria Reiterar la necesidad de promover en el marco de la OEA el intercambio de experiencias nacionales y la cooperaci�n t�cnica en materia de pol�tica carcelaria y penitenciaria V. Sede de la Tercera Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas A. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Costa Rica como sede de la III Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, y encargaron la elaboraci�n de la agenda de dicha reuni�n en el marco de la OEA. B. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Trinidad y Tobago como sede de la IV Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, y encargaron la elaboraci�n de la agenda de dicha reuni�n en el marco de la OEA ANEXO I SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 al 3 de marzo de 1999 Quisiera comenzar por agradecer al Gobierno del Per� y, en particular, a usted se�or Presidente Fujimori, por el generoso ofrecimiento que nos hicieran para que esta Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Am�ricas tuviera lugar en Lima. Perm�tanme destacar el liderazgo, compromiso y dedicaci�n que han mostrado en la organizaci�n de este encuentro el Canciller, Fernando De Trazegnies, la Ministra de Justicia, Mar�a Carlota Valenzuela de Puelles, y la muy dedicada y eficiente Representante de Per� ante la OEA, Embajadora Beatriz Ramacciotti. Y antes de entrar en tema, quisiera referirme al servicio que ustedes, Presidente Fujimori, como cabeza del Estado Peruano y el Presidente Mahuad como cabeza del Estado Ecuatoriano le han rendido a la vigencia del Estado de Derecho, al imperio de la Justicia en las Am�ricas. Mucho hemos hablado de los significativos logros que ustedes nos han ofrecido a todos los Americanos con su coraje para tomar decisiones dif�ciles, riesgosas controvertidas. Para recorrer caminos que parecer�an inexplorables, para ceder en lo que parec�an posiciones innegociables. Tambi�n hemos hablado que al final de la jornada nos espera por ventura resta�ar las heridas, y tener unos pueblos mas hermanados, m�s solidarios y tambi�n por contera una Am�rica mas unida, una Am�rica mas esperanzada. Hemos hablado de como con su determinaci�n ustedes encarnan hoy los ideales de todos nuestros pueblos de vivir en paz y en armon�a, de usar nuestros recursos para buscar la prosperidad la igualdad, la justicia social y de usarlos para fortalecer nuestras democracia y defenderla de los peligros que la acechan. La firma del Tratado de Paz entre Ecuador y Per� representa mejor que cualquier otro acto despu�s del fin de la guerra el nuevo esp�ritu que reina en Am�rica de integraci�n, de b�squeda colectiva de valores que nos son comunes. Con �l vamos dejando atr�s d�cadas de la confrontaci�n, de desconfianza, de ese pesimismo at�vico con el que hemos enfrentado la vida colectiva de Am�rica que nos llevo en varias oportunidades a aceptar la inevitabilidad de la guerra. Pero tal vez en lo que quisi�ramos hacer �nfasis en esta ma�ana es como esta hist�rica decisi�n han logrado darle sentido a los principios consagrados en nuestra Carta y que representaron en nuestro medio conquistas jur�dico pol�ticas de la mayor trascendencia, fruto de d�cadas de enconadas luchas para crear un derecho interamericano basado en principios jur�dicos, no en hechos b�licos, para que en Am�rica las divergencias se resolvieran no a la fuerza sino apelando al derecho internacional, al arreglo directo, al arbitraje, a la mediaci�n, a los buenos oficios. Ustedes, se�ores Presidentes, han demostrado la vigencia de un principio esencial de nuestra Carta Constitutiva: la soluci�n pac�fica de las controversias. Ecuador y Per� nos han devuelto la fe en las reglas que rigen nuestras relaciones comunes, y que ante todo rechazan el uso de la fuerza como fuente de derechos en favor de los Estados. Qu� mejor servicio a la Justicia y a la vigencia del Estado de Derecho en las Am�ricas. Y regresando a la materia que aqu� nos congrega quisiera en primer lugar se�alar que en buena hora Argentina tomo la iniciativa de realizar la primera reuni�n regional de Ministros de Justicia y Fiscales Generales en Diciembre del 97. Sus conclusiones y recomendaciones, as� como las de la reuni�n posterior de expertos gubernamentales, constituyeron aportes substanciales para las decisiones que adoptaron los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Am�ricas de Santiago de Chile. Por lo dem�s los mandatarios ordenaron la celebraci�n de reuniones peri�dicas de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organizaci�n de los Estados Americanos. Este nuevo encuentro corresponde pues al cumplimiento de ese mandato y a la convocatoria y generosa hospitalidad del Gobierno del Presidente Fujimori. Para Lima, hemos edificado sobre los avances dados desde nuestra cita en Buenos Aires y aqu� todos venimos con un esp�ritu abierto a intercambiar ideas, a aprender los unos de los otros y aunar esfuerzos para hacer que nuestra acci�n colectiva sea cada vez m�s eficaz para hacerle frente a los desaf�os y problemas que ustedes han ido identificando para la conformaci�n de una agenda hemisf�rica.Por eso sin desconocer la importancia de otros temas, este di�logo ser� m�s fruct�fero, en la medida en que se concentre sobre cuatro �reas de gran importancia para la modernizaci�n y el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Am�ricas: el acceso a la justicia; la formaci�n de jueces, fiscales y funcionarios judiciales; la pol�tica carcelaria y penitenciaria, y el fortalecimiento y desarrollo de la cooperaci�n judicial y jur�dica interamericanas. Desde los inicios de la d�cada de los ochenta, la reforma de los sistemas de justicia se ha ido convirtiendo en una prioridad en la agenda de nuestros gobiernos y de nuestros pa�ses. Hoy nadie discute que para consolidar la democracia y hacerle frente a los peligros que la asechan: narcotr�fico, terrorismo, corrupci�n; para fortalecer los mecanismos de protecci�n de los derechos humanos, para asegurar el crecimiento econ�mico es indispensable contar con una administraci�n de justicia accesible, eficaz, eficiente, independiente, dignificada, fuerte y sensible a los valores democr�ticos, as� como fortalecer los mecanismos de cooperaci�n jur�dica y judicial en las Am�ricas. Pero esta es una tarea bastante compleja no solo por los significativos problemas substantivos sino, adem�s, por la consecuente percepci�n tan negativa que tenemos en las Am�ricas de nuestros sistemas judiciales Muchos sondeos muestran que la Am�rica Latina y el Caribe es una de las regiones de menor fiabilidad del estamento judicial. Estas circunstancias deslegitiman los procedimientos democr�ticos, estimulan la justicia por mano propia y la violencia y afectan gravemente la competitividad de nuestras empresas en t�rminos internacionales. Para hacerle frente a tan graves males claramente percibidos por los ciudadanos de todas las latitudes hemisf�ricas durante la �ltima d�cada en numerosos pa�ses de Am�rica Latina y el Caribe se ha puesto en marcha reformas judiciales con el apoyo en especial del BID, pero tambi�n del Banco Mundial y la AID, en un esfuerzo pionero que merece todo el reconocimiento de la comunidad internacional. A�n cuando pareciera muy temprano para evaluar el impacto total de esas reformas, ya es hora de comenzar a analizar algunos de los resultados que se han venido produciendo y de aprender lecciones de la experiencia que se han tenido con algunas de estas reformas. Una mirada sobre el camino que hemos recorrido hasta ahora, nos permite comprobar que las reformas emprendidas todav�a tienen un alcance limitado, que en algunos casos se han generado efectos no previstos o no deseados y que, en definitiva, a�n son muchas las acciones que, entre todos, tenemos que adelantar para asegurar que en realidad se modernicen nuestros sistemas de justicia. Haber olvidado durante tantos a�os la justicia y haberla reducido a una especie de cenicienta de las instituciones publicas, representa una carga dif�cil de llevar para cualquier esfuerzo de reforma. Tal vez el principal factor que esta pesando sobre las bondades o beneficios de las Reformas Judiciales est� relacionado con el de las altas expectativas o las significativas demandas de respuesta que los ciudadanos esperan de nuestros Sistemas Judiciales. Seguramente esa relativa impaciencia de nuestros ciudadanos se origina en que a pesar de los esfuerzos realizados se ha producido un dram�tico crecimiento de la de la criminalidad. Seg�n estudios recientes, por ejemplo, en el caso de los homicidios, en Am�rica Latina la tasa promedio es m�s del doble que en cualquier otra regi�n del mundo y seis veces el promedio mundial, para no mencionar otros modalidades de violencia o de impunidad que han terminado por generar sentimientos generalizados de inconformidad y, con frecuencia desespero, y que nos llevan a se�alar aun los muy limitados resultados de las reformas emprendidas. �Qu� podemos hacer para afrontar esta realidad? En primer lugar, pienso que es necesario realizar un mayor esfuerzo pedag�gico para explicar que la reforma judicial es un proceso y no un hecho est�tico o aislado en el tiempo y que, en consecuencia, despu�s de tantos a�os de olvido y ostracismo, no son suficientes la expedici�n de algunas normas o la realizaci�n de algunos cambios, para asumir que, como por encanto, se modernizan los sistemas de justicia. Los pasos que hemos dado hasta ahora han mostrado que, como ocurre con relaci�n a todas las dem�s pol�ticas p�blicas, no existen milagros o soluciones m�gicas o simples para las fallas de la justicia. De hecho, parte de lo que hemos aprendido es que los problemas en este caso son sist�micos y exigen, por lo tanto, soluciones continuadas de la misma naturaleza, en la esferas constitucional, legal, administrativa, presupuestal, de apoyo log�stico, de los Sistemas educativos del Derecho, de los de la capacitaci�n, etc�tera. En segundo lugar y por eso la importancia de reuniones como esta, tenemos que aprovechar mucho m�s el conocimiento acumulado y las lecciones aprendidas. La experiencia de estos a�os nos comprueba que todav�a existe un espacio inmenso para mejorar el dise�o y la ejecuci�n de las reformas en curso y de consiguiente de las que se deben acometer en el futuro. Para conseguir este prop�sito, entre otros, se requiere promover y facilitar el intercambio de informaci�n y de experiencias. No tiene sentido volver a repetir errores en que otros han incurrido, con frecuencia con inmensos costos para los pa�ses. En tercer lugar, es preciso que todos entendamos que las reformas judiciales deben permitir y asegurar la evaluaci�n peri�dica de los avances y resultados. Nuestros pueblos no est�n dispuestos a seguir girando cheques en blanco. Cada vez es m�s evidente que sin una adecuada rendici�n de cuentas, va a ser muy dif�cil, o en muchos casos imposibles, exigir mayores esfuerzos fiscales o congregar un gran respaldo ciudadano en torno a los procesos de transformaci�n de los sistemas de justicia. En cuarto lugar, se requiere formular la reforma judicial como una pol�tica integral que abarque tanto las diferentes �reas sustantivas y procesales, como todas las instituciones relacionadas con el tema ya sean cortes y juzgados, organismos de polic�a judicial, ministerios de justicia, procuradur�as, fiscal�as o sistemas penitenciarios y carcelarios. En quinto lugar, es necesario concebir la reforma judicial como un proceso pol�tico en el mejor sentido de la palabra que, por lo tanto, interesa a toda la ciudadan�a y en el que deber�an participar tanto los jueces, los gobiernos y los legisladores, como el sector privado, los centros de investigaci�n y capacitaci�n, los medios de comunicaci�n y la sociedad civil. Sr. Presidente Se�ores Ministros y Procuradores: Quisiera compartir algunas reflexiones sobre los cuatro grandes temas de los cuales se van a ocupar ustedes, con el �nico �nimo de contribuir a este di�logo que no dudo ser� muy enriquecedor y constructivo. En cuanto al tema del acceso a la justicia, pienso que para corregir algunas de las fallas que se presentan en este frente, tenemos que avanzar a�n m�s en la creaci�n de condiciones que faciliten a las personas, cuando esto sea posible, resolver sus controversias sin necesidad de acudir a los jueces y de reservar la intervenci�n de �stos para la resoluci�n de aquellos conflictos que por su importancia social y jur�dica verdaderamente lo demanden. Perm�tanme s�lo citar dos ejemplos. El crecimiento del comercio internacional y la necesidad que tienen nuestros pa�ses de una significativa contribuci�n de la inversi�n extranjera a sus procesos productivos, hacen imperativo desarrollar los instrumentos que garanticen seguridad jur�dica y celeridad en la soluci�n de las diferencias que se puedan presentar. Como resultado del abuso de la protecci�n diplom�tica por parte de los estados de origen de los inversionistas extranjeros, en Latinoam�rica se desarroll� una estructura legal que buscaba someter a los inversionistas extranjeros a la jurisdicci�n exclusiva del Estado anfitri�n. Yo me pregunto si no conviene que avancemos mucho m�s en la promoci�n y aplicaci�n del arbitraje y otros medios alternativos para la soluci�n de este tipo de conflictos. De hecho, para avanzar en esta direcci�n, la Secretar�a General de la OEA, en uni�n de las C�maras de Comercio, durante promovi� la realizaci�n de programas de cooperaci�n en materia de arbitraje internacional. En el otro extremo, creo que debi�ramos dar nuevos pasos que faciliten y hagan expedito la resoluci�n de conflictos cotidianos de los pobladores de menores recursos econ�micos y en el interior de grupos �tnicos y organizaciones sociales que tienen una vida institucional activa. Estoy seguro que en este campo tenemos un amplio terreno para aprender los unos de los otros. Sin desconocer la singularidad y caracter�sticas de cada caso, tengo la certeza que ser�a muy ilustrativo para todos conocer mucho m�s, para s�lo citar algunos ejemplos, de la experiencia peruana de la justicia de paz y de los sistemas de soluci�n de controversias en el seno de las comunidades campesinas y nativas; de los desarrollos dados en el Brasil con la creaci�n de los juzgados especiales para la conciliaci�n, juicio y ejecuci�n de causas civiles de menor complejidad, e infracciones penales de menor potencial ofensivo; o de los resultados que han tenido en Colombia las llamadas casas de justicia. En cuanto al tema de la formaci�n de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, sin perjuicio de la descripci�n de los programas y escuelas que se han creado en varios pa�ses, pienso que ser�a de gran utilidad intercambiar ideas sobre c�mo definir el tipo de capacitaci�n que se necesita en cada caso, c�mo evaluar el impacto real de los programas que se desarrollan y c�mo vincular la capacitaci�n con los sistemas de carrera y promoci�n laboral. En desarrollo de los mandatos de la Cumbre de las Am�ricas de Santiago, ustedes tambi�n se van a ocupar de la creaci�n del Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas. All� va a ser necesario avanzar en la definici�n de l�neas de pol�tica fundamentales. �Cu�l va a ser el nicho de acci�n de este centro? �En qu� �reas se debiera concentrar? �C�mo debiera ser su organizaci�n y funcionamiento? �C�mo debiera coordinar sus acciones con las instituciones nacionales y con los organismos del sistema interamericano? �C�mo debiera rendir cuentas peri�dicas sobre sus actividades y resultados? Todas estas son preguntas b�sicas si en verdad queremos asegurar que esta nueva instituci�n genere un valor agregado en el desarrollo de los temas de la justicia en la regi�n. En cuanto al tercer tema de su agenda, es una realidad que los sistemas carcelarios y penitenciarios son cada vez objeto de mayores preocupaciones. Las pol�ticas en esta materia merecen una atenci�n especial tanto por consideraciones humanitarias, como de eficacia y eficiencia. En el informe de progreso sobre las condiciones de detenci�n en las Am�ricas, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos hizo muna primera identificaci�n de las �reas que necesitan ser tratadas, y cuyo an�lisis mas detallado har�a pertinente el convocar una primera reuni�n de las autoridades judiciales para hablar de pol�tica penitenciaria y carcelaria y de las autoridades carcelarias o penitenciarias de los pa�ses del hemisferio que nos permita intercambiar experiencias e informaci�n pr�ctica sobre problemas comunes y definir programas y proyectos espec�ficos de cooperaci�n en este campo. El �ltimo tema de la agenda tiene que ver con algo que es de la esencia de nuestra organizaci�n �l referente a la cooperaci�n judicial. Durante los �ltimos a�os se han realizado avances de gran importancia en el marco de la OEA que ha demostrado estar a la vanguardia en la adopci�n de instrumentos jur�dicos internacionales contra modalidades espec�ficas de criminalidad organizada. Entre ellos, quisiera relevar la Convenci�n interamericana contra la corrupci�n, instrumento pionero que ha inducido importantes desarrollos entre los pa�ses de la OCDE y en el Continente Europeo; la declaraci�n y el plan de acci�n para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo; la estrategia antidrogas del Hemisferio; la Convenci�n interamericana contra la fabricaci�n y el tr�fico il�cito de armas de fuego, municiones, explosivos. Todos ellos hacen parte de los veinticuatro tratados que hacen relaci�n con la cooperaci�n judicial. De entre ellos dos no han entrado en vigor a pesar de que uno de ellos fue adoptado hace m�s de 15 a�os y el otro hace cerca de seis a�os. Del mismo estudio se infiere que el 48% de los pa�ses que firmaron estas convenciones a�n no las han ratificado. Por eso, pienso que la ratificaci�n y aplicaci�n efectiva de estos instrumentos jur�dicos, constituye tal vez el primero y m�s importante desaf�o que tenemos en materia de cooperaci�n jur�dica y judicial. La Secretar�a General, tomando como caso piloto la Convenci�n contra la Corrupci�n, realiz� el a�o pasado seminarios en varios pa�ses miembros para apoyar la ratificaci�n e implementaci�n de este tratado y durante el a�o en curso, en uni�n del BID, vamos a desarrollar actividades de cooperaci�n en otros doce pa�ses del hemisferio con el mismo prop�sito. Podr�amos apoyar procesos similares en relaci�n con otros instrumentos interamericanos de cooperaci�n jur�dica y judicial, definidos por los SS Ministros y Procuradores Generales. Perm�tanme, por �ltimo, destacar la importancia de la iniciativa, promovida por la se�ora Procuradora Janet Reno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir como parte de las deliberaciones de esta reuni�n, los temas relacionados con el combate a los llamados delitos cibern�ticos. Se�or Presidente Fujimori, Sres. Ministros y Procuradores Generales Los avances que hemos dado en apenas un poco m�s de un a�o desde nuestra reuni�n en Buenos Aires, s�lo nos permiten ser optimistas tanto sobre los resultados de este encuentro como sobre los desarrollos del mismo. Estoy seguro que a partir de este dialogo entre ustedes podremos definir una nueva carta de navegaci�n para la modernizaci�n y el perfeccionamiento de los sistemas de justicia y para el fortalecimiento cooperaci�n jur�dica y judicial en las Am�ricas que este a la altura de lo que nos demandan nuestros pueblos y nuestras instituciones en el marco de la creciente integraci�n hemisf�rica. Gracias Sr. Presidente Fujimori por su siempre generosa hospitalidad para convocarnos a todos los americanos a esta patria generosa y en tr�nsito continuado hacia nuevas instituciones que le ayuden a consolidar su democracia. ANEXO II SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 al 3 de marzo de 1999 Se�ores Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Am�ricas Doctor C�sar Gaviria Trujillo, secretario general de la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) Se�oras y se�ores: Expreso, en primer t�rmino, el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno del Per� al secretario general de la OEA, doctor C�sar Gaviria, por esta convocatoria a la II Reuni�n de Ministros de Justicia de las Am�ricas. Ello no s�lo permitir� dar continuidad a las recomendaciones acordadas durante la primera reuni�n, sino, fundamentalmente, a las tareas tendientes a la modernizaci�n y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Am�ricas. Uno de los grandes desaf�os de hoy lo constituye la necesidad de contar con instituciones judiciales eficientes, modernas y responsables, capaces de responder r�pidamente a las demandas existentes y de combatir de manera eficaz flagelos comunes que vienen afectando de manera creciente a nuestras sociedades. Y esta II Reuni�n de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Am�ricas, a la que doy afectuosa bienvenida en nombre del pueblo peruano, es una nueva respuesta a ese desaf�o. Se menciona a menudo, y a veces en un tono de �spera cr�tica, que en Am�rica Latina, y respecto de otros aspectos de la vida nacional, la reforma de los sistemas de justicia no va al ritmo de otras reformas. Esto es cierto en el caso del Per� y no vamos a negarlo. Pareciera que los defectos y rezagos de un sistema que hunde sus ra�ces en el orden colonial, todav�a florecen. Pero se olvida, a menudo, que este sistema ha podido sobrevivir a todos los reg�menes democr�ticos de la era republicana. Incluso entre los cr�ticos de la actual reforma hay hasta ex-ministros de justicia, funcionarios y expertos que en otros tiempos intentaron, sin �xitos concretos, transformaciones substanciales. Todo lo cual no quiere decir que estemos capitulando o buscando justificaciones frente a errores o limitaciones. Seguimos pensando lo mismo: No habr� desarrollo estable en Am�rica, en el Per�, ni en ninguna parte, mientras �ste no proyecte la suficiente confiabilidad para que toda la sociedad sienta que tiene asegurado el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos. Que no haya, por eso, dudas que todos los pa�ses tenemos la firme voluntad pol�tica de alcanzar este objetivo. Sin embargo, es necesario toda una cultura democr�tica, que parta desde abajo y que acompa�e de manera sostenida tambi�n este esfuerzo. Independencia del Poder Judicial significa, no interferencia de �ste por otro poder del Estado, obviamente, sino tambi�n, igualmente, que no pueda ser manipulado por intereses privados. As� como la pobreza econ�mica es producto de d�cadas de experimentos populistas, derroche fiscal y corrupci�n en la hacienda p�blica, las deficiencias judiciales, desde siempre, han sido, en parte, producto de los manejos de sectores minoritarios. Aqu� en el Per�, leguleyadas hist�ricas, grandes injusticias, han sido en el pasado cosa de todos los d�as. As� se esquilmaba a las comunidades campesinas, as� se hicieron grandes fortunas con negocios inmobiliarios, con la consolidaci�n de la deuda externa e interna. Un sistema de justicia moderno y eficiente no es un objetivo inalcanzable, pero existe, repito, un requisito b�sico para lograrlo: una cultura ciudadana que apunte a la defensa f�rrea de los derechos fundamentales del hombre y de todos los ciudadanos. Aqu� en el Per� existen millones de peruanos que han migrado a Lima desde los Andes, invadido luego terrenos eriazos y construido precaria vivienda. Hoy, despu�s de d�cadas, cientos de miles de esos ciudadanos comienzan a tener t�tulos de propiedad inmobiliaria, de igual valor que los que poseen propiedades en barrios exclusivos. Esto tambi�n es justicia. Tambi�n esos peruanos de barrios marginales hoy cuenta con la infraestructura urbana b�sica, con que ayer no contaban. Les falta a�n muchas cosas, sin duda, pero entre ellas, el derecho a la justicia. Es decir, cuando hablamos de sistemas de justicia, no s�lo nos referimos a la aplicaci�n de la ley, sino tambi�n, valga la redundancia, a la aplicaci�n de la justicia en toda la extensi�n de la palabra, es decir en su dimensi�n econ�mica y social. Y por ello, la preocupaci�n por el acceso universal a la justicia, que ser� un tema central de esta importante reuni�n, es una aspiraci�n que compartimos plenamente. Que el humilde poblador pueda hacer valer sus derechos ante cualquier otro ciudadano, no importa lo econ�micamente poderoso que sea. Todav�a hay mucho por hacer, para que el ciudadano humilde, el ni�o desamparado y la mujer que es objeto de la violencia dom�stica, puedan proteger debidamente sus derechos, al igual que qui�n tiene grandes apellidos y recursos. En el marco del "Programa de Mejoramiento de Acceso a la Justicia" en el Per� ahora se empieza a construir 83 m�dulos b�sicos de justicia a nivel nacional y en zonas urbanomarginales y de frontera. Hay siempre quienes trafican con algunas realidades y conceptos. Se dice, por ejemplo, que en 1992, cuando se dieron medidas excepcionales para enfrentar la lucha antiterrorista se camin� en sentido contrario a la Ley y la juridicidad. Hay que recordar, una vez m�s, que entonces el sistema de administraci�n de justicia era solamente una fachada, detr�s de �l hab�an jueces y funcionarios amenazados por el terrorismo, incapaces en la pr�ctica de ejercer regularmente su funci�n. Eran Sendero Luminoso y el MRTA los que aplicaban "su Ley", a trav�s de un control coactivo del sistema. 750 inculpados terroristas fueron puestos en libertad por, dicen que "falta de pruebas". Entre quienes se liber� estuvo nada menos que Abimael Guzm�n, cabeza de Sendero Luminoso y un gran genocida. La realidad nos oblig� a dictar una legislaci�n de emergencia para salvar a la democracia. Si no hubi�ramos hecho aquello, hoy el territorio peruano estar�a tomado por el narcoterrorismo y la II Reuni�n de Ministros de Justicia y Procuradores de las Am�ricas no estar�an reuni�ndose aqu� en este sal�n. No se trata de quebrar el Estado de Derecho, sino de adecuarlo a circunstancias de emergencia. Hace dos a�os el incremento de la criminalidad urbana, impuso como realidad una legislaci�n provisional que nos ayudara a preservar un clima de tranquilidad para todos los ciudadanos, y de confianza para los inversionistas. Evidentemente no hemos logrado hacerlo todo, pero el balance no es negativo. Hoy en el Per� hay una justicia m�s descentralizada, hay c�rceles modernas y donde es posible la rehabilitaci�n del recluso. Existe, en suma, un mayor acceso a la justicia para las mayor�as. Celebramos por todo ello el que la Organizaci�n de los Estados Americanos haya asumido el serio compromiso de impulsar la cooperaci�n jur�dica y judicial y el intercambio de experiencias en cuanto se refiere al combate contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo modalidades inimaginables en otros tiempos, como el que acaba de mencionarse, el delito cibern�tico. Se�oras y se�ores: El Gobierno del Per�, as� como lo expres�ramos todos los Jefes de Estado y de Gobierno en la II Cumbre de las Am�ricas de Santiago, tenemos una gran expectativa en el di�logo y el intercambio de informaci�n que se llevar� adelante en esta II Reuni�n de Ministros de Justicia. Apoyamos firmemente el que �ste proceso contin�e en el marco de la OEA, para beneficio de nuestros pueblos. Con ese esp�ritu, nuevamente expresando nuestra bienvenida, declaro inaugurada la II Reuni�n de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Am�ricas. Muchas gracias ANEXO III SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 al 3 de marzo de 1999 AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y EL PUEBLO DE LA REP�BLICA DEL PER� LA SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS, TENIENDO EN CUENTA la calurosa acogida y gentil atenci�n brindada por el pueblo y el Gobierno de la Rep�blica del Per� durante la celebraci�n de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, RESUELVE:
ANEXO IV SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 al 3 de marzo de 1999Lima, Per� OEA/Ser.K/XXXIV.2 REMJA-II/doc. 2/99 12 marzo 1999 Original: espa�ol LA SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS, RECONOCIENDO la excelente conducci�n que durante el desarrollo de los trabajos de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, desempe�o la doctora Mar�a Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia de la Rep�blica del Per�, RESUELVE: Felicitar a la doctora Mar�a Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia de la Rep�blica del Per�, Presidenta de la Segunda Reuni�n de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Am�ricas, por la forma tan eficiente y competente con que dirigi� los trabajos de la misma. ANEXO V SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS 1 al 3 de marzo de 1999Lima, Per� OEA/Ser.K/XXXIV.2 REMJA-II/doc. 14/99 rev.1 12 marzo 1999 TEXTUAL ESTADOS MIEMBROS ARGENTINA BAHAMAS BOLIVIA BRASIL CANAD� CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS DE AM�RICA GUATEMALA HAITI HONDURAS JAMAICA MEXICO NICARAGUA PANAM� PARAGUAY PERU REPUBLICA DOMINICANA SAINT KITTS Y NEVIS SURINAM TRINIDAD Y TOBAGO URUGUAY OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA EGIPTO ESPA�A FRANCIA ITALIA SANTA SEDE ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Mundial UNICEF Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Organizaci�n de los Estados Americanos INVITADOS ESPECIALES Organizaci�n Internacional para las Migraciones (OIM) Comit� Internacional de la Cruz Roja Parlamento Centroamericano Comisi�n Andina de Juristas Academia Interamericana de Derecho Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima Organizaci�n de Cortes Supremas de las Am�ricas (OCSA) Universidad Femenina del Sagrado Coraz�n (UNIF�) Fundaci�n Richrnond Fellowship del Per� ANEXO VI SEGUNDA REUNI�N DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AM�RICAS1 al 3 de marzo de 1999
LISTA DE DOCUMENTOS REGISTRADOS POR LA SECRETAR�A HASTA EL 12 DE MARZO DE 1999
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||