CONVOCATORIA Y TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA 0 DE MINISTROS 0 PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

1. Convocatoria

La Asamblea General, al tener en cuenta el informe del Consejo Permanente y el informe final de la Reunión de Ministros de Justicia, celebrada en Buenos Aires, República Argentina, acordó mediante la resolución AG/RES.1562 (XXVIII-0/98)i, convocar la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

2. Consejo Permanente

El 19 de agosto de 1998, el Consejo Permanente, al considerar la resolución AG/RES 1562 (XXVIII-0/98) "Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas", acordó transmitirla a la consideración de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, presidida por el Embajador Mauricio Granillo, Representante Permanente de El Salvador ante la OEA.

Posteriormente, el Consejo Permanente en su sesión del 30 de septiembre recibió al Excelentísimo doctor Alfredo Quispe Correa, Ministro de Justicia del Perú, quien expuso sobre el tema "Cooperación Interamericana para el Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia", destacandolos asuntos relativos al temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de Américas.

El Consejo Permanente en su sesión celebrada el 10 de noviembre de 1998, aprobó la resolución CP/RES. 737 (1176/98), en la que fijó los días 1, 2 y 3 de marzo de 1999, como fecha para la celebración de dicho evento.

El Consejo Permanente, además, encomendó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos la elaboración del temario de esta Reunión.

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en su sesión celebrada el 9 de octubre de 1998, tomó conocimiento del, proyecto de temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales presentado por la Embajadora Beatriz Rarnacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA.ii

El Presidente de la Comisión, conforme a lo acordado, transmitió el proyecto de temario a consulta de los gobiernos de los Estados miembros.

El 18 de noviembre de 1998, la Comisión continuó con la consideración del Proyecto de Temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Arnéricas.

Consecuentemente, el Consejo Permanente, visto el informe de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticosiii y teniendo en cuenta la presentación que hiciera el Excelentísimo doctor Alfredo Quispe Correa, Ministro de Justicia del Perú, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 1998, adoptó, rnediante la resolución CP/RES. 739 (1179/98), el siguiente temario de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia, o de Ministros, o Procuradores Generales.

DIALOGO DE MINISTROS DE JUSTICIA 0 DE MINISTROS 0 PROCURADORES GENERALES DE LAS AMERICAS Y/O JEFES DE DELEGACION

Tema: Modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas: intercambio de experiencias, nuevos desarrollos y cursos de acción a nivel nacional e internacional.

TEMARIO

1. Acceso a la justicia

1.1 Servicios de defensa y asistencia judicial
1.2 Iniciativas para la protección jurídica de niños y jóvenes
1.3 Incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia

2. Formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales

2.1 Experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización
y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia
2.2 Mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de
los procuradores o fiscales
2.3 Creación de un centro de estudios de justicia de las Américas

3. Política carcelaria y penitenciaria

3.1 Los procesos de modernización del sector y el perfeccionamiento de los
marcos legales
3.2 Nuevos desarrollos en materia procesal penal
3.3 Mecanismos de cooperación regional

4. Fortalecimiento y desarrollo de la cooperación interamericana

4.1 Combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibernético (legislación interna, grado de vigencia e implementación de Instrumentos internacionales sobre la materia, procedimientos, y experiencias nacionales, etc.)
4.2 Cooperación legal y judicial (tratados interamericanos; otros mecanismos; extradición, intercambio de información, entrega de documentos y otros medios de prueba, acuerdos sobre protección de testigos, etc.)

Conclusiones y recomendaciones

CAPITULO III

SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA 0 DE MINISTROS 0 PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

1 . Sesión inaugural

El día 1 de marzo de 1999, a las 9.00 de la mañana, en el salón Paracas del Swissotel, se inició la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas en la ciudad de Lima, Perú. En la sesión inaugural hizo uso de la palabra el doctor César Gaviria Trujillo, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien señaló, entre otros aspectos, en cuanto al tema del acceso a la justicia, la necesidad de hacer un mayor uso de los medios alternativos de solución de controversias tales como el arbitraje. Sobre el particular, destacó la conveniencia de un intercambio de experiencias propias de los Estados miembros en este campo. Asimismo, señaló como el desafio más importante para los Estados miembros de la OEA, el acceso, mediante la firma y ratificación, a los instrumentos jurídicos interamericanos relativos a la cooperación judicial.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Presidente de la República del Perú, Ingeniero Alberto Fujimori, quien durante el curso de su intervención, destacó, entre otros aspectos, que no podrá existir un desarrollo estable de las democracias mientras la sociedad no sienta que tiene asegurado el acceso a la justicia, concepto que además implica la justicia económica y social. Señaló además que es necesaria toda una cultura democrática que acompañe de manera sostenida este esfuerzo y que se mantenga ajena a la manipulación tanto de intereses públicos como privados. Con estas palabras, al terminar su intervención, el ingeniero Alberto Fujimori declaró Inaugurada la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

2. Primera sesión de trabajo

La doctora Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia del Perú, declaró abierta la Primera Sesión de Trabajo. En esa oportunidad, se procedió a la elección de las autoridades de la Reunión. A propuesta del Ministro de Justicia de Argentina, señor Raúl Granillo Ocampo, secundado por la señora Ana McLellan, Ministra de Justicia del Canadá, se eligió por aclamación a la señora Ministra de Justicia del Perú como Presidenta de la Reunión quien agradeció dicha designación y aprovechó la oportunidad para destacar algunos aspectos que figuran en la agenda de la Reunión, señalando la necesidad de alcanzar propuestas viables y precisas a mediano y largo plazo, con el objeto de avanzar en el proceso de modernización y perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas.

A propuesta del Ministro de Justicia de El Salvador, señor Rubén Antonio Mejía Peña, secundado por el Vice-Ministro de Justicia de Bolivia, señor Juan Antonio Chain Lupo, se eligió por aclamación al Procurador General de Trinidad y Tobago, señor Ramesh Lawrence Maharaj como Primer Vice-Presidente.

Finalmente, a propuesta del Vice-Ministro de Educación y Cultura del Uruguay, señor Antonio Guerra, secundado por el señor Jean Auguste Brutus, Procurador de Gobierno de Haití, se eligió por aclamación a la señora Mónica Nagel, Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica.

De esta manera, la relación de autoridades de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas quedó conformada de la siguiente manera:

1. Presidente

Dra. Carlota Valenzuela de Puelles
Ministra de Justicia del Perú

2. Primer Vice-Presidente

Dr. Ramesh Lawrence Maharaj
Procurador General de Trinidad y Tobago

3. Segundo Vice-Presidente

Dra. Mónica Nagel
Ministra de Justicia y Gracia de Costa Rica

Acto seguido, se escucharon las exposiciones generales formuladas por los jefes de las delegaciones asistentes.

3. Diálogo de Jefes de Delegación

La Presidenta de la Reunión dio inicio al diálogo de Jefes de Delegación sobre el tema "Modernización y Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia en las Américas: Intercambio de Experiencias, Nuevos Desarrollos y Cursos de Acción a Nivel Nacional e Internacional".

En primer lugar hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Argentina quien destacó que hoy en día la sociedad demanda una prestación efectiva de la justicia y que ello amerita un análisis de la situación actual en nuestros países. Si el diagnóstico consecuente es equivocado, subrayó, las medidas aplicables no serán efectivas. Luego de presentar algunas reformas que se han venido llevando a cabo en la legislación nacional de Argentina, sostuvo que el problema principal que enfrentan la mayoría de los Estados miembros de la OEA es un desajuste de la administración de justicia con la realidad actual, indicando que se requiere una modernización del proceso que implique, entre otros aspectos, una mayor economía de tiempo y la inclusión de medios alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo la mediación. También se refirió al enorme impacto que tiene la falta de seguridad jurídica en los procesos económicos de los países.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación del Brasil, quien señaló la necesidad de establecer una nueva dinámica en relación a los acuerdos de intercambio de información que permita acelerar los juicios de tal manera que la sociedad tenga los medios para hacer valer sus derechos de forma simple, eficaz y segura. Luego de informar sobre algunos aspectos de su legislación nacional vinculada con la administración de justicia, señaló que es preciso fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países del hemisferio no sólo para combatir el crimen sino también para atacar la impunidad.

El Jefe de la Delegación de México durante su intervención, sostuvo que la justicia es una preocupación central en nuestras sociedades, comprendida no sólo la justicia penal sino otras áreas del derecho. Llamó la atención sobre el crimen transnacional organizado, que no tiene nacionalidades, y que plantea un reto muy grande para los países de las Américas. Por otro lado, el delegado de México mencionó algunas iniciativas que se están realizando para reformar el sistema judicial en su país, y señaló que el gran activo de la justicia son los recursos humanos y que a ellos debía estar dirigida la inversión del Estado en su intento por modernizar y perfeccionar los sistemas judiciales, tomando en cuenta, sin embargo, la realidad de cada uno de los países. Finalmente indicó que los recursos tecnológicos debían ser aprovechados al máximo y que México está convencido de que el fortalecimiento de la democracia va de la mano con el desarrollo y modernización de los sistemas de justicia.

También hizo uso de la palabra la Jefa de la Delegación de los Estados Unidos de América. En primer lugar hizo mención a los delitos informáticos o cibernéticos y destacó la importancia de abordar este tema. Señaló que la informática no conoce de fronteras y puede atentar contra el derecho a la privacidad. Recomendó la formación de un grupo de trabajo que se ocupe del tema y que comparta información sobre el mismo. También destacó los temas de la propiedad intelectual sobre el cual sugirió la posibilidad de organizar cursos regionales; la confiscación de activos de los criminales para darles un uso legítimo en beneficio de la sociedad; y la evaluación de las formas respecto de los procesos de extradición en los países del hemisferio y de los tratados de asistencia mutua en el marco de otro grupo de trabajo. Finalmente se refirió a la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y de las esperanzas que su país ha depositado en dicho proceso.

Posteriormente intervino el Jefe de la Delegación del Ecuador quien se refirió a la violencia criminal que trasciende las fronteras sin respetar la soberanía de los países. También hizo referencia a una serie de normas internas sobre el acceso a la justicia en su país.

Acto seguido hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Honduras quien también se refirió a la situación interna y las preocupaciones de su país en relación a la administración de justicia y la criminalidad. En particular, se refirió al crimen infantil y juvenil y, en general, a la ejecución de la pena.

Después hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Bolivia quien se refirió a la necesidad dar a los ciudadanos la posibilidad democrática del acceso a la justicia. Hizo mención especial a aquellos países que albergan en su territorio a comunidades indígenas que claman por el reconocimiento de su propia realidad social lo que implica el reconocimiento de sus medios particulares de solución de conflictos.

Intervino luego el Jefe de la Delegación de Jamaica quien reseñó una serie de medidas internas para la modernización de la administración de justicia en su país. Sostuvo además que la fuerza de la OEA radica en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas y estructuras sociales de la región, así como del respeto a las leyes internas de los Estados miembros. Dentro de este marco se refirió a la necesidad de que la ley interna se cumpla bajo el pleno respeto de la soberanía de cada país y señaló la dificultad de los países del Caribe con los plazos y procedimientos que regulan la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, indicó que la independencia de los sistemas jurídicos de los países de la región debía respetarse en todos los casos como requisito indispensable para el fortalecimiento de los mismos.

Posteriormente intervino el Jefe de la Delegación de Chile quien se pronunció sobre la distribución igualitaria del debido proceso. Se refirió a la necesidad de desjudicializar el sistema de protección de derechos, fortaleciendo la incorporación de medios alternativos de solución de conflictos, describiendo la práctica llevada a cabo en su país y haciendo especial referencia a los nuevos cambios introducidos en su legislación relativa al procedimiento.

El Jefe de la Delegación de Nicaragua, por su parte se refirió a los diversos obstáculos que enfrenta su país en el proceso de perfeccionamiento y modernización de la justicia. Señaló la necesidad de la búsqueda de recursos humanos que representen adecuadamente a la sociedad en los tribunales de justicia, pues no sólo es importante contar con leyes adecuadas sino que es fundamental contar con jueces probos y bien preparados.

4. Segunda sesión de trabajo

En horas de la tarde del día 1 de marzo de 1999, se inició la segunda sesión de trabajo, haciendo uso de la palabra algunas delegaciones que aún no habían intervenido en el Diálogo de Jefes de Delegación iniciado en horas de la mañana.

En primer lugar hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Saint Kitts y Nevis quien respaldó la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Señaló que una de las áreas a las que debía brindarse especial atención era la de protección y seguridad de testigos, afirmando que no debía permitirse que los sistemas judiciales fracasen por el temor de los testigos en su actuación.

También hizo uso de la palabra la Jefe de Delegación de Costa Rica quien se refirió al proceso de reforma del Poder Judicial en su país cuyo objetivo es el de fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Habló asimisino de la necesidad de compartir experiencias entre los países de la región, en particular, en cuanto a los sistemas penitenciarios, que presentan una problemática social actual seria. Apoyó la iniciativa de tratar temas como el crimen cibernético y la problemática de la niñez y la juventud en relación a la criminalidad en los países del hemisferio.

Acto seguido hizo uso de la palabra el Jefe de Delegación de Trinidad y Tobago quien se refirió a diversos aspectos de cooperación bilateral llevados a cabo con algunos países en relación al tema del lavado de dinero y la confiscación de activos derivados de la droga, como ejemplo de la importancia de la adopción de medidas de cooperación en aras de fortalecer los sistemas judiciales de la región. También resaltó la importancia de los mecanismos de extradición.

A continuación se cedió el uso de la palabra a la Jefe de Delegación de Canadá quien resaltó la importancia de desarrollar un trabajo conjunto, sobre todo en un marco de globalización que puede acarrear una serie de injusticias sociales en la región. Hizo referencia al problema de las drogas, a los delitos informáticos, al lavado de dinero, y a cómo la cooperación bilateral y multilateral puede ayudar cada vez más a combatir el crimen organizado, no sólo como una opción sino como un elemento esencial en las relaciones entre los países.

Seguidamente se dio inicio al tratamiento del primer tema de la agenda, "El Acceso a la Justicia", que comprende a su vez los sub temas sobre los servicios de defensa y asistencia judicial, las iniciativas para la protección jurídica de la niñez y la juventud, y la incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia.

En cuanto a los servicios de defensa y asistencia judicial, diversos delegados señalaron que, en cuanto a la presencia de defensores de oficio, sobre todo para personas de escasos recursos, el gran reto es encontrar personal debidamente capacitado y que sea bien remunerado, haciendo atractiva la idea de dedicarse a esta noble tarea. No obstante ello, se reconoció que el problema sigue siendo uno de carácter económico y presupuestal. Varios representantes hablaron sobre las propias experiencias nacionales, resaltando en particular la creación de consultorios jurídicos gratuitos y centros de conciliación, con participación y asistencia de ONGs y parroquias, por ejemplo, en donde se promueve la solución de conflictos por medios alternativos. También se mencionó el caso de los juzgados de paz, cuyo objetivo central es el restablecimiento de la paz social a través de la aplicación principal de la costumbre, trascendiendo la ley positiva. Dentro de ese sistema se resaltó la elección directa de las autoridades a cargo de dichos juzgados de paz. También se habló de la necesidad, en algunos países, de realizar un inventario de todos los casos pendientes en los tribunales, con el objeto de cubrir todos los aspectos relativos al acceso efectivo de la justicia.

En cuanto a las iniciativas para la protección jurídica de la niñez y la juventud , se destacó el hecho de que en muchos de los países de la región, la población es mayoritariarnente joven. También se resaltó la importancia de tener centros penitenciarios distintos para la niñez y para la juventud, separados de aquellos destinados a los delincuentes adultos, para permitir la readaptación de los niños y jóvenes que han cometido algún delito, y su posterior reincorporación a la sociedad. Se intercambiaron ideas sobre las diversas iniciativas adoptadas en los países de la región en relación a la justicia penal tanto para la niñez como para la juventud y las garantías de las que goza este sector de la población en este tipo de situaciones. En particular, se habló de la constitución de tribunales especiales para menores. Se hizo también mención a la importancia de adoptar e iinplementar en las legislaciones internas los diferentes instrumentos jurídicos que sobre protección de los derechos del niño y del joven existen a nivel internacional, resaltando la prevención como instrumento esencial para lograr los objetivos trazados en esta materia.

En cuanto a la incorporación de medios alternativos de solución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia, algunas delegaciones subrayaron la importancia de la mediación como medio alternativo previo, el que, según algunas experiencias que fueron expuestas, en muchos casos da por terminado el conflicto sin la necesidad de recurrir al proceso judicial. Se insistió en la gran ventaja del arbitraje sobre todo en materia civil y comercial dada la gran saturación de los tribunales en estos campos. Se señaló, sin embargo, la inconveniencia aún subsistente en muchos sistemas de tener que reconocer las sentencias arbitrales en el marco del poder judicial.

En términos generales, en materia penal, varios delegados señalaron la importancia de contar con leyes de protección a las víctimas y con centros de asesoría para las mismas. Algunos países indicaron ejemplos de la implementación de mecanismos de indemnización por parte del Estado a las víctimas, independientemente de la indemnización otorgada por el inculpado de un determinado delito.

Por último, se hizo mención a la importancia de la educación del ciudadano como un elemento central para toda reforma de la administración de justicia en la región.

5. Tercera sesión de trabajo

La tercera sesión de Trabajo se inició en la mañana del día 2 de marzo. En dicha sesión de trabajo, se dio inicio al tratamiento del segundo tema de la agenda, "La Formación de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales", que comprende a su vez los sub temas sobre las experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia; los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales; y la creación de un Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

En cuanto a las experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia, diversas delegaciones hicieron una presentación sobre las iniciativas adoptadas en sus países, mencionando algunos aspectos tales como la descentralización en la formación de los magistrados y la importancia del intercambio a nivel internacional. Se destacó que hoy en día han aparecido nuevas figuras delictivas o se han generado nuevos mecanismos de cooperación que ameritan la actualización en la formación de aquellos que aplican la justicia. Se señaló además que esta permanente capacitación en el ámbito técnico debe ir acompañada de un entrenamiento en el campo ético, resaltando la responsabilidad de los actores judiciales. Este entrenamiento ético, se subrayó, aparece como insustituible. Se mencionó la necesidad de sistematizar las diversas experiencias y se sugirió solicitar a la Secretaría General de la OEA que siga promoviendo la formación de magistrados a través de talleres y seminarios de carácter sub regional, que contemplen tanto los aspectos legales del derecho civil como del derecho consuetudinario.

En lo que respecta a los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales, diversas delegaciones destacaron la importancia de este tema, expresando que el poder judicial es uno de los pilares de la democracia y describiendo los mecanismos que han implementado a nivel interno para asegurar dicha independencia y eficacia. Se hizo referencia a la necesidad de que los actores judiciales cuenten con una adecuada remuneración que evite las posibles y eventuales situaciones de corrupción pública.

Finalmente, en cuanto a la creación de un Centro de Estudios de Justicia de las Américas, varias delegaciones expresaron su entusiasmo por la formación del mismo, el cual permitirá el intercambio de experiencias en la modernización y perfeccionamiento de los sistemas de justicia en las Américas. Algunas delegaciones sugirieron que entre sus tareas específicas podrían figurar, entre otras, la capacitación de los magistrados, así como la difusión de los resultados y el impacto de dicha capacitación, el desarrollo de técnicas de capacitación a distancia, el intercambio de alumnos, la difusión de sus labores a través de publicaciones, y la organización de reuniones anuales para hacer una evaluación de sus actividades. Otras delegaciones sugirieron que el Centro podría realizar estudios para promover la independencia del poder judicial. En cuanto al aspecto presupuestario, se hizo manifiesta la preocupación de cómo estarían financiadas las labores de dicho Centro de Estudios.

Posterionnente, el grupo de trabajo informal conformado el día anterior, sometió a consideración del plenario un proyecto de recomendación, mediante el cual la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas decide que los objetivos del Centro de Estudios serán el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica, y el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región. También se decide el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participación de todas las delegaciones, con la finalidad de elaborar un proyecto de estatuto para el funcionamiento del Centro y un plan de trabajo, de identificar las entidades públicas y privadas vinculadas con la temática, y de establecer los vínculos correspondientes con organizaciones internacionales a fin de obtener los soportes técnicos necesarios para la operatividad del centro. Dicha resolución también contempla que el plan de trabajo del centro esté orientado, en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal, y que el grupo de expertos concluya sus trabajos antes del 21 de setiembre de 1999. Finalmente, en dicho proyecto de recomendación se solicita a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos.

Algunas delegaciones expresaron su deseo de no restringir las labores futuras del Centro de Estudios al área de la justicia penal, sino ampliarlas a los ámbitos de la modernización de los sistemas judiciales y la independencia del poder judicial. Sin embargo, se estimó la necesidad de fócalizar las actividades iniciales del Centro con el ánimo de poder avanzar en los trabajos. En relación al aspecto del intercambio de información, tarea que se encomendaría al Centro de Estudios, algunas Delegaciones expresaron su preocupación de que dicha labor no abarque el intercambio de información sensible o de inteligencia, lo que podría restarle credibilidad al mismo. Con estas consideraciones, se aprobó la propuesta de recomendación presentada.

6. Cuarta sesión de trabajo

En horas de la tarde se desarrolló la cuarta sesión de trabajo.

En primer lugar, la Jefa de la Delegación de los Estados Unidos anunció que su Gobierno estaba dispuesto a brindar un millón de dólares para el funcionamiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas una vez concluidas las labores del grupo de expertos gubernamentales constituido, iniciativa que fue bienvenida por las demás Delegaciones.

Asimismo, se conformó un grupo informal de trabajo para tratar el tema de la extradición en el transcurso de la tarde.

Inmediatamente después se dio inicio a la consideración del punto 3 de la agenda "Fortalecinúento y Desarrollo de la Cooperación Interamericana", dentro del cual se consideraron los sub temas relativos al combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibernético (legislación interna, grado de vigencia e implementación de instrumentos internacionales sobre la materia, procedimientos y experiencias nacionales, etc.), y a la cooperación legal y judicial (tratados interamericanos, otros mecanismos, extradición, intercambio de información, entrega de documentos y otros medios de prueba, acuerdos sobre protección de testigos, etc.).

En cuanto al tema del combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo el delito cibernético, se anunció la finalización de los trabajos del grupo informal sobre el delito cibernético y se presentó un texto de proyecto de recomendación, propuesta que fue aprobada por la Reunión. En base a ella se recomienda el establecimiento de un grupo intergubemamental de expertos en el marco de la OEA, con el mandato de hacer un diagnóstico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información, o que utiliza las computadoras como medio para cometer un delito; de hacer un diagnóstico de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con respecto a dicha actividad; de identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia; y de identificar los mecanismos de cooperación que existen en el sistema interamericano para combatir en el delito cibernético. Por último se establece que el grupo intergubernamental de expertos deberá presentar un informe a la próxima Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

Algunas Delegaciones también subrayaron la urgencia de combatir ciertas formas de crimen organizado tales como el narcotráfico y el tráfico ¡lícito de annas, y se sugirió la posibilidad de crear un Tribunal Penal Interamericano que revise estos casos de crímenes internacionales.

En lo relativo a la cooperación legal y judicial, diversas Delegaciones resaltaron la importancia de la aplicación efectiva de las convenciones interamericanas en vigor en esta materia y se realizó una propuesta para exhortar a los Estados miembros de la OEA, que aún no lo hubiesen hecho, a que se comprometan a impulsar la ratificación de dichas convenciones y a designar las autoridades centrales previstas en las diferentes convenciones interamericanas, con el objeto de asegurar la implementación de las normas contenidas en dichas convenciones y asegurar la eficacia de este mecanismo de cooperación. Asimismo, se propuso la convocatoria de una reunión de autoridades centrales con el fin de evaluar la actuación de las mismas en relación a las diversas convenciones interamerícanas en materia de cooperación jurídica y judicial.

Por otro lado, varias Delegaciones se refirieron a la problemática actual de los procesos de extradición y plantearon la necesidad de hacer una revisión de los mismos de manera tal de hacerlos más eficaces, por constituir una herramienta central en el esfuerzo de cooperación a nivel regional. Sobre el particular se recomendó el establecimiento de listas de verificación respecto a los procedimientos de extradición.

A continuación, la Presidenta de la Reunión invitó al señor Brynmor Pollard, miembro del Comité Jurídico Interamericano, a hacer uso de la palabra. El señor Pollard hizo mención al documento "Perfeccionamiento de la Administración de Justicia en las Américas: Protección y Garantías a los Jueces y Abogados en el Ejercicio de sus Funciones" que contiene la resolución CJ1/RESA/LIV/99, aprobada por el Comité Jurídico durante su LIV período ordinario de sesiones. En especial, sugirió que ciertos temas merecían especial atención entre los asuntos a tratarse durante la presente Reunión, los cuales figuran contenidos en el punto 8 de dicho documento.

También hizo uso de la palabra la señora Cecilia Sosa Gómez, Presidenta de la Corte Suprema de Venezuela y Presidenta de la Organización de las Cortes Supremas de las Américas, quien se refirió al convenio de cooperación suscrito recientemente con la OEA para establecer una red de comunicación en temas concernientes a la administración de justicia. Afirmó que el poder judicial necesita ser autónomo e independiente en su ejercicio. Sostuvo que las reformas emprendidas en la región han despertado la colaboración con el poder ejecutivo y legislativo de los países, siendo la presente Reunión un ejemplo de ello. Subrayó la necesidad de establecer una mayor cooperación entre los países, disponiendo de una información que tenga un valor agregado y que esté comparada de manera tal que permita alcanzar soluciones comunes. Expresó la necesidad de contar con prioridades temáticas, que sirvan de base para la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos con que cuentan las administraciones de justicia.

7. Quinta sesión de trabajo

La quinta sesión de trabajo se inició en la mañana del día 3 de marzo. Durante la misma se conformó un grupo de trabajo informal para considerar las recomendaciones de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. Además, se dio inicio al tratarniento del cuarto tema de la agenda, "Política Carcelaria y Penitenciaria", que a su vez comprende los sub temas de los procesos de modernización del sector y el perfeccionamiento de los marcos legales; los nuevos desarrollos en materia procesal penal; y los mecanismos de cooperación regional.

Las diversas Delegaciones expresaron la necesidad de mejorar las instalaciones carcelarias en los países de la región, hacer desaparecer el hacinamiento, reducir el nivel de fuga, y capacitar al personal carcelario, aprovechando los avances tecnológicos para ponerlos a disposición de los aspectos antes mencionados, demandas sociales a las que los Gobiernos deben atender desde un punto de vista político. También se señaló que era preciso incrementar los niveles de supervisión en las cárceles para evitar que se conviertan en centros delictivos y de adoctrinamiento en los cuales se trafica libremente con la droga, el alcohol y las armas. No obstante, muchas Delegaciones también reconocieron las dificultades económicas y presupuestarias que enfrentan los diversos países para implementar una mejor política carcelaria.

Algunas Delegaciones señalaron varios aspectos que debían merecer principal atención por parte de los Gobiernos y presentaron a la Reunión las reformas que se han venido llevando a cabo en sus países, como por ejemplo, la participación de empresarios privados en el otorgamiento de trabajo remunerado para los reclusos, como parte del proceso de reinserción de los mismos en la sociedad, y el trabajo paralelo con las familias de los reclusos.

Por otro lado, se propuso seguir organizando seminarios o talleres para continuar intercambiando experiencias en materia de política penitenciaria en la búsqueda de nuevas alternativas. También se propuso crear en el seno de la OEA una Unidad Temática sobre cuestiones de política carcelaria, dentro de la cual se lleve a cabo la evaluación, el fomento y el desarrollo de las políticas penitenciarias, y que pueda coordinar la asistencia técnica necesaria. Varias Delegaciones apoyaron esta propuesta. Sin embargo otras expresaron sus reservas sugiriéndose replantear las funciones de dicha Unidad para que cubra muchos de los asuntos discutidos durante la presente Reunión y no únicamente el aspecto de las políticas penitenciarias. También se indicó que debía tenerse en cuenta los recursos que, sobre este particular, están siendo ya empleados en el marco de la Secretaría General para no duplicar esfuerzos ni burocratizar procesos. Para considerar esta propuesta se constituyó un grupo informal. Asimismo, se conoció una primera propuesta del grupo informal sobre extradición, la que aún no ha logrado un consenso final.

En la presente sesión hicieron también uso de la palabra el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien expuso sobre las acciones llevadas a cabo por este Organismo en los últimos años, en especial, sobre las visitas a los acusados y sentenciados por motivos ideológicos o políticos en los países de la región; y el representante de la Santa Sede quien hizo una reflexión sobre la dignidad humana y los derechos que de ella derivan, los que deben constituir la guía práctica para las acciones de los poderes legislativo y judicial con el objeto de tener siempre presente el bien común. Habló de la urgencia de revalorizar la justicia social en el mundo de hoy.

8. Sexta sesión de trabajo

La sexta sesión de trabajo se desarrolló el día 3 de marzo en horas de la tarde. En la misma se aprobaron las Recomendaciones de la Reunión que figuran en el capítulo IV del presente Informe, así como las resoluciones que se adjuntan.

9. Sesión de Clausura

Siendo las 5:00 de la tarde del día 3 de marzo de 1999, la señora Carlota Valenzuela de Puelles, Ministra de Justicia del Perú, en su condición de Presidenta de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, luego de agradecer la participación de todas las Delegaciones presentes, así como el apoyo de la Secretaría General de la OEA y de la Secretaría Local, declaró clausurada la Reunión.

/2  CP/CAJP-1043/98 Proyecto de Temario de la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, convocada en el marco de la OEA, arribó a las siguientes conclusiones y formuló las siguientes recomendaciones:

I.  Acceso a la justicia

A. Continuar con el intercambio de experiencias sobre las medidas e iniciativas adoptadas a nivel interno, así como de los avances logrados y obstáculos encontrados por parte de los Estados miembros de la OEA en relación al acceso a la justicia en sus respectivos países; el perfeccionamiento de los esquemas nacionales de defensa y asistencia legal y judicial; la protección jurídica de la infancia y la juventud; y la incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en sus sistemas de justicia.

B. Para tales efectos se identificarán claramente los mecanismos de cooperación aplicables en estas áreas, y se emprenderán, entre otras, las siguientes acciones: recopilación de legislación vigente en estas materias, con el fin de crear un banco de datos; realización de estudios comparativos; y elaboración de un listado de países e instituciones que estén en condiciones de brindar cooperación internacional en estas áreas.

II. Formulación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales

A. Centro de estudios de justicia de las Américas

Con miras al establecimiento del centro de estudios de justicia previsto en el plan de acción de la II Cumbre de las Américas; y

Teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos vigentes en el hemisferio, decidió que:

1. Los objetivos del Centro serán los siguientes:

a.  el perfeccionamiento de los recursos humanos;
b.  el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica;
c.  el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región.

2. El establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participación de todas las delegaciones con la finalidad de:

a. laborar un proyecto de estatuto;
b. elaborar un plan de trabajo;
c. identificar las entidades públicas y/o privadas vinculadas con la temática;
d. establecer los vínculos correspondientes con organizaciones internacionales a fin de obtener los soportes técnicos necesarios para la operatividad del centro.

3. El plan de trabajo del centro estará orientado en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal.

4. El grupo de expertos deberá concluir sus trabajos antes del 21 de septiembre de 1999.

5. Solicitar a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos.

B. Cursos, talleres y seminarios regionales

Continuar, con la colaboración de la Secretaría General d a OEA, organizando cursos, talleres y seminarios regionales o subregionales de capacitación y actualización del conocimiento jurídico de los funcionarios encargados del sistema de justicia en los Estados miembros de la OEA; en colaboración con instituciones internacionales o nacionales, gubernamentales o no gubernamentales pertinentes.

III.  Fortalecimiento y desarrollo de la cooperación interamericana

A. Fortalecer y desarrollar la cooperación internacional en áreas de especial preocupación tales como la lucha contra el terrorismo, el combate contra la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el fraude documentario, el crimen organizado y la delincuencia transnacional.

B. Delito cibernético

En vista de la importancia y la dificultad de las cuestiones que plantea el delito cibernético y la difusión y magnitud potencial de los problemas que presenta para nuestros países, recomendó el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales en el marco de la OEA con el siguiente mandato:

1. Hacer un diagnóstico de la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información, o que utiliza las computadoras como medio para cometer un delito;

2. Hacer un diagnóstico de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con respecto a dicha actividad;

3. Identificar las entidades nacionales e internacionales que tienen experiencia en la materia; y

4. Identificar mecanismos de cooperación dentro del sistema interamericano para combatir el delito cibernético.

El grupo de expertos gubernamentales deberá presentar un informe a la III Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

C. Continuar trabajando de manera efectiva y ágil en el fortalecimiento de la asistencia legal y judicial entre los Estados miembros de la OEA, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, a la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y a los canales de comunicación entre las Autoridades Centrales.

D. Evaluar, la aplicación de las convenciones interamericanas en vigor en materia de cooperación legal y judicial a fin de identificar medidas para su efectiva aplicación o, en su caso, determinar la necesidad de adecuar el marco jurídico existente en el hemisferio.

E. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que son partes de las convenciones en materia de cooperación legal y judicial que, en los casos en que aún no lo hayan hecho, designen autoridades centrales para asegurar la ejecución de éste mecanismo de cooperación.

F. Recomendar a la OEA que convoque oportunamente una reunión de Autoridades Centrales con el fin de fortalecer la cooperación entre las mismas en el marco de las diversas convenciones en materia de cooperación legal y judicial.

G. Extradición, decomiso de activos y asistencia jurídica mutua

Reconociendo la necesidad de fortalecer y facilitar la cooperación legal y judicial en las Américas en lo que respecta a la extradición, el decomiso de activos y la asistencia jurídica mutua, y a fin de intensificar la acción individual e internacional contra el crimen organizado y la actividad delictiva internacional mediante una mejor comunicación y entendimiento entre los gobiernos, nos comprometernos a intercambiar información a través de la OEA sobre las siguientes cuestiones a fin de abordarlas en la III reunión:

Listas de requisitos ("checklists") para la extradición, glosarios de términos jurídicos de uso común e instrumentos similares de orientación y explicación simplificada sobre extradición y procedimientos conexos;

Formularios modelo de solicitudes intergubernamentales de asistencia jurídica mutua;

Materiales didácticos sobre los mejores métodos de obtener asistencia bilateral e internacional en materia de decomiso de activos.

A fin de facilitar esta labor, se iniciará de inmediato la compilación de una lista de puntos de referencia para fines de información en materia de extradición, asistencia jurídica mutua y decomisos de activos.

IV. Política carcelaria y penitenciaria

Reiterar la necesidad de promover en el marco de la OEA el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación técnica en materia de política carcelaria y penitenciaria

V. Sede de la Tercera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

A. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Costa Rica como sede de la III Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, y encargaron la elaboración de la agenda de dicha reunión en el marco de la OEA.

B. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Trinidad y Tobago como sede de la IV Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, y encargaron la elaboración de la agenda de dicha reunión en el marco de la OEA

Por eso sin desconocer la importancia de otros temas, este diálogo será más fructífero, en la medida en que se concentre sobre cuatro áreas de gran importancia para la modernización y el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas: el acceso a la justicia; la formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales; la política carcelaria y penitenciaria, y el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación judicial y jurídica interamericanas.

Desde los inicios de la década de los ochenta, la reforma de los sistemas de justicia se ha ido convirtiendo en una prioridad en la agenda de nuestros gobiernos y de nuestros países. Hoy nadie discute que para consolidar la democracia y hacerle frente a los peligros que la asechan: narcotráfico, terrorismo, corrupción; para fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, para asegurar el crecimiento económico es indispensable contar con una administración de justicia accesible, eficaz, eficiente, independiente, dignificada, fuerte y sensible a los valores democráticos, así como fortalecer los mecanismos de cooperación jurídica y judicial en las Américas.

Pero esta es una tarea bastante compleja no solo por los significativos problemas substantivos sino, además, por la consecuente percepción tan negativa que tenemos en las Américas de nuestros sistemas judiciales Muchos sondeos muestran que la América Latina y el Caribe es una de las regiones de menor fiabilidad del estamento judicial. Estas circunstancias deslegitiman los procedimientos democráticos, estimulan la justicia por mano propia y la violencia y afectan gravemente la competitividad de nuestras empresas en términos internacionales.

Para hacerle frente a tan graves males claramente percibidos por los ciudadanos de todas las latitudes hemisféricas durante la última década en numerosos países de América Latina y el Caribe se ha puesto en marcha reformas judiciales con el apoyo en especial del BID, pero también del Banco Mundial y la AID, en un esfuerzo pionero que merece todo el reconocimiento de la comunidad internacional.

Aún cuando pareciera muy temprano para evaluar el impacto total de esas reformas, ya es hora de comenzar a analizar algunos de los resultados que se han venido produciendo y de aprender lecciones de la experiencia que se han tenido con algunas de estas reformas.

Una mirada sobre el camino que hemos recorrido hasta ahora, nos permite comprobar que las reformas emprendidas todavía tienen un alcance limitado, que en algunos casos se han generado efectos no previstos o no deseados y que, en definitiva, aún son muchas las acciones que, entre todos, tenemos que adelantar para asegurar que en realidad se modernicen nuestros sistemas de justicia. Haber olvidado durante tantos años la justicia y haberla reducido a una especie de cenicienta de las instituciones publicas, representa una carga difícil de llevar para cualquier esfuerzo de reforma.

Tal vez el principal factor que esta pesando sobre las bondades o beneficios de las Reformas Judiciales está relacionado con el de las altas expectativas o las significativas demandas de respuesta que los ciudadanos esperan de nuestros Sistemas Judiciales. Seguramente esa relativa impaciencia de nuestros ciudadanos se origina en que a pesar de los esfuerzos realizados se ha producido un dramático crecimiento de la de la criminalidad. Según estudios recientes, por ejemplo, en el caso de los homicidios, en América Latina la tasa promedio es más del doble que en cualquier otra región del mundo y seis veces el promedio mundial, para no mencionar otros modalidades de violencia o de impunidad que han terminado por generar sentimientos generalizados de inconformidad y, con frecuencia desespero, y que nos llevan a señalar aun los muy limitados resultados de las reformas emprendidas.

¿Qué podemos hacer para afrontar esta realidad? En primer lugar, pienso que es necesario realizar un mayor esfuerzo pedagógico para explicar que la reforma judicial es un proceso y no un hecho estático o aislado en el tiempo y que, en consecuencia, después de tantos años de olvido y ostracismo, no son suficientes la expedición de algunas normas o la realización de algunos cambios, para asumir que, como por encanto, se modernizan los sistemas de justicia.

Los pasos que hemos dado hasta ahora han mostrado que, como ocurre con relación a todas las demás políticas públicas, no existen milagros o soluciones mágicas o simples para las fallas de la justicia. De hecho, parte de lo que hemos aprendido es que los problemas en este caso son sistémicos y exigen, por lo tanto, soluciones continuadas de la misma naturaleza, en la esferas constitucional, legal, administrativa, presupuestal, de apoyo logístico, de los Sistemas educativos del Derecho, de los de la capacitación, etcétera.

En segundo lugar y por eso la importancia de reuniones como esta, tenemos que aprovechar mucho más el conocimiento acumulado y las lecciones aprendidas. La experiencia de estos años nos comprueba que todavía existe un espacio inmenso para mejorar el diseño y la ejecución de las reformas en curso y de consiguiente de las que se deben acometer en el futuro. Para conseguir este propósito, entre otros, se requiere promover y facilitar el intercambio de información y de experiencias. No tiene sentido volver a repetir errores en que otros han incurrido, con frecuencia con inmensos costos para los países.

En tercer lugar, es preciso que todos entendamos que las reformas judiciales deben permitir y asegurar la evaluación periódica de los avances y resultados. Nuestros pueblos no están dispuestos a seguir girando cheques en blanco. Cada vez es más evidente que sin una adecuada rendición de cuentas, va a ser muy difícil, o en muchos casos imposibles, exigir mayores esfuerzos fiscales o congregar un gran respaldo ciudadano en torno a los procesos de transformación de los sistemas de justicia.

En cuarto lugar, se requiere formular la reforma judicial como una política integral que abarque tanto las diferentes áreas sustantivas y procesales, como todas las instituciones relacionadas con el tema ya sean cortes y juzgados, organismos de policía judicial, ministerios de justicia, procuradurías, fiscalías o sistemas penitenciarios y carcelarios.

En quinto lugar, es necesario concebir la reforma judicial como un proceso político en el mejor sentido de la palabra que, por lo tanto, interesa a toda la ciudadanía y en el que deberían participar tanto los jueces, los gobiernos y los legisladores, como el sector privado, los centros de investigación y capacitación, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Sr. Presidente Señores Ministros y Procuradores:

Quisiera compartir algunas reflexiones sobre los cuatro grandes temas de los cuales se van a ocupar ustedes, con el único ánimo de contribuir a este diálogo que no dudo será muy enriquecedor y constructivo.

En cuanto al tema del acceso a la justicia, pienso que para corregir algunas de las fallas que se presentan en este frente, tenemos que avanzar aún más en la creación de condiciones que faciliten a las personas, cuando esto sea posible, resolver sus controversias sin necesidad de acudir a los jueces y de reservar la intervención de éstos para la resolución de aquellos conflictos que por su importancia social y jurídica verdaderamente lo demanden. Permítanme sólo citar dos ejemplos.

El crecimiento del comercio internacional y la necesidad que tienen nuestros países de una significativa contribución de la inversión extranjera a sus procesos productivos, hacen imperativo desarrollar los instrumentos que garanticen seguridad jurídica y celeridad en la solución de las diferencias que se puedan presentar. Como resultado del abuso de la protección diplomática por parte de los estados de origen de los inversionistas extranjeros, en Latinoamérica se desarrolló una estructura legal que buscaba someter a los inversionistas extranjeros a la jurisdicción exclusiva del Estado anfitrión. Yo me pregunto si no conviene que avancemos mucho más en la promoción y aplicación del arbitraje y otros medios alternativos para la solución de este tipo de conflictos.

De hecho, para avanzar en esta dirección, la Secretaría General de la OEA, en unión de las Cámaras de Comercio, durante promovió la realización de programas de cooperación en materia de arbitraje internacional.

En el otro extremo, creo que debiéramos dar nuevos pasos que faciliten y hagan expedito la resolución de conflictos cotidianos de los pobladores de menores recursos económicos y en el interior de grupos étnicos y organizaciones sociales que tienen una vida institucional activa. Estoy seguro que en este campo tenemos un amplio terreno para aprender los unos de los otros. Sin desconocer la singularidad y características de cada caso, tengo la certeza que sería muy ilustrativo para todos conocer mucho más, para sólo citar algunos ejemplos, de la experiencia peruana de la justicia de paz y de los sistemas de solución de controversias en el seno de las comunidades campesinas y nativas; de los desarrollos dados en el Brasil con la creación de los juzgados especiales para la conciliación, juicio y ejecución de causas civiles de menor complejidad, e infracciones penales de menor potencial ofensivo; o de los resultados que han tenido en Colombia las llamadas casas de justicia.

En cuanto al tema de la formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, sin perjuicio de la descripción de los programas y escuelas que se han creado en varios países, pienso que sería de gran utilidad intercambiar ideas sobre cómo definir el tipo de capacitación que se necesita en cada caso, cómo evaluar el impacto real de los programas que se desarrollan y cómo vincular la capacitación con los sistemas de carrera y promoción laboral.

En desarrollo de los mandatos de la Cumbre de las Américas de Santiago, ustedes también se van a ocupar de la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Allí va a ser necesario avanzar en la definición de líneas de política fundamentales. ¿Cuál va a ser el nicho de acción de este centro? ¿En qué áreas se debiera concentrar? ¿Cómo debiera ser su organización y funcionamiento? ¿Cómo debiera coordinar sus acciones con las instituciones nacionales y con los organismos del sistema interamericano? ¿Cómo debiera rendir cuentas periódicas sobre sus actividades y resultados? Todas estas son preguntas básicas si en verdad queremos asegurar que esta nueva institución genere un valor agregado en el desarrollo de los temas de la justicia en la región.

En cuanto al tercer tema de su agenda, es una realidad que los sistemas carcelarios y penitenciarios son cada vez objeto de mayores preocupaciones. Las políticas en esta materia merecen una atención especial tanto por consideraciones humanitarias, como de eficacia y eficiencia. En el informe de progreso sobre las condiciones de detención en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo muna primera identificación de las áreas que necesitan ser tratadas, y cuyo análisis mas detallado haría pertinente el convocar una primera reunión de las autoridades judiciales para hablar de política penitenciaria y carcelaria y de las autoridades carcelarias o penitenciarias de los países del hemisferio que nos permita intercambiar experiencias e información práctica sobre problemas comunes y definir programas y proyectos específicos de cooperación en este campo.

El último tema de la agenda tiene que ver con algo que es de la esencia de nuestra organización él referente a la cooperación judicial. Durante los últimos años se han realizado avances de gran importancia en el marco de la OEA que ha demostrado estar a la vanguardia en la adopción de instrumentos jurídicos internacionales contra modalidades específicas de criminalidad organizada. Entre ellos, quisiera relevar la Convención interamericana contra la corrupción, instrumento pionero que ha inducido importantes desarrollos entre los países de la OCDE y en el Continente Europeo; la declaración y el plan de acción para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo; la estrategia antidrogas del Hemisferio; la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos.

Todos ellos hacen parte de los veinticuatro tratados que hacen relación con la cooperación judicial. De entre ellos dos no han entrado en vigor a pesar de que uno de ellos fue adoptado hace más de 15 años y el otro hace cerca de seis años. Del mismo estudio se infiere que el 48% de los países que firmaron estas convenciones aún no las han ratificado. Por eso, pienso que la ratificación y aplicación efectiva de estos instrumentos jurídicos, constituye tal vez el primero y más importante desafío que tenemos en materia de cooperación jurídica y judicial.

La Secretaría General, tomando como caso piloto la Convención contra la Corrupción, realizó el año pasado seminarios en varios países miembros para apoyar la ratificación e implementación de este tratado y durante el año en curso, en unión del BID, vamos a desarrollar actividades de cooperación en otros doce países del hemisferio con el mismo propósito. Podríamos apoyar procesos similares en relación con otros instrumentos interamericanos de cooperación jurídica y judicial, definidos por los SS Ministros y Procuradores Generales.

Permítanme, por último, destacar la importancia de la iniciativa, promovida por la señora Procuradora Janet Reno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir como parte de las deliberaciones de esta reunión, los temas relacionados con el combate a los llamados delitos cibernéticos.

Señor Presidente Fujimori, Sres. Ministros y Procuradores Generales

Los avances que hemos dado en apenas un poco más de un año desde nuestra reunión en Buenos Aires, sólo nos permiten ser optimistas tanto sobre los resultados de este encuentro como sobre los desarrollos del mismo. Estoy seguro que a partir de este dialogo entre ustedes podremos definir una nueva carta de navegación para la modernización y el perfeccionamiento de los sistemas de justicia y para el fortalecimiento cooperación jurídica y judicial en las Américas que este a la altura de lo que nos demandan nuestros pueblos y nuestras instituciones en el marco de la creciente integración hemisférica.

DISCURSO DEL ING. ALBERTO FUJIMORI, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN LA II REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA Y PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

Señores Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas

Doctor César Gaviria Trujillo, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Señoras y señores:

Expreso, en primer término, el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno del Perú al secretario general de la OEA, doctor César Gaviria, por esta convocatoria a la II Reunión de Ministros de Justicia de las Américas. Ello no sólo permitirá dar continuidad a las recomendaciones acordadas durante la primera reunión, sino, fundamentalmente, a las tareas tendientes a la modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas.

Uno de los grandes desafíos de hoy lo constituye la necesidad de contar con instituciones judiciales eficientes, modernas y responsables, capaces de responder rápidamente a las demandas existentes y de combatir de manera eficaz flagelos comunes que vienen afectando de manera creciente a nuestras sociedades.

Y esta II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas, a la que doy afectuosa bienvenida en nombre del pueblo peruano, es una nueva respuesta a ese desafío.

Se menciona a menudo, y a veces en un tono de áspera crítica, que en América Latina, y respecto de otros aspectos de la vida nacional, la reforma de los sistemas de justicia no va al ritmo de otras reformas. Esto es cierto en el caso del Perú y no vamos a negarlo. Pareciera que los defectos y rezagos de un sistema que hunde sus raíces en el orden colonial, todavía florecen.

Pero se olvida, a menudo, que este sistema ha podido sobrevivir a todos los regímenes democráticos de la era republicana. Incluso entre los críticos de la actual reforma hay hasta ex-ministros de justicia, funcionarios y expertos que en otros tiempos intentaron, sin éxitos concretos, transformaciones substanciales. Todo lo cual no quiere decir que estemos capitulando o buscando justificaciones frente a errores o limitaciones.

Seguimos pensando lo mismo: No habrá desarrollo estable en América, en el Perú, ni en ninguna parte, mientras éste no proyecte la suficiente confiabilidad para que toda la sociedad sienta que tiene asegurado el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos.

Independencia del Poder Judicial significa, no interferencia de éste por otro poder del Estado, obviamente, sino también, igualmente, que no pueda ser manipulado por intereses privados.

Así como la pobreza económica es producto de décadas de experimentos populistas, derroche fiscal y corrupción en la hacienda pública, las deficiencias judiciales, desde siempre, han sido, en parte, producto de los manejos de sectores minoritarios.

Aquí en el Perú, leguleyadas históricas, grandes injusticias, han sido en el pasado cosa de todos los días. Así se esquilmaba a las comunidades campesinas, así se hicieron grandes fortunas con negocios inmobiliarios, con la consolidación de la deuda externa e interna.

Un sistema de justicia moderno y eficiente no es un objetivo inalcanzable, pero existe, repito, un requisito básico para lograrlo: una cultura ciudadana que apunte a la defensa férrea de los derechos fundamentales del hombre y de todos los ciudadanos.

Aquí en el Perú existen millones de peruanos que han migrado a Lima desde los Andes, invadido luego terrenos eriazos y construido precaria vivienda.

Hoy, después de décadas, cientos de miles de esos ciudadanos comienzan a tener títulos de propiedad inmobiliaria, de igual valor que los que poseen propiedades en barrios exclusivos. Esto también es justicia. También esos peruanos de barrios marginales hoy cuenta con la infraestructura urbana básica, con que ayer no contaban. Les falta aún muchas cosas, sin duda, pero entre ellas, el derecho a la justicia.

Es decir, cuando hablamos de sistemas de justicia, no sólo nos referimos a la aplicación de la ley, sino también, valga la redundancia, a la aplicación de la justicia en toda la extensión de la palabra, es decir en su dimensión económica y social.

Y por ello, la preocupación por el acceso universal a la justicia, que será un tema central de esta importante reunión, es una aspiración que compartimos plenamente. Que el humilde poblador pueda hacer valer sus derechos ante cualquier otro ciudadano, no importa lo económicamente poderoso que sea.

Todavía hay mucho por hacer, para que el ciudadano humilde, el niño desamparado y la mujer que es objeto de la violencia doméstica, puedan proteger debidamente sus derechos, al igual que quién tiene grandes apellidos y recursos.

En el marco del "Programa de Mejoramiento de Acceso a la Justicia" en el Perú ahora se empieza a construir 83 módulos básicos de justicia a nivel nacional y en zonas urbanomarginales y de frontera.

Hay siempre quienes trafican con algunas realidades y conceptos. Se dice, por ejemplo, que en 1992, cuando se dieron medidas excepcionales para enfrentar la lucha antiterrorista se caminó en sentido contrario a la Ley y la juridicidad. Hay que recordar, una vez más, que entonces el sistema de administración de justicia era solamente una fachada, detrás de él habían jueces y funcionarios amenazados por el terrorismo, incapaces en la práctica de ejercer regularmente su función.

Eran Sendero Luminoso y el MRTA los que aplicaban "su Ley", a través de un control coactivo del sistema. 750 inculpados terroristas fueron puestos en libertad por, dicen que "falta de pruebas". Entre quienes se liberó estuvo nada menos que Abimael Guzmán, cabeza de Sendero Luminoso y un gran genocida.

La realidad nos obligó a dictar una legislación de emergencia para salvar a la democracia. Si no hubiéramos hecho aquello, hoy el territorio peruano estaría tomado por el narcoterrorismo y la II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores de las Américas no estarían reuniéndose aquí en este salón.

No se trata de quebrar el Estado de Derecho, sino de adecuarlo a circunstancias de emergencia. Hace dos años el incremento de la criminalidad urbana, impuso como realidad una legislación provisional que nos ayudara a preservar un clima de tranquilidad para todos los ciudadanos, y de confianza para los inversionistas.

Evidentemente no hemos logrado hacerlo todo, pero el balance no es negativo. Hoy en el Perú hay una justicia más descentralizada, hay cárceles modernas y donde es posible la rehabilitación del recluso. Existe, en suma, un mayor acceso a la justicia para las mayorías.

Celebramos por todo ello el que la Organización de los Estados Americanos haya asumido el serio compromiso de impulsar la cooperación jurídica y judicial y el intercambio de experiencias en cuanto se refiere al combate contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional, incluyendo modalidades inimaginables en otros tiempos, como el que acaba de mencionarse, el delito cibernético.

Señoras y señores:

El Gobierno del Perú, así como lo expresáramos todos los Jefes de Estado y de Gobierno en la II Cumbre de las Américas de Santiago, tenemos una gran expectativa en el diálogo y el intercambio de información que se llevará adelante en esta II Reunión de Ministros de Justicia.

Apoyamos firmemente el que éste proceso continúe en el marco de la OEA, para beneficio de nuestros pueblos.

Con ese espíritu, nuevamente expresando nuestra bienvenida, declaro inaugurada la II Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas.

SEGUNDA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS

1. Expresar su más sincero agradecimiento al Gobierno y el pueblo de la República del Perú por la excelente colaboración que aseguró el buen éxito de los trabajos de la Reunión y por las numerosas atenciones, cortesías y facilidades brindadas a las delegaciones y a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.