• Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos, y tomarán medidas concretas, al nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas incluyendo aquellos que corresponden a las mujeres, niños, ancianos, pueblos indígenas, migrantes, repatriados, discapacitados y los que pertenecen a otros grupos vulnerables o discriminados; y tomarán nota de que la utilización del término "pueblos" en este documento no debe interpretarse de manera que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional, y que los derechos asociados con el término "pueblos indígenas" tienen un significado específico en un contexto propio, que está adecuadamente determinado en las negociaciones multilaterales relacionadas con los textos de las declaraciones que específicamente se refieren a estos derechos;

• Reafirman su determinación de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos;

• Combatirán, de acuerdo al derecho internacional, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, dondequiera que se produzcan y, en particular, formularán un llamado a los Estados para que consideren la ratificación, o adhesión, según sea el caso, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

• Reconocen la importancia de la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Santiago de Chile en diciembre de 2000 y se comprometen a participar activamente en la Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sudáfrica en el 2001, promoviendo sus objetivos; y recalcando que las plataformas políticas que se basan en el racismo, la xenofobia o en las doctrinas de superioridad racial deben ser condenadas por su incompatibilidad con la democracia y con la gubernabilidad transparente y responsable;

• Apoyarán los esfuerzos que se están realizando en la OEA, orientados a la consideración de la necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia;

• Continuarán promoviendo medidas concretas para fortalecer y perfeccionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH), concentrándose en: la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el aumento de adhesiones a sus instrumentos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión, la facilitación del acceso de las personas a este mecanismo de protección, el incremento sustancial de los fondos asignados para mantener sus operaciones en curso, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, y el examen de la posibilidad de que la Corte y la CIDH funcionen de manera permanente, y encomiendan a la XXXI Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en San José de Costa Rica en junio del presente año, que inicie acciones para el logro de los fines antes mencionados;

• Fortalecerán la capacidad de las instituciones gubernamentales que tengan el mandato de promover y proteger los derechos humanos, tales como las instituciones nacionales de derechos humanos, reconociendo de este modo la importante función que desempeñan; y contribuirán al establecimiento efectivo de una red de todas estas instituciones del Hemisferio, utilizando tecnologías de información y comunicación para fomentar y concretar la cooperación sostenida y una mayor coordinación;

• Crearán y fortalecerán planes nacionales de acción en materia de derechos humanos, conforme al mandato de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, y promoverán instituciones nacionales de derechos humanos independientes, solicitando, cuando sea apropiado, apoyo técnico y financiero a las organizaciones multilaterales y a los bancos de desarrollo multilaterales y organismos multilaterales especializados;

• Buscarán medidas para promover e instrumentar la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (referida también como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos);

• Agilizarán las negociaciones, en la OEA, relativas al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con vistas a su conclusión y adopción a la brevedad posible;

Reafirmando los compromisos asumidos en la Cumbre de Santiago de Chile en 1998, relativos a la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias:

• Fortalecerán la cooperación entre los Estados para abordar, con un enfoque integral, objetivo, y de largo plazo, las manifestaciones, orígenes y efectos de la migración en la región;

• Promoverán que se tome conciencia sobre el valor de la cooperación estrecha entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes;

• Establecerán un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la CIDH y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes de la CIDH y de la Relatora Especial para las Migraciones de las NU;

• Se comprometerán a llevar a cabo la más amplia cooperación e intercambio de información posibles entre los Estados, en relación con las redes de tráfico ilícito, incluyendo el desarrollo de campañas preventivas relacionadas con los peligros y riesgos que enfrentan los migrantes, particularmente las mujeres y los niños y las niñas, que frecuentemente pueden ser víctimas de este tráfico, con el propósito de erradicar este delito;

• Establecerán vínculos con procesos subregionales, tales como la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migración, que son foros para el diálogo, para compartir información en torno al fenómeno migratorio, asimismo, fomentarán la cooperación con organismos internacionales especializados, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para avanzar y coordinar los esfuerzos de ejecución de los mandatos de la Cumbre;

• Continuarán implementando las recomendaciones contenidas en el informe presentado por la Relatoría Especial de la CIDH sobre la Situación de la Mujer en las Américas en 1998 y asegurarán la evaluación y, cuando sea apropiado, el establecimiento de mecanismos nacionales para su seguimiento;

• Incorporarán plenamente los derechos humanos de la mujer, en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, e incrementarán la presentación de mujeres como candidatas para integrar estos órganos;

• Solicitarán a la OEA, a través de sus organismos especializados, particularmente la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que facilite la integración de la perspectiva de género en el trabajo de todos sus órganos, agencias y entidades, a través del desarrollo de programas de capacitación y difusión de información sobre los derechos humanos de la mujer, asimismo, apoyarán a los gobiernos en la recopilación y difusión sistemáticas de datos estadísticos desagregados por género;

• Desarrollarán, revisarán e instrumentarán leyes, procedimientos, códigos y regulaciones para garantizar la compatibilidad con obligaciones jurídicas internacionales y para prohibir y eliminar todas las formas de discriminación basadas en el género y continuarán con la labor emprendida en la Cumbre de Santiago de alcanzar la meta de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres antes del año 2002;

• Desarrollarán políticas y medidas adicionales para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, de acuerdo con la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará);

• Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las NU, y a su Protocolo Facultativo;

• Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, específicamente aquél sobre la Participación de los Niños en Conflictos Armados, y aquél sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía; buscarán la plena incorporación de sus obligaciones bajo la Convención a sus leyes, políticas y prácticas nacionales;

• Incorporarán plenamente los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH y el Instituto Interamericano del Niño (IIN);

• Apoyarán la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión a través del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, y procederán a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada, y buscarán, asimismo, asegurar que su legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales;

• Asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación;