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XVIII Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de las Cumbres de las Américas (GRIC), Washington, 7/4/2000

Informe sobre "Democracia y Derechos Humanos"

PAISES COORDINADORES

BRASIL/CANADA

Introducción

Un examen de la experiencia política más reciente de las Américas permite identificar una firme y persistente tendencia hacia la consolidación de los regímenes democráticos de la región. El fortalecimiento y la preservación de sus instituciones son, hoy, una genuina aspiración popular. La conjunción de esos dos factores permite afirmar que no existe otra alternativa que la democracia y cualquier intento de retorno a las prácticas autoritarias del pasado provocaría una fuerte contestación popular e internacional. Pero también, comprendemos que hay la necesidad de buscar formas más perfeccionadas y legítimas de gobernar democráticamente.

Esa necesidad de profundizar la experiencia democrática surge de la constatación de que, ahora la democracia que se ha instalado en los países de la región y sus principios básicos están bajo observación. No podemos ser insensibles al hecho de que el comportamiento de la clase política y la pobreza están germinando un peligroso sentimiento de pesimismo y frustración. Es también innegable que la creciente fragmentación de la sociedad ha contribuido a la pérdida de representatividad de los partidos políticos y acentuado el distanciamiento entre la clase política y sus electores. Los problemas socio-económicos derivados del proceso de globalización han, a su vez, estimulado mayor violencia e inseguridad, así como generado desempleo, pobreza, informalidad y exclusión social. A la insuficiencia de democracia debemos, por tanto, responder con más democracia.

Hay una creciente percepción de que el ejercicio efectivo de la democracia y el esfuerzo de asegurar las necesidades humanas básicas están también asociadas a un mayor empeño en proteger y promover los derechos humanos. A este respecto, el Plan de Acción claramente establece que los gobiernos deberán "fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos mediante iniciativas y medidas concretas".

  1. Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Con vistas al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos se inició, según una recomendación que se remonta a la XXVI Asamblea General de la OEA, un amplio proceso de reflexión sobre la reforma de los actuales esquemas de promoción y defensa de los derechos humanos de modo que, entre otros objetivos, se perfeccionen los métodos de trabajo y la efectividad del sistema. Las discusiones se concentraron en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA y en el Grupo de Trabajo Ad Hoc, constituido en San José, Costa Rica, en noviembre de 1999. Las siguientes son las recomendaciones del Grupo de Trabajo: 1) aumento de los recursos financieros destinados a los órganos interamericanos de derechos humanos; 2) ingreso pleno de los Estados miembros al sistema interamericano mediante la suscripción y ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales, así como reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 3) adopción de un plan de acción sobre cooperación internacional destinado a prestar apoyo técnico para el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; 4)aplicación de un tratamiento adecuado a los informes de la Comisión y de la Corte como forma de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ; y 5) Adecuación de los aspectos procesales en las actividades de la Corte y de la Comisión.

Como se puede inferir, la garantía de que el sistema interamericano de derechos humanos será fortalecido y perfeccionado depende exclusivamente de los Estados que la sustentan. Es, en ese sentido, alentador que algún progreso se ha alcanzado en materia de ratificación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y que ha crecido el número de países, y tenemos el ejemplo de Brasil y México, que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante comprender que al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, no se están afirmando los derechos humanos contra el Estado, sino que se están asegurando los derechos y garantías individuales y colectivas con el Estado.

Son también dignos de anotar los esfuerzos multilaterales y nacionales para promover las actividades del sistema interamericano y difundir las normas fundamentales de derechos humanos. La creación, por ejemplo, de la página electrónica de la CIDH, que ha recibido un promedio de 25.000 consultas por mes; la iniciativa mexicana de publicar una "Guía de Enseñanza de los Derechos Humanos en la Educación Pre-escolar" o la distribución, por parte del Gobierno brasileño de un Manual de los Derechos Humanos, destinado a informar, educar y entrenar integrantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, son algunos ejemplos de iniciativas que se vienen tomando para fomentar una cultura de protección y respeto de los derechos humanos. Es, de hecho, loable el esfuerzo emprendido para la difusión de los derechos humanos en la región.

Los responsables de esas iniciativas no deben perder de vista la importancia de difundir la cultura de defensa y protección de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, sobretodo entre los jóvenes. Los líderes de mañana deben estar plenamente conscientes del deber de proteger y defender los derechos fundamentales del ser humano.

La decisión tomada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda Cumbre de las Américas de considerar prioritario el fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos, implica, entre otros aspectos, incorporar al espacio público los sectores y grupos vulnerables y excluidos; eliminar o modificar disposiciones que puedan eventualmente llevar a cualquier tipo de discriminación; promover la igualdad de géneros; así como combatir el tráfico de menores y la explotación infantil. Procurar eliminar esas distorsiones fortalece el Estado virtuoso, capaz de, en sintonía con la sociedad civil, transformar el vicio en virtud y la omisión en políticas efectivas.

II Mujer. Iniciativas Multilaterales y Nacionales

Usando como referencia el plan de Acción de Santiago, la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) sin prejuicio de su actuación en otras áreas de interés, emprendió actividades relevantes en el campo de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos, entre las que podemos señalar:

La CIM, con apoyo financiero de los Estados Unidos, ejecutó dos importantes proyectos:

  1. "La violencia contra la mujer, Análisis Regional. Estudio sobre la Convención de Belém do Pará". Con la cooperación del Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal, de Canadá y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se recoge y analiza información sobre el progreso alcanzado por los países en la regulación del tema de la violencia contra la mujer, así como la implementación de la Convención de Belém do pará, ratificada por 29 países;
  2. "Tráfico de Mujeres y Niños en las Américas". Con el apoyo del Instituto Interamericano del Niño y el Instituto de Derecho Internacional y de Derechos Humanos de la Universidad de DePaul se están realizando investigaciones en varios países de la región sobre el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual.

II.a Acciones Nacionales

En México, por medio de Decreto Presidencial, creó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 1999 aplica el Programa sov}bre Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia, por medio del cual se acogen reclamos sobre violaciones a los derechos de la mujer y de los niños.

Los Estados Unidos pusieron en vigor la "Presidential Directive on the Steps to combat Violence Against Women and Traficking in Women and Girls".

En Brasil, el Consejo Nacional para los Derechos de la Mujer suscribió protocolos con el Ministerio de Trabajo y Empleo, para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo; con el Ministerio de Educación, para combatir la discriminación en el acceso a la escuela; y con el extinto Ministerio de Administración y Reforma del Estado, para implementar el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades en la Función Pública. Fueron revocadas algunas normas discriminatorias, tales como las que tratan de patria potestad, de jefatura de la sociedad conyugal y del privilegio del hombre en la fijación del domicilio familiar. Se encuentra también en discusión en el Congreso un proyecto de ley sobre el combate a la violencia contra la mujer.

En la República Argentina entró en vigor la ley 24.417 contra la violencia familiar.

En Canadá, a través de la "Family Violence Initiative", pasó a disponer de nuevos instrumentos legales para combatir todas las formas de explotación infantil y femenina, la violencia contra la mujer y, sobretodo, asegurar las mejores condiciones para el pleno desenvolvimiento de las mujeres y la niñez.

En Chile, bajo una reciente iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, se crearon cuatro comisiones, una de las cuales deberá abordar el complejo problema de la inserción de la mujer en el mercado laboral.

En el caso de Colombia, constituye una de las prioridades del Gobierno el desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades, que busca implementar los principios constitucionales de igualdad de género y de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.

Esas iniciativas, señaladas únicamente a título meramente ilustrativo, demuestran que la democracia es sinónimo de ciudadanía y que gobernar es necesariamente realizar un esfuerzo permanente y contínuo de promover la igualdad. Las demandas y los derechos de los más variados grupos sociales repercuten en el espacio público y obligan a una transformación no sólo de leyes y prácticas –muchas seculares- sino también de percepciones, valores y formas de comportamiento. En esa ardua tarea de promover cambios, el Gobierno no debe actuar aisladamente, más bien debe atraer, en forma coordinada, a los diversos representantes de la sociedad civil.

III Niñez. Iniciativas multilaterales y nacionales

Según la CEPAL, el crecimiento económico medio de la región en la década pasada llegó a un porcentaje tan bajo que no permitió que las amplias desigualdades sociales fueran reducidas. El lento avance contra el problema del desempleo y las dificultades que conlleva buscar un saludable equilibrio fiscal contribuyeron para que los indicadores sociales se mantuviesen prácticamente estancados en los últimos años. Es en esa coyuntura que se debaten las familias y sus dependientes. Infelizmente, apenas un muy reducido grupo privilegiado llega a disfrutar de los beneficios de la sociedad moderna. Por esa razón, el fortalecimiento de la democracia, la modernización del Estado y la defensa de los derechos humanos están estrechamente vinculados con la protección de los derechos de la niñez y de otros grupos vulnerables.

El Instituto Interamericano del Niño, que presta un valioso aporte a los países de la región, cooperó con el Gobierno argentino en la organización del XVIII Congreso Panamericano de la Niñez, ocasión en que fueron abordados varios aspectos relativos a la influencia de la información en el desenvolvimiento de la niñez. El Instituto también colaboró en la Conferencia Regional sobre Adopciones, así como en la organización del seminario "Violencia y Explotación Sexual contra los Niños en América Latina y el Caribe", realizado en Montevideo (Uruguay), en marzo de 1999. El Instituto Interamericano del Niño, al apoyar esas y otras iniciativas, colabora en el cumplimiento del mandato aprobado en Santiago de "combatir el abuso físico y sexual de niños y el tráfico de menores, la prostitución y la explotación infantil en todas sus formas, incluyendo la pornografía".

III. a- Acciones Nacionales

En Perú, cabe mencionar la realización de la IV Reunión Ministerial de las Américas sobre la Infancia y la Política Social, cuyos resultados fueron consolidados en el "Acuerdo de Lima", documento que recoge las políticas sociales de cada país de la región respecto a la protección del niño y el adolescente.

En Brasil, desde su implantación en 1997, viene expandiéndose el Sistema Nacional de Recepción, Tratamiento, Seguimiento, Monitoréo y Evaluación de Denuncias de Explotación Sexual Practicada contra Niños y Adolescentes.

En los Estados Unidos, desde marzo pasado está en vigor el "Child Abuse Prevention and Enforcement Act", que prevé la asignación de recursos para la mejoría del proceso de investigación, detención, y condena de los responsables de los actos abusivos contra el niño.

En México, se puso en vigencia el Programa Interinstitucional de Acción Conjunta por los Derechos del Niño y los Valores Democráticos y el Plan de Acción para Combatir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial de Menores.

En Canadá, país que fue sede de la Reunión de la Cumbre contra la Explotación Sexual de la Juventud, con el apoyo de la CIDA y de representantes de la sociedad civil, se adoptaron varias iniciativas, conducentes a combatir la violencia contra la mujer y el niño, así como aumentar la conciencia pública en lo respecta a los problemas que enfrentan la mujer y los jóvenes. Especial atención es dada a la rehabilitación, educación y al adiestramiento de los jóvenes que desean abandonar el comercio del sexo e integrarse a la comunidad y al mercado de trabajo.

Es importante notar que la preocupación con el niño no está únicamente limitada al campo de la explotación sexual. En el Perú, por ejemplo, se desarrolló el Programa Nacional de la Promoción Integral del Niño y del Adolescente Trabajador de la Calle, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que constituye uno de los problemas de mayor visibilidad en los grandes centros urbanos de la región. Otra iniciativa es el Programa Nacional de la Atención a los Huérfanos de la Violencia Terrorista.

Como se puede destacar, el tema del niño va más allá del mandato de Santiago y presenta nuevos desafíos para los gobiernos regionales. Dado que el futuro de las Américas es la consolidación de los procesos políticos, éstos dependen en gran medida a la atención que el liderazgo le dé a los problemas que enfrentan la juventud (violencia en las escuelas, niños de la calle, discapacidades física y mental, niños afectos por los conflictos armados, y el niño-soldado, para mencionar algunos de los nuevos desafíos), tornándose necesario que el esfuerzo regional ya emprendido no disminuya, sino por lo contrario, adquiera más fuerza y determinación.

En la formulación de políticas destinadas a personas discapacitadas, además del Instituto Interamericano del Niño --que ha prestado apoyo valioso a los órganos regionales en ese campo-- desearía, a título meramente ilustrativo, hacer referencia a algunas iniciativas que países de la región han emprendido.

Estados Unidos puso en vigencia el "Individual with Disabilities Education Act", un instrumento legal que protege los derechos de los niños con discapacidades y busca perfeccionar el ambiente escolar.

En Brasil, por medio del Consejo Nacional de los Derechos de la Persona Discapacitada (CONADE), se han desarrollado de igual forma políticas destinadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidades físicas.

Argentina creó la Comisión de la Integración de los Discapacitados Físicos, y en el ámbito del Ministerio de la Salud, ha venido ejecutando el Programa del Niño Discapacitado.

Una iniciativa similar fue emprendida por México que, a través de la Comisión Nacional de Coordinación, formuló el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación del Desarrollo de las Personas con Discapacidades.

Esas y otras medidas demuestran que los gobiernos y, en su ausencia, los partidos políticos deber estar permanentemente atentos a toda y cualquier exigencia expresada por la sociedad.

IV. Promoción y consolidación de valores, prácticas e instituciones democráticas

Instituciones solventes y una sólida cultura democrática constituyen elementos indispensables para el mantenimiento y consolidación de la democracia en la región. En lo que respecta al fortalecimiento de las instituciones democráticas se destaca el valioso trabajo que ha realizado la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD). En ese campo, la UPD se ha concentrado mayormente a apoyar a las instituciones en los procesos legislativos, a promover los valores y las prácticas democráticas, así como a colaborar con los procesos de la descentralización y la participación ciudadana.

En el campo del fortalecimiento institucional, sobresalen las acciones de apoyo al Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de América Central (FOPREL), a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, al proyecto de la investigación sobre "Relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo"- que benefició a Guatemala y Costa Rica-, y a los programas nacionales de la modernización legislativa de El Salvador y la República Dominicana.

En lo que respecta a la promoción de los valores y las prácticas democráticas, la UPD ha venido colaborando en el ámbito nacional y regional con instituciones educacionales, gubernamentales y de la sociedad civil, en el sentido de apoyar y promover el desarrollo de la cultura política democrática, atribuyendo especial énfasis a los jóvenes. En el campo del análisis y administración de conflictos, la UPD apoyó la realización de un seminario, celebrado en la República Dominicana, con el propósito de difundir conocimiento sobre la dinámica de los conflictos socio-políticos y las técnicas de la prevención. Se destacan además los cursos sobre los valores, prácticas e instituciones democráticas par la formación de los jóvenes líderes, iniciativa que benefició a varios países de la región.

En lo que respecta al apoyo que se ha brindado a los procesos de descentralización y la participación ciudadana, la UPD colaboró en la organización del seminario sobre políticas de participación ciudadana a nivel municipal, realizado en Buenos Aires, evento que constituyó la primera actividad del Foro Permanente sobre la Participación Ciudadana a Nivel Municipal, acordado en la reunión de Cochabamba, en julio de 1998.

La UPD ha prestado además valioso apoyo a la identificación de nuevas tecnologías y al perfeccionamiento institucional y jurídico de los sistemas electorales, actividad que ha venido beneficiando a gran número de países de la región. La UPD se ha destacado también en el envío de misiones de observación electoral.

Otras actividades desarrolladas por la UPD incluyen la asistencia para el desminado; apoyo al proceso de paz en Guatemala; colaboración técnica para la paz y la reinserción en Nicaragua, y participación en las misiones especiales a Suriname y Haití.

IV. Acciones nacionales

Se desarrollaron propuestas en Chile para la inscripción automática en el registro electoral de todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad, así como, por medio de la reciente iniciativa presidencial, creándose cuatro comisiones de trabajo, destinadas a proponer cambios legislativos en las siguientes áreas: seguro-desempleo; inserción de la mujer en el trabajo, y un sistema más expedito que institucionalice el diálogo social.

Canadá ha contribuido de manera singular al desarrollo de la Red Parlamentaria de las Américas. La reciente realización de la reunión de los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores constituye un importante paso para la promoción de un diálogo más amplio entre los representantes del Poder Legislativo de la región. Canadá ha apoyado también a la UPD en sus esfuerzos para enviar misiones de observación electoral.

Sin ánimo de ser exhaustivo en la indicación de las medidas nacionales, queda evidente que, aunque se ha logrado gran adelanto en lo que respecta al fortalecimiento de la democracia formal, la región todavía enfrenta serios desafíos para consolidar las instituciones, prácticas y valores democráticos. La corrupción estremece y debilita gran número de democracias, debilitando la confianza popular en la clase política y en su capacidad administrativa; la responsabilidad es, de cierto modo, todavía débil; la división de poderes no se presenta de forma equilibrada, siendo a veces desajustada por el crecimiento exacerbado de un poder u otro; además, los partidos políticos necesitan ser modernizados y revitalizados para que no pierdan su representatividad.

V. Protección de los derechos individuales y mejoría de las condiciones carcelarias

El Plan de Acción de Santiago establece que los "Gobiernos garantizarán el derecho de todos los individuos al debido proceso legal" y que "continuarán a esforzarse para mejorar las condiciones carcelarias, así como para fortalecer los programas de educación sobre derechos humanos para los respectivos funcionarios de la administración de justicia."

Es fundamental para la consolidación de los regímenes democráticos que el debido proceso legal ("due process of law") sea plenamente respetado. El individuo tiene el derecho a un juicio justo e imparcial.

Sobre este particular, es alentador que Perú siga empeñado en el proceso de perfeccionamiento de su sistema carcelario; que haya desactivado su sistema de "Jueces sin Rostro"; que haya reducido casi en la totalidad las áreas declaradas en Estado de Emergencia y, en especial, que haya iniciado un proceso de reforma y modernización de su sistema judiciario.

En Colombia, la reorganización del Ministerio de Justicia y del Derecho permitió la creación del Fondo de Infraestructura Carcelaria, siendo la ampliación de su capacidad física una de las prioridades del gobierno colombiano.

En Brasil, se creó el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y Testigos Amenazados, que obliga al Estado a asegurar protección a las personas forzadas o amenazadas que sirven de testigos.

En México, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judiciario fortaleció la independencia y la imparcialidad de la justicia, ampliándose inclusive los poderes de la Corte Suprema de Justicia para vigilar la constitucionalidad de las leyes y dirimir eventuales controversias entre los poderes.

En Trinidad y Tobago, se han emprendido esfuerzos para que los tribunales reduzcan sus retrasos injustificados en la administración de la justicia. Para lograr lo anterior, se aumentó el número de jueces y magistrados de las cortes de justicia y se difundió el uso de la informática en el manejo de la información. Esas y otras medidas deberán disminuir el plazo transcurrido entre el inicio de una acción legal y su juicio final.

Esas acciones tienden a fortalecer y asegurar una mayor independencia del poder judiciario, que representa una variable central en la consolidación de la democracia en la región. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos realizados aumentan las críticas en contra de la demora de la justicia, la precariedad de sus recursos humanos y técnicos y la resistencia del judiciario a efectuar cambios.

En lo que respecta a la cuestión carcelaria, aunque algunos países hayan hecho inversiones efectivas para ampliar la capacidad física de sus prisiones, los países de la región, de un modo general, todavía se lamentan de la falta de recursos financieros para emprender reformas más ambiciosas, capaces de producir una mejoría significativa de las condiciones de vida de la población carcelaria.

VI. Cooperación en las áreas de administración de justicia identificadas por el Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos

Como resultado de una acción coordinada de los Gobiernos del Brasil y Canadá, se realizó en Sao Paulo, los días 8 y 9 de noviembre pasado, el Seminario Interamericano sobre Adiestramiento de Policías. Ese evento fue realizado al amparo del Grupo de Trabajo sobre Democracia y Derechos Humanos, y contó con la participación de funcionarios responsables de las áreas de seguridad y adiestramiento policial de 22 países de las Américas. Se identificó interés para profundizar la cooperación en las áreas de vigilancia de la comunidad y los derechos humanos, objetivos que podrían ser alcanzadas por medio de la celebración de acuerdos, la capacitación de policías como instructores multiplicadores de técnicas y experiencias, así como la unificación de métodos de adiestramiento y capacitación.

En el transcurso de los trabajos del Seminario, quedó evidente que la cooperación internacional en el área de adiestramiento de policías no es solamente incipiente en la región, sino constituye una iniciativa altamente recomendable, dados sus resultados positivos en el control del nivel de la violencia y en la protección de los derechos humanos. Las acciones en ese contexto deben profundizarse y ser ampliadas a otras áreas, en el mismo sentido que la capacitación del personal penitenciario.

VII. Conclusión

Conforme se puede desprender de la información presentada, los países de la región han realizado inmensos progresos en la consolidación de las instituciones democráticas. Hoy, se puede afirmar, sin el menor temor, que no existen otras alternativas respetables a la democracia, y que esa forma de gobernar cuenta con amplio apoyo popular. La consolidación de la democracia es, sin embargo, un proceso largo y penoso, en el cual se vislumbran amenazas bastante reales al orden democrático. La corrupción todavía estremece y debilita un gran número de democracias; la responsabilidad de la clase política es todavía débil en la región; la pobreza alimenta la exclusión social y genera fuente de alta inestabilidad; la violencia, en todas sus formas, provoca inseguridad y descrédito en las instituciones. Es necesario, por tanto, profundizar y ampliar la cooperación regional en el campo de la democracia y de los derechos humanos. No debemos, sin embargo, engañarnos. Todo el empeño para consolidar la democracia política podrá ser esfuerzo vano si no existiere progreso en la reducción de los actuales niveles de disparidad social y económica.


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