Un examen de la experiencia pol�tica m�s reciente de las Am�ricas permite identificar una firme y persistente tendencia hacia la consolidaci�n de los reg�menes democr�ticos de la regi�n. El fortalecimiento y la preservaci�n de sus instituciones son, hoy, una genuina aspiraci�n popular. La conjunci�n de esos dos factores permite afirmar que no existe otra alternativa que la democracia y cualquier intento de retorno a las pr�cticas autoritarias del pasado provocar�a una fuerte contestaci�n popular e internacional. Pero tambi�n, comprendemos que hay la necesidad de buscar formas m�s perfeccionadas y leg�timas de gobernar democr�ticamente.

Esa necesidad de profundizar la experiencia democr�tica surge de la constataci�n de que, ahora la democracia que se ha instalado en los pa�ses de la regi�n y sus principios b�sicos est�n bajo observaci�n. No podemos ser insensibles al hecho de que el comportamiento de la clase pol�tica y la pobreza est�n germinando un peligroso sentimiento de pesimismo y frustraci�n. Es tambi�n innegable que la creciente fragmentaci�n de la sociedad ha contribuido a la p�rdida de representatividad de los partidos pol�ticos y acentuado el distanciamiento entre la clase pol�tica y sus electores. Los problemas socio-econ�micos derivados del proceso de globalizaci�n han, a su vez, estimulado mayor violencia e inseguridad, as� como generado desempleo, pobreza, informalidad y exclusi�n social. A la insuficiencia de democracia debemos, por tanto, responder con m�s democracia.

Hay una creciente percepci�n de que el ejercicio efectivo de la democracia y el esfuerzo de asegurar las necesidades humanas b�sicas est�n tambi�n asociadas a un mayor empe�o en proteger y promover los derechos humanos. A este respecto, el Plan de Acci�n claramente establece que los gobiernos deber�n "fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos mediante iniciativas y medidas concretas".

1. Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Con vistas al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos se inici�, seg�n una recomendaci�n que se remonta a la XXVI Asamblea General de la OEA, un amplio proceso de reflexi�n sobre la reforma de los actuales esquemas de promoci�n y defensa de los derechos humanos de modo que, entre otros objetivos, se perfeccionen los m�todos de trabajo y la efectividad del sistema. Las discusiones se concentraron en la Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos del Consejo Permanente de la OEA y en el Grupo de Trabajo Ad Hoc, constituido en San Jos�, Costa Rica, en noviembre de 1999. Las siguientes son las recomendaciones del Grupo de Trabajo: 1) aumento de los recursos financieros destinados a los �rganos interamericanos de derechos humanos; 2) ingreso pleno de los Estados miembros al sistema interamericano mediante la suscripci�n y ratificaci�n de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales, as� como reconocimiento de la jurisdicci�n contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 3) adopci�n de un plan de acci�n sobre cooperaci�n internacional destinado a prestar apoyo t�cnico para el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; 4)aplicaci�n de un tratamiento adecuado a los informes de la Comisi�n y de la Corte como forma de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ; y 5) Adecuaci�n de los aspectos procesales en las actividades de la Corte y de la Comisi�n.

Como se puede inferir, la garant�a de que el sistema interamericano de derechos humanos ser� fortalecido y perfeccionado depende exclusivamente de los Estados que la sustentan. Es, en ese sentido, alentador que alg�n progreso se ha alcanzado en materia de ratificaci�n de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y que ha crecido el n�mero de pa�ses, y tenemos el ejemplo de Brasil y M�xico, que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante comprender que al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, no se est�n afirmando los derechos humanos contra el Estado, sino que se est�n asegurando los derechos y garant�as individuales y colectivas con el Estado.

Son tambi�n dignos de anotar los esfuerzos multilaterales y nacionales para promover las actividades del sistema interamericano y difundir las normas fundamentales de derechos humanos. La creaci�n, por ejemplo, de la p�gina electr�nica de la CIDH, que ha recibido un promedio de 25.000 consultas por mes; la iniciativa mexicana de publicar una "Gu�a de Ense�anza de los Derechos Humanos en la Educaci�n Pre-escolar" o la distribuci�n, por parte del Gobierno brasile�o de un Manual de los Derechos Humanos, destinado a informar, educar y entrenar integrantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, son algunos ejemplos de iniciativas que se vienen tomando para fomentar una cultura de protecci�n y respeto de los derechos humanos. Es, de hecho, loable el esfuerzo emprendido para la difusi�n de los derechos humanos en la regi�n.

Los responsables de esas iniciativas no deben perder de vista la importancia de difundir la cultura de defensa y protecci�n de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, sobretodo entre los j�venes. Los l�deres de ma�ana deben estar plenamente conscientes del deber de proteger y defender los derechos fundamentales del ser humano.

La decisi�n tomada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda Cumbre de las Am�ricas de considerar prioritario el fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos, implica, entre otros aspectos, incorporar al espacio p�blico los sectores y grupos vulnerables y excluidos; eliminar o modificar disposiciones que puedan eventualmente llevar a cualquier tipo de discriminaci�n; promover la igualdad de g�neros; as� como combatir el tr�fico de menores y la explotaci�n infantil. Procurar eliminar esas distorsiones fortalece el Estado virtuoso, capaz de, en sinton�a con la sociedad civil, transformar el vicio en virtud y la omisi�n en pol�ticas efectivas.

Usando como referencia el plan de Acci�n de Santiago, la Comisi�n Interamericana de la Mujer (CIM) sin prejuicio de su actuaci�n en otras �reas de inter�s, emprendi� actividades relevantes en el campo de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos, entre las que podemos se�alar:

La CIM, con apoyo financiero de los Estados Unidos, ejecut� dos importantes proyectos:

1. "La violencia contra la mujer, An�lisis Regional. Estudio sobre la Convenci�n de Bel�m do Par�". Con la cooperaci�n del Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal, de Canad� y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci�n del Delito y Tratamiento del Delincuente, se recoge y analiza informaci�n sobre el progreso alcanzado por los pa�ses en la regulaci�n del tema de la violencia contra la mujer, as� como la implementaci�n de la Convenci�n de Bel�m do par�, ratificada por 29 pa�ses;
2. "Tr�fico de Mujeres y Ni�os en las Am�ricas". Con el apoyo del Instituto Interamericano del Ni�o y el Instituto de Derecho Internacional y de Derechos Humanos de la Universidad de DePaul se est�n realizando investigaciones en varios pa�ses de la regi�n sobre el tr�fico de mujeres y ni�os con fines de explotaci�n sexual.

II.a Acciones Nacionales

En M�xico, por medio de Decreto Presidencial, cre� el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. La Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, desde 1999 aplica el Programa sov}bre Asuntos de la Mujer, el Ni�o y la Familia, por medio del cual se acogen reclamos sobre violaciones a los derechos de la mujer y de los ni�os.

Los Estados Unidos pusieron en vigor la "Presidential Directive on the Steps to combat Violence Against Women and Traficking in Women and Girls".

En Brasil, el Consejo Nacional para los Derechos de la Mujer suscribi� protocolos con el Ministerio de Trabajo y Empleo, para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el �mbito del trabajo; con el Ministerio de Educaci�n, para combatir la discriminaci�n en el acceso a la escuela; y con el extinto Ministerio de Administraci�n y Reforma del Estado, para implementar el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades en la Funci�n P�blica. Fueron revocadas algunas normas discriminatorias, tales como las que tratan de patria potestad, de jefatura de la sociedad conyugal y del privilegio del hombre en la fijaci�n del domicilio familiar. Se encuentra tambi�n en discusi�n en el Congreso un proyecto de ley sobre el combate a la violencia contra la mujer.

En la Rep�blica Argentina entr� en vigor la ley 24.417 contra la violencia familiar.

En Canad�, a trav�s de la "Family Violence Initiative", pas� a disponer de nuevos instrumentos legales para combatir todas las formas de explotaci�n infantil y femenina, la violencia contra la mujer y, sobretodo, asegurar las mejores condiciones para el pleno desenvolvimiento de las mujeres y la ni�ez.

En Chile, bajo una reciente iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, se crearon cuatro comisiones, una de las cuales deber� abordar el complejo problema de la inserci�n de la mujer en el mercado laboral.

En el caso de Colombia, constituye una de las prioridades del Gobierno el desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades, que busca implementar los principios constitucionales de igualdad de g�nero y de eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n contra la mujer.

Esas iniciativas, se�aladas �nicamente a t�tulo meramente ilustrativo, demuestran que la democracia es sin�nimo de ciudadan�a y que gobernar es necesariamente realizar un esfuerzo permanente y cont�nuo de promover la igualdad. Las demandas y los derechos de los m�s variados grupos sociales repercuten en el espacio p�blico y obligan a una transformaci�n no s�lo de leyes y pr�cticas �muchas seculares- sino tambi�n de percepciones, valores y formas de comportamiento. En esa ardua tarea de promover cambios, el Gobierno no debe actuar aisladamente, m�s bien debe atraer, en forma coordinada, a los diversos representantes de la sociedad civil.

Seg�n la CEPAL, el crecimiento econ�mico medio de la regi�n en la d�cada pasada lleg� a un porcentaje tan bajo que no permiti� que las amplias desigualdades sociales fueran reducidas. El lento avance contra el problema del desempleo y las dificultades que conlleva buscar un saludable equilibrio fiscal contribuyeron para que los indicadores sociales se mantuviesen pr�cticamente estancados en los �ltimos a�os. Es en esa coyuntura que se debaten las familias y sus dependientes. Infelizmente, apenas un muy reducido grupo privilegiado llega a disfrutar de los beneficios de la sociedad moderna. Por esa raz�n, el fortalecimiento de la democracia, la modernizaci�n del Estado y la defensa de los derechos humanos est�n estrechamente vinculados con la protecci�n de los derechos de la ni�ez y de otros grupos vulnerables.

El Instituto Interamericano del Ni�o, que presta un valioso aporte a los pa�ses de la regi�n, cooper� con el Gobierno argentino en la organizaci�n del XVIII Congreso Panamericano de la Ni�ez, ocasi�n en que fueron abordados varios aspectos relativos a la influencia de la informaci�n en el desenvolvimiento de la ni�ez. El Instituto tambi�n colabor� en la Conferencia Regional sobre Adopciones, as� como en la organizaci�n del seminario "Violencia y Explotaci�n Sexual contra los Ni�os en Am�rica Latina y el Caribe", realizado en Montevideo (Uruguay), en marzo de 1999. El Instituto Interamericano del Ni�o, al apoyar esas y otras iniciativas, colabora en el cumplimiento del mandato aprobado en Santiago de "combatir el abuso f�sico y sexual de ni�os y el tr�fico de menores, la prostituci�n y la explotaci�n infantil en todas sus formas, incluyendo la pornograf�a".

III. a- Acciones Nacionales

En Per�, cabe mencionar la realizaci�n de la IV Reuni�n Ministerial de las Am�ricas sobre la Infancia y la Pol�tica Social, cuyos resultados fueron consolidados en el "Acuerdo de Lima", documento que recoge las pol�ticas sociales de cada pa�s de la regi�n respecto a la protecci�n del ni�o y el adolescente.

En Brasil, desde su implantaci�n en 1997, viene expandi�ndose el Sistema Nacional de Recepci�n, Tratamiento, Seguimiento, Monitor�o y Evaluaci�n de Denuncias de Explotaci�n Sexual Practicada contra Ni�os y Adolescentes.

En los Estados Unidos, desde marzo pasado est� en vigor el "Child Abuse Prevention and Enforcement Act", que prev� la asignaci�n de recursos para la mejor�a del proceso de investigaci�n, detenci�n, y condena de los responsables de los actos abusivos contra el ni�o.

En M�xico, se puso en vigencia el Programa Interinstitucional de Acci�n Conjunta por los Derechos del Ni�o y los Valores Democr�ticos y el Plan de Acci�n para Combatir, Atender y Erradicar la Explotaci�n Sexual Comercial de Menores.

En Canad�, pa�s que fue sede de la Reuni�n de la Cumbre contra la Explotaci�n Sexual de la Juventud, con el apoyo de la CIDA y de representantes de la sociedad civil, se adoptaron varias iniciativas, conducentes a combatir la violencia contra la mujer y el ni�o, as� como aumentar la conciencia p�blica en lo respecta a los problemas que enfrentan la mujer y los j�venes. Especial atenci�n es dada a la rehabilitaci�n, educaci�n y al adiestramiento de los j�venes que desean abandonar el comercio del sexo e integrarse a la comunidad y al mercado de trabajo.

Es importante notar que la preocupaci�n con el ni�o no est� �nicamente limitada al campo de la explotaci�n sexual. En el Per�, por ejemplo, se desarroll� el Programa Nacional de la Promoci�n Integral del Ni�o y del Adolescente Trabajador de la Calle, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que constituye uno de los problemas de mayor visibilidad en los grandes centros urbanos de la regi�n. Otra iniciativa es el Programa Nacional de la Atenci�n a los Hu�rfanos de la Violencia Terrorista.

Como se puede destacar, el tema del ni�o va m�s all� del mandato de Santiago y presenta nuevos desaf�os para los gobiernos regionales. Dado que el futuro de las Am�ricas es la consolidaci�n de los procesos pol�ticos, �stos dependen en gran medida a la atenci�n que el liderazgo le d� a los problemas que enfrentan la juventud (violencia en las escuelas, ni�os de la calle, discapacidades f�sica y mental, ni�os afectos por los conflictos armados, y el ni�o-soldado, para mencionar algunos de los nuevos desaf�os), torn�ndose necesario que el esfuerzo regional ya emprendido no disminuya, sino por lo contrario, adquiera m�s fuerza y determinaci�n.

En la formulaci�n de pol�ticas destinadas a personas discapacitadas, adem�s del Instituto Interamericano del Ni�o --que ha prestado apoyo valioso a los �rganos regionales en ese campo-- desear�a, a t�tulo meramente ilustrativo, hacer referencia a algunas iniciativas que pa�ses de la regi�n han emprendido.

Estados Unidos puso en vigencia el "Individual with Disabilities Education Act", un instrumento legal que protege los derechos de los ni�os con discapacidades y busca perfeccionar el ambiente escolar.

En Brasil, por medio del Consejo Nacional de los Derechos de la Persona Discapacitada (CONADE), se han desarrollado de igual forma pol�ticas destinadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidades f�sicas.

Argentina cre� la Comisi�n de la Integraci�n de los Discapacitados F�sicos, y en el �mbito del Ministerio de la Salud, ha venido ejecutando el Programa del Ni�o Discapacitado.

Una iniciativa similar fue emprendida por M�xico que, a trav�s de la Comisi�n Nacional de Coordinaci�n, formul� el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporaci�n del Desarrollo de las Personas con Discapacidades.

Esas y otras medidas demuestran que los gobiernos y, en su ausencia, los partidos pol�ticos deber estar permanentemente atentos a toda y cualquier exigencia expresada por la sociedad.

Instituciones solventes y una s�lida cultura democr�tica constituyen elementos indispensables para el mantenimiento y consolidaci�n de la democracia en la regi�n. En lo que respecta al fortalecimiento de las instituciones democr�ticas se destaca el valioso trabajo que ha realizado la Unidad para la Promoci�n de la Democracia (UPD). En ese campo, la UPD se ha concentrado mayormente a apoyar a las instituciones en los procesos legislativos, a promover los valores y las pr�cticas democr�ticas, as� como a colaborar con los procesos de la descentralizaci�n y la participaci�n ciudadana.

En el campo del fortalecimiento institucional, sobresalen las acciones de apoyo al Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Am�rica Central (FOPREL), a la Comisi�n Parlamentaria Conjunta del Mercosur, al proyecto de la investigaci�n sobre "Relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo"- que benefici� a Guatemala y Costa Rica-, y a los programas nacionales de la modernizaci�n legislativa de El Salvador y la Rep�blica Dominicana.

En lo que respecta a la promoci�n de los valores y las pr�cticas democr�ticas, la UPD ha venido colaborando en el �mbito nacional y regional con instituciones educacionales, gubernamentales y de la sociedad civil, en el sentido de apoyar y promover el desarrollo de la cultura pol�tica democr�tica, atribuyendo especial �nfasis a los j�venes. En el campo del an�lisis y administraci�n de conflictos, la UPD apoy� la realizaci�n de un seminario, celebrado en la Rep�blica Dominicana, con el prop�sito de difundir conocimiento sobre la din�mica de los conflictos socio-pol�ticos y las t�cnicas de la prevenci�n. Se destacan adem�s los cursos sobre los valores, pr�cticas e instituciones democr�ticas par la formaci�n de los j�venes l�deres, iniciativa que benefici� a varios pa�ses de la regi�n.

En lo que respecta al apoyo que se ha brindado a los procesos de descentralizaci�n y la participaci�n ciudadana, la UPD colabor� en la organizaci�n del seminario sobre pol�ticas de participaci�n ciudadana a nivel municipal, realizado en Buenos Aires, evento que constituy� la primera actividad del Foro Permanente sobre la Participaci�n Ciudadana a Nivel Municipal, acordado en la reuni�n de Cochabamba, en julio de 1998.

La UPD ha prestado adem�s valioso apoyo a la identificaci�n de nuevas tecnolog�as y al perfeccionamiento institucional y jur�dico de los sistemas electorales, actividad que ha venido beneficiando a gran n�mero de pa�ses de la regi�n. La UPD se ha destacado tambi�n en el env�o de misiones de observaci�n electoral.

Otras actividades desarrolladas por la UPD incluyen la asistencia para el desminado; apoyo al proceso de paz en Guatemala; colaboraci�n t�cnica para la paz y la reinserci�n en Nicaragua, y participaci�n en las misiones especiales a Suriname y Hait�.

IV. Acciones nacionales

Se desarrollaron propuestas en Chile para la inscripci�n autom�tica en el registro electoral de todos los ciudadanos mayores de 18 a�os de edad, as� como, por medio de la reciente iniciativa presidencial, cre�ndose cuatro comisiones de trabajo, destinadas a proponer cambios legislativos en las siguientes �reas: seguro-desempleo; inserci�n de la mujer en el trabajo, y un sistema m�s expedito que institucionalice el di�logo social.

Canad� ha contribuido de manera singular al desarrollo de la Red Parlamentaria de las Am�ricas. La reciente realizaci�n de la reuni�n de los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores constituye un importante paso para la promoci�n de un di�logo m�s amplio entre los representantes del Poder Legislativo de la regi�n. Canad� ha apoyado tambi�n a la UPD en sus esfuerzos para enviar misiones de observaci�n electoral.

Sin �nimo de ser exhaustivo en la indicaci�n de las medidas nacionales, queda evidente que, aunque se ha logrado gran adelanto en lo que respecta al fortalecimiento de la democracia formal, la regi�n todav�a enfrenta serios desaf�os para consolidar las instituciones, pr�cticas y valores democr�ticos. La corrupci�n estremece y debilita gran n�mero de democracias, debilitando la confianza popular en la clase pol�tica y en su capacidad administrativa; la responsabilidad es, de cierto modo, todav�a d�bil; la divisi�n de poderes no se presenta de forma equilibrada, siendo a veces desajustada por el crecimiento exacerbado de un poder u otro; adem�s, los partidos pol�ticos necesitan ser modernizados y revitalizados para que no pierdan su representatividad.

El Plan de Acci�n de Santiago establece que los "Gobiernos garantizar�n el derecho de todos los individuos al debido proceso legal" y que "continuar�n a esforzarse para mejorar las condiciones carcelarias, as� como para fortalecer los programas de educaci�n sobre derechos humanos para los respectivos funcionarios de la administraci�n de justicia."

Es fundamental para la consolidaci�n de los reg�menes democr�ticos que el debido proceso legal ("due process of law") sea plenamente respetado. El individuo tiene el derecho a un juicio justo e imparcial.

Sobre este particular, es alentador que Per� siga empe�ado en el proceso de perfeccionamiento de su sistema carcelario; que haya desactivado su sistema de "Jueces sin Rostro"; que haya reducido casi en la totalidad las �reas declaradas en Estado de Emergencia y, en especial, que haya iniciado un proceso de reforma y modernizaci�n de su sistema judiciario.

En Colombia, la reorganizaci�n del Ministerio de Justicia y del Derecho permiti� la creaci�n del Fondo de Infraestructura Carcelaria, siendo la ampliaci�n de su capacidad f�sica una de las prioridades del gobierno colombiano.

En Brasil, se cre� el Programa Federal de Asistencia a V�ctimas y Testigos Amenazados, que obliga al Estado a asegurar protecci�n a las personas forzadas o amenazadas que sirven de testigos.

En M�xico, la reforma de la Ley Org�nica del Poder Judiciario fortaleci� la independencia y la imparcialidad de la justicia, ampli�ndose inclusive los poderes de la Corte Suprema de Justicia para vigilar la constitucionalidad de las leyes y dirimir eventuales controversias entre los poderes.

En Trinidad y Tobago, se han emprendido esfuerzos para que los tribunales reduzcan sus retrasos injustificados en la administraci�n de la justicia. Para lograr lo anterior, se aument� el n�mero de jueces y magistrados de las cortes de justicia y se difundi� el uso de la inform�tica en el manejo de la informaci�n. Esas y otras medidas deber�n disminuir el plazo transcurrido entre el inicio de una acci�n legal y su juicio final.

Esas acciones tienden a fortalecer y asegurar una mayor independencia del poder judiciario, que representa una variable central en la consolidaci�n de la democracia en la regi�n. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos realizados aumentan las cr�ticas en contra de la demora de la justicia, la precariedad de sus recursos humanos y t�cnicos y la resistencia del judiciario a efectuar cambios.

En lo que respecta a la cuesti�n carcelaria, aunque algunos pa�ses hayan hecho inversiones efectivas para ampliar la capacidad f�sica de sus prisiones, los pa�ses de la regi�n, de un modo general, todav�a se lamentan de la falta de recursos financieros para emprender reformas m�s ambiciosas, capaces de producir una mejor�a significativa de las condiciones de vida de la poblaci�n carcelaria.

Como resultado de una acci�n coordinada de los Gobiernos del Brasil y Canad�, se realiz� en Sao Paulo, los d�as 8 y 9 de noviembre pasado, el Seminario Interamericano sobre Adiestramiento de Polic�as. Ese evento fue realizado al amparo del Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos, y cont� con la participaci�n de funcionarios responsables de las �reas de seguridad y adiestramiento policial de 22 pa�ses de las Am�ricas. Se identific� inter�s para profundizar la cooperaci�n en las �reas de vigilancia de la comunidad y los derechos humanos, objetivos que podr�an ser alcanzadas por medio de la celebraci�n de acuerdos, la capacitaci�n de polic�as como instructores multiplicadores de t�cnicas y experiencias, as� como la unificaci�n de m�todos de adiestramiento y capacitaci�n.

En el transcurso de los trabajos del Seminario, qued� evidente que la cooperaci�n internacional en el �rea de adiestramiento de polic�as no es solamente incipiente en la regi�n, sino constituye una iniciativa altamente recomendable, dados sus resultados positivos en el control del nivel de la violencia y en la protecci�n de los derechos humanos. Las acciones en ese contexto deben profundizarse y ser ampliadas a otras �reas, en el mismo sentido que la capacitaci�n del personal penitenciario.

Conforme se puede desprender de la informaci�n presentada, los pa�ses de la regi�n han realizado inmensos progresos en la consolidaci�n de las instituciones democr�ticas. Hoy, se puede afirmar, sin el menor temor, que no existen otras alternativas respetables a la democracia, y que esa forma de gobernar cuenta con amplio apoyo popular. La consolidaci�n de la democracia es, sin embargo, un proceso largo y penoso, en el cual se vislumbran amenazas bastante reales al orden democr�tico. La corrupci�n todav�a estremece y debilita un gran n�mero de democracias; la responsabilidad de la clase pol�tica es todav�a d�bil en la regi�n; la pobreza alimenta la exclusi�n social y genera fuente de alta inestabilidad; la violencia, en todas sus formas, provoca inseguridad y descr�dito en las instituciones. Es necesario, por tanto, profundizar y ampliar la cooperaci�n regional en el campo de la democracia y de los derechos humanos. No debemos, sin embargo, enga�arnos. Todo el empe�o para consolidar la democracia pol�tica podr� ser esfuerzo vano si no existiere progreso en la reducci�n de los actuales niveles de disparidad social y econ�mica.