El Proceso de Cumbres Hemisféricas y la Organización de los Estados Americanos.

La OEA y la experiencia de la Cumbre de Miami.

1. Introducción.

A tiempo de concluir la Cumbre de las Américas de Miami, un nuevo diseño de agenda interamericana tomó forma. Los cambios operados en la región en los últimos años abrieron nuevos espacios de concertación frente a temas esenciales como democracia, derechos humanos, integración económica, desarrollo sostenible, modernización del Estado, lucha contra las drogas, terrorismo, corrupción, y otros no menos importantes.

En varios de estos temas, el Plan de Acción de Miami señaló mandatos precisos para la Organización de los Estados Americanos, que debían traducirse en hechos concretos. Hoy, cerca de tres años después de Miami, la Secretaría General se permite presentar un documento de evaluación objetivo sobre los avances que los Gobiernos del hemisferio lograron en el ámbito de la OEA, algunos de los cuales se han traducido en estrategias colectivas, planes de acción y convenciones vinculantes en temas que requirieron de difíciles negociaciones.

El resultado está ahí, y dos lecciones importantes debemos rescatar. Primero, que la sociedad interamericana ha evolucionado y los consensos son mucho mayores hoy que en ninguna otra época de nuestra historia. Segundo, que la OEA es el foro político más apropiado para fortalecer los consensos sobre los cuales se apoya la nueva agenda hemisférica.

2. La OEA y el seguimiento de los Acuerdos de Miami.

A continuación se presenta una revisión de los trabajos realizados por la OEA en relación con cada una de las iniciativas del Plan de Acción aprobado en Miami, y en las cuales los Estados entregaron a la OEA mandatos específicos. Los trabajos que se presentan son sólo aquéllos que se consideran de mayor envergadura. Ello no implica desconocer el hecho (le que la OEA, a, través de sus distintas áreas, ha puesto en marcha una serie de actividades y proyectos de carácter específico apoyando la gestión de los países. Es esa acumulación de actividades en las que la Organización se ha visto involucrada, lo que le ha otorgado una experiencia valiosa en las tareas de implementación y seguimiento de los acuerdos de la Cumbre.

I. La Preservación y el Fortalecimiento de la Comunidad de Democracias en las Américas.

En esta área la OEA ha implementado varios programas y actividades dirigidos a apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de las democracias del Hemisferio. Entre estos deben destacarse numerosos proyectos que la OEA, por lo general a través de la Unidad de Promoción de la Democracia (UPD), realiza en los Estados miembros que los solicitan. Estos proyectos han cubierto aspectos como fortalecimiento de instituciones de gobierno, programas de capacitación técnica a funcionarios públicos, programas de capacitación en valores democráticos, por mencionar sólo algunos.

Además de los casos citados, la OEA ha apoyado el proceso democrático mediante una serie de Programas especiales de consolidación de la democracia. Bajo esta categoría se agrupan las iniciativas que constituyen programas complejos que han representado esfuerzos concentrados e integrales de apoyo a la consolidación de la paz y al desarrollo democrático en países particularmente vulnerables después de períodos de conflicto interno.

En ese sentido, se han realizado proyectos para el fortalecimiento de instituciones democráticas; procesos de prevención y resolución de conflictos; de reinserción de excombatientes y refugiados; programas de educación para la democracia; y mecanismos para la verificación de la observancia de los derechos humanos. Todos estos proyectos han sido adaptados a las particularidades del país y ejecutados conjuntamente con el Estado beneficiario.

Estos Programas constituyen un aporte sustantivo de la OEA a la transición, restauración y consolidación democrática en países miembros. Los programas especiales que se han ejecutado son los siguientes:

a. Programas en situaciones post conflicto.

La OEA ha desarrollado programas de diversas características en Nicaragua (CIAV-OEA), Haití (MICIVIH), Suriname, y más recientemente, Guatemala. En estos casos la OEA ha apoyado actividades tendientes a prestar asesoría a negociaciones de paz; a la desmovilización y desarme de grandes contingentes de combatientes; a la repatriación y reubicación voluntarias de las fuerzas irregulares; a la reinserción de éstos en la vida económica, social y política del país; a vigilar y verificar la observancia de derechos humanos; a crear, capacitar e institucionalizar redes locales de promotores de derechos humanos como las Comisiones de Paz y Derechos Humanos en los lugares de más violencia.

b. Misiones de Observación Electoral (MOE).

Estas actividades han resultado de gran transcendencia tanto en países que enfrentan situaciones de post conflicto, como en aquellos países que desde comienzos de la década de los años ochenta experimentaron transiciones de regímenes autoritarios a gobiernos democráticos. En ambas situaciones la realización de elecciones libres fue un punto crítico para la instauración de un sistema de gobierno percibido como legítimo por amplios sectores de la población. La activa participación de misiones de observación de la OEA en éstas fue importante para la credibilidad, neutralidad y transparencia de los nuevos o recién renovados sistemas electorales. La legitimidad de los primeros gobiernos democráticos después del autoritarismo o aquellos que se establecían en épocas de post conflicto, emanaba principalmente de la limpieza del proceso electoral y por tanto el papel de la OEA en observar estos procesos, en asesorar a los entes electorales y en validar pública e internacionalmente, cuando había lugar, la transparencia de la elección se convirtió en carta de presentación de dichos nuevos gobiernos.

Las misiones de observación electoral de la OEA tienen en cuenta la totalidad de los aspectos que conforman el proceso electoral, incluida la organización y administración del acto comicial, la aplicación de la legislación electoral, la inscripción de partidos y candidatos, la elaboración del padrón electoral, el desarrollo de la campaña proselitista, y la participación de la ciudadanía, entre otros aspectos. Es conveniente señalar que en cada caso la Secretaría actuó sólo por invitación del Estado miembro objeto de la Observación. Desde la primera misión de observación electoral realizada en 1989 a la fecha, la OEA ha participado en la observación de 36 elecciones en 15 Estados miembros. Se han observado elecciones presidenciales, constituyentes, parlamentarias y municipales.

En relación con el tema de Derechos Humanos en general, la OEA ha iniciado un minucioso proceso de análisis, diálogo y evaluación del sistema de derechos humanos en el hemisferio. A partir de reuniones realizadas en la OEA a fines de 1996 y a comienzos de 1997, representantes de gobiernos, expertos, y representantes de la sociedad civil han avanzado en el seno de la Organización una serie de criterios y sugerencias en relación a la necesidad de fortalecer el sistema de promoción y protección de los derechos humanos. Este trabajo debiera permitir fortalecer las labores que han venido realizando las distintas ramas del sistema interamericano de derechos humanos, entre las que vale destacar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el tema específico de derechos de los pueblos indígenas, la OEA, a través de la CIDH, ha elaborado el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este proyecto incluyó la realización de un extenso proceso de consultas con gobiernos y representantes indígenas de la Región. En el proceso participaron también distintas áreas de la OEA y otros organismos relevantes en el tema.

En la Cumbre de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, conscientes de la necesidad de buscar un enfoque colectivo, integrado y equilibrado al problema de las drogas, señalaron la necesidad de contar con una "estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes" y a tiempo de respaldar los esfuerzos de la CICAD, convinieron en "trabajar conjuntamente en la formulación de una estrategia contra los estupefacientes para el siglo = ". Asimismo, encomendaron a la OEA trabajar en el área de lavado de dinero.

En el primer tema, y a través de la CICAD, se adoptó un enfoque multilateral que permitió lograr los consensos necesarios para que los Estados suscribieran una Declaración Hemisférica que reflejara una percepción colectiva de la amenaza que significan las drogas, la necesidad de un enfoque comprensivo del problema y la certeza de que sólo un esfuerzo colectivo puede tener éxito en esta lucha. Ello fue seguido la aprobación de la "Estrategia Antidrogas del Hemisferio" en Buenos Aires en 1996 y la firma de ésta en Montevideo a fines del mismo año. Posteriormente, CICAD aprobó una propuesta inicial con 41 acciones específicas para implementar la Estrategia.

En el área de lavado de dinero, CICAD recibió de la reunión ministerial de Buenos Aires de 1995 la tarea de transformar la Declaración de dicha reunión en un Programa de Acción contra el Lavado de Dinero. Esta fue aprobada por las autoridades pertinentes en junio de 1996 y se encuentra en etapa de implementación.

El mandato de Miami en el tema de lucha contra la corrupción establecía que los Gobiernos "desarrollarán en la OEA, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores público y privado que incluya la extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación".

Luego de un proceso de discusión en la OEA, se aprobó en marzo de 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta constituye un hito en el derecho internacional, establece una triplicación común con respecto al delito de corrupción, compromete a los países a fortalecer sus mecanismos internos y abre las posibilidades para perseguir este delito vía cooperación judicial, intercambio de evidencias y la adopción de medidas sobre la propiedad. También dispone medidas preventivas asociadas al proceso de modernización de las instituciones públicas y participación ciudadana en los mecanismos de control.

Por último, es necesario destacar dos elementos fundamentales de la Convención. El primero es que ésta logra un importante avance dentro del propósito de evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir o proteger a los corruptos; y el segundo elemento es que la Convención también logra importantes avances en un compromiso entre los valores protegidos por el asilo y los que son propios del combate contra la corrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción ha sido posteriormente reforzada con la aprobación por los Estados de un Plan de Acción contra la Corrupción. Éste señala una serie de medidas específicas en distintas áreas que los países pueden comenzar a implementar para combatir la corrupción.

En el marco de la OEA se realizó en Abril de 1996 en la ciudad de Lima en una exitosa Conferencia Especializada sobre Terrorismo. En esta reunión se establecieron los principios comunes que asocian a los países americanos y que los compromete en un plan de acción para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. En esta reunión, la primera reunión Interamericana en esta área, se acordó que los países introducirán en sus legislaciones nacionales medidas para tratar a los actos terroristas y quienes los perpetren como delitos comunes. Así mismo, la Declaración y el Plan de Acción establecen instrumentos para permitir la extradición de personas responsables de actos terroristas y se proponen medidas conducentes a lograr una mayor cooperación policial y judicial en situaciones relacionadas con acciones terroristas.

Dado los cambios que ha experimentado el escenario político y económico del Hemisferio en los últimos años, la OEA ha considerado importante evaluar y reflexionar sobre las repercusiones que dichos cambios tienen sobre el sistema jurídico interamericano. Resulta necesario evaluar dicho sistema y ver su capacidad de adaptarse y responder a nuevas demandas en áreas como: democracia; derecho ambiental; derecho laboral; acuerdos comerciales y de integración económica; inversión extranjera; propiedad intelectual; telecomunicaciones; ciencia y tecnología; seguridad hemisférica; lucha conjunta contra el avance y la internacionalización del crimen organizado y de fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas y la explotación ¡lícita de recursos naturales.

Durante el último año los diferentes órganos de la OEA han tomado decisiones de la mayor trascendencia para conseguir este propósito. Así, por primera vez la Asamblea General en Panamá aprobó una declaración sobre la contribución interamericana al desarrollo y codificación del derecho internacional, en cuyo desarrollo ahora se encuentra trabajando la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

II. La Promoción de la Prosperidad Mediante la Integración Económica y el Libre Comercio

La OEA, a través de su Unidad de Comercio, ha otorgado un importante apoyo técnico al proceso del ALCA. Esto se ha traducido en trabajos de apoyo técnico a nueve de los doce grupos de trabajo del ALCA para cada una de sus sesiones de consultas y análisis. Los grupos apoyados por la Unidad de Comercio son: Inversión; Propiedad Intelectual; Normas y Barreras Técnicas al Comercio; Servicios; Subsidios; Antidumping y Derechos Compensatorios; Economías más Pequeñas; Solución de Controversias; y Política de Competencia; En ese contexto, la OEA ha preparado y publicado cuatro documentos técnicos en temas relevantes al proceso ALCA. Estos documentos fueron aprobados por los ministros de Comercio en la reunión de Belo Horizonte y fueron puesto a disposición de todos los Estados en dicha ocasión.

El trabajo de la OEA en esta área ha significado también adquirir una importante experiencia en cuanto a trabajo conjunto con otras instituciones regionales. El esquema de Comité Tripartito establecido por los ministros de Comercio como el espacio encargado del apoyo al ALCA, ha implicado diseñar mecanismos de colaboración estrecha y eficiente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

La Comisión Interamericana para las Telecomunicaciones (CITEL) continúa siendo el gran punto de encuentro de los países del Hemisferio en el proceso de avanzar en la revolución de la información compartiendo experiencias y estandarizando lenguajes. CITEL ha proveído importante contribuciones técnicas a trabajo realizado por los Grupos de Trabajo en esta área, así como mediante la elaboración de estudios técnicos dirigidos a apoyar el proceso de diseño e implementación de políticas en telecomunicaciones por parte de los Estados miembros.

LA OEA ha apoyado directamente las reuniones de ministros del área y ha desarrollado un importante trabajo de cooperación y asistencia técnica a través del Programa MERCOCYT. Este promueve el trabajo de las asociaciones científicas y empresas tecnológicas de la Región y fomenta el intercambio entre ellas. También está dedicada a elaborar e implementar planes de desarrollo científico y tecnológico para Estados más pequeños y de menor desarrollo relativo.

 

III. La Erradicación de la Pobreza y la Discriminación en Nuestro Hemisferio

Con la creación del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, la OEA ha buscado readecuar su trabajo en las áreas de cooperación para el desarrollo. En ese sentido, el CIDI surge como el principal instrumento de acción colectiva y de cooperación de la Organización y tiene como objetivo central formular y recomendar a la Asamblea General planes estratégicos que articulen las políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral.

A través de la Unidad de Desarrollo Social y Educación, la OEA ha logrado establecer un espacio de discusión y diálogo sobre políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la discriminación. En ese contexto esta Unidad ha asumido las tareas de secretariado técnico de la Red Social de América Latina y el Caribe mediante la cual debe apoyar a la Red para su fortalecimiento institucional y el de sus recursos humanos. Simultáneamente, la Unidad apoya intensamente el trabajo realizado por los Fondos de Inversión Social de los países del hemisferio.

Es a partir de esa experiencia que los ministros y autoridades del área se reunieron en el seno de la OEA para aprobar el "Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación" y el Plan de Acción respectivo. Este último impulsará el fortalecimiento del diálogo interamericano y la identificación de áreas específicas de colaboración en lo relacionado con la modernización de las instituciones públicas y la gestión social; el fortalecimiento de los mecanismos de la participación de la sociedad civil en el combate a la pobreza; la promoción y financiamiento de la inversión social; y los programas de combate a la pobreza y la discriminación.

IV. La Garantía del Desarrollo Sostenible y la Conservación de Nuestro Medio Ambiente para las Generaciones Futuras

En el Pan de acción de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno determinaron realizar una Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Bolivia, para el año 1996, seguida de Conferencias Ministeriales anuales.

En estrecha cooperación con el Gobierno de Bolivia y a solicitud de éste, la OEA participó en la organización de dicha Cumbre y sirvió de Secretaría Técnica para las complejas negociaciones que precedieron a la realización de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Santa Cruz, debido a la disparidad de puntos de vista sobre el tema.

En la Cumbre de Bolivia se aprobaron dos documentos: una Declaración de Principios y un Plan de Acción que significaron un avance en el tema de Desarrollo Sostenible, respecto a la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Río y a la Cumbre de Miami.. No sólo se adoptaron por primera vez conceptos comunes, sino que se acordaron acciones colectivas concretas, fijando responsabilidades a los países y a los organismos regionales.

En virtud de esta Declaración el Desarrollo Sostenible se afirma como un proceso que de forma interdependiente e integral vincula estrategias, objetivos y procesos económicos, sociales y ambientales en beneficio del ser humano como individuo con necesidades económicas, como ciudadano con derechos políticos y como parte de la biosfera.

En ese espacio, los consensos de Santa Cruz sientan las bases de un nuevo paradigma del desarrollo en sus dimensiones sociales y ambientales, reconocen la necesidad de nuevos y adicionales instrumentos financieros, capacidades tecnológicos y herramientas macroeconómicas para el desarrollo con sostenibilidad; la necesidad de una mejor estructura, racionalidad y coordinación de la cooperación.