Discurso del Señor Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, Dr. Julio Cesar ARAOZ, A la Sexta Reunión del Grupo de Revisión de la Cumbre

(Kingston – Jamaica 15 y 16 de Mayo de 1996)

 

Como hombre de nuestra América, me es grato, dirigirme a este importante foro, que nuclea a las hermanas naciones del Continente.

Expreso la satisfacción de mi Gobierno por tener el honor de ocupar un lugar en esta Cumbre, que se propone luchar contra los delitos transnacionales que afectan al Hemisferio y en particular el tráfico ilícito, de estupefacientes y el lavado de dinero producido por el mismo.

Comienzo destacando los avances en la conciencia y la voluntad de todos los gobiernos del continente en pos de unificar esfuerzos y coordinar medidas y acciones que permitan llevar a cabo con mayor eficacia y mejores resultados la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

La Cumbre de las Américas, la Declaración de Buenos Aires o la Resolución propuesta ante la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas en su Trigésimo Noveno Período de Sesiones, que tuvo lugar en Viena, Austria entre el 16 y el 25 de abril del corriente año son otras tantas expresiones de esa conciencia y de esa voluntad que abarca los diversos niveles de una lucha frontal contra el tráfico ilícito, de drogas y sus delitos conexos.

Hay que destacar que lo que llamamos tráfico ilícito es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos 30 años hasta haberse convertido hoy en uno de los desafíos principales que nos plantea este mundo globalizado en el que nos toca vivir.

Como bien sabemos quienes estamos aquí, el giro anual generado por este comercio ilegal puede estimarse en unos 500 mil millones de dólares y habiendo alcanzado esa escala puede decirse que no hay país en el orbe y que no hay ningún sector en la vida interna de todas las comunidades que pueda considerarse excluido de esta problemática.

Por establecer un orden, una primera fase en el fenomeno de esta problemática es el que corresponde a la producción.

En esta materia, por una parte, se han propuesto y se comenzaron a llevar a cabo medidas tendientes a reducir o erradicar los cultivos de coca, opio y cannabis. Los esfuerzos de los llamados países productores; la asistencia brindada a esos esfuerzos por otras naciones y la cooperación de agencias internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial se ven limitadas por cuanto los recursos financieros y las facilidades comerciales no pueden compensar a los campesinos en forma suficiente para que emprendan el desarrollo de cultivos alternativos. Por lo demas, debe reconocerse que en algunos casos el desarrollo de esas posibilidades alternativas deben reorientar hábitos culturales arraigados por siglos de tradición.

Otra de las tareas en la que se está procurando avanzar, en la batalla que libramos, en el frente de la producción, es la que apunta a extornar el control de precursores y sustancias químicas utilizadas para elaborar drogas ilícitas, a fin de evitar en todo lo que sea posible el acceso de los traficantes a tales sustancias. En este aspecto debemos reconocer que, a mi país, la Argentina, le corresponde una responsabilidad importante y en tal sentido estamos elaborando mejores instrumentos legislativos y procurando afianzar nuestras capacidades operativas a fin de incrementar la eficiencia en ese control. Los vacíos legislativos y la extrema permeabilidad de nuestras fronteras, cuya vigilancia requiere de medios materiales y personales no siempre disponibles, son algunas de las dificultades existentes para hacer efectivo ese control y estamos procurando superarlas en la medida de nuestras posibilidades.

Un segundo frente es el del tráfico y la comercialización de las drogas.

La cooperación en materia de recursos, información e inteligencia entre varios países ha posibilitado alcanzar algunos éxitos significativos en la interdicción de embarques aéreos, marítimos y terrestres que posibilitaron importantes decomisos y generaron encarecimiento y dificultades en los circuitos de transporte de las drogas desde los centros de producción a los de consumo.

La investigación, procesamiento y condena de grandes redes de traficantes se vio facilitada por la adecuación de la legislación de los diversos países para facilitar la persecución y castigo de esta modalidad delictiva, así como por un fortalecimiento de las estructuras gubernamentales en cada país y la creciente cooperación y coordinación de las fuerzas dedicadas a esa tarea.

Pero los logros alcanzados no deben ocultar que aún resta mucho por hacer en materia de adecuación de las legislaciones nacionales para mejor combatir en este frente, así como perfeccionar los instrumentos de cooperación internacional. Vale decir que los recursos materiales (sistemas de comunicación, medios de transporte e inclusive armamentos) con los que cuentan los traficantes suelen superar, en muchísimos casos con holgura, los de las fuerzas y organismos gubernamentales que les combaten, lo que no es una de las trabas menores para el cumplimiento exitoso de esa misión.

Un tercer frente es el que apunta a combatir el llamado lavado del dinero generado por el narcotráfico.

Existe en esta materia una creciente aceptación en cuanto a la necesidad de tipificar adecuadamente el delito del lavado en todas las legislaciones del continente, a fin de evitar que trampas "legales", bien estudiadas por los lavadores, impidan su merecido castigo.

La creación en cada uno de nuestros países de una "Unidad de Información Financiera" - "FIU", según la sigla en inglés - está siendo cada vez mas aceptada como parte ineludible de un programa eficaz de control de lavado.

En este camino, la necesidad de una instancia nacional centralizada para la coordinación de los esfuerzos anti-lavado aparece como imprescindible.

Poner en marcha un sistema que posibilite la divulgación y el intercambio de informaciones acerca de transacciones sospechosas en las instituciones financieras hace necesaria la puesta en marcha de esas agencias centrales por país para la valoración y procesamiento de esos informes.

Esas agencias centrales así concebidas se podrían integrar a una verdadera red de FIUs, principal antídoto contra el establecimiento de santuarios para el dinero producido ilegalmente.

La globalización de la actividad económica y la internacionalización de los delitos financieros han hecho de la propuesta internacional coordinada un imperativo ineludible.

El establecimiento de las medidas deberá ser fortalecido con una fuerte decisión política que impida, entre otras cosas, comerciar con áreas geográficas "oscuras", impedir que el secreto bancario, como derecho de los banqueros de proteger la privacidad de los clientes, sea utilizado como excusa para consentir actos ilegales.

El secreto bancario, sano principio en una determinada etapa del desarrollo económico - social, deberá ser adaptado a las nuevas circunstancias impuestas por la existencia de delitos transnacionales y también se deberán remover los estorbos fiscales cuando obstaculicen la cooperación internacional de la lucha contra el lavado.

Los países deberían establecer un sistema conforme al cual los bancos y demás instituciones financieras denuncien toda transacción en efectivo por encima de determinado monto, a un órgano nacional central, con una base de datos computarizada, que se pondrá a disposición de las autoridades competentes, para utilizar en los casos de lavado de activos. No es sencillo. Habrá que encontrar el modo de salvaguardar el uso adecuado de la información.

Diversos Estados han instituido un órgano para recibir de las entidades financieras y otros operadores económicos la información necesaria sobre transacciones sospechosas, cuyo procesamiento las convierta en una valla difícilmente transpasable para los lavadores de dinero. Ese órgano, que desempeña un papel de filtro, es a veces ubicado en esferas administrativas, otras judiciales y otras tiene una estructura mixta. En la Argentina hay decisión de constituirlo inmediatamente como órgano mixto y en estos momentos se está formulando el proyecto respectivo.

Una dificultad a puntualizar consiste, en muchos casos de la insuficiencia de expertos financieros y policiales capacitados para intervenir adecuadamente en las areas donde se pueda desarrollar el lavado de activos financieros. Se deberan desarrollar sistemas de capacitación de agentes para actuar tanto en el llamado periodo de "sospecha" corno en sede judicial. Deberían establecerse verdaderos módulos de capacitación, la cual deberá unificarse en todas las FIUs.

Las FIUs desarrollan enfoques pro-activos, preparando los antecedentes para su elevación a las fiscalías; o bien enfoques reactivas, incorporando la información para verificarla. Creemos que se podría lograr un enfoque superador combinando los dos métodos. Para esto existen obstáculos legales, insuficiencia de leyes y normas antilavado; y administrativos, insuficiencia de cooperaci6n interna en cada país entre sus diferentes organismos y jurisdicciones. Sin ello se dificultad cualquier tipo de cooperación internacional, la cual es decisiva al encontrarnos frente a un delito de carácter transnacional. De no cubrirse esos dos aspectos, los obstáculos legales y administrativos resultan de muy compleja resolución.

Es la interdicción de sus ganancias lo que más duele a los traficantes de la muerte y es allí donde deberemos golpear. Porque el fin del narcotraficante es el lucro ilegítimo. Y si nuestro fin es la protección del ser humano, esa tutela debe desalentar o impedir tal actividad degradante, impidiendo ese lucro que es la motivación de la actividad delictiva.

Por ello también deberemos fomentar la cooperación administrativa y legal logrando una mejor asistencia mutua.

Pero, a pesar de su extrema importancia, todos esos frentes de batalla son menos decisivos que el del consumo en el que es preciso eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotropicas.

Estamos convencidos que, aún cuando la lucha en los frentes de la producción, del tráfico y la comercialización y del lavado del dinero generado por el tráfico de drogas alcanzará los altos niveles de eficiencia y eficacia que son deseables y que aun no tienen, lo que se logre en esos tres frentes no conducirá a terminar con este dramático fenómeno en tanto no se logre una reducción dramática en el nivel del consumo.

Vale subrayar el dato obvio que da cuenta que son muchos millones los compradores y consumidores de drogas y mientras subsistan esos hábitos y esos niveles de consumo habrá quienes provean a esa demanda, obtengan las ganancias que devienen de atender a esos mercados y reciclen esos dineros malhabidos.

Es por eso que entendemos que el frente principal de la lucha contra el narconegocio es el que procura reducir el consumo de drogas y esa batalla se libra en el corazón, en el espíritu y en la mente de los consumidores.

Siendo la más importante esta es también la batalla más difícil.

Con leyes, recursos presupuestarios y materiales, disposiciones técnicas, estructuras y funcionarios adecuados es posible llegar a asestar golpes severos a este crimen organizado.

Pero las leyes, los recursos presupuestarios y materiales, las disposiciones técnicas, las estructuras y los funcionarios adecuados no son suficientes para librar con éxito la batalla cultural contra el consumo de drogas.

Dar una respuesta a este fenómeno debe entenderse como una responsabilidad de todos los gobernantes dado que quienes elaboran las drogas, quienes las transportan y las venden, los que reciclan los miles de millones de dólares generados por ese comercio y los políticos y dirigentes que se corrompen en comportamientos cómplices con este negocio de la muerte; todos ellos dependen en última instancia de la subsistencia de ese amplio mercado que constituyen millones de compradores de las drogas.

No incurriremos en la soberbia de suponer que podremos exponer la complejidad causal de este alarmante fenómeno.

Pero, aún en un plano de generalidad que debe ser desagregado y enriquecido, debemos decir que pensamos que en la raíz de la expansión del consumo de drogas está el vacío vital suscitado por desviaciones culturales que conducen a un hedonismo que ignora el verdadero bien humano. Es esencial la defensa de los valores éticos, de una cultura que dote a los seres de un sentido trascendente de la vida.

Señores Delegados:

El tráfico ilegal de drogas y sus delitos conexos son un desafío que pone en juego la vida misma de nuestros pueblos. Porque la droga no sólo mata. La droga esclaviza y la libertad es condición indispensable de la sociedad democrática y de la economía de empresas.

De allí que se equivocan quienes piensan que lo que importa es acceder a los capitales que solventen el desarrollo y que poco importa el origen de esos capitales.

Es necesario elevar nuestra voz para alertar contra ese craso error puesto que los capitales acumulados en base a traficar con la muerte no pueden sostener una economia libre. Esos capitales corrompen todo lo que tocan e instalan el delito en sus peores formas.

El desafío histórico de la lucha contra el narconegocio debe ser asumido como una responsabilidad global y compartida.

No debe aceptarse que se reduzca esa lucha a alguno de sus aspectos, sea esta la oferta o la demanda, y tampoco es aceptable que se limite la necesaria responsabilidad compartida.

Sin desconocer la importancia de valores como la privacidad, las necesidades de inversión o la libertad de circulación de los capitales; tengamos en cuenta que aquí están en juego valores tan esenciales como la libertad y la vida de las personas y estoy comprometido el futuro mismo de la humanidad.

Muchas Gracias 

[SIRG/1996/VI/tracker.htm][SIRG/1996/VI/tracker.htm]