| Segunda Cumbres de las Américas Santiago de Chile, Chile April 18-19, 1998 El siguiente es el texto completo del Plan de Acción suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Segunda Cumbre de las Américas: I. EDUCACIÓN: II. PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS:
III. INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LIBRE COMERCIO:
IV. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACIÓN:
V. SEGUIMIENTO DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS: Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reconociendo la necesidad de efectuar un esfuerzo colectivo que complemente las acciones que a nivel nacional se desarrollan y ejecutan para mejorar el bienestar económico y la calidad de vida de nuestros pueblos, teniendo en cuenta nuestro compromiso de continuar con la implementación del Plan de Acción de Miami, afirmamos nuestra decidida determinación de llevar a la práctica el presente Plan de Acción, el cual constituye un cuerpo de iniciativas concretas destinadas a promover el pleno desarrollo de los países del Hemisferio y asegurar el acceso y mejorar la calidad de la educación, promover y fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, profundizar la integración económica y el libre comercio, y erradicar la pobreza y la discriminación. Hemos adoptado este Plan de Acción conscientes de que todas las iniciativas están interrelacionadas y son igualmente importantes para el logro de nuestro empeño común. I. EDUCACION: LA CLAVE PARA EL PROGRESO El compromiso hemisférico en educación se expresa en vastos procesos de reforma que abarcan a todos los niveles del sistema educativo y se basa en amplios consensos en torno a los problemas que confronta la educación y en el compromiso y esfuerzo compartido de toda la sociedad por superarlos. Estos procesos se sustentan en los principios de equidad, calidad, pertinencia y eficiencia. La equidad entendida como la creación de condiciones para que toda la población tenga oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de manera apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica, la discapacidad, la discriminación étnica, cultural y de género; la calidad que comprende el logro de altos niveles y orientaciones cognitivas, de competencias, de habilidades y de actitudes éticas; la pertinencia entendida como la capacidad de los sistemas educativos de responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto, considerando su diversidad social, cultural, étnica y lingüística; y por último, la eficiencia entendida como la provisión de recursos suficientes que se usen de modo óptimo para alcanzar mejores logros educativos. En consecuencia, los Gobiernos en pleno reconocimiento y respeto de la soberanía nacional, de las responsabilidades en materia de educación de las instituciones en nuestros respectivos países, reiteramos el compromiso de la Cumbre de Miami de asegurar, para el año 2010, el acceso y permanencia universal del 100% de los menores a una educación primaria de calidad, y el acceso para por lo menos el 75% de los jóvenes a la educación secundaria de calidad -con porcentajes cada vez mayores de jóvenes que culminen la escuela secundaria-, y asumimos la responsabilidad de ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general. De cumplir con estas metas estamos ciertos que le daremos a nuestros pueblos las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios y adecuados para desarrollar las capacidades que aseguren mejores condiciones de competitividad y productividad que requieren las economías contemporáneas y contribuir como dignos ciudadanos a sus respectivas sociedades. Para alcanzar estos objetivos, los Gobiernos: •Llevarán a cabo políticas educativas compensatorias e intersectoriales, según sea necesario, y desarrollarán programas de atención específica a los grupos con rezago en materia de educación, analfabetismo funcional y condiciones socio-económicas en desventaja, con énfasis en las mujeres, las minorías y las poblaciones vulnerables. Los programas intersectoriales de educación, salud y nutrición, así como las estrategias educativas para la primera infancia, tendrán prioridad, en cuanto contribuyen más directamente a los planes de lucha contra la pobreza. •Establecerán o reforzarán sistemas nacionales o subnacionales y, donde sea aplicable, subregionales, de evaluación de la calidad de la educación, que permitan medir el desempeño de los diversos agentes educativos, las innovaciones y los factores asociados a los logros de aprendizaje. Se dispondrá así de información e indicadores nacionales o subnacionales y, donde sea aplicable, subregionales, que permitan diseñar, ejecutar y evaluar programas de mejoramiento de calidad con criterio de equidad. Especial atención se brindará a estándares de lecto-escritura, matemáticas y ciencias. Igualmente, cuando sea apropiado, se establecerán criterios y metodologías de recolección de información que permitan la comparación de algunos indicadores educativos en el ámbito hemisférico. •Desarrollarán programas integrales de valorización y profesionalización de docentes y administradores de la educación, que combinen una adecuada formación inicial y continua, explorando mecanismos de incentivos vinculados a su actualización y al cumplimiento de estándares que hubieran sido acordados. La educación superior deberá colaborar a través de sus funciones de investigación y de docencia, las cuales deben ser fortalecidas con este propósito. •Reforzarán la gestión educativa y la capacidad institucional en los niveles nacional, regional, local y de centro educativo, avanzando cuando sea apropiado en los procesos de descentralización y en la promoción de mejores formas de participación comunitaria y familiar. Alentarán a los medios de comunicación masiva a contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos que realicen los sistemas educativos. •Fortalecerán la formación, la educación y la capacitación para el mundo del trabajo, de manera que un número cada vez mayor de trabajadores pueda mejorar su nivel de vida y para que junto con los empleadores tengan la oportunidad de beneficiarse de la integración hemisférica. En este sentido, se considerará la adopción de nuevas tecnologías, bajo diferentes opciones y alternativas, desde la formación específica para el trabajo hasta la preparación basada en el reforzamiento de las competencias generales para el desempeño productivo. También se dará especial atención a la creación o el fortalecimiento de mecanismos que permitan a los trabajadores obtener la certificación de competencias laborales mediante la educación formal y la experiencia en el trabajo. Con el fin de enfrentar los cambios en el mercado laboral y para efectos de contar con una mayor cantidad de opciones de empleabilidad, se incluirán acciones que consideren el desarrollo de habilidades empresariales asociadas a la capacidad de emprender, involucrando a los distintos sectores, bajo diferentes opciones y alternativas. •Establecerán o perfeccionarán, de acuerdo a su legislación, estrategias educativas pertinentes a las sociedades multiculturales, de modo que permitan construir con las poblaciones indígenas y los grupos migrantes, modelos de educación básica intercultural bilingüe. Asimismo, será necesario ampliar en los contenidos de la educación básica, el respeto y el aprecio por la diversidad cultural de los pueblos, así como expandir el conocimiento de las diversas lenguas que se hablan en los países del Hemisferio cuando los recursos y las posibilidades lo permitan. •Desarrollarán, en la escuela y fuera de ella, con el apoyo de las familias y de otros actores y organizaciones sociales, estrategias educativas que contribuyan a la formación de valores, con especial atención a la incorporación de los principios democráticos, los derechos humanos, la visión de género, la paz, la convivencia tolerante, el respeto al medio ambiente y los recursos naturales. •Promoverán en los sistemas educativos el acceso y uso de las más eficaces tecnologías de la información y la comunicación, con especial énfasis en el uso de las computadoras, combinadas con renovadas formas pedagógicas y la capacitación adecuada de los maestros para utilizar estas tecnologías. Se dará atención especial al imperativo ético de llegar a los sectores más vulnerables por lo que se fortalecerán programas de educación a distancia y el establecimiento de redes de información. •Trabajarán para aumentar la disponibilidad de materiales didácticos en colaboración con las instituciones oficiales y, según sean las condiciones específicas de cada país, con el sector privado. •Procurarán vincular las escuelas y las comunidades por medio de la tecnología como una forma de establecer enlaces en el Hemisferio, instando a la participación de las instituciones de educación superior que cuentan con ventajas en este campo. •Impulsarán sistemas de becas y de intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y administradores de la educación, mediante distintas estrategias, incluyendo vínculos institucionales, la tecnología de las comunicaciones y pasantías que permitan conocer en otros países del Hemisferio innovaciones pedagógicas y de gestión. Estas últimas contribuirán al objetivo de fortalecer la capacidad institucional de los Ministerios o Secretarías de Educación, los organismos descentralizados de administración y los centros de educación superior. Financiamiento, Estrategias de Cooperación Horizontal Multilateral y Seguimiento Los Jefes de Estado y de Gobierno, al reconocer la importancia central de la educación como fundamento del desarrollo, hemos acordado, de conformidad con los respectivos procesos legislativos, propiciar la asignación de los recursos necesarios al gasto de educación para alcanzar niveles cada vez mayores de equidad, calidad, pertinencia y eficiencia en los procesos educativos, enfatizando el uso óptimo de los recursos y una mayor participación de otros actores sociales. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de promover la cooperación horizontal y multilateral en materia educativa. A tal efecto: •Instruimos a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y solicitamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial, así como a las demás agencias nacionales y multilaterales de cooperación técnica y financiera que actúan en el Hemisferio a que, en el ámbito de sus respectivos campos de acción, proporcionen su apoyo a programas e iniciativas que sean consistentes con las metas, objetivos y acciones propuestos en este capítulo del Plan de Acción. Con este fin, se insta al BID a que colabore con los países miembros para incrementar a más del doble durante los próximos tres años, el aporte de nuevos préstamos para la educación primaria y secundaria en comparación con los aportes de los últimos tres años. Solicitamos también que el BID establezca un fondo regional especial para la educación en el Hemisferio, utilizando los recursos existentes en dicha institución. Este fondo apoyaría los esfuerzos para mejorar el rendimiento y los estándares educativos en toda la Región. •Instruimos a la OEA y solicitamos al BID, al Banco Mundial y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), entre otras instituciones, a que utilicen los mecanismos a su alcance para desarrollar y fortalecer la cooperación regional en áreas tales como educación a distancia utilizando, entre otros medios, la tecnología satelital; pasantías y programas de intercambio; desarrollo y uso de la tecnología de información para la educación; actualización de estadísticas educativas y evaluación de la calidad, procurando que la cooperación esté en función de las necesidades específicas de cada país. Reconocemos el papel e interés en estos esfuerzos de las organizaciones internacionales especializadas, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Igualmente, valoramos las aportaciones del sector privado, las fundaciones filantrópicas y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. •Instruimos a la OEA a que, mediante las reuniones de nivel ministerial y demás mecanismos que los Estados miembros están desarrollando en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), promueva, articule y facilite la colaboración y la acción colectiva en el Hemisferio y que, con tal finalidad, convoque, en consulta con los países coordinadores, foros de consulta técnica de los países del Hemisferio para contribuir a la puesta en práctica de los compromisos incluidos en este Capítulo del Plan de Acción. •Encomendamos a la Reunión de Ministros de Educación, a ser convocada por la OEA en el marco del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo del CIDI, a llevarse a cabo en Brasil en julio de 1998, el desarrollo de un plan de implementación de esta iniciativa de educación. •Instruimos a la OEA y solicitamos al BID, al Banco Mundial, a la CEPAL y a otras instituciones multilaterales que informen sobre la ejecución de este Plan a los representantes gubernamentales encargados de la revisión y seguimiento de los compromisos de la Cumbre de las Américas. II. PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS El fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos es una prioridad hemisférica esencial. En este Plan de Acción, respaldamos nuevas iniciativas destinadas a profundizar nuestro compromiso a estos importantes principios. Específicamente, intensificaremos nuestros esfuerzos para promover reformas democráticas a nivel regional y local, proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, mejorar las capacidades de nuestros sistemas de justicia y Ministerios del Trabajo para responder a las necesidades de nuestros pueblos, y alentar una sociedad civil firme y activa. Asimismo, resolvemos defender la democracia contra las graves amenazas de corrupción, terrorismo y drogas ilícitas, y promover la paz y la seguridad entre nuestras naciones. En conjunto, estas medidas consolidan nuestros logros democráticos, reafirman nuestro compromiso a las instituciones democráticas y nos comprometen a construir un Hemisferio de valores compartidos. Los Gobiernos: •Definirán y desarrollarán, con la participación de la sociedad civil, políticas integrales destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional, conforme con los principios y normas internacionales sobre la materia, integrando dichas políticas, cuando fuera el caso, en los planes o programas nacionales de derechos humanos, según lo recomienda la Conferencia Mundial de Viena de 1993. Igualmente destacan la importancia de promover el respeto a los principios de derecho internacional humanitario reconocidos universalmente. •Garantizarán el derecho de todos los individuos al debido proceso, incluida la presunción de inocencia y a un juicio dentro de un período de tiempo razonable y al respeto de sus garantías constitucionales y otras garantías legales. Los Gobiernos, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, adoptarán medidas para velar que ninguna persona en espera de sentencia sea detenida por un período mayor del legalmente permitido, tomando en plena consideración los derechos del acusado, la protección de la sociedad, la prevención del delito, la promoción del respeto a la ley, los derechos de las víctimas y otras consideraciones pertinentes. Los Gobiernos continuarán esforzándose por mejorar las condiciones carcelarias, así como para fortalecer los programas de educación sobre derechos humanos para los respectivos funcionarios de la administración de justicia. •Promoverán un examen de sus respectivas legislaciones nacionales a fin de eliminar o modificar aquellas disposiciones que pudieran conducir a cualquier tipo de discriminación, por alguna razón, y que se contrapongan con sus compromisos internacionales. Se procurará, particularmente, alcanzar antes del año 2002, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. En este contexto, se otorgará prioridad al derecho de trato igualitario en el trabajo, de propiedad, de sucesión, de custodia de menores, así como el combate contra la violencia doméstica. •Promoverán la adopción de medidas de carácter legal, educativo y social, así como la cooperación internacional, con el propósito de combatir el abuso físico, sexual y el tráfico de menores, la prostitución y la explotación infantil en todas sus formas, incluyendo la pornografía. Al mismo tiempo, fortalecerán la cooperación internacional a través de la implementación de un sistema regional de información sobre los niños afectados por este problema, con el apoyo y la participación de las organizaciones internacionales pertinentes, basado en los sistemas nacionales, que servirá para analizar su situación y evaluar las políticas sociales para facilitar la toma de decisiones en este ámbito. •Promoverán la firma, tanto como la ratificación y la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales no son partes, así como también observarán las disposiciones contenidas en aquellos instrumentos en los cuales son partes. Asimismo, los Gobiernos fortalecerán la cooperación y apoyo a las actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fin de: •Fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos, mediante iniciativas y medidas concretas, a fin de reforzar su estructura institucional y promover sus vínculos con los sistemas nacionales y las entidades regionales de promoción y protección de los derechos humanos. En este contexto, consideran importante el fortalecimiento institucional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. •Apoyar los procesos de promoción y consolidación de los valores, prácticas e instituciones democráticas, en los Estados que así lo soliciten, a través del fortalecimiento de los órganos competentes de la Organización, incluyendo la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD). •Fortalecer el ejercicio y respeto de todos los derechos humanos y la consolidación de la democracia, incluyendo el derecho fundamental a la libertad de expresión y de pensamiento, mediante el apoyo a las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. •Impulsar programas de cooperación, mediante el uso de la informática avanzada y con el apoyo de los organismos internacionales competentes, en las áreas de administración de justicia identificadas por el Grupo de Trabajo de la OEA sobre la Democracia y los Derechos Humanos, que incluyan: •Capacitación para personal policial y penitenciario; •Medidas necesarias para remediar las condiciones inhumanas en las prisiones y disminuir drásticamente el número de detenidos esperando juicio; y •Perfeccionamiento de la educación en derechos humanos para los jueces, magistrados y otros funcionarios de las diferentes instancias abocadas a la administración de justicia. Los Gobiernos: •Incorporarán en los proyectos educativos, dentro del ordenamiento jurídico de cada país, objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de personas en valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Se deberá fortalecer para ello, la participación de docentes, familias, estudiantes y comunicadores sociales, en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos orientados a formar ciudadanos inspirados en valores democráticos. Los Gobiernos: •Promoverán, con la participación de la sociedad civil, el desarrollo de principios y recomendaciones para que dentro de los marcos institucionales se estimule la formación de organizaciones responsables, transparentes y sin fines de lucro y otras organizaciones de la sociedad civil, incluidos, cuando proceda, los programas de voluntarios, y fomenten, de acuerdo con las prioridades nacionales, diálogos y alianzas sector público-sociedad civil en las áreas que se consideren relevantes en este Plan de Acción. En este contexto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) puede servir de foro para el intercambio de experiencias e información. •En este proceso, recogerán las iniciativas existentes que promuevan una mayor participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, tales como las experiencias pertinentes y exitosas de los Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia Interamericana de Participación Pública, entre otras. Tan pronto como sea posible, los Gobiernos adoptarán planes de trabajo para implementar marcos jurídicos e institucionales basados en los principios y recomendaciones en sus respectivos países. •Encargan a la OEA que fomente el apoyo entre los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, y promueva los programas apropiados para realizar esta iniciativa, y solicitarán al BID que desarrolle e implemente junto con los Estados interesados y otras instituciones interamericanas, mecanismos financieros hemisféricos dedicados especialmente a la implementación de programas orientados hacia el fortalecimiento de la sociedad civil y los mecanismos de participación pública. Los Gobiernos: •Reafirman que la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, género, idioma, nacionalidad o religión, es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es responsabilidad de todos los Estados. •Cumplirán con los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables y, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, garantizarán los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias. •Velarán por el pleno cumplimiento y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias, y adoptarán medidas efectivas, entre ellas el fortalecimiento de la conciencia pública, para impedir y erradicar violaciones a los derechos humanos y eliminar todas las formas de discriminación contra ellos, particularmente la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. •Reafirman el derecho soberano de cada Estado a formular y aplicar su propio marco jurídico y políticas migratorias, incluido el otorgamiento de permisos a los migrantes para entrar, permanecer o ejercer una actividad económica, de conformidad plena con los instrumentos internacionales aplicables sobre los derechos humanos y en un espíritu de cooperación. •Velarán por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo que se refiere al derecho que tienen los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos. •Protegerán los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, adoptando medidas, en caso que no hubieran, para: 1.proporcionar, con respecto a las condiciones laborales, la misma protección jurídica otorgada a los trabajadores nacionales; 2.facilitar, cuando proceda, el pago de los salarios completos adeudados a los trabajadores que hayan regresado a sus países, y permitirles gestionar el traslado de sus efectos personales; 3.reconocer los derechos de ciudadanía y nacionalidad de los hijos de todos los trabajadores migrantes que puedan tener derecho a los mismos, y todo otro derecho que ellos puedan tener en cada país; 4.fomentar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales, relacionados con el retorno de los beneficios de seguridad social devengados por los trabajadores migrantes; 5.proteger a todos los trabajadores migrantes y sus familias, mediante el cumplimiento de la ley y campañas informativas, para evitar que sean víctimas de la explotación y el abuso por causa del tráfico ilícito de personas; 6.impedir el abuso y maltrato de los trabajadores migrantes por parte de empleadores o de las autoridades encargadas de la aplicación de la política migratoria y el control de las fronteras; y 7.alentar y promover el respeto de la identidad cultural de todos los migrantes. 8.Apoyarán las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, particularmente por medio del Relator Especial para Trabajadores Migrantes. Fortalecimiento de las Administraciones Municipales y Regionales Los Gobiernos: •De acuerdo a sus ordenamientos jurídicos y en un plazo razonable establecerán o fortalecerán mecanismos para la participación de grupos de la sociedad en el proceso de la toma de decisiones locales y otras instancias subnacionales mediante, por ejemplo, audiencias públicas, análisis presupuestarios abiertos a la participación de la comunidad y fomento de la transparencia en las operaciones financieras de los Gobiernos locales y otras instancias subnacionales. •De acuerdo con sus legislaciones en todos los niveles, establecerán alternativas de financiamiento para los Gobiernos locales y otras instancias subnacionales, incluidas las asociaciones de Gobiernos locales, tales como transferencias de recursos estatales o federales, acceso a capitales privados, y otorgando la autorización para recaudar ingresos a nivel local a fin de ampliar la prestación de servicios de calidad. Asimismo, promoverán la capacitación para fortalecer su gestión administrativa. •De acuerdo a la realidad y al ordenamiento jurídico de cada país, estudiarán la conveniencia de la transferencia de funciones gubernamentales del nivel nacional a los Gobiernos locales y otras instancias subnacionales, así como la posibilidad de perfeccionar la gestión de dichos Gobiernos. •Compartirán sus experiencias e información de programas existentes y futuros apoyados por organismos de cooperación multilateral y bilateral, tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, para facilitar la instrumentación de esta iniciativa. Los Gobiernos: •Darán un decidido respaldo al "Programa Interamericano para Combatir la Corrupción" e implementarán las acciones que allí se establecen, particularmente la adopción de una estrategia para lograr la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en 1996, la elaboración de códigos de conducta para los funcionarios públicos, en conformidad con los respectivos marcos legales, el estudio del problema del lavado de los bienes o productos provenientes de la corrupción y la promoción de campañas de difusión sobre los valores éticos que sustentan el sistema democrático. •Auspiciarán la realización de un Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio, a más tardar en agosto de 1998 en Chile, a fin de considerar entre otros temas, los alcances de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la implementación del programa antes señalado. Igualmente, respaldarán la realización de talleres auspiciados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para difundir la normativa contemplada en la Convención Interamericana contra la Corrupción. •Propiciarán en el marco de la OEA, y de conformidad con el mandato contenido en el Programa Interamericano para Combatir la Corrupción, un adecuado seguimiento de los avances de la Convención Interamericana contra la Corrupción. •Promoverán en las legislaciones internas la obligación de los titulares de altos cargos públicos y de otros niveles, cuando la ley así lo establezca, de declarar o revelar los activos y pasivos personales ante los órganos competentes. •Fomentarán la aprobación de medidas efectivas y concretas para luchar contra todas las formas de corrupción, soborno y prácticas ilícitas conexas en las transacciones comerciales, entre otras. Financiamiento de Campañas Electorales Los Gobiernos: •Propondrán el intercambio de experiencias que sirvan de apoyo para que cada país, de acuerdo a su propia realidad y a su sistema legal, adopte o desarrolle normas internas orientadas a regular las contribuciones a las campañas electorales, y mecanismos internos independientes de control. •Considerarán las propuestas emanadas de la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales, celebrada en Caracas, en el marco de la OEA, en febrero de 1998. •Adoptarán o considerarán, según sea el caso, medidas para impedir contribuciones financieras a campañas electorales derivadas del crimen organizado y del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, promoverán la adopción de medidas tendientes a asegurar la transparencia en el origen de todas las contribuciones. Los Gobiernos: •Continuarán desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio y fortalecerán esta alianza sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de los Estados, reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos. •Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la cooperación hemisférica y sobre la base de los principios antes señalados, desarrollarán, dentro del marco de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de las Drogas (CICAD-OEA), un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los países participantes de la Cumbre en el tratamiento de las diversas manifestaciones del problema. •Fortalecerán los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional para: •Perfeccionar sus políticas y planes nacionales en el ámbito de la prevención del consumo indebido de drogas e incrementar las medidas principalmente a nivel comunitario, educacional y hacia los grupos más vulnerables, tales como los niños y jóvenes, para impedir el crecimiento y la propagación de dicho consumo y eliminar los estímulos financieros del tráfico ilícito; •Desarrollar programas apropiados de tratamiento, rehabilitación y reinserción, con miras a paliar los graves efectos sociales, el sufrimiento humano y otros efectos adversos asociados con el abuso de drogas; •Incrementar la cooperación en áreas tales como la recolección y análisis de datos, la homologación de los sistemas de medición del consumo indebido, la capacitación técnica y científica y el intercambio de experiencias; •Desarrollar o promover el desarrollo de campañas orientadas a crear una mayor conciencia social de los riesgos del abuso de drogas para los individuos, la familia y la sociedad, así como los planes de participación comunitaria; •Sensibilizar a la opinión pública respecto de los graves efectos del abuso de drogas y sobre las actividades de las organizaciones criminales que las comercian, incluyendo al nivel mayorista y minorista; •Mejorar y actualizar los mecanismos de cooperación relacionados con el procesamiento y la extradición de los responsables de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros delitos conexos, de conformidad con los acuerdos internacionales, las disposiciones constitucionales y las legislaciones nacionales; •Establecer o fortalecer las unidades centrales especializadas existentes, debidamente entrenadas y equipadas, encargadas de solicitar, analizar e intercambiar entre las autoridades estatales competentes, información relativa al lavado del producto y de los bienes e instrumentos utilizados en las actividades delictivas (también llamadas lavado de dinero); •Reforzar los mecanismos de control e intercambio de información nacionales e internacionales para impedir el tráfico ilícito y el desvío de precursores químicos; •Promover la pronta ratificación y entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego; promover la aprobación y pronta aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD sobre el Control de Armas y Explosivos Relacionados con el Tráfico de Drogas; alentar a los Estados que todavía no lo hayan hecho, a adoptar las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar la cooperación internacional efectiva a fin de impedir y combatir el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y municiones, al mismo tiempo de establecer o fortalecer los sistemas para mejorar el rastreo de las armas de fuego empleadas en actividades delictivas; y •Eliminar los cultivos ilícitos mediante un mayor apoyo a los programas nacionales de desarrollo alternativo así como de erradicación e interdicción. •Fortalecerán las comisiones nacionales de control de drogas con el propósito de mejorar la coordinación en cada país en la planificación y ejecución de sus respectivos planes nacionales y agilizar la asistencia internacional sobre la materia. •Destacan el valioso aporte de la sociedad civil, a través de sus diferentes formas de organización, en los campos de la prevención del consumo indebido, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción. •Alientan a las instituciones financieras a redoblar sus esfuerzos para evitar el lavado de dinero; como asimismo al sector empresarial correspondiente que refuerce sus controles para evitar el desvío de precursores químicos. •Darán pleno apoyo a la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en junio de 1998 con el fin de promover la cooperación internacional con respecto a las drogas ilícitas y delitos conexos, y alentar a todos los Estados a participar activamente, al nivel más alto, en esa reunión internacional. Harán todo lo posible por asegurar la implementación efectiva de los acuerdos internacionales sobre estupefacientes a los cuales se han suscrito, a nivel regional y subregional, y que estos funcionen en consonancia con el esfuerzo hemisférico, y reafirmar su apoyo a la CICAD y su papel fundamental en la implementación de estos acuerdos. Los Gobiernos: •Tomarán medidas, según lo acordado en la Declaración y en el Plan de Acción de Lima, a fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, aplicando para ello la más firme voluntad de cumplir con los objetivos generales expuestos. •Alentarán a los Estados que aún no lo han hecho para que firmen, ratifiquen o adhieran, según sea el caso, los convenios internacionales, relacionados con el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas. •Convocarán, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Segunda Conferencia Especializada Interamericana para evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la prevención, combate y eliminación del terrorismo. Fomento de la Confianza y Seguridad entre los Estados Los Gobiernos: •Estimularán el diálogo regional con miras a revitalizar y fortalecer las instituciones del Sistema Interamericano, tomando en cuenta los nuevos factores políticos, económicos, sociales y estratégico-militares en el Hemisferio y en sus subregiones. En este sentido, buscarán aumentar aún más el clima de confianza y seguridad entre los Estados del Hemisferio. •Llevarán a la práctica, en la forma en que están enunciadas, las medidas y recomendaciones emanadas de las Conferencias Regionales sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, celebradas en noviembre de 1995 en Santiago, Chile, y en febrero de 1998 en San Salvador, El Salvador, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). •Continuarán apoyando los esfuerzos que llevan a cabo los pequeños Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, las cuales incluyen, desde una perspectiva multidimensional, aspectos económicos, financieros y medio ambientales, tomando en cuenta su vulnerabilidad y nivel de desarrollo. •En consonancia con los esfuerzos para transformar el Hemisferio Occidental en una zona libre de minas antipersonal y reconociendo la contribución a este respecto de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, incluyendo su pronta entrada en vigencia, alentarán acciones y apoyarán los esfuerzos internacionales de carácter humanitario para la remoción de minas, con el objeto de asegurar que se otorgue prioridad a la remoción de artefactos que amenazan a la población civil y de asegurar que la tierra pueda ser rehabilitada en su capacidad productiva. Ello se llevará a cabo a través de una efectiva cooperación y coordinación internacional y regional, según lo soliciten los Estados afectados, para la ubicación, demarcación, catastro y remoción de minas antipersonal; de una eficaz toma de conciencia por parte de la población civil del peligro de esos artefactos, de asistencia a las víctimas; y para el desarrollo y aplicación, según sea el caso, de tecnologías para la detección y remoción de las minas. •Continuarán promoviendo la transparencia en materia de políticas de defensa, entre otros aspectos, en lo que se refiere a la modernización de las Fuerzas Armadas, a la comparación del gasto militar en la Región y al perfeccionamiento del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. •Aumentarán la cooperación con los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. •Alentarán el desarrollo de programas de cooperación para enfrentar desastres naturales y operaciones humanitarias de búsqueda y de rescate. •Comprometerán sus esfuerzos para que la solución pacífica de los conflictos y de las controversias pendientes se alcancen por medio de los mecanismos de solución pacífica existentes dentro del Sistema Interamericano y con apego al derecho internacional y a los tratados vigentes, y expresan la conveniencia de fortalecer dichos mecanismos e instrumentos. •Valorizan la realización de reuniones ministeriales o de alto nivel sobre temas de defensa y seguridad internacionales, tales como las Reuniones Ministeriales de Defensa de Williamsburg y Bariloche, como una contribución importante al diálogo regional en estas materias y, en este contexto, estimulan a los países interesados a realizar otros encuentros. •Encomiendan a la OEA, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica: •Efectuar el seguimiento y profundización de los temas relativos a medidas de fomento de la confianza y seguridad; •Realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los conceptos de seguridad internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar sus diversos aspectos, incluyendo el desarme y el control de armamento; e, •Identificar las formas de revitalizar y fortalecer las instituciones del Sistema Interamericano relacionadas con los distintos aspectos de la seguridad hemisférica. Este proceso culminará con la realización de una Conferencia Especial sobre Seguridad, en el marco de la OEA, a realizarse, a más tardar, a comienzos de la próxima década. •Apoyar la convocatoria de una Conferencia Regional de Seguimiento de las Conferencias Regionales de Santiago y San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, a fin de profundizar una mayor confianza recíproca en las Américas. Los avances que se alcancen en estas materias deberán ser informados a los Estados, asegurando un seguimiento adecuado a través de la OEA, de manera de permitir su examen en la próxima Cumbre de las Américas. Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Organos Judiciales Los Gobiernos: •Desarrollarán mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional. En este contexto, promoverán, desarrollarán e integrarán el uso de métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema de justicia. •Fortalecerán, según sea el caso, sistemas de justicia penal fundados en la independencia del Poder Judicial y la efectividad del Ministerio Público y de la Defensoría, reconociendo la especial importancia de la introducción del juicio oral, en aquellos países que consideren necesaria la ejecución de esta reforma. •Reforzarán la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, propiciarán nuevas convenciones internacionales y legislaciones, así como procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos. •Adecuarán su legislación, realizarán las reformas institucionales necesarias y tomarán las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de la infancia y de los jóvenes, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales, en el plazo más breve posible. •Impulsarán, según sea el caso, la diferenciación de los procedimientos y consecuencias a las infracciones a la ley penal, de aquellas medidas que se establezcan para la protección de los niños y jóvenes, cuyos derechos están amenazados o son vulnerados. Además, promoverán medidas socio-educativas para la reinserción de menores infractores. •Promoverán la creación o el fortalecimiento, según corresponda y de conformidad con los respectivos sistemas jurídicos, de un órgano jurisdiccional especializado en materia de familia. •Impulsarán el establecimiento de un centro de estudios de justicia de las Américas, tendiente a facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad con los requerimientos específicos de cada país. A tal efecto, solicitarán a los Ministros de Justicia o a otras autoridades competentes que analicen y definan las medidas más convenientes para la organización e instalación del mencionado centro. •Promoverán, de conformidad con la legislación de cada país, la cooperación jurídica y judicial mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y el intercambio, a nivel bilateral o multilateral, en estos campos, incluyendo acuerdos relativos a los programas de protección de testigos. •Apoyarán la celebración de reuniones periódicas de Ministros de Justicia o de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Modernización del Estado en la Administración de Materias Laborales Los Gobiernos: •Promoverán medidas de parte de sus Ministerios del Trabajo para proporcionar programas y asistencia de alta calidad a los trabajadores y empleadores, dando énfasis a una mayor descentralización de sus funciones, a la incorporación de nuevas tecnologías, a políticas activas del mercado laboral, a una mejor y oportuna información sobre el mismo y mejoras de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo. •Darán especial atención a la incorporación de grupos socialmente marginados, incluidas las mujeres, las minorías, la juventud, los discapacitados y otras poblaciones vulnerables, a la fuerza laboral, así como los servicios ofrecidos por los Ministerios del Trabajo que tomen en consideración sus especiales necesidades. Al mismo tiempo, los gobiernos fortalecerán en mayor grado sus esfuerzos generales y la coordinación entre instituciones involucradas para abordar el tema de los niños en el trabajo. Los Ministerios del Trabajo intercambiarán información sobre las mejores prácticas en estas áreas. •Tomarán acciones para asegurarse que los Ministerios del Trabajo tengan los medios necesarios para el cumplimiento de este Plan de Acción en las áreas de su competencia. •Solicitarán la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asistir a los Ministerios del Trabajo a apoyar actividades internacionales y a intercambiar información sobre los métodos y estrategias de modernización.
III. INTEGRACION ECONOMICA Y LIBRE COMERCIO A. Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) I.Instruimos a los Ministros Responsables del Comercio que ejecuten las siguientes acciones: 1.Inicien las negociaciones correspondientes al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de conformidad con los principios, objetivos, estructura, modalidades y demás decisiones que establece la Declaración Ministerial de San José, convocando a reunión al Comité de Negociaciones Comerciales a más tardar el 30 de junio de 1998 y a los Grupos de Negociación a más tardar el 30 de septiembre de 1998. 2.Ejerzan la supervisión y administración definitiva de las negociaciones. 3.Logren avances concretos en las negociaciones para el año 2000 y acuerden medidas específicas de facilitación de negocios que se deberán adoptar antes del fin del presente siglo. 4.Se aseguren que el proceso de negociación sea transparente y tome en consideración las diferencias en cuanto al nivel de desarrollo y el tamaño de las economías de las Américas, con el fin de generar oportunidades para la plena participación de todos los países, incluyendo las economías más pequeñas. 5.Realicen las negociaciones de manera tal que se genere amplio respaldo y comprensión pública acerca del ALCA, y consideren las opiniones sobre asuntos comerciales emitidas por diferentes sectores de nuestras sociedades civiles, tales como empresarios, trabajadores, consumidores, grupos ambientalistas y académicos, que se presenten al Comité de Representantes Gubernamentales creado en la Cuarta Reunión de Ministros de Comercio realizada en Costa Rica. II.Instruimos a nuestros Representantes ante las instituciones del Comité Tripartito, en particular al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que se asignen los recursos adecuados existentes en dichas instituciones para apoyar a la Secretaría Administrativa de las negociaciones del ALCA. III.Instamos al Comité Tripartito para que siga respondiendo en forma positiva a las solicitudes de asistencia técnica presentadas por las entidades del ALCA. Solicitamos a las tres instituciones que consideren las solicitudes de asistencia técnica relacionadas con temas del ALCA, presentadas por los países miembros -en especial por las economías más pequeñas con el fin de facilitar su integración al proceso del ALCA de acuerdo con sus respectivos procedimientos. B. Acciones Adicionales Asimismo, además de iniciar las negociaciones del ALCA, hemos definido una serie de acciones adicionales que deben ser congruentes con la negociación del ALCA, que tiene por objeto profundizar el proceso de integración económica, así como crear oportunidades para la plena participación de todos los países, incluyendo las economías más pequeñas. Hemos preparado una serie de propuestas destinadas a promover la modernización de los mercados financieros, los programas de ciencia y tecnología, la cooperación energética y la infraestructura hemisférica, en particular en los campos del transporte y las telecomunicaciones. Fortalecimiento, Modernización e Integración de los Mercados Financieros Los Gobiernos: •Fortalecerán la supervisión bancaria en el Hemisferio a través de: la implementación de los Principios Fundamentales de Basilea para la Supervisión Efectiva de las Actividades Bancarias; programas de capacitación para fortalecer la capacidad supervisora; y el establecimiento de normas sólidas de alta calidad de divulgación y revelación de información para bancos, y la creación de un Grupo de Trabajo para poder asesorar a los países en este proceso. •Mejorarán los sistemas de liquidación y compensación bancarias y del mercado de valores del Hemisferio, para poder facilitar la transparencia, eficiencia y seguridad de transacciones internas y con el extranjero. Los Gobiernos: •Reconocen que la ciencia y la tecnología están relacionadas con diversas áreas y objetivos de este Plan de Acción, dentro y más allá de la integración económica, el libre comercio y el desarrollo sostenible. •Continuarán implementando el Plan de Acción adoptado en Cartagena en 1996, con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de los países del Hemisferio para participar y beneficiarse de la economía global del conocimiento, promoviendo, entre otras acciones, el crecimiento de las industrias de la comunicación y la información, como uno de los componentes estratégicos en los procesos nacionales, subregionales y regionales de integración. En el contexto de la Declaración de Cartagena, reconocen el importante papel que juegan en la implementación del Plan de Acción las instituciones regionales existentes. •Aplicarán los mecanismos de la ciencia y la tecnología para mitigar los daños causados por los efectos de "El Niño" y desastres naturales, tales como erupciones volcánicas, huracanes, terremotos e inundaciones, y su impacto en la economía y en los ecosistemas, con base en una mejor capacidad de predicción, prevención y respuesta; mejor investigación y métodos de entrenamiento para atender los desastres naturales; y la aplicación de la ciencia y la tecnología para enfrentar los efectos del cambio del clima en la salud, agricultura y el agua. En este sentido, enfatizarán la cooperación en investigación y el intercambio de información sobre "El Niño" y otros desastres naturales. •En cumplimiento del Plan de Cartagena, apoyarán el desarrollo y la utilización de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. •Promoverán acciones para fomentar alianzas entre todos los sectores de la sociedad para el avance de la cooperación e innovación en ciencia y tecnología. Se reconoce que las relaciones universidad-industria, el entrenamiento en el manejo de la tecnología y otros programas de desarrollo de los recursos humanos, así como la participación de pequeñas y medianas empresas, son elementos importantes para la utilización de la ciencia y la tecnología en el logro de los objetivos hemisféricos. Cooperación Energética Regional De conformidad con las normas jurídicas y constitucionales de cada Estado, así como con los compromisos que nuestros Gobiernos asuman en el contexto de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a fin de asegurar un desarrollo energético sostenible y de avanzar en la integración energética del Hemisferio, Los Gobiernos: •Promoverán políticas y procesos que faciliten el comercio de los productos, bienes y servicios relacionados con el sector energético. •Impulsarán en el menor tiempo posible, políticas y procesos que faciliten el desarrollo de infraestructura, inclusive a través de fronteras internacionales, para integrar aún más los mercados energéticos. •Fomentarán la creación y fortalecimiento de sistemas regulatorios transparentes y predecibles, que tomen en consideración las necesidades de las partes. •Promoverán marcos legales, fiscales y regulatorios para incentivar la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético en aquellas áreas permitidas en las respectivas Constituciones. •Incrementarán el acceso de la población rural a los servicios energéticos. •Apoyarán políticas y programas para estimular el desarrollo de energía renovable y energía eficiente. Para respaldar estas actividades, continuaremos nuestros esfuerzos de cooperación a través de la Iniciativa Energética Hemisférica. Cambio Climático Los Gobiernos: A la luz de sus compromisos en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de las decisiones adoptadas en la Tercera Conferencia de las Partes celebrada en Kyoto, Japón, y con miras a la Cuarta Conferencia de las Partes que se celebrará en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1998: •Alientan a las Partes a que trabajen para lograr los objetivos y las metas del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. •Reconocen el papel clave que desempeñan las tecnologías en el manejo de los aspectos ambientales relacionados con la energía, y alientan el intercambio de tecnología, información y experiencias, así como de opiniones sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Infraestructura Hemisférica Los Gobiernos: •Encomendarán al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la preparación de un proyecto de principios de aceptación voluntaria por parte de cada uno de los países, con el fin de facilitar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura local y transnacional que puedan servir de base para la preparación de acuerdos bilaterales y multilaterales. Este proyecto será sometido a los Gobiernos a más tardar en diciembre de 1998, para ser discutido durante una reunión de Ministros Responsables de Infraestructura que se realizará en 1999. Los Gobiernos: •Emprenderán las acciones necesarias, en la medida de lo posible, y tomando en cuenta los acuerdos subregionales, sectoriales, decisiones y proyectos, para dar cumplimiento a la Declaración Ministerial Conjunta de la Segunda Cumbre Hemisférica sobre Transporte celebrada en Santiago, Chile, en abril de 1996, dirigidas a: a) la promoción de sistemas y servicios de transporte determinados por el mercado, integrados, viables financieramente y sustentables ambientalmente, y b) proporcionarán la prestación de servicios de pasajeros y carga, seguros, eficientes y confiables, que fomenten el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países. •Elaborarán un plan orientado a obtener el más alto nivel de seguridad en los sistemas de transportes aéreo, marítimo y terrestre, mejorar la infraestructura y aumentar la protección ambiental mediante la mejora del cumplimiento de las normas internacionales y las prácticas recomendadas, tales como aquellas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI). •Sostendrán conversaciones para elaborar un programa de cooperación, tomando en cuenta las Declaraciones de Santiago y San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, que contemple el transporte aéreo y marítimo de desechos nucleares y otros desechos peligrosos y, cuando proceda, colaborarán con las organizaciones internacionales pertinentes para fortalecer o desarrollar normas que rijan el traslado de dichos materiales y su seguridad. •Prepararán, con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), un perfil de los sistemas y servicios de transporte regional tomando en cuenta acuerdos, decisiones, proyectos y estudios ya preparados por organismos regionales y hemisféricos. Dicho perfil identificará los principales problemas y oportunidades que enfrentan los países del Hemisferio, como primer paso hacia el establecimiento de las prioridades y políticas de transporte en la Región, con respecto a, entre otras cosas, la armonización de normas y el intercambio de tecnología. •Procurarán ante los organismos internacionales de financiamiento, la obtención de los recursos necesarios para ejecutar a la brevedad posible, proyectos de infraestructura de transporte en las Américas, incluyendo los que toman en cuenta las necesidades específicas de las economías más pequeñas. Los Gobiernos: •Establecerán estrategias para apoyar el desarrollo y la continua actualización de un plan regional de infraestructura de telecomunicaciones, tomando en cuenta los planes nacionales, la necesidad de acceso universal a servicios de telecomunicaciones básicos a través de la Región y la evolución de la Sociedad de Información Global. •Trabajarán en forma conjunta con el sector privado, para lograr una rápida creación de una infraestructura de telecomunicaciones en la Región, adoptando estrategias para conseguir que el servicio telefónico básico y el de INTERNET sean accesibles a todos, a precios módicos. Estas estrategias incluirían, entre otras, la implementación de las pautas de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), sobre servicios de valor agregado y el fomento del desarrollo de centros de servicios de información comunitarios para proporcionar acceso a servicios telefónicos básicos y de valor agregado, computadoras, servicios de INTERNET y multimedia, teniendo en cuenta las diversas necesidades de los países de la Región y los divergentes niveles de desarrollo. •Promoverán, en cooperación con el sector privado, el intercambio y distribución de información relativa a asuntos regulatorios, tales como acceso/servicio universal, interconexión y establecimiento de órganos regulatorios independientes, tomando en cuenta los compromisos hechos en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios Básicos de Telecomunicaciones de la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo GBT), los avances en el proceso del Area de Libre Comercio de las Américas, y la Declaración y Plan de Acción adoptados por la Reunión de Altas Autoridades de Telecomunicaciones celebrada en Washington D.C. en 1996, con miras a desarrollar, siempre que sea posible y con sujeción a las restricciones nacionales, los mejores lineamientos prácticos, y solicitando, siempre que sea necesario, la asistencia de la CITEL, de las organizaciones regionales de telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras, según sea apropiado. •Impulsarán, conjuntamente con el sector privado, el desarrollo de aplicaciones de redes electrónicas, tales como INTERNET y difusión por televisión y radio, que, tomando en cuenta las diferentes condiciones socio-económicas y los diferentes idiomas, brinden apoyo a la educación, la salud, la agricultura y el desarrollo rural sostenible, el comercio electrónico y otras aplicaciones que sean útiles a los pequeños ahorristas, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), así como a la modernización del Estado. •Alentarán a la CITEL a emprender, con cierto grado de urgencia, estudios sobre los aspectos de la coordinación de la normalización de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las áreas de la Red de Gestión de las Telecomunicaciones (RGT) y Redes Inteligentes (RI), de manera tal que la red pueda evolucionar para satisfacer las necesidades de interconexión y para apoyar la implementación de nuevas aplicaciones en el contexto regional. •Continuarán examinando las formas para desarrollar enfoques regulatorios coherentes entre los países miembros que conduzcan a la promoción de una mayor uniformidad en los procesos de certificación para equipos de telecomunicaciones, al establecimiento de un marco y hacia la negociación y ejecución de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para los equipos de telecomunicaciones que abarque todos los países de la Región. IV. ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION La extrema pobreza y la discriminación continúan afligiendo las vidas de muchas de nuestras familias e impidiendo su potencial contribución al progreso de nuestras naciones. Para avanzar hacia un futuro próspero para todos, facilitaremos la regularización de los títulos de dominio de las propiedades urbanas y rurales y redoblaremos nuestros esfuerzos para aumentar el acceso al crédito y apoyo técnico para las microempresas, y protegeremos los derechos básicos de los trabajadores. Eliminaremos todas las formas de discriminación contra las mujeres, las comunidades indígenas, las minorías raciales y étnicas marginadas, y otros grupos vulnerables. Procuraremos mejorar la calidad de vida de todos los pueblos de las Américas mediante esfuerzos que aseguren el acceso a servicios de salud adecuados, a tecnologías mejoradas en el área de salud, al agua potable y una nutrición apropiada. El conjunto de estas medidas facilitarán la incorporación de todos los habitantes, sin exclusión alguna, en la transformación económica y democrática del Hemisferio. Fomento de Micro, Pequeña y Mediana Empresa En la luch para combatir la pobreza y respetando las diferencias nacionales, los Gobiernos se comprometen a fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de las siguientes acciones específicas: Los Gobiernos: •Asegurarán que un número significativo de las 50 millones de micro, pequeñas y medianas empresas del Hemisferio, cuyos dueños y trabajadores son personas de escasos recursos, especialmente las mujeres de esas empresas, tengan acceso a servicios financieros para el año 2000. •Diseñarán e implementarán programas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) y en coordinación con el Banco Mundial y otras agencias de cooperación al desarrollo, de reforma de políticas financieras adecuadas para: acelerar la entrada de instituciones financieras formales a este mercado; apoyar el desarrollo de las instituciones que trabajan en el sector; y eliminar los impedimentos que limitan el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa a los servicios financieros. •Simplificarán y agilizarán los procedimientos para el registro, la obtención de licencias, el cumplimiento de los reglamentos laborales y tributarios y la formalización, cuando corresponda, de las micro, pequeñas y medianas empresas. •Apoyarán a los proveedores de servicios no financieros del sector privado, para que éstos amplíen y mejoren su oferta de nuevas tecnologías y capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas, que les permitan mejorar su competividad en los mercados nacionales y globales. •Promoverán la asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de aprovechar las ventajas de la cooperación en la realización de negocios y la modernización de la gestión empresarial. •Promocionarán la coordinación interinstitucional, a través de la creación de mecanismos efectivos de articulación de las acciones de las instituciones públicas nacionales y locales de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su vinculación con el sector privado. •Elaborarán planes nacionales para el cumplimiento de las acciones antes definidas y convocarán a una reunión regional de ministros o altas autoridades responsables de las políticas públicas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa con el objeto de intercambiar información sobre estos planes y mejorar así la efectividad de las políticas de apoyo. Para ello, solicitarán al BID que, en colaboración con la CEPAL, coordine dicha reunión. •Solicitarán que los organismos regionales, así como las agencias de desarrollo gubernamentales, multilaterales y bilaterales involucradas en la Región apoyen las reformas de políticas e inviertan entre US$400 a 500 millones durante los próximos tres años, en programas, incluyendo capacitación y asistencia técnica, que apoyen las acciones identificadas en este Plan de Acción. Los Gobiernos: •Simplificarán y descentralizarán, según sea necesario, los procedimientos de catastro y registro de propiedades, adoptando procedimientos transparentes y más sencillos de otorgamiento de títulos e inscripción, haciendo disponible la información sobre estos procedimientos; usando, siempre que sea viable, la tecnología de vanguardia para la georeferenciación de las propiedades, generación automatizada de la cartografía y almacenamiento computarizado de los archivos; incorporando métodos alternativos de resolución de disputas; y evitando la duplicación de cobros por concepto de servicios de inscripción y de otorgamiento de títulos de propiedad. •Recomendarán que las instituciones de cooperación bilateral y multilateral, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, fortalezcan sus programas de asistencia técnica y financiera, incluyendo el intercambio de información sobre experiencias entre países, a fin de apoyar la simplificación de los procesos de registro de propiedad y para asegurar el acceso de las personas de menores recursos a estos sistemas. •De acuerdo a sus ordenamientos jurídicos, adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger los derechos reconocidos de las poblaciones indígenas, así como programas informativos si así fuera necesario, para garantizar un mayor conocimiento por parte de las poblaciones indígenas sobre sus derechos al respecto. Los Gobiernos: •Buscarán a través de esfuerzos en el sector público y privado, o de alianzas entre ellos, aumentar la disponibilidad, el acceso y la calidad de medicamentos y vacunas, en particular para los más necesitados, mediante la promoción de acciones tendientes a salvaguardar la calidad, selección y uso racional, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, con especial énfasis en aquellos considerados vitales y esenciales. Además, brindarán su apoyo a iniciativas regionales que, para el año 2002, harán posible la investigación, desarrollo, producción y la utilización de vacunas, las que reducirán la incidencia de enfermedades tales como neumonía, meningitis, sarampión, paperas y rubéola. •Fortalecerán y mejorarán las redes nacionales y regionales de información en salud y los sistemas de vigilancia, de modo que todos los interesados tengan acceso a los datos necesarios para abordar los asuntos críticos de salud de la Región, promoviendo una adecuada toma de decisiones en las áreas clínica y administrativa de los servicios de salud. Se desarrollarán, implementarán y evaluarán, según las necesidades, sistemas de información y tecnologías de salud que incluirán las telecomunicaciones, el apoyo a la vigilancia epidemiológica, la operación y administración de los programas y servicios de salud, la educación y la promoción en salud, la telemedicina, las redes computacionales y la inversión en nuevas tecnologías de salud. •Desarrollarán iniciativas destinadas a reducir los déficits de cobertura y calidad de los suministros de agua potable, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos, con especial énfasis en las áreas urbanas pobres y en el sector rural, a través de la aplicación de tecnologías existentes y el desarrollo de tecnologías nuevas, apropiadas, efectivas y de bajo costo. •Harán esfuerzos para asegurar que se asignen los recursos necesarios para el desarrollo de las líneas de acción de este Plan, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Asimismo, promoverán la colaboración bilateral y multilateral, y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial, entre otras instituciones financieras y de cooperación técnica, el apoyo a los programas y actividades incluidas en esta iniciativa, en conformidad a sus respectivas prioridades y campos de acción. •Desarrollarán mecanismos de evaluación de la pertinencia, costo y eficacia de las tecnologías que se introduzcan para abordar estos y otros problemas prioritarios de salud. Los Gobiernos: •Fortalecerán y crearán donde no existan, mecanismos nacionales y organismos gubernamentales, así como las redes regionales y subregionales correspondientes encargadas de promover la igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, enfocados en la equidad de género, proporcionándoles recursos financieros adecuados y oportunos a fin de que estas instancias promuevan, coordinen, e instrumenten el cumplimiento por parte de los Estados de los compromisos contraídos en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la Cumbre de las Américas, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y el reciente "Consenso de Santiago" de la VII Conferencia Regional del Seguimiento de Beijing (CEPAL/ONU). •Examinarán las leyes existentes y su implementación para identificar los obstáculos que limitan la plena participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural en nuestros países. Cuando sea necesario, impulsarán reformas o una nueva legislación para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y para garantizar la protección de los derechos de la niñez. •Implementarán y darán seguimiento, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en colaboración con la sociedad civil, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y otras entidades de cooperación internacional, los compromisos sobre la situación y condición de las mujeres, acordados en la Cumbre de las Américas, recurriendo según el caso al Sistema de Indicadores adoptados por los países de las Américas en Montelimar, Nicaragua. •Promoverán políticas orientadas a mejorar los índices de salud de la mujer y la calidad de los respectivos servicios considerando todas las etapas de su vida. Derechos Básicos de los Trabajadores Los Gobiernos: •Intercambiarán materiales informativos referentes a su legislación laboral, con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento mutuo de dicha legislación, así como a promover las normas laborales fundamentales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -libertad de asociación; el derecho a organizarse y negociar colectivamente; la prohibición de trabajos forzados; la eliminación de toda forma de explotación infantil; y la no discriminación en el empleo. Esta información incluirá también referencias a los mecanismos y/o facultades legales de los Ministerios del Trabajo para implementar las normas laborales fundamentales, como elemento esencial para el trabajo productivo y positivas relaciones de empleadores-trabajadores. •Para estos propósitos, realizarán los intercambios, entre otros medios, proporcionando materiales informativos sobre innovaciones relevantes en sus legislaciones laborales y sobre los mecanismos y/o facultades legales para la implementación de las normas laborales fundamentales, así como sobre el progreso en el área de relaciones de empleadores-trabajadores, para ser conocidos en una reunión de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, a realizarse en 1998, y en otras de sus reuniones si correspondiera, contando con la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). •Asegurarán un mayor grado de observancia y promoción de las normas laborales fundamentales internacionalmente aceptadas. En este sentido, reconocen a la OIT como el organismo competente para tratar dichas normas, apoyan el trabajo que realiza la OIT con respecto al intercambio de información, al igual que la negociación de una nueva Declaración de Principios de Derechos Fundamentales de los Trabajadores y su seguimiento apropiado. Estiman que el crecimiento y el desarrollo económico impulsado por el incremento y liberalización del comercio contribuyen a la promoción de estas normas laborales y deberían conducir a niveles más altos de empleo; asimismo, rechazan la utilización de normas laborales con fines proteccionistas y, en este contexto, toman nota que las Secretarías de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OIT continuarán con su colaboración. Con el objeto de promover una mayor participación de la población indígena en la sociedad mediante el acceso apropiado a la educación, atención de salud, capacitación ocupacional y así mejorar su estándar de vida, los gobiernos: •Respaldarán las actividades en el campo de la educación tendientes a aumentar la participación de las poblaciones o comunidades indígenas en la sociedad. Tales actividades deberían procurar el fortalecimiento de la identidad de las poblaciones indígenas y promover una coexistencia respetuosa entre los diferentes grupos sociales de las comunidades y Estados. •Promoverán la ampliación de los servicios de educación básica y media con orientación vocacional, principalmente en las regiones con alto porcentaje de población indígena, mediante un mayor respaldo de los Gobiernos y la cooperación internacional, a solicitud de los Gobiernos interesados, de modo que tanto las poblaciones indígenas como los no indígenas tengan la oportunidad de recibir capacitación técnica y de contribuir al desarrollo de sus países. En la medida de lo posible, las áreas de capacitación que se implementen en forma paralela a los procesos educacionales deben responder a las necesidades de la Región y a las estrategias de producción. •En cooperación con las organizaciones regionales, instituciones de desarrollo y las ONG's, respaldarán y promoverán, decididamente, la capacidad de desarrollar actividades y proyectos productivos en áreas como la agricultura, artesanía, la pequeña empresa y la comercialización. Dentro de lo posible, éstos deben ser guiados y administrados por poblaciones indígenas. •Facilitarán la organización de mesas redondas a nivel nacional y hemisférico, en asociación con las poblaciones indígenas, con el objeto de promover una mayor comprensión y cooperación en las áreas de la salud y la educación, poniendo especial atención en las mujeres y los niños. Los Gobiernos promoverán, asimismo, investigaciones respecto a la relación entre poblaciones indígenas, pobreza y desarrollo. •Procederán con el examen intergubernamental, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del "Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con miras a la posible adopción de una Declaración. Los Gobiernos: •Darán la más alta prioridad a reducir la desnutrición infantil, concentrando esfuerzos en los programas de salud, de nutrición y de educación para la nutrición de los niños, particularmente los menores de tres años, en atención a que en estas edades son más vulnerables. Para ello, darán énfasis a una adecuada alimentación y a la corrección de deficiencias nutricionales específicas, en particular con suplementos vitamínicos y de minerales, en combinación con el mejor uso de las vacunas e inmunizantes y el monitoreo durante el crecimiento del niño. •Asignarán alta prioridad a la seguridad alimentaria y necesidades calóricas para las mujeres, antes y durante el embarazo, y en el período de lactancia. Los Gobiernos promoverán la lactancia como una importante fuente de alimentación para los niños. Las necesidades nutricionales de otros grupos de alto riesgo, como los ancianos y los discapacitados también serán atendidas. •Continuarán, en la medida de lo posible, con el diálogo iniciado en la Conferencia Interamericana sobre el Hambre, celebrada en Buenos Aires en octubre de 1996, y explorarán la aplicación en sus respectivas jurisdicciones de las medidas que allí fueron sugeridas, en particular la creación de alianzas con el sector privado para combatir el hambre y la desnutrición, la creación de redes de bancos de alimentos con la participación de voluntarios y la creación de un Consejo Honorario dedicado a promover acciones para alcanzar los objetivos de la Cumbre en este campo. •Reconocemos el esfuerzo realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el seguimiento de la Cumbre de Desarrollo Sostenible y le instruimos, a través de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible, mantener la coordinación en el cumplimiento de los mandatos de la misma. Solicitamos a los organismos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, reforzar su cooperación y la implementación del Plan de Acción de Santa Cruz. •Con la intención de otorgar mayor impacto a nuestros esfuerzos nacionales y colectivos, encomendamos a nuestras agencias u organismos nacionales responsables de cooperación internacional que apoyen la elaboración y ejecución de programas y proyectos que deriven del Plan de Acción. Asimismo, solicitarán el concurso de las instituciones multilaterales de cooperación en el mismo sentido. SEGUIMIENTO DE LAS CUMBRES DE LAS AMERICAS •Los Jefes de Estado y de Gobierno continuarán reuniéndose de manera periódica para profundizar la cooperación y el entendimiento entre los países de América y con el mismo fin fortalecerán el marco institucional hemisférico. •Los Gobiernos serán los principales encargados de la implementación de los mandatos de la Cumbre. El mecanismo establecido por sus Ministros de Relaciones Exteriores, denominado "Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres" (GRIC), continuará funcionando bajo su directa dependencia. A través de los Coordinadores Nacionales de las Cancillerías para las Cumbres, se garantizará una expedita relación, por los canales pertinentes, con todos los organismos gubernamentales involucrados en el cumplimiento de los mandatos que surgen de las reuniones Cumbres. •El GRIC se reunirá periódicamente (dos o tres veces al año) para supervisar el proceso de seguimiento y establecer el grado de cumplimiento de los mandatos de las Cumbres. Será presidido por el país organizador de la Cumbre y co-presidido por el país que fue anfitrión de la anterior Cumbre y por el anfitrión de la siguiente Cumbre ("troika"). Sus acuerdos se adoptarán por consenso. •Se invitará a representantes de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), para apoyar a los Gobiernos que participan en el GRIC en la función de dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre y con el objetivo de lograr una mayor coordinación y eficiencia de estas instituciones en la referida tarea. Con este mismo propósito, se invitará a un representante del Banco Mundial. •Se encargará a la Secretaría de la OEA para que funcione como mecanismo de registro (memoria institucionalizada del proceso) y como apoyo técnico al GRIC. •De acuerdo a las decisiones de la Cumbre, los organismos internacionales tendrán responsabilidades en la implementación de este proceso y, cuando corresponda según los mandatos de la misma, habrá apoyo de organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. •En el caso de determinados mandatos que requieran de la celebración de reuniones ministeriales sectoriales, éstas, cuando corresponda, se desarrollarán dentro del marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA. Asimismo, la OEA, el BID, la OPS y la CEPAL, según corresponda, prestarán apoyo técnico a las reuniones, de cuyos resultados se informará a los Estados a través de la Secretaría de la OEA. •El GRIC informará anualmente sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento del Plan de Acción a los Ministros de Relaciones Exteriores, quienes considerarán esta información con ocasión de la Asamblea General Ordinaria de la OEA. •Bajo la dirección de los Ministros de Relaciones Exteriores, el GRIC preparará la siguiente Cumbre, teniendo en cuenta los insumos de los órganos pertinentes de la OEA y de los otros organismos internacionales involucrados. (suscrito en Santiago de Chile a 19 días del mes de abril de 1998)Página Principal | Mandatos de la Cumbre | Calendario de
Reuniones | Busque Información © 1998 Organización de los Estados Americanos, Oficina de Seguimiento de Cumbres |