PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, C�SAR GAVIRIA, EN LA REUNI�N DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE CRIMEN Y PREVENCION DE LA DELINCUENCIA
Medell�n, Colombia, 19 de abril de 1999
Quiero iniciar agradeciendo al Gobierno de Colombia, al pueblo y al Alcalde de Medell�n, doctor Juan G�mez Mart�nez, por haber ofrecido esta bella y pujante ciudad para servir de sede para la primera reuni�n de expertos gubernamentales sobre la prevenci�n del delito y lucha contra la delincuencia. Este ofrecimiento hace honor a su conocida tradici�n de hospitalidad. No pod�a haberse escogido sitio m�s apropiado: Esta ciudad aprendi�, de la manera m�s dura, las consecuencias de una terrible oleada de violencia la cual ha venido superando gracias a la entereza de esta raza antioque�a que no se dobleg� frente a los violentos y que ha actuado con valor y solidaridad.
No puedo dejar de mencionar y agradecer la labor adelantada por el Embajador Luis Alfredo Ramos en el seno de la Organizaci�n de los Estados Americanos. Sus capacidades intelectuales, su dedicaci�n y trabajo le han permitido representar a Colombia con sinigual decoro y contribuir enormemente a hacer realidad esta reuni�n.
Quiero en nombre de todos los presentes agradecer la presencia del Se�or Canciller de Colombia, Don Guillermo Fern�ndez de Soto, quien con inteligencia y seriedad est� desarrollando la pol�tica internacional de mi pa�s y quien nos ha dado todo su concurso para el �xito de esta reuni�n. Igualmente quiero saludar la presencia del Se�or Ministro de Justicia de Colombia, Don Parmenio Cu�llar.
Para m�, como colombiano, es un gran placer y motivo de orgullo volver nuevamente a Medell�n. Estoy ligado a Antioquia por lazos indelebles. De aqu� vienen mis ancestros, de aqu� son los mitos y tradiciones que recib� en mi infancia, y cuando ejerc� funciones publicas aqu� aprend� la honestidad en la que se cultivaron mis valores. Aqu� naci� la pujanza de la que se han derivado los saltos de prosperidad que han forjado a Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar con los dirigentes y el pueblo antioque�o en muchas empresas de progreso.
El tema que nos convoca hoy es fundamental para todos los americanos. La criminalidad y la violencia han golpeado con dureza la tranquilidad de nuestros pueblos y se han convertido en los �ltimos a�os en una preocupaci�n de alt�sima prioridad para los ciudadanos de la gran mayor�a de los pa�ses de nuestro hemisferio. Estudios acad�micos, estad�sticas criminales, investigaciones period�sticas, encuestas de opini�n muestran que la poblaci�n percibe el ascenso de la criminalidad com�n, de la violencia y de la inseguridad como uno de los problemas m�s agudos.
Seg�n estad�sticas mas o menos confiables, la violencia ha tenido en los �ltimos a�os una tendencia creciente y generalizada, tanto en el continente como en el Caribe. Los niveles de homicidio para Am�rica Latina, que se hab�an mantenido en un rango relativamente estable por varias d�cadas, se han elevado dr�sticamente en la �ltima d�cada. Los datos recolectados nos muestran que las cifras agregadas para la regi�n se duplican frente a la d�cada anterior hasta alcanzar 30.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa misma cifra era de 12.6 en 1960, de 10 en 1979, de 14 en 1980 y de 16.9 en 1985. Este, que es el indicador de violencia m�s simple, es m�s del doble que el de cualquier otra regi�n del mundo y es seis veces mayor que el promedio mundial. Otras fuentes, citadas en un muy cuidadoso estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se�alan que esa tasa para Am�rica Latina y el Caribe era de 28.4 por cien mil, con un incremento de m�s de 44% en tan s�lo diez a�os. Aunque no todas las cifras son equivalentes y hay problemas de sistematizaci�n y metodolog�a en la producci�n de estas, hay claramente una tendencia y unas magnitudes que nos indican que estamos frente a un creciente problema de violencia y criminalidad.
Me he referido hasta ahora principalmente a los homicidios pues se trata de una de las pocas estad�sticas relativamente homog�neas y que presenta menores problemas de subregistro. Sin embargo, como es obvio, las estad�sticas de otro tipo de delitos y violencia muestran tendencias similares.
No hay duda entonces de que se trata de un problema que tiene un enorme costo humano, pol�tico y social en toda la regi�n. Afecta la calidad de vida de amplios sectores de la poblaci�n; impide los procesos de desarrollo econ�mico y es un factor negativo para la inversi�n; erosiona la capacidad del gobierno y de las instituciones; produce un efecto negativo en la preservaci�n de los derechos humanos; y limita el desempe�o de la administraci�n de justicia y de los organismos policiales, perpetuando el ciclo ilegal de la violencia y por ende impidiendo realizar plenamente los principios democr�ticos.
En cuanto al costo econ�mico, el investigador colombiano Juan Luis Londo�o, en uno de sus m�s recientes trabajo para el BID, ha tratado de desentra�ar el costo de la violencia en t�rminos econ�micos, en seis pa�ses (Brasil, Colombia, El Salvador, M�xico, Per� y Venezuela). El estudio desagreg� los costos en cuatro categor�as: impacto en salud, costos relacionados con polic�a, seguridad y justicia, intangibles y transferencias. El estimado por pa�s fluct�a entre 5.1 y 24.9 por ciento, con un promedio de 14.2 % del PIB.
Pero todas estas formas de violencia tienen un efecto adicional que puede ser, en el largo plazo, el m�s grave. Se trata de la degradaci�n del tejido social que implica la persistencia de niveles elevados de criminalidad. En efecto, el temor y la agresividad que alimenta la delincuencia afectan la capacidad de la sociedad para progresar. La criminalidad conlleva aislamiento y desconfianza, minando las bases mismas de la vida en sociedad. La sensaci�n de impotencia y de desprotecci�n frente al crimen tambi�n afecta la legitimidad y credibilidad del Estado. Estos diferentes elementos amenazan la viabilidad misma de nuestras sociedades de cara al pr�ximo siglo.
En la OEA otorgamos gran importancia a los trabajos y estudios que vienen realizando las autoridades e investigadores, a trav�s de los cuales se busca volver sobre estas causas y los efectos vinculados a los fen�menos de violencia y de criminalidad, al igual que sobre el resultado de diversas medidas dispuestas para enfrentarlos. En nuestros trabajos en la OEA hemos identificado esos conjuntos de razones as�:
Una primera corriente relaciona la criminalidad con una incapacidad del sector productivo para absorber la poblaci�n en edad de trabajar. La segunda relaciona crimen con pobreza. La tercera resalta la importancia de las motivaciones de car�cter social que incentivan una acci�n criminal espec�fica.
Deseo hacer algunas consideraciones acerca de las posibles causas que he mencionado ya que de su an�lisis m�s detallado pueden surgir propuestas especifica para encarar este problema. La violencia se acent�a entre los j�venes, especialmente entre quienes no han tenido experiencia laboral previa. En lo que hace relaci�n con la pobreza las investigaciones comparadas no muestran de manera concluyente una correlaci�n entre �ndices de violencia y zonas de mayor pobreza. En Am�rica Latina, esto parece relacionarse m�s con los crecientes niveles de desigualdad. Ciertos aspectos culturales, como la aceptaci�n directa o indirecta al uso de la violencia, el validar y tolerar conductas como el consumo incontrolado de alcohol, el uso permisivo de drogas psicoactivas o el porte de armas mas o menos indiscriminado por civiles, indudablemente inciden en la mayor violencia.
La impunidad, la ilegitimidad del estado, o incluso la abierta injusticia de la acci�n judicial y la falta de sanci�n a conductas criminales, pueden alimentar una cierta aceptaci�n a comportamientos delicuenciales. Fen�menos extendidos de corrupci�n a alto nivel pueden crear la sensaci�n entre sectores socialmente desfavorecidos de una aguda ilegitimidad de las normas vigentes, y usualmente esc�ndalos sobre delitos de cuello blanco o de corrupci�n de altos funcionarios del estado, van asociados a olas de delincuencia com�n. El sentimiento de que los poderosos y los privilegiados delinquen y que la impunidad es rampante, por lo general validan una cierta aceptaci�n social hacia el delito en los sectores m�s pobres.
Mas all� de las estad�sticas, mas all� de las explicaciones y de las dimensiones exactas del crecimiento del crimen y la violencia en cada pa�s, las consecuencias de esta situaci�n se reflejan en una percepci�n de la gente respecto del Estado. Se trata de un sentimiento generalizado en el cual los ciudadanos perciben que las instituciones que en general respetan y no confrontan, no les est�n dando protecci�n a su vida, ni garant�as a sus actividades diarias, ni seguridad a sus bienes. Este, dir�a yo, es el problema de inseguridad al que est� orientado esta reuni�n.
Los casos citados anteriormente nos permiten tener una idea de la compleja gama de factores que pueden entrar en juego a la hora de fijar pol�ticas y de emprender acciones en este campo. La multiplicidad y diversidad de eventuales acciones obedecen a que la elaboraci�n del tema es aun incipiente, lo que a su vez ha impedido integrar, bajo un mismo cuerpo, las diferentes iniciativas y programas desarrollados as� como los logros obtenidos. Esta misma dispersi�n sin duda alguna ha impedido a las autoridades y a los gobiernos de los diferentes pa�ses elaborar un sistema y una metodolog�a que les permitan compartir los conocimientos alcanzados y los resultados obtenidos, as� como analizar de manera comparativa las variaciones que puedan presentarse por diversos conceptos.
Debemos complementarlos con instrumentos de medici�n tales como las encuestas de victimizaci�n que permitan disminuir la tasa de subregistro y den mayores luces sobre las circunstancias de ocurrencia del delito, de manera que puedan definirse con mayor precisi�n las prioridades para la acci�n. En este sentido, una aproximaci�n inspirada de la epidemiolog�a, que permita avanzar en la identificaci�n de circunstancias, ocurrencias y factores de riesgo, ser�a de gran utilidad para el dise�o de intervenciones efectivas.
Tambi�n debemos hacer diversas consideraciones sobre el procedimiento utilizado para la elaboraci�n de las informaciones estad�sticas relacionadas con la materia y en especial sobre la toma y el procesamiento de los datos. Hemos concluido que no solo existen diferentes criterios para la clasificaci�n de los hechos que se deben estudiar, sino que en la recolecci�n de la informaci�n participan diversas autoridades y organismos que carecen de orientaci�n y coordinaci�n adecuadas. Se han encontrado diferencias no solo de pa�s a pa�s, sino incluso al interior de los mismos.
Un programa especial de seguridad deber�a dedicarse a cuatro �reas de trabajo: prevenci�n, legislaci�n penal, estructura de aplicaci�n de la ley y sistema penitenciario.
Las pol�ticas preventivas pueden clasificarse en dos clases: aquellas encaminadas a actuar sobre los factores generales que se consideran asociados al delito, como puede ser la desigualdad econ�mica, la inestabilidad familiar, la educaci�n o formaci�n para modificar actitudes individuales y para prevenir conductas desviadas y las pol�ticas que enfatizan su acci�n en la reducci�n de oportunidades para cometer delitos.
El �nfasis de las medidas de car�cter preventivo se ha centrado en el control de armas por civiles, control a organismos de fuerza p�blica y control a sistemas de vigilancia privada, la adopci�n de mecanismos orientados a atender los conflictos que surgen en comunidades, en programas de rehabilitaci�n y resocializaci�n, y en el tratamiento brindado a sectores particularmente vulnerables de la poblaci�n, en especial menores y j�venes.
Tambi�n se han adoptado medidas encauzadas a fortalecer las respuestas en el campo educativo, en la preservaci�n del n�cleo familiar, en la protecci�n de los derechos humanos, en el mejoramiento de las condiciones sociales, en la mayor participaci�n de los ciudadanos en la adopci�n de pol�ticas y en la fiscalizaci�n de las acciones emprendidas. La educaci�n, por ejemplo, es un elemento clave dentro de la prevenci�n. Y no me refiero hoy a la necesaria elevaci�n del nivel educativo general de la poblaci�n. Estoy pensando en campa�as espec�ficas para educar y prevenir la violencia familiar, el abuso, incluido sexual, de los ni�os. Construir relaciones de confianza y respeto en el seno de la sociedad, y entre �sta y las autoridades, es una condici�n indispensable para devolverle la seguridad a los hogares, calles y parques de nuestras ciudades.
La estructura legal y el marco penal son de manera frecuente objeto de iniciativas que buscan atacar la delincuencia. Con frecuencia se definen nuevas conductas delictivas, se agravan las sanciones de orden penal, se aplican penas m�s severas a determinadas formas delincuenciales y se fijan nuevos procedimientos investigativos y sancionatorios.
Sobre la estructura y aplicaci�n de la ley tendr�amos que se�alar que en los sistemas de investigaci�n, de administraci�n de justicia y en los cuerpos judiciales y de seguridad recae tanto el poder preventivo como el punitivo de una sociedad. La comparaci�n de experiencias exitosas de aplicaci�n de la ley y la formaci�n de personal son terreno f�rtil para la cooperaci�n internacional.
Como lo se�al� en el reciente encuentro de Ministros de Justicia del Hemisferio en Lima, un elemento importante del mejoramiento de los sistemas de justicia es la creaci�n de condiciones que faciliten a las personas, cuando esto sea posible, resolver sus controversias sin necesidad de acudir a los jueces.
Un especial �nfasis merece �l capitulo relacionado con autoridades de polic�a: La calidad, la preparaci�n, la idoneidad de quienes tienen como funci�n principal hacer respetar la ley y asegurar los derechos y garant�ais ciudadanas. Podemos se�alar sin caer en innecesarias generalizaciones que el desarrollo institucional de la funci�n de polic�a y de los cuerpos de polic�a ha sido precario. Se deja a un lado a veces que la misi�n de un polic�a adem�s de ser guardi�n del orden en una comunidad es la de ser agente de paz y convivencia. Sin poner en duda que polic�as organizadas bajo par�metros militares pueden ser respetadas y eficaces, es indispensable para garantizar su idoneidad que se encuentren bajo el control de autoridades civiles y que est� claramente establecida tanto la responsabilidad judicial como la pol�tica.
Un elemento que debe alentarnos es el �xito que est�n teniendo las autoridades en diversos pa�ses del hemisferio en materia de reducci�n de los niveles de criminalidad. Casos como los de Estados Unidos, tanto en el �mbito nacional como de algunas ciudades como Nueva York, con su pol�tica de Cero tolerancia muestran que es posible, con las peculiaridades de esa ciudad, disminuir los niveles de delincuencia de una manera sistem�tica y continuada.
El sistema penitenciario y carcelario es a menudo excluido de estas reflexiones pues fue por mucho tiempo olvidado de las pol�ticas p�blicas. Por el contrario, creo que deber�a asign�rsele una elevada prioridad. Surgen con frecuencia alzamientos, confrontaciones entre presos y autoridades, quejas por abusos y casos evidentes de c�rceles inseguras, insuficientes, mal dotadas y con altos �ndices de hacinamiento. Las c�rceles en lugar de cumplir un papel rehabilitador se convierten en centros de actividad criminal, abusos y corrupci�n. Esto tiene un alto costo en t�rminos del respeto de los derechos humanos y de la reincidencia de los delincuentes. Algunos de los temas de inter�s en este campo incluyen el de infraestructura carcelaria, programas de resocializaci�n y rehabilitaci�n de delincuentes y tratamiento a menores de.
Se�ores ministros y delegados,
La Organizaci�n de los Estados Americanos se ha convertido, gracias al liderazgo e inter�s mostrados por m�ltiples pa�ses, en un foro de di�logo y cooperaci�n que facilita y apoya el tratamiento de problemas que son fundamentales para el progreso y la estabilidad de nuestro hemisferio. Los temas que van ustedes a abordar durante estos dos d�as est�n orientado a identificar las acciones y medidas complementarias que pueden ser emprendidas en el �mbito interamericano para apoyar los esfuerzos nacionales.
Quisiera poner a su consideraci�n cuatro �reas en las cuales creo que la cooperaci�n internacional y m�s espec�ficamente la OEA puede ser de utilidad, cumpliendo con su papel de facilitador y propiciador de la cooperaci�n y el di�logo interamericanos.
Sistemas de recolecci�n de estad�sticas criminales. Se buscar�a promover la unificaci�n de criterios en la recolecci�n de estad�sticas relevantes sobre el tema de criminalidad. Para ello, se conformar�a un grupo de expertos para que estudie el problema y formule recomendaciones que puedan ser desarrolladas por la OEA y los pa�ses miembros. Igualmente podr�amos mantener un banco de informaci�n sobre algunos indicadores de criminalidad en el hemisferio y sobre los nuevos m�todos y t�cnicas de medici�n, registro y seguimiento de los indicadores de violencia.
Banco de pol�ticas frente al crimen y la violencia. La idea es recopilar un conjunto de pol�ticas y programas preventivos aplicados en distintos pa�ses y ciudades del hemisferio y promover mecanismos para el intercambio de los mismos. El objetivo en el mediano plazo ser�a establecer un sistema de informaci�n hemisf�rica que difunda la informaci�n sobre experiencias exitosas en la lucha contra el delito y la prevenci�n de la delincuencia.
Capacitaci�n en los campos de polic�a, criminolog�a e investigaci�n criminal. La idea ser�a que pudieran fortalecerse los intercambios de entrenamiento y formaci�n en todas estas �reas, as� como en las de prevenci�n, para que el cuerpo de conocimiento desarrollado y probado en un pa�s pueda compartirse con otros.
Cooperaci�n con otras entidades multilaterales, gobiernos, fundaciones privadas y ONGs. Para algunos de los prop�sitos enunciados anteriormente, ser�a necesario buscar el apoyo y la coordinaci�n de entidades como el BID, OPS, UNESCO, Banco Mundial y las fundaciones privadas que vienen apoyando la investigaci�n acad�mica en estos temas y tienen disposici�n de avanzar de manera colectiva en la ejecuci�n de proyectos. Hemos venido trabajando, a trav�s de un comit� t�cnico, para estudiar y proponer la conformaci�n de una coalici�n de agencias internacionales para apoyar los esfuerzos nacionales en materia de prevenci�n.
Se�ores ministros y delegados,
Es necesario que la sociedad en su conjunto, gobierno, gremios, organizaciones civiles y academia, le otorguen la prioridad necesaria a este desaf�o. Se requiere una voluntad pol�tica perseverante y clara para sostener en el tiempo iniciativas y esfuerzos sistem�ticos cuyos resultados podr�n verse, en algunos casos, tan s�lo en el mediano plazo.
La delincuencia, el crimen y la violencia, forman un nudo gordiano que es necesario desatar para liberar todo el potencial de desarrollo, progreso y bienestar de nuestro continente. Garantizar un ambiente de seguridad, de tranquilidad y de respeto a los derechos ciudadanos contribuir� a construir un hemisferio m�s pr�spero, m�s pacifico, m�s justo.
Quiero, al desearles �xitos en sus trabajos aqu� en Medell�n, hacer un llamado a todas las autoridades nacionales y locales, a las organizaciones de la sociedad civil, y a los medios de comunicaci�n para que unan esfuerzos en una campa�a para prevenir y reducir la criminalidad y la violencia. Es un imperativo pol�tico, moral y econ�mico que debemos cumplir por el bienestar de nuestros hijos.
Muchas gracias.
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