Organización de los Estados Americanos Cumbres de las Américas
 
Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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SEGURIDAD: Prevención de la Violencia
MANDATOS

  1. Apoyar la iniciativa de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito acordada en la OEA con el propósito de fortalecer la cooperación hemisférica en seguridad, en el marco de la legislación interna de cada Estado. (Seguridad, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015).

  1. Trabajar en la obtención de mejores datos, y en el fortalecimiento de evaluaciones y diagnósticos para formular políticas públicas efectivas de prevención de la violencia y el delito y que respondan mejor a este fenómeno en la región de una forma integral. En este sentido, entre otros, fomentar los Observatorios del Delito y la Violencia de conformidad a las legislaciones nacionales. (Seguridad, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015).

  1. Redoblar los esfuerzos y priorizar acciones dirigidas a abordar de manera eficaz la violencia contra la mujer y las niñas, particularmente a través la promoción de iniciativas dirigidas a empoderar a las mujeres y la implementación de políticas públicas eficaces focalizadas en lograr este objetivo, incluyendo medidas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; la capacitación de funcionarias y funcionarios a nivel nacional y local; la implementación de programas para educar, sensibilizar y crear conciencia de este fenómeno; y la recolección de datos e información estadística dentro del marco, según corresponda, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y su mecanismo de seguimiento. (Seguridad, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015).

  1. Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).

  1. Implementar políticas que contemplen medidas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar la violencia sexual y por motivos de género. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).

  1. En consonancia con lo anterior, nos comprometemos a promover políticas públicas, en coordinación con las instituciones pertinentes y la participación ciudadana y comunitaria, destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, y a fortalecer, con un enfoque multidimensional y de acuerdo con las legislaciones nacionales, los canales de comunicación y el intercambio de información, prácticas y experiencias entre los Estados Miembros en el combate y la prevención de los delitos que atentan contra la seguridad pública. Además, reforzaremos nuestras capacidades nacionales y regionales mediante, entre otros, una creciente cooperación y asistencia técnica, según corresponda, que permitan beneficiarnos de la experiencia de cada Estado Miembro. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Reconocemos que la violencia es prevenible y, por lo tanto, formularemos o fortaleceremos políticas que adopten un enfoque integral para su prevención. Con este objetivo, complementaremos las políticas para la aplicación de la ley con otras estrategias para la prevención de la violencia con resultados medibles, en áreas tales como la educación, el trabajo, la salud y otras áreas pertinentes, según corresponda. Continuaremos reforzando e implementando actividades que promuevan una cultura de no violencia en el contexto de la salud pública, y creando entornos y comunidades seguros, saludables y sostenibles. Reconocemos la Declaración de la Primera Reunión de Ministros de Salud de las Américas sobre Prevención de Violencia y Lesiones, celebrada en Mérida, México, en marzo de 2008, la cual se compromete a innovar, desarrollar, implementar y evaluar aún más los planes de prevención de la violencia. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Estamos convencidos de que la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho. Reiteramos la necesidad de una cooperación efectiva para prevenir, combatir y erradicar esta amenaza, y al respecto, reafirmamos el valor de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) y su legislación modelo como base para dicha cooperación. Continuaremos combatiendo la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados mediante, entre otras acciones, el marcaje y rastreo de armas de fuego, la destrucción de los excedentes de armas de fuego determinados por cada Estado, asegurando y administrando los arsenales y regulando la intermediación de armas de fuego, incluidas sanciones a la intermediación ilícita con el objetivo de evitar su desvió a los canales ilícitos y su proliferación. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Enfatizamos nuestra preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible; situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente (Declaración de Mar del Plata, 2005).

  1. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener la paz y la seguridad a través de la utilización eficaz de los medios hemisféricos previstos para la solución pacífica de las controversias y la adopción de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. En este sentido, apoyamos y elogiamos los esfuerzos de la OEA. Reiteramos nuestra plena adhesión a los principios que obligan a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, de acuerdo con el derecho internacional. Conforme a los principios del derecho internacional humanitario, condenamos enérgicamente los ataques contra la población civil. Tomaremos toda medida posible para asegurar que los niños y niñas de nuestros países no participen en conflictos armados y condenamos la utilización de niños y niñas por fuerzas irregulares. Reafirmamos que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente constituidas de nuestros países, y el respeto al Estado de Derecho por parte de todas las instituciones nacionales y sectores de la sociedad, son fundamentales para la democracia. Haremos esfuerzos para limitar los gastos militares manteniendo una capacidad que corresponda a nuestras legítimas necesidades de seguridad y promoveremos una mayor transparencia en la adquisición de armamento (Declaración de Québec, 2001).

  1. Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio (Declaración de Québec, 2001).

  1. Reconociendo que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo democrático y socio-económico en el Hemisferio, así como la urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Alentarán a nuestras instituciones nacionales a trabajar conjuntamente y en coordinación con todas las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales pertinentes, para instrumentar programas integrales que incluyan iniciativas sobre resolución de conflictos, cuando sea apropiado, para la prevención y atención permanente, la educación pública y el tratamiento, relativos a casos de violencia contra personas, familias y comunidades, fortaleciendo las capacidades institucionales nacionales en estas áreas. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Reconociendo que la democracia es esencial para la paz, el desarrollo y la seguridad en el Hemisferio que, a su vez, son las mejores bases para continuar fomentando el bienestar de nuestros pueblos, y observando que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades legalmente constituidas de nuestros Estados es fundamental para la democracia. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Continuarán con las actividades prioritarias de prevención de conflictos y de solución pacífica de controversias, responderán a las preocupaciones comunes de seguridad y defensa tanto tradicionales como no tradicionales, y apoyarán las medidas adecuadas para aumentar la seguridad humana. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Al forjar una alianza contra las drogas y al aplicar la Estrategia Hemisférica contra las Drogas, acogemos con beneplácito el inicio de las negociaciones formales en la reunión de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), a celebrarse el 4 de mayo próximo en Washington, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de establecer un procedimiento objetivo para evaluar multilateralmente las acciones y la cooperación destinadas a prevenir y combatir todos los aspectos del problema de las drogas y sus delitos conexos, que esté basado en los principios de soberanía, integridad territorial de los Estados, responsabilidad compartida y con un enfoque integral y equilibrado (Declaración de Santiago, 1998).

  1. Promover la pronta ratificación y entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego; promover la aprobación y pronta aplicación del Reglamento Modelo de la CICAD sobre el Control de Armas y Explosivos Relacionados con el Tráfico de Drogas; alentar a los Estados que todavía no lo hayan hecho, a adoptar las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar la cooperación internacional efectiva a fin de impedir y combatir el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y municiones, al mismo tiempo de establecer o fortalecer los sistemas para mejorar el rastreo de las armas de fuego empleadas en actividades delictivas. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. En consonancia con los esfuerzos para transformar el Hemisferio Occidental en una zona libre de minas antipersonal y reconociendo la contribución a este respecto de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, incluyendo su pronta entrada en vigencia, alentarán acciones y apoyarán los esfuerzos internacionales de carácter humanitario para la remoción de minas, con el objeto de asegurar que se otorgue prioridad a la remoción de artefactos que amenazan a la población civil y de asegurar que la tierra pueda ser rehabilitada en su capacidad productiva. Ello se llevará a cabo a través de una efectiva cooperación y coordinación internacional y regional, según lo soliciten los Estados afectados, para la ubicación, demarcación, catastro y remoción de minas antipersonal; de una eficaz toma de conciencia por parte de la población civil del peligro de esos artefactos, de asistencia a las víctimas; y para el desarrollo y aplicación, según sea el caso, de tecnologías para la detección y remoción de las minas. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Comprometerán sus esfuerzos para que la solución pacífica de los conflictos y de las controversias pendientes se alcancen por medio de los mecanismos de solución pacífica existentes dentro del Sistema Interamericano y con apego al derecho internacional y a los tratados vigentes, y expresan la conveniencia de fortalecer dichos mecanismos e instrumentos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los conceptos de seguridad internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar sus diversos aspectos, incluyendo el desarme y el control de armamento. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  • 7.1 El terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de nuestros países han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas. Las medidas que tomen los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para garantizar la ley y el orden público y mantener la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, aquellos que patrocinan actos terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a través del abuso de la inmunidad y los privilegios diplomáticos o por otros medios, serán considerados responsables de los mismos por la comunidad internacional. (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

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