Plan de Acción
Para fortalecer la democracia, crear la
prosperidad y desarrollar el potencial humano, nuestros Gobiernos:
1. Hacia una democracia
más eficaz
Procesos y procedimientos electorales
Conscientes de la interrelación entre la
democracia, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y
la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y
eficientes; y observando que la transparencia y la responsabilidad
pública de los sistemas electorales, y la independencia de los
organismos responsables de conducir y verificar elecciones libres,
justas y regulares, son elementos esenciales para asegurar el
apoyo y la participación en sus instituciones democráticas
nacionales:
Intercambiarán prácticas y tecnologías
óptimas para incrementar la participación de la ciudadanía
en los procesos electorales, incluyendo la educación de los
votantes, la modernización y simplificación del registro
electoral y los procedimientos de la votación y escrutinio,
tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad
del proceso electoral, y promoviendo la plena participación e
integración de todas las personas aptas para ejercer el
derecho al sufragio, sin discriminación alguna;
Continuarán fortaleciendo los mecanismos
electorales, utilizando tecnologías de información y
comunicación, cuando sea posible, a fin de garantizar
efectivamente la imparcialidad, prontitud e independencia de
las instituciones, tribunales y demás entidades responsables
de organizar, supervisar y verificar las elecciones a nivel
nacional y local, y fortalecerán y facilitarán, con el apoyo
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros
organismos regionales e internacionales, la cooperación
hemisférica y el intercambio de experiencias en materia de
legislación y tecnología en esas áreas y el envío de
observadores electorales cuando sea solicitado;
Convocarán, con el auspicio de la OEA y la
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a
reuniones de expertos para profundizar el examen de temas,
tales como el registro de partidos políticos, acceso de los
partidos políticos a financiamiento y a los medios de
comunicación, el financiamiento de campañas electorales, la
fiscalización y difusión de resultados electorales y
relaciones de los partidos políticos con otros sectores de la
sociedad;
Transparencia y buena gestión gubernamental
Reconociendo que la buena gestión de los
asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas,
representativas, transparentes y públicamente responsables a
todos los niveles, al igual que la participación ciudadana,
controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes, y
teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de
información y comunicación para el logro de dichos objetivos:
Promoverán la cooperación entre las
entidades nacionales del Hemisferio, responsables del
desarrollo y mantenimiento de los procedimientos y prácticas
para la preparación, presentación, verificación y
auditoría de las cuentas públicas, con asistencia técnica
de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales (BDM), cuando sea apropiado, y apoyarán el
intercambio de información sobre actividades de supervisión
relativas a la recaudación y a la asignación y gasto de
fondos públicos;
Alentarán la cooperación y el intercambio
de experiencias y prácticas óptimas parlamentarias entre
legisladores nacionales del Hemisferio, respetando a la vez la
separación y el equilibrio de poderes, a través de
mecanismos bilaterales, subregionales y hemisféricos tales
como el
Foro Interparlamentario de las Américas
(FIPA);
Trabajarán conjuntamente para facilitar la
cooperación entre las instituciones nacionales responsables
de garantizar la protección, promoción y respeto de los
derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el
objetivo de establecer prácticas óptimas para mejorar la
administración de
la información que tienen los
gobiernos sobre las personas, facilitando el acceso de los
ciudadanos a dicha información;
Crearán e implementarán programas, con el apoyo técnico y
financiero de las organizaciones multilaterales y Bancos de
desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, destinados a
facilitar la participación pública y la transparencia,
utilizando tecnologías de información y comunicación, según
corresponda, en los procesos de toma de decisiones y en el
suministro de servicios gubernamentales, al igual que para
divulgar, dentro de los plazos legales contemplados en las
legislaciones nacionales, información emanada de todos los
niveles de gobierno;
Medios de comunicación
Teniendo presente que el acceso a las actuales
y nuevas tecnologías de la información y comunicación tiene un
creciente y significativo impacto en la vida de las personas y que
ofrece oportunidades importantes para el desarrollo democrático,
y que los medios de comunicación desempeñan un papel importante
en la promoción de una cultura democrática:
Asegurarán que los medios de comunicación
estén libres de intervenciones arbitrarias del Estado y,
específicamente, trabajarán en la eliminación de los
obstáculos jurídicos
o normativos para el acceso de
los partidos políticos registrados a los medios de
comunicación, facilitando, en lo posible, acceso equitativo a
los sistemas de radio y televisión durante las campañas
electorales;
Fomentarán la cooperación entre emisoras
públicas y privadas, incluyendo compañías de cable, entes
estatales y órganos reguladores
independientes
de radio y televisión, a fin de facilitar el intercambio de
prácticas industriales y tecnológicas óptimas en el ámbito
hemisférico con el fin de garantizar medios de comunicación
libres, abiertos e independientes;
Fomentarán la autorregulación en los
medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética,
para que se tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad
civil, entre otras, de reducir la difusión de violencia
extrema y estereotipos negativos sobre la mujer, etnias,
grupos sociales y otras agrupaciones coadyuvando de esta forma
a la promoción de cambios en las actitudes y pautas
culturales, mediante la proyección de imágenes plurales,
equilibradas y no discriminatorias;
Lucha contra la corrupción
Reconociendo que la corrupción
afecta
gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas,
debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades
y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de
un país, y que la responsabilidad de la prevención y control de
este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos
legislativos y poderes judiciales:
Considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, la
Convención Interamericana Contra la Corrupción,
de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán
la aplicación efectiva de la Convención, a través, entre
otros, del
Programa Interamericano de Cooperación para
Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de
cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales competentes en materia de buena gestión
pública y lucha contra la corrupción, así como los
programas que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con
sus leyes nacionales, y por sus propios organismos
competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia;
Apoyarán, en el menor plazo posible y
tomando en consideración la recomendación de la OEA, el
establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la
implementación de la
Convención Interamericana Contra la
Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento;
Apoyarán el fortalecimiento de la Red
Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el
marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a
fortalecer la cooperación entre los funcionarios
gubernamentales encargados de ética y representantes de la
sociedad civil;
Fortalecerán, en cooperación con las
organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo
multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la
sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de
iniciativas que estimulen la organización, capacitación y
vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de
proyectos concretos que promuevan la transparencia en la
gestión pública y en la rendición de cuentas públicas;
Continuarán promoviendo políticas,
procesos y mecanismos que permitan la protección del interés
público, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial
de los funcionarios públicos, a fin de evitar posibles
conflictos de interés e incompatibilidades, así como otras
medidas que incrementen la transparencia;
Fortalecimiento de los gobiernos locales
Reconociendo que la participación ciudadana y
la representación política adecuada son las bases de la
democracia, y que los gobiernos locales son los que tienen mayor
presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía:
Promoverán mecanismos para facilitar la
participación ciudadana en la vida política, especialmente
en los gobiernos locales o municipales;
Impulsarán el desarrollo, la autonomía y
fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, a fin
de promover condiciones favorables para el desarrollo
económico y social sostenible de sus comunidades;
Fortalecerán la capacidad institucional de
los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa
participación ciudadana en las políticas públicas sin
discriminación alguna y para facilitar el acceso a los
servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, y fortalecerán la descentralización y el
desarrollo integral de estos servicios, en parte, mediante un
financiamiento adecuado y oportuno y de iniciativas que
permitan a los gobiernos locales generar y administrar sus
propios recursos;
Promoverán el intercambio de información,
prácticas óptimas y técnicas administrativas entre
funcionarios de gobiernos locales y asociaciones de
municipios, asociaciones comunitarias y la ciudadanía, en
parte, facilitando el acceso de los municipios a las
tecnologías de información y comunicación, al igual que
fomentando la cooperación y coordinación entre las
organizaciones nacionales, subregionales y regionales de
alcaldes y gobiernos locales;
Impulsarán la cooperación internacional
para la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los
gobiernos locales;
Promoverán la realización de una reunión
en Bolivia de ministros o autoridades, del más alto nivel,
responsables de las políticas de descentralización, gobierno
local y participación ciudadana a nivel municipal, y
considerarándetenidamente las recomendaciones de la Sexta
Conferencia Interamericana de Alcaldes, y otros procesos
relevantes;
Respaldarán el Programa de Cooperación en
Descentralización y Gobierno Local de la OEA, incluyendo, con
el apoyo del BID, la elaboración de programas y la
incorporación efectiva de los ciudadanos a los procesos de
toma de decisiones;
2. Derechos humanos y
libertades fundamentales
Reconociendo que
la protección
universal y la promoción de los derechos humanos - incluyendo los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,
así como el respeto a las normas y principios del derecho
internacional humanitario, con base en los principios de
universalidad, indivisibilidad e interdependencia - son
fundamentales para el funcionamiento de las sociedades
democráticas, y subrayando la importancia del respeto al Estado
de Derecho, el acceso equitativo y efectivo a la justicia y la
participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de
decisiones públicas:
Cumplimiento de obligaciones internacionales y
respeto de las normas internacionales
Considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de
derechos humanos, y tomarán medidas concretas, al nivel
nacional, para promover y fortalecer el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las personas
incluyendo aquellos que corresponden a las mujeres, niños,
ancianos, pueblos indígenas, migrantes, repatriados,
discapacitados y los que pertenecen a otros grupos vulnerables
o discriminados; y tomarán nota de que la utilización del
término "pueblos" en este documento no debe
interpretarse de manera que tenga implicación alguna en lo
que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho
término en el derecho internacional,
y que los
derechos asociados con el término "pueblos
indígenas" tienen un significado específico en un
contexto propio, que está adecuadamente determinado en las
negociaciones multilaterales relacionadas con los textos de
las declaraciones que específicamente se refieren a estos
derechos;
Reafirman su determinación de combatir y
eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras
sociedades, mediante el fortalecimiento de los sistemas
judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos;
Combatirán, de acuerdo al derecho
internacional, el genocidio, los crímenes contra la humanidad
y los crímenes de guerra, dondequiera que se produzcan y, en
particular, formularán un llamado a los Estados para que
consideren la ratificación, o adhesión, según sea el caso,
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
Reconocen la importancia de la
Conferencia
Regional de las Américas contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, realizada en Santiago de Chile en diciembre de
2000 y se comprometen a participar activamente en
la
Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sudáfrica en el
2001, promoviendo sus objetivos; y recalcando que las
plataformas políticas que se basan en el racismo, la
xenofobia o en las doctrinas de superioridad racial deben ser
condenadas por su incompatibilidad con la democracia y con la
gubernabilidad transparente y responsable;
Apoyarán los esfuerzos que se están
realizando en la OEA, orientados a la consideración de la
necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el
racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia;
Fortalecimiento de los sistemas de derechos
humanos
Continuarán promoviendo medidas concretas
para fortalecer y perfeccionar el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, en particular el funcionamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH), concentrándose
en: la universalización del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, el aumento de adhesiones a sus instrumentos
fundamentales, el cumplimiento de las decisiones de la Corte
Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la
Comisión, la facilitación del acceso de las personas a este
mecanismo de protección, el incremento sustancial de los
fondos asignados para mantener sus operaciones en curso,
incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, y el
examen de la posibilidad de que la Corte y la CIDH funcionen
de manera permanente, y encomiendan a la XXXI Asamblea General
de la OEA, que tendrá lugar en San José de Costa Rica en
junio del presente año, que inicie acciones para el logro de
los fines antes mencionados;
Fortalecerán la capacidad de las
instituciones gubernamentales que tengan el mandato de
promover y proteger los derechos humanos, tales como las
instituciones nacionales de derechos humanos, reconociendo de
este modo la importante función que desempeñan; y
contribuirán al establecimiento efectivo de una red de todas
estas instituciones del Hemisferio, utilizando tecnologías de
información y comunicación para fomentar y concretar la
cooperación sostenida y una mayor coordinación;
Crearán y fortalecerán planes nacionales
de acción en materia de derechos humanos, conforme al mandato
de la Declaración y Programa de Acción de Viena
de
1993, y promoverán instituciones nacionales de derechos
humanos independientes, solicitando, cuando sea apropiado,
apoyo técnico y financiero a las organizaciones
multilaterales y a los bancos de desarrollo multilaterales y
organismos multilaterales especializados;
Buscarán medidas para promover e
instrumentar la Declaración sobre el derecho y el deber de
los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos (referida también como la
Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos
Humanos);
Agilizarán las negociaciones, en la OEA,
relativas al Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, con vistas a su
conclusión y adopción a la brevedad posible;
Migración
Reafirmando los compromisos asumidos en la
Cumbre de Santiago de Chile en 1998, relativos a la protección de
los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores
migrantes y sus familias:
Fortalecerán la cooperación entre los
Estados para abordar, con un enfoque integral, objetivo, y de
largo plazo, las manifestaciones, orígenes y efectos de la
migración en la región;
Promoverán que se tome conciencia sobre el
valor de la cooperación estrecha entre países de origen,
tránsito y destino para asegurar la protección de los
derechos humanos de los migrantes;
Establecerán un programa interamericano,
en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los
derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores
migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de
la CIDH y apoyando la labor encomendada al Relator Especial
sobre Trabajadores Migrantes de la CIDH y de la Relatora
Especial para las Migraciones de las NU;
Se comprometerán a llevar a cabo la más
amplia cooperación e intercambio de información posibles
entre los Estados, en relación con las redes de tráfico
ilícito, incluyendo el desarrollo de campañas preventivas
relacionadas con los peligros y riesgos que enfrentan los
migrantes, particularmente las mujeres y los niños y las
niñas, que frecuentemente pueden ser víctimas de este
tráfico, con el propósito de erradicar este delito;
Establecerán vínculos con procesos
subregionales, tales como la Conferencia Regional sobre
Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migración, que
son foros para el diálogo, para compartir información en
torno al fenómeno migratorio, asimismo, fomentarán la
cooperación con organismos internacionales especializados,
tales como la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), para avanzar y coordinar los esfuerzos de ejecución de
los mandatos de la Cumbre;
Derechos humanos de la mujer
Continuarán implementando las
recomendaciones contenidas en el informe presentado por la
Relatoría Especial de la CIDH sobre la Situación de la Mujer
en las Américas en 1998 y asegurarán la evaluación y,
cuando sea apropiado, el establecimiento de mecanismos
nacionales para su seguimiento;
Incorporarán plenamente los derechos
humanos de la mujer, en la agenda de trabajo de las
instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, e incrementarán
la presentación de mujeres como candidatas para integrar
estos órganos;
Solicitarán a la OEA, a través de sus
organismos especializados, particularmente la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM), que facilite la integración
de la perspectiva de género en el trabajo de todos sus
órganos, agencias y entidades, a través del desarrollo de
programas de capacitación y difusión de información sobre
los derechos humanos de la mujer, asimismo, apoyarán a los
gobiernos en la recopilación y difusión sistemáticas de
datos estadísticos desagregados por género;
Desarrollarán, revisarán e
instrumentarán leyes, procedimientos, códigos y regulaciones
para garantizar la compatibilidad con obligaciones jurídicas
internacionales y para prohibir y eliminar todas las formas de
discriminación basadas en el género y continuarán con la
labor emprendida en la Cumbre de Santiago de alcanzar la meta
de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres antes del
año 2002;
Desarrollarán políticas y medidas
adicionales para hacer frente al problema de la violencia
contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, de
acuerdo con la definición establecida en
la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará);
Considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
de las NU, y a
su Protocolo Facultativo;
Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia
Considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, los dos Protocolos Facultativos de la
Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
específicamente aquél sobre la Participación de los
Niños en Conflictos Armados, y aquél sobre la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de
Niños en la Pornografía; buscarán la plena
incorporación de sus obligaciones bajo la Convención a sus
leyes, políticas y prácticas nacionales;
Incorporarán plenamente los derechos
humanos de la niñez y la adolescencia en la agenda de trabajo
de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH y el Instituto
Interamericano del Niño (IIN);
Libertad de opinión y de expresión
Apoyarán
la labor del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de
expresión a través del
Relator Especial sobre
Libertad de Expresión de la
CIDH, y procederán a la
difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada, y
buscarán, asimismo, asegurar que su legislación nacional
sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones
jurídicas internacionales;
Asegurarán que sus legislaciones
nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen
de igual manera para todos, respetando la libertad de
expresión y el acceso a la información de todos los
ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y
los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y
publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas,
incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación;
3. Justicia, Estado de
Derecho y seguridad de las personas
Reconociendo que el acceso equitativo a una
justicia independiente, imparcial y oportuno constituye una base
fundamental para la democracia, el desarrollo económico y social,
y acogiendo con beneplácito la realización más frecuente de
reuniones, consultas y colaboración entre nuestros ministros de
justicia, miembros de las cortes supremas, procuradores generales,
defensorías del pueblo, oficiales
encargados
del
cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el
creciente interés en la cooperación mutua y el intercambio de
experiencias en materia de elaboración e implementación de
reformas judiciales:
Acceso a la justicia
Apoyarán iniciativas y programas públicos
y privados para la educación de las personas sobre sus
derechos de acceso a la justicia, e impulsarán las medidas
que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la
justicia;
Impulsarán la cooperación para
intercambiar experiencias en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias para acelerar la
administración de justicia, inclusive entre los pueblos
indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea
apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades;
Independencia del poder judicial
Fomentarán medidas para fortalecer la
independencia del poder judicial mediante iniciativas que
incluyan la transparencia en la selección de autoridades
judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de
conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la
sociedad;
Reuniones hemisféricas de ministros de
justicia
Continuarán apoyando el trabajo realizado
en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y
Procuradores Generales de las Américas, cuya cuarta reunión
tendrá lugar en Trinidad y Tobago, así como las
subsiguientes reuniones y la implementación de sus
conclusiones y recomendaciones;
Desarrollarán un plan de financiamiento
para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que
tome en cuenta los intereses y recursos tanto de Gobiernos
como de otros posibles donantes, y que permita al Centro
contribuir no sólo a la modernización y formulación de las
políticas públicas en este ámbito, sino también al
desarrollo institucional de los sistemas judiciales en la
región;
Desarrollarán, a través de las Reuniones
de Ministros de Justicia, y otros mecanismos adecuados,
buscando el apoyo técnico y financiero de otras
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales, cuando sea apropiado, un intercambio de
prácticas óptimas y recomendaciones, de acuerdo con las
normas internacionales de derechos humanos, para reducir el
número de detenidos en espera de juicio, instituir penas
sustitutivas para los casos de delitos menores y mejorar las
condiciones de las cárceles en el hemisferio;
Establecerán en la OEA una red de
información, vía Internet, entre las autoridades jurídicas
competentes en los temas de extradición y asistencia mutua
legal, con el propósito de facilitar la comunicación directa
y frecuente entre ellos y la identificación de problemas
comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban
ser considerados y solucionados de manera colectiva;
Combate al problema de las drogas
Reconociendo la extrema gravedad del problema
de la droga en la región, renovando su compromiso indeclinable de
combatirlo en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva
integral, conforme al principio de responsabilidad compartida, y a
través de la coordinación de esfuerzos nacionales y en un
espíritu de cooperación y respeto mutuo, según lo establecido
en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio; y
reconociendo asimismo la labor realizada por la Comisión
Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (CICAD) y el
Grupo de Expertos Gubernamentales designados para realizar la
primera ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM):
Toman nota, con satisfacción, de la
creación e implementación del MEM, y reiteran su compromiso
a hacer de este instrumento, único en el mundo, un pilar
fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperación
hemisférica efectiva para la lucha contra todos los elementos
que forman parte del problema global de la droga;
Instrumentarán las propuestas y
recomendaciones contenidas en los informes nacionales y en el
hemisférico, aprobadas por la CICAD, conforme a la situación
específica de cada país;
Continuarán fortaleciendo y revisando el
MEM para dar seguimiento a los esfuerzos nacionales y
hemisféricos contra las drogas, y recomendarán acciones
concretas para impulsar la cooperación interamericana y las
estrategias nacionales para combatir este flagelo;
Encomendarán:
_ Intensificar el esfuerzo conjunto
realizado por el BID y la CICAD para obtener de la comunidad
donante internacional, a través de grupos consultivos de
apoyo a los esfuerzos antidrogas, recursos financieros para
los programas de desarrollo alternativo y reducción de la
demanda;
- Establecer, en los países que aún no
lo han hecho, unidades con funciones de inteligencia
financiera con el apoyo de la CICAD y de las agencias
internacionales especializadas en la materia, para lo cual
recomiendan la ampliación de los esfuerzos de capacitación
que vienen realizando la CICAD y el BID;
- Desarrollar, en el marco de la CICAD,
una estrategia de largo plazo que incluya un programa de
tres años, con el propósito de establecer un mecanismo
básico y homogéneo para estimar los costos sociales,
humanos y económicos del problema de las drogas en las
Américas y prestar asistencia técnica a los Estados en la
materia;
Impulsarán la cooperación multilateral y
bilateral y el intercambio de información de políticas y
acciones referidas a la prevención, tratamiento,
rehabilitación y control de la oferta de drogas, y
desarrollarán campañas educativas para promover la
conciencia pública sobre el riesgo del consumo de drogas;
Apoyarán las medidas contra el crimen
organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores
químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro
tipo de actividades ilícitas provenientes del tráfico de
drogas y de armas;
Impulsarán la cooperación bilateral y
multilateral para abordar de manera integral el fenómeno del
desplazamiento de los diferentes factores relacionados con el
problema de las drogas, incluyendo el desplazamiento de
personas y cultivos ilícitos;
Delincuencia organizada transnacional
Alentarán a todos los países del
Hemisferio a firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo
antes posible y según sea el caso,
la Convención de las
NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su
Protocolo
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire, su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,
y
su Protocolo contra la Producción y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, y Municiones,
una vez que éste sea abierto a la firma;
Instrumentarán estrategias colectivas,
incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de
Justicia de las Américas, para fortalecer la capacidad
institucional de los Estados en el intercambio de información
y evidencias, concretando acuerdos internacionales
relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan;
elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán
la cooperación, buscando el apoyo técnico y financiero de
las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales, cuando corresponda, para combatir
conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional,
incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de
productos del delito y del delito cibernético;
Revisarán políticas y leyes nacionales
para mejorar la cooperación en áreas tales como la
asistencia jurídica mutua, extradición y deportación a los
países de origen, reconociendo las serias preocupaciones de
los países que deportan a ciertos extranjeros por los
crímenes cometidos en esos países y las serias
preocupaciones de los países receptores por el efecto
negativo de estas deportaciones en los niveles de criminalidad
en los países de origen, y expresan el deseo de trabajar
juntos, cuando corresponda, para abordar los efectos negativos
en nuestras sociedades;
Promoverán, cuando sea apropiado y de
conformidad con su ordenamiento jurídico, la adopción de las
técnicas de investigación comprendidas en
la Convención
de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
que constituyen herramientas muy importantes en la lucha
contra la delincuencia organizada;
Prevención de la violencia
Reconociendo que la violencia y la delincuencia
son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo
democrático y socio-económico en el Hemisferio, así como la
urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención:
Alentarán a nuestras instituciones
nacionales a trabajar conjuntamente y en coordinación con
todas las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales pertinentes, para instrumentar programas
integrales que incluyan iniciativas sobre resolución de
conflictos, cuando sea apropiado, para la prevención y
atención permanente, la educación pública y el tratamiento,
relativos a casos de violencia contra personas, familias y
comunidades, fortaleciendo las capacidades institucionales
nacionales en estas áreas;
Considerarán el desarrollo de la
cooperación con los medios de comunicación y la industria
del entretenimiento, con miras a eliminar la promoción y la
difusión de una cultura de violencia y, de esa forma,
contribuir a fomentar una cultura de paz;
Fomentarán una mayor utilización de
policías vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor
diálogo e interacción entre las autoridades encargadas del
cumplimiento de la ley y agrupaciones de la sociedad civil y
comunidades locales;
Alentarán la cooperación para modernizar
las leyes penales, utilizando las tecnologías de información
y de las comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en
la capacitación en materia de derechos humanos y en la
prevención de actos de violencia, en particular la ejercida
por las autoridades encargadas de combatir el delito, con el
fin de reducir la violencia contra la población civil,
fomentando, asimismo, los valores necesarios en nuestras
sociedades para conservar la armonía social;
Promoverán el intercambio de experiencias
nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los
procedimientos de identificación por los agentes de seguridad
pública, con miras a prevenir detenciones sobre la base de
prejuicios que afectan principalmente a las minorías y a los
pobres;
Aumentarán las oportunidades de compartir
experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las
entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil que participan en la lucha contra la violencia
psicológica, sexual o física en el hogar y en el lugar de
trabajo, conscientes de que dicha violencia está
principalmente dirigida contra las mujeres y los niños y
niñas;
Buscarán adoptar medidas necesarias para
prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y
explotación ejercida contra las mujeres, menores, ancianos,
personas discapacitadas y otros grupos vulnerables, y
procurarán asegurar que la legislación nacional aborde los
actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean
aplicadas reconociendo la necesidad de garantizar a las
víctimas de la violencia la asistencia legal que se requiera
para obtener la reparación del caso;
Solicitarán a las organizaciones
multilaterales y otras participantes en
la
Coalición
Interamericana para la Prevención de la Violencia, que
intensifiquen su apoyo y asistencia técnica a los países que
lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones
nacionales en este tema;
Promoverán medidas concretas para prevenir
acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al
igual que actividades violentas locales, regionales e
internacionales de grupos que apoyan y fomentan ideologías
racistas y prácticas terroristas para obtener sus objetivos;
Aumentarán la cooperación regional con
miras a prevenir el uso de armas de fuego y municiones con
fines criminales, y examinarán medidas y leyes adicionales a
nivel nacional cuando sea apropiado;
Implementarán, lo antes posible, la
Convención Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
Otros Materiales Relacionados, y aplicarán, cuando sea
apropiado, los
Reglamentos Modelo de la CICAD;
4. Seguridad hemisférica
Reconociendo que la democracia es esencial para
la paz, el desarrollo y la seguridad en el Hemisferio que, a su
vez, son las mejores bases para continuar fomentando el bienestar
de nuestros pueblos, y observando que la subordinación
constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las
autoridades legalmente constituidas de nuestros Estados es
fundamental para la democracia:
Fortalecimiento de la confianza mutua
Celebrarán la
Conferencia Especial
sobre Seguridad en el año 2004, para lo cual la Comisión de
Seguridad Hemisférica de la OEA deberá concluir la revisión
de todos los temas que se refieren a los enfoques sobre la
seguridad internacional en el Hemisferio, tal como fue
establecido en la Cumbre de Santiago;
Continuarán con las actividades
prioritarias de prevención de conflictos y de solución
pacífica de controversias, responderán a las preocupaciones
comunes de seguridad y defensa tanto tradicionales como no
tradicionales, y apoyarán las medidas adecuadas para aumentar
la seguridad humana;
Apoyarán los esfuerzos de los pequeños
Estados insulares en vías de desarrollo para que se
consideren sus preocupaciones particulares con respecto a la
seguridad, reconociendo que para los Estados más pequeños y
vulnerables del Hemisferio la seguridad tiene un carácter
multidimensional, involucra a actores estatales y no
estatales, e incluye componentes políticos, económicos,
sociales y naturales, que los pequeños Estados insulares en
vías de desarrollo han concluido en que, entre las amenazas a
su seguridad, están el tráfico ilícito de drogas, el
tráfico ilícito de armas, los crecientes niveles de
actividad delictiva y de la corrupción, la vulnerabilidad
ambiental empeorada por la susceptibilidad a los desastres
naturales y el transporte de los desechos nucleares, la
vulnerabilidad económica, particularmente en relación con el
comercio, las nuevas amenazas a la salud, como la pandemia del
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y los niveles crecientes de
la pobreza;
Mejorarán la transparencia y la
responsabilidad de las instituciones de defensa y de
seguridad, y promoverán un mayor grado de entendimiento y
cooperación entre los organismos gubernamentales que
participan en cuestiones de seguridad y defensa a través,
entre otros, de un mayor intercambio de documentos de
política y doctrina de defensa, de personal e información,
incluyendo, cuando sea posible, cooperación y capacitación
para la participación en actividades de mantenimiento de la
paz de las NU y para responder mejor a las necesidades
legítimas de seguridad y defensa, mejorando la transparencia
en la adquisición de armas con el fin de incrementar la
confianza y seguridad en el Hemisferio;
Continuarán promoviendo un mayor grado de
confianza y seguridad en el Hemisferio, entre otros medios, a
través de: el apoyo continuo a medidas de fomento de la
confianza y la seguridad, tales como las adoptadas en
las
Declaraciones de Santiago y San Salvador sobre fomento de la
confianza y de la seguridad; y a mecanismos, acuerdos y
fondos existentes incluyendo la consideración de la firma y
ratificación, ratificación, o adhesión a, lo antes posible
y según sea el caso, la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción;
la
Convención Interamericana sobre la Transparencia en las
Adquisiciones de Armas Convencionales;
la Convención
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados; apoyando plenamente la
Conferencia de
las NU sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras que se realizará
en julio de 2001, tomando en cuenta los resultados de la
Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe,
celebrada en Brasilia en noviembre de 2000, y el trabajo de la
OEA que contribuyó a dar una perspectiva regional a las
discusiones;
Apoyarán firmemente la Tercera Reunión de
los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción a realizarse en
septiembre del 2001 en Managua, Nicaragua, y la próxima
conferencia que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2001
para revisar la Convención de las NU de 1980 sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o
de Efectos Indiscriminados; así como los esfuerzos que
realiza la OEA hacia la meta de convertir al Hemisferio
occidental en una zona libre de minas antipersonal;
Convocarán a una reunión de expertos,
antes de la Conferencia Especial sobre Seguridad, para dar
seguimiento a las conferencias regionales de Santiago y San
Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la
seguridad para evaluar su implementación y considerar los
siguientes pasos para consolidar la confianza mutua;
Promoverán el apoyo financiero al Fondo de
Paz de la OEA: solución pacífica de controversias
territoriales establecido para proveer recursos financieros
para asistir a cubrir costos inherentes a los procedimientos
previamente acordados por las partes para la solución
pacífica de controversias territoriales entre estados
miembros de la OEA;
Apoyarán el desarrollo de los trabajos de
la
Quinta Reunión de Ministros de Defensa que se celebrará
en Chile, al igual que las reuniones que se celebrarán
subsecuentemente;
Lucha contra el Terrorismo
Respaldarán la labor iniciada por el
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE),
establecido en el marco de la OEA como resultado del
Compromiso
de Mar del Plata adoptado, en 1998, y alentarán la
cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar
todas las formas de terrorismo, teniendo en cuenta la
aprobación del Estatuto y el Programa de Trabajo
del
CICTE;
Considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, los convenios internacionales, relacionados con la lucha
contra el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas
legislaciones internas;
5. Sociedad civil
Reconociendo el importante papel de la
participación de la sociedad civil en la consolidación de la
democracia y que dicha participación constituye uno de los
elementos vitales para el éxito de las políticas de desarrollo,
considerando que los hombres y las mujeres tienen derecho a
participar, en condiciones de igualdad y equidad en los procesos
de toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar; y,
tomando en cuenta que la diversidad de opiniones, de experiencias
y de conocimientos técnicos de la sociedad civil constituye un
recurso importante y valioso para iniciativas y respuestas de los
gobiernos e instituciones democráticas:
Fortalecimiento de la participación en los
procesos hemisféricos y nacionales
Buscarán establecer instrumentos de
financiamiento público y privado, destinados a fortalecer la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, para
hacer más visible el trabajo y el aporte de las mismas y
promover la responsabilidad social;
Elaborarán estrategias, a nivel nacional,
y a través de la OEA, otras organizaciones multilaterales y
bancos de desarrollo multilaterales, con el fin de aumentar la
capacidad de la sociedad civil para incrementar su
participación en el sistema interamericano y en el desarrollo
político, económico y social de sus comunidades y países,
fomentando la representatividad y facilitando la
participación de todos los sectores de la sociedad; e
incrementarán la capacidad institucional de los gobiernos
para recibir, integrar e incorporar los aportes y las causas
de la sociedad civil, especialmente a través de la
utilización de tecnologías de información y comunicación;
Promoverán la participación de todos los
grupos minoritarios en la conformación de
una sociedad
civil más fuerte;
Desarrollarán programas educativos, en
cooperación con las correspondientes organizaciones de la
sociedad civil, expertos académicos y otros, cuando sea
apropiado, para impartir educación en materia de democracia y
derechos humanos y promoverán la introducción de libros y
materiales educativos que reflejen la diversidad étnica,
cultural y religiosa de las Américas, como parte del programa
escolar de enseñanza primaria y secundaria;
6. Comercio, inversión y
estabilidad financiera
Comercio e inversión
Asegurarán que las negociaciones para el
Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar en enero de 2005, para
tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, no
más allá de diciembre de 2005, en conformidad con los
principios y objetivos establecidos en la Declaración
Ministerial de San José; en particular, el logro de un
acuerdo equilibrado, comprensivo, congruente con las reglas y
disciplinas de la OMC y cuyo resultado constituirá un
compromiso único que incorpore los derechos y obligaciones
mutuamente acordados;
Asegurarán la transparencia del proceso de
negociación, incluyendo la publicación del borrador
preliminar del Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales,
lo antes posible, y la difusión de información adicional
sobre el avance de las negociaciones;
Fomentarán mediante los respectivos
mecanismos de diálogo nacionales y a través de los
mecanismos apropiados del ALCA, un proceso de comunicación
creciente y sostenido con la sociedad civil para asegurar que
ésta logre una clara percepción del desarrollo del proceso
de negociación del ALCA; invitarán a la sociedad civil a que
continúe contribuyendo al proceso del ALCA; y, con esta
finalidad, desarrollarán una lista de opciones que podría
incluir programas de difusión en las pequeñas economías,
los que podrían contar con el apoyo del Comité Tripartito u
otras fuentes;
Asegurarán la plena participación de
todos sus países en el ALCA, teniendo en consideración las
diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las
economías del Hemisferio, con el fin de crear oportunidades
para la plena participación de las pequeñas economías e
incrementar sus niveles de desarrollo;
Supervisarán y apoyarán, con asistencia
técnica, la plena implementación de las medidas de
facilitación de negocios ya adoptadas;
Instruirán a sus representantes en las
instituciones del Comité Tripartito que continúen procurando
obtener la asignación de los recursos necesarios para
contribuir al apoyo de la labor de la Secretaría
Administrativa del ALCA;
Instarán a las instituciones del Comité
Tripartito a continuar respondiendo positivamente a las
solicitudes de asistencia técnica de las entidades del ALCA,
y solicitarán a las instituciones, de acuerdo con sus
respectivos procedimientos internos, que consideren
favorablemente las solicitudes de asistencia técnica
relacionadas con asuntos del ALCA de los países miembros, en
particular de las pequeñas economías para facilitar su
integración en el proceso del ALCA.
Estabilidad económica y financiera
Acogemos y apoyamos el trabajo realizado
por los Ministros de Finanzas del Hemisferio, reunidos en
Toronto, Canadá, los días 3 y 4 de abril de 2001 para
fomentar la estabilidad económica y financiera así como el
crecimiento sólido y sostenido, como condiciones previas
fundamentales para el desarrollo acelerado y la reducción de
la pobreza, así como para asegurar que los beneficios de la
globalización alcancen de manera amplia y equitativa a toda
la población;
Reconocen el valor de los esfuerzos
emprendidos para avanzar en la integración hemisférica,
incluyendo un mayor acceso a los bienes, servicios, capital y
tecnología, para lograr el cumplimiento de todos los
objetivos sociales y otros;
Apoyan los esfuerzos realizados por los
Ministros de Finanzas para enfrentar los desafios asociados
con la globalización, con el fin de proteger a los más
vulnerables y prevenir las crisis, y reafirman la importancia
de lograr que los beneficios de la globalización lleguen a
todas las regiones y sectores sociales de nuestros países,
reconociendo al mismo tiempo los desafios particulares que
enfrentan los estados pequeños;
Afirman que deberá otorgarse mayor
atención al incremento del ritmo de crecimiento económico y
la reducción de la pobreza, de manera que ambos factores se
refuercen, y que esta prioridad debe incluir políticas
sociales sectoriales que logren la efectiva reducción de la
pobreza, así como una mayor inversión en la población, con
un mejor acceso a la educación básica y los servicios de
salud;
Instruiremos a nuestros Ministros de
Finanzas que continúen explorando los medios para asegurar
que las instituciones financieras internacionales, los bancos
regionales de desarrollo y otros organismos internacionales
tomen en cuenta debidamente las iniciativas de la Cumbre en
sus políticas crediticias y programas de asistencia técnica
para el Hemisferio;
Responsabilidad social de las empresas
Reconociendo el papel central que las empresas
de todos los tamaños desempeñan en la creación de la
prosperidad, así como el flujo y mantenimiento del comercio y las
inversiones en el Hemisferio, y tomando nota de que las empresas
pueden hacer importantes contribuciones al desarrollo sostenible,
incrementando el acceso a las oportunidades, incluyendo la
reducción de las desigualdades en sus comunidades, y tomando en
consideración las crecientes expectativas de nuestros ciudadanos
y de las organizaciones de la sociedad civil para que dichas
empresas operen de manera coherente con su responsabilidad social
y ambiental:
Apoyarán el continuo análisis y estudio
en la OEA de la responsabilidad social de las empresas,
asegurando que la sociedad civil, incluyendo el sector
privado, sea consultada debida y periódicamente y que ese
proceso se beneficie de las experiencias de otras
organizaciones internacionales, organismos nacionales y
actores no gubernamentales;
Convocarán a una reunión a celebrarse lo antes posible en
el año 2002, en la que participen representantes de los
gobiernos y de la sociedad civil, incluyendo especialmente al
sector empresarial, para que, con el respaldo de la OEA, el
BID y otros organismos interamericanos pertinentes, se
profundice el diálogo sobre la responsabilidad social de las
empresas en el Hemisferio y la creación de conciencia sobre
asuntos clave a ser determinados, así como para deliberar
sobre las modalidades de promoción de la elaboración,
adopción e implementación, por el sector privado, de
principios de buena conducta que fomenten su responsabilidad
social y ambiental;
7. Infraestructura y
ambiente normativo
Reconociendo que el desarrollo de la
infraestructura física constituye un complemento importante para
la integración económica; que los avances en el área de
infraestructura deberán conducir hacia una integración amplia y
profunda, poniendo en marcha una dinámica que debería ser
fomentada; y que los proyectos de infraestructura destinados hacia
la integración deben ser complementados con la adopción de
regímenes normativos y administrativos que faciliten su
implementación:
Telecomunicaciones
Reconociendo que los Estados soberanos tienen
el derecho de regular su propio sector de telecomunicaciones y que
el acceso universal y más económico a las nuevas tecnologías de
información y comunicación es un medio importante para elevar el
nivel de vida de nuestros ciudadanos y reducir la brecha entre las
poblaciones rurales y urbanas y entre los países; tomando nota de
la importancia de aumentar nuestra cooperación con el sector
privado con el fin de modernizar y ampliar aún más nuestros
sectores de telecomunicaciones; reconociendo y reafirmando
nuestros esfuerzos y dedicación para la apertura de mercados y la
creciente competencia libre, justa y equitativa en todos los
servicios de telecomunicaciones, respetando la legislación
vigente en cada país, con el fin de atraer la inversión
necesaria para desarrollar la infraestructura y reducir los costos
de servicio; subrayando la importancia de adoptar políticas
destinadas a proteger los intereses de los usuarios y mejorar la
calidad, eficiencia, cobertura y diversidad de servicios, todos
basados en el respeto de la vida privada de los usuarios; y
tomando en cuenta las necesidades sociales, políticas,
económicas, comerciales y culturales de nuestras poblaciones, en
especial, las de las comunidades menos desarrolladas:
Propondrán medidas encaminadas a la
modernización de las legislaciones nacionales, cuando sea
apropiado, basadas en principios tales como: la vigencia de
órganos reguladores vigorosos e independientes, un enfoque
favorable a la competencia, incluyendo disposiciones sobre
operadores dominantes; flexibilidad del marco normativo
consistente con la convergencia tecnológica; y desarrollarán
la capacidad humana e institucional como apoyo a estos
principios;
Facilitarán la mejora de los recursos
humanos en el sector de telecomunicaciones a través de
programas continuos de capacitación en políticas de
telecomunicaciones, regulación, gerencia y tecnología, y
solicitarán que la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), en coordinación con las entidades
nacionales, el Centro de Excelencia para las Américas de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en
asociación con el sector privado, organizaciones regionales y
subregionales, establezca un centro de información sobre
programas de desarrollo de recursos humanos que fomente el
intercambio de información sobre programas de formación
pertinentes entre gobiernos, universidades, asociaciones
empresariales y el sector privado, a fin de asistir a los
países de las Américas a responder a las crecientes
necesidades de personal capacitado y competente en la
cambiante economía basada en el conocimiento;
Dispondrán la adopción de medidas
destinadas a implementar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
(ARM) sobre evaluación de la conformidad elaborado por
CITEL, sin perjuicio de que cada Estado soberano tenga el
derecho de regular su propio sector de telecomunicaciones, y
alentarán la discusión sobre normas adecuadas para asegurar
la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones
existentes y futuras y la introducción oportuna de
tecnología en mercados nuevos y existentes, teniendo en
cuenta las regulaciones y recomendaciones de la UIT y de otros
organismos normativos pertinentes;
Apoyarán la convocatoria a la Cumbre
Mundial de la UIT sobre la Sociedad de la Información, en el
2003, que se enfocará en el uso de las tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo social y
económico;
Recomendarán que nuestras entidades
nacionales trabajen, dentro del marco de la CITEL, en la
preparación de directrices sobre el Servicio Universal,
basándose en los principios a ser elaborados por CITEL, y
desarrollarán una clara definición de las responsabilidades
de los gobiernos y las entidades privadas;
Instruirán, cuando sea apropiado, a las
autoridades responsables de telecomunicaciones y a las
entidades reguladoras correspondientes, dentro del marco de
las agencias y organizaciones regionales y subregionales, que
desarrollen e implementen antes de la próxima Cumbre de las
Américas, un programa de cooperación y colaboración para
apoyar una agenda sobre conectividad para todo el Hemisferio;
Fomentarán el aumento de la competitividad
y la productividad en todos los sectores a través de
aplicaciones tales como educación a distancia y telemedicina,
y promoverán la creación de actividades domésticas
dedicadas a la generación de industrias basadas en el
Internet;
Requerirán a los ministerios o direcciones
responsables de telecomunicaciones y entidades reguladoras
correspondientes que en el marco de la CITEL cooperen con
miras a la clarificación y simplificación de las normas que
rigen la provisión de servicios de satélites en nuestros
países, y que trabajen, para terminar la elaboración de un
sitio Web hemisférico que contenga los requisitos y
formularios de solicitud necesarios en cada país para obtener
licencia para proveer servicios de telecomunicaciones vía
satélite;
Promoverán la modernización y ampliación
de la infraestructura de las telecomunicaciones en las zonas
rurales y urbanas a través de la adopción oportuna de nuevas
tecnologías y servicios, especialmente tecnología de banda
ancha, de nuevas normas de teledifusión, distribución Web y
el Protocolo de Internet (PI), prestando especial atención a
la administración del espectro de políticas de
interconexión, ritmo de desarrollo apropiado y comunicaciones
en casos de emergencia;
Considerarán la cuestión sobre fondos
voluntarios para la implementación de los mandatos
adicionales a CITEL establecidos en este Plan de Acción;
Transportes
Reconociendo que los sistemas de transporte,
ambientalmente sanos, seguros y eficientes, incluyendo los
corredores multimodales, son esenciales para la calidad de vida
diaria de los pueblos de las Américas, así como para el
intercambio de mercancías y servicios entre nuestros países; y
reafirmando nuestro apoyo a los continuos esfuerzos que realizan
nuestros ministros responsables del transporte, a través de la
Iniciativa de Transporte del Hemisferio Occidental (ITHO), para
incrementar la integración de nuestros sistemas y prácticas de
transporte:
Endosarán las acciones de cooperación
identificadas en la reunión ministerial celebrada en marzo de
2001 en Punta del Este, Uruguay;
Promoverán y facilitarán una mayor
cooperación, convergencia e intercambio de información sobre
actividades relativas al transporte en las cinco subregiones
del Hemisferio y con las organizaciones multilaterales para
continuar el desarrollo de las capacidades humanas e
institucionales, y asegurar la viabilidad ambiental de los
sistemas e infraestructura de transportes; para ello,
solicitarán a la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)
que continúe
brindando su valioso apoyo a la ITHO;
Mejorarán los programas de capacitación
de recursos humanos fomentando el intercambio de personal
entre los países e instituciones regionales, elaborando
programas de capacitación en materia de transportes,
participando en los mismos, y divulgando la información sobre
dichos programas a través del sitio Web de la ITHO y de otros
medios;
Pondrán énfasis en la necesidad de
desarrollar una infraestructura apropiada y altas normas de
seguridad, como primera prioridad del programa de trabajo de
la ITHO, reconociendo simultáneamente la importancia de
desarrollar la capacidad humana e institucional para
garantizar la seguridad de los servicios de transporte;
Alentarán, activa y colectivamente, a los
operadores internacionales marítimos y aéreos a que cumplan
rigurosamente con los estándares de seguridad de la
Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización
Internacional de la Aviación Civil (OACI) y la Agencia
Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que rigen el
transporte de materiales peligrosos incluyendo substancias
nucleares, nocivas y peligrosas y otros desechos, y
subrayarán la importancia de contar con mecanismos efectivos
de asignación de responsabilidades;
Alentarán, activa y colectivamente, que
los transportistas marítimos internacionales, particularmente
los cruceros, cumplan con las normas de la OMI relacionadas
con la protección del medio ambiente marino y, en particular,
la situación del área especial del gran Caribe;
Reconociendo las preocupaciones de algunos
Estados sobre el transporte de material radioactivo,
incluyendo desechos, por rutas cercanas a costas de los
Estados o lo largo de vías navegables del Hemisferio, y las
posibles consecuencias que puedan provocar en la salud de
nuestra población al igual que la posible amenaza para el
medio marino, y consistentes con los derechos y obligaciones
marítimas en el derecho internacional; alentarán y apoyarán
el pleno cumplimiento de las convenciones, normas y códigos
de conducta vigentes de la OMI y AIEA, y subrayarán la
importancia de contar con mecanismos efectivos de
responsabilidad; alentarán la consideración por parte de la
AIEA y de la OMI y de otros órganos internacionales
competentes, de reforzar medidas adicionales internacionales,
cuando sea necesario, que puedan incluir: las garantías sobre
la no contaminación del medio marino; el compromiso de
recuperar material radioactivo, incluyendo desechos, en caso
de derrame o pérdida accidental de los mismos; las
provisiones para la reparación, rehabilitación o
reconstrucción, cuando sea apropiado, de las poblaciones
afectadas en caso de un accidente; e invitarán a los países
que transporten material radioactivo, incluyendo desechos, a
proveer información oportuna relacionada con dichos embarques
a los Estados potencialmente afectados del Hemisferio,
consistente con la necesidad de mantener y garantizar la
seguridad de estos embarques;
Instruirán a los Ministros de Transporte
que exploren la posibilidad de discutir sobre la
modernización de los servicios aéreos, con el fin de atender
el creciente flujo de personas y mercancías que se ha venido
presentando en el Hemisferio;
Energía
Reconociendo que en la búsqueda de la
integración regional de los mercados energéticos, se
considerarán las cuestiones relacionadas con la reforma y
estabilidad de los mercados, la reforma regulatoria y la
liberación del comercio; apoyarán y endosarán la Iniciativa
Energética Hemisférica que promueve políticas y prácticas para
avanzar en dicha integración;
8. Manejo de
desastres
Reconociendo la necesidad de elaborar,
instrumentar y mantener estrategias y programas compartidos y
comprensivos en el manejo de desastres, con el objeto de reducir
la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y economías contra los
desastres de origen natural y los provocados por el hombre, y para
mantener o restaurar rápidamente los niveles mínimos de consumo,
ingreso y producción a nivel de hogares y comunidades
inmediatamente después de un desastre, incluyendo asentamientos
humanos irregulares; reconociendo, en este sentido, la necesidad
de expandir a nivel regional, nacional y local la comunidad de
partes interesadas en la formulación integral de sistemas de
alerta temprana, la gestión de riesgos y las operaciones de
respuesta en casos de desastres y de estrategias de desarrollo
sostenible integrales:
Elaborarán la capacidad para predecir,
preparar y mitigar las posibles consecuencias de sucesos de
origen natural y los provocados por el hombre; promoverán la
reducción de la vulnerabilidad; adoptarán y harán cumplir
mejores códigos y estándares de construcción; asegurarán
prácticas de uso adecuado del suelo; prepararán inventarios
y evaluaciones sobre la vulnerabilidad de facilidades e
infraestructura fundamental; predecir la variabilidad de los
cambios climáticos, y la elevación del nivel del mar, al
igual que para examinar sus posibles impactos; y en este
sentido, crearán el marco jurídico requerido y establecerán
mecanismos de cooperación para compartir y tener acceso a los
avances de la ciencia y la tecnología y su aplicación en la
alerta temprana, preparación y mitigación de estos peligros;
Promoverán el intercambio de información
sobre la vulnerabilidad de la infraestructura expuesta a los
desastres, así como la capacidad de alerta temprana,
particularmente en las zonas de frontera de los países de las
Américas para diseñar medidas de prevención específicas en
áreas de ingeniería y legislación, con el objetivo de
reducir el impacto socio-económico de los desastres de origen
natural;
Establecerán o fortalecerán, según
corresponda, lazos de cooperación con todos los agentes
pertinentes, incluidos el sector privado, las asociaciones
técnicas profesionales, las instituciones regionales, la
sociedad civil, las instituciones educativas y de
investigación y los demás organismos multilaterales de
coordinación tales como la Oficina de Coordinación de los
Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Agencia Interamericana de
Cooperación y Desarrollo en la elaboración e implementación
de las políticas y programas de gestión de operaciones en
casos de desastre a nivel nacional y comunitario; y
fomentarán un mayor grado de toma de conciencia y una
integración efectiva de esas políticas y programas entre los
responsables de formular las políticas nacionales, las
autoridades locales, las comunidades y los medios de
comunicación; asimismo, promoverán el seguro y reaseguro de
la infraestructura social y económica, así como la
descentralización de información y la toma de decisiones;
Promoverán el intercambio de conocimientos
y experiencias sobre el combate contra las prácticas
inadecuadas de explotación de recursos naturales y de
patrones de consumo no sostenibles, incluyendo los problemas
derivados del manejo de los desechos, que aumentan la
vulnerabilidad de la población a los desastres de origen
natural;
Promoverán el desarrollo de las
telecomunicaciones para la ayuda humanitaria; fomentarán
activamente un mayor uso y complementariedad técnica de las
telecomunicaciones y otras tecnologías y sistemas de
información que permitan observar y monitorear los diferentes
fenómenos naturales; utilizarán sistemas de alerta temprana
necesarios para las operaciones de prevención y atención de
emergencias, tales como la obtención de imágenes de
teledetección, datos de los sistemas geoestacionarios;
promoverán la compatibilidad de dichos sistemas, en la
planificación y en la capacidad de respuesta a casos de
emergencia, entre los gobiernos, organismos especializados,
organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones no
gubernamentales, y en este espíritu, considerarán firmar y
ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según
sea el caso, el Convenio de Tampere sobre el Suministro de
Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de
Desastres y las Operaciones de Respuesta;
Establecerán redes de información con la
participación del Comité Interamericano sobre la Reducción
de Desastres Naturales (CIRDN) y otros organismos regionales e
internacionales pertinentes con el fin de intercambiar
experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos;
alentarán más acciones regionales y subregionales destinadas
a reducir los riesgos y mejorar la respuesta a los desastres
de origen natural; promoverán la investigación y desarrollos
tecnológicos conjuntos, asimismo también contribuirán a
reforzar la coordinación de los organismos nacionales de
prevención y capacidad de respuesta en casos de desastres de
origen natural; para ello recurrirán a la labor realizada por
la CEPAL en materia de mejora, actualización e
implementación de su metodología de evaluación de daños, y
continuarán promoviendo la mitigación de desastres de origen
natural y la toma de conciencia sobre la reducción de riesgos
y prevención en casos de desastre;
Estudiarán la creación de un sistema
hemisférico de preparación y mitigación de desastres, que
incluya, entre otros, un banco de datos especializado con la
mejor información posible acerca de las características,
experiencias, fortalezas y debilidades de los organismos
nacionales y regionales responsables de la prevención y
mitigación de desastres, y proporcione un nuevo marco de
cooperación técnica e investigación orientado a crear una
cultura de prevención y solidaridad hemisférica;
Adoptarán y apoyarán, según sea
apropiado, iniciativas destinadas a promover las capacidades a
todo nivel, tales como la transferencia y el desarrollo de las
tecnologías, para la prevención, reducción de riesgos, toma
de conciencia, preparación, mitigación, y respuesta a los
desastres de origen natural y otros, así como a la
rehabilitación de áreas afectadas;
Promoverán mecanismos que incorporen
métodos de manejo y reducción de riesgos en las inversiones
de desarrollo públicas y privadas;
Convocarán, dentro de un año, a una
reunión hemisférica sobre prevención y mitigación de
desastres con el apoyo del CIRDN y la participación de una
amplia gama de entidades gubernamentales, instituciones
regionales y financieras, entidades privadas, organizaciones
no gubernamentales y representantes de las comunidades de
investigación, ciencia y tecnología para debatir y elaborar
iniciativas de cooperación destinadas a facilitar la
implementación de los mandatos de la Cumbre relativos al
manejo de desastres;
Solicitarán al BID para que realice, junto
con la OEA, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del
Caribe (BDC) y otras organizaciones interamericanas
pertinentes, al igual que con el sector privado, incluyendo
compañías de seguros, un estudio de factibilidad sobre
medidas para cubrir y/o compartir los riesgos de manera de
reducir las primas de seguro en casos de desastres y elaborar
mecanismos para facilitar el financiamiento contingente de
reconstrucción y la obtención inmediata de fondos para
resolver las necesidades urgentes del país afectado; este
estudio examinaría las relaciones entre el reaseguro y las
capacidades nacionales y comunitarias en materia de manejo de
desastres al igual que las tendencias de desaliento a la
inversión y pérdida de puestos de trabajo en los sectores
económicos que requieren una póliza de seguro costosa contra
catástrofes, y la función que estas medidas podrían
desempeñar al respecto; compartirán, con el sector privado,
experiencias en el desarrollo y aplicación de herramientas de
manejo de riesgos, tales como instrumentos de transferencia de
riesgos, métodos de toma de conciencia de las
vulnerabilidades e incentivos para que el sector privado
participe en la reducción de riesgos;
9. Base
ambiental para el desarrollo sostenible
Medio ambiente y gestión de recursos naturales
Reconocen que la protección del medio ambiente
y el uso sostenible de los recursos naturales son esenciales para
generar prosperidad y para la sostenibilidad de nuestras
economías así como para la calidad de vida y salud de las
generaciones presentes y futuras; y están comprometidos a
realizar avances en el área de desarrollo sostenible en el
Hemisferio consecuente con los principios de las Declaraciones y
Planes de Acción de las Cumbres de 1994 y 1998, y la Declaración
y el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra de 1996:
Acogen los resultados y endosan las áreas
de cooperación identificadas en la reciente reunión
hemisférica de los Ministros encargados del Medio Ambiente
celebrada en Montreal;
Reafirman su compromiso con la
implementación de acuerdos ambientales multilaterales, de los
cuales son Parte, incluida la elaboración y cumplimiento
efectivo de las leyes nacionales necesarias, reiterando las
responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidas en
el Principio 7 de la Declaración de Río de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, y tomando en cuenta las
necesidades y preocupaciones de los pequeños países en vías
de desarrollo, así mismo toman nota, en este contexto, de la
Convención
Global en Materia de Contaminantes Orgánicos persistentes
recientemente concluida; también señalamos la importancia de
la necesidad de construir sinergias entre los acuerdos
ambientales multilaterales, reforzar la efectividad de su
implementación y fortalecer la cooperación internacional;
Apoyarán el proceso preparatorio para la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará
en 2002 para revisar el progreso alcanzado en la
implementación de los resultados de la Conferencia de 1992 de
NU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, concentrándose en las
áreas donde se necesitan mayores esfuerzos para implementar
la Agenda 21 y examinarán vías para reforzar el
compromiso global con el desarrollo sostenible;
Pedirán a la OEA, a través de la
Secretaría General que, en cooperación con otros organismos,
organice una reunión de nivel ministerial antes de fin de
2001 en Bolivia al celebrar el quinto aniversario de la Cumbre
Hemisférica de Santa Cruz de la Sierra de 1996, y que dicha
reunión presente contribuciones a la Cumbre Mundial Rio+10
que se reunirá en 2002, reconociendo que, por su naturaleza,
el desarrollo sostenible tiene metas de largo plazo y que, sin
embargo, requiere que los países del Hemisferio concierten
orientaciones sobre esta materia;
Solicitarán al Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la OPS para que
apoyen la realización de un encuentro regional entre los
Ministros de Medio Ambiente y de Salud, con el fin de evaluar
el progreso logrado, identificar áreas prioritarias donde se
deba poner énfasis continuamente e iniciativas de
cooperación, así como para buscar formas que ayuden al
progreso en las Américas y a nivel mundial, con miras a
contribuir con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
del año 2002, reconociendo los vínculos entre los sectores
de salud y medio ambiente;
Nos comprometemos como Partes de la
Convención
Marco sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas
(UNFCC), en avanzar sus objetivos de acuerdo con sus
provisiones y tratar el asunto de cambio climático como una
acción prioritaria, trabajando de manera constructiva en los
procesos internacionales con el fin de lograr el progreso
necesario para asegurar una respuesta racional y efectiva al
cambio climático; reconocemos las vulnerabilidades en todos
nuestros países, en particular en los pequeños estados
insulares en vías de desarrollo y costeros, y la necesidad de
apoyar estudios de vulnerabilidad, el desarrollo y la
implementación de estrategias de adaptación, el desarrollo
de capacidades y la transferencia de tecnología;
Promoverán la adopción, implementación y
puesta en práctica de leyes, normas, estándares y políticas
nacionales que establezcan altos niveles de protección
ambiental, reconociendo el derecho de cada país de establecer
sus propios niveles de protección ambiental y, para este fin,
reforzarán alianzas de cooperación con especial énfasis al
mejoramiento de la calidad del aire, mejorando el acceso a los
servicios de agua potable y servicios sanitarios, y
fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales para el
manejo integral de recursos de agua y desechos;
Consultarán y coordinarán, nacional y
regionalmente, según corresponda, con el objetivo de asegurar
que las políticas económicas, sociales y ambientales se
apoyen mutuamente y contribuyan al desarrollo sostenible, con
base en iniciativas ya existentes de las organizaciones
regionales e internacionales correspondientes;
Apoyarán iniciativas tales como la Mesa
Redonda Hemisférica sobre Producción Más Limpia
para
adelantar nuestros esfuerzos en la promoción de alianzas
entre los gobiernos, industrias y la sociedad civil, y
avanzarán, cuando sea apropiado, en los Planes de Acción y
la Red Global de Información para una Producción Más Limpia
inaugurada en la Cumbre Internacional de Prevención de la
Contaminación celebrada en Montreal en 2000;
Promoverán y apoyarán la implementación,
a nivel nacional, de las prioridades establecidas en la
Declaración
de Bahía sobre Seguridad Química, particularmente,
aquéllas destinadas a mejorar el acceso público a la
información sobre sustancias tóxicas y al fortalecimiento de
la capacidad en esta área;
Promoverán una mejor gestión ambiental a
escala municipal, mediante el intercambio de información
entre las comunidades locales, el desarrollo de tecnología
ambientalmente sana y la promoción de alianzas para
facilitar, cuando sea apropiado, la transferencia de
tecnología, desarrollo de capacidades, incluyendo el
fortalecimiento de instituciones y servicios locales, y el
apoyo a iniciativas como la Iniciativa de Aire Limpio del
Banco Mundial
y los programas del BID en esta área;
Avanzarán en la conservación hemisférica
de la flora, la fauna y los ecosistemas mediante, cuando sea
apropiado: el desarrollo de capacidades, la expansión de
redes de cooperación y sistemas de intercambio de
información, incluyendo la Red Interamericana de Información
sobre Biodiversidad; la cooperación en la lucha contra el
comercio ilegal de la flora y fauna silvestres; el
fortalecimiento de esquemas de cooperación para las áreas
naturales protegidas terrestres y marinas, incluyendo parques
fronterizos adyacentes y áreas importantes para las especies
compartidas; el apoyo a mecanismos de conservación de los
ecosistemas regionales; la elaboración de una estrategia
hemisférica para apoyar la conservación de la fauna
silvestre migratoria en todo el territorio de las Américas,
con la participación activa de la sociedad civil; y la
promoción de los objetivos y la implementación del
Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la Convención para
Combatir la Desertificación;
Promoverán la adopción de acciones
inmediatas y concretas para la implementación de la gestión
sostenible de los bosques; promoverán políticas, prácticas,
incentivos e inversiones para apoyar el desarrollo de dicha
gestión con base en iniciativas y cooperación hemisféricas
existentes; y apoyarán el Foro de las NU sobre Bosques y su
programa de trabajo;
Reafirman su compromiso para fomentar una
gestión ambiental adecuada en el área de energía,
favoreciendo políticas, prácticas, transferencias y acceso a
tecnologías que sean económicamente eficientes y tomen en
cuenta los impactos ambientales del desarrollo y uso de la
energía; respaldamos y apoyamos el trabajo de la Iniciativa
Energética Hemisférica en esta área;
Promoverán el desarrollo de la gestión y
explotación ambientalmente viables de los minerales y los
metales, reconociendo la importancia de las dimensiones
sociales y económicas de las actividades del sector minero, y
apoyarán el trabajo de los foros regionales e internacionales
en esta área;
10. Gestión agrícola y
desarrollo rural
Reconociendo la importancia fundamental de la
agricultura como medio de vida de millones de familias rurales del
Hemisferio, al igual que el papel que desempeña en la creación
de la prosperidad, como un sector estratégico del sistema
socio-económico, y tomando nota de la importancia de desarrollar
su potencial de manera compatible con el desarrollo sostenible que
permita garantizar la atención y el tratamiento adecuado del
sector rural:
Promoverán el diálogo que incluya a
ministros de gobierno, parlamentarios y sociedad civil, en
particular a organizaciones vinculadas con el área rural,
así como a la comunidad científica y académica con el fin
de promover estrategias nacionales de mediano y largo plazo
para el mejoramiento sostenible en la agricultura y la vida
rural;
Apoyarán esfuerzos nacionales para
fortalecer empresas rurales, en especial las pequeñas y
medianas, y promoverán, cuando sea apropiado, un ambiente
favorable para los agro-negocios; fomentarán, de forma
complementaria, la capacitación de pequeños y medianos
empresarios y empresarias rurales al igual que la
modernización de instituciones de capacitación en esta
área;
Impulsarán el desarrollo de mercados en el
Hemisferio para productos obtenidos mediante el uso sostenible
de recursos naturales;
Nos esforzaremos para facilitar el acceso a
los mercados para los productos derivados de programas de
desarrollo alternativo que se lleven a cabo en los países
comprometidos en la sustitución de cultivos ilícitos;
Instruirán a los Ministros de Agricultura
para que, durante la próxima reunión de la Junta
Interamericana de Agricultura, en cooperación con el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), promuevan una acción conjunta de todos los actores
del agro, orientada al mejoramiento de la agricultura y la
vida rural y que permita la implementación de los Planes de
Acción de las Cumbres de las Américas;
11. Trabajo y empleo
Reconociendo que el empleo es el vínculo más
directo entre la actividad económica y el aumento del nivel de
vida de nuestra ciudadanía y que la verdadera prosperidad puede
lograrse sólo si se incluye la protección y el respeto de los
derechos básicos de los trabajadores, así como el fomento de las
oportunidades equitativas de empleo, y la mejora de las
condiciones de trabajo de la población en todos los países de la
región, con especial atención a quienes trabajan en el sector
informal de la economía, a los que pertenecen a las minorías
étnicas y religiosas, otras personas vulnerables incluyendo las
mujeres, los jóvenes, los indígenas, trabajadores migrantes, las
personas discapacitadas y las personas con VIH/SIDA; y tomando
nota de la importancia de invertir en el desarrollo de los
recursos humanos, de promover la seguridad del empleo de manera
concomitante con el crecimiento económico, y de desarrollar
mecanismos para asistir a los trabajadores durante los períodos
de desempleo y de fortalecer la cooperación y el diálogo social
en materia laboral entre los trabajadores, sus organizaciones, los
empleadores y los gobiernos:
Reafirman la importancia fundamental de la
Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo,
recibiendo con beneplácito el avance logrado en el Plan de
Acción adoptado en 1998, y apoyarán el proceso preparatorio
para la Duodécima Conferencia en 2001, así como ordenarán a
sus Ministros hacer nuevos progresos con base en la
Declaración
de Viña del Mar que estuvo centrada en las dimensiones
sociales de la globalización y la modernización de los
Ministerios del Trabajo, cooperando en el estudio de las
dimensiones laborales del proceso de las Cumbres de las
Américas, a fin de identificar las áreas de consenso y
cuestiones que requieren deliberaciones adicionales;
Respetarán la
Declaración Relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su
Seguimiento de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) adoptada en 1998, adoptarán e implementarán
legislación y políticas que permitan la aplicación efectiva
de normas laborales fundamentales reconocidas por la OIT, y
considerarán la ratificación e implementación de los
principales convenios de la OIT;
Consultarán y coordinarán , nacional y
regionalmente, en los foros apropiados, con miras a contribuir
para elevar los niveles de vida y mejorar las condiciones de
trabajo de todas las personas en las Américas; crearán un
proceso para una mejor colaboración y coordinación sobre las
dimensiones laborales del proceso de la Cumbre de las
Américas, entre los Ministerios de Trabajo y otros
ministerios apropiados e instituciones internacionales claves
en las Américas que tengan un rol crítico en la mejora de
las condiciones laborales, en particular la OEA, la OIT, la
CEPAL, al igual que el BID y el Banco Mundial;
Elaborarán nuevos mecanismos para aumentar
la eficacia de los proyectos y otros tipos de ayuda técnica
destinados a aumentar la capacidad de las economías más
pequeñas y sus instituciones con el objeto de implementar en
forma efectiva las leyes y normas laborales, así como para
fomentar la igualdad de oportunidades de género, entre otras,
en estrategias de creación de empleo, capacitación,
aprendizaje permanente y programas de desarrollo de recursos
humanos con el fin de promover el acceso a más y mejores
empleos en la nueva economía;
Fortalecerán la capacidad de los
Ministerios de Trabajo para desarrollar e implementar
políticas efectivas de trabajo y de mercados de trabajo;
colaborarán con empleadores y organizaciones de trabajadores
para desarrollar y generar información sobre mercados de
trabajo; participarán en el diálogo, consultas tripartitas y
estrategias de solución de controversias; y adoptarán
estrategias y programas continuos como un elemento central del
desarrollo profesional en el mercado laboral;
Continuarán trabajando para lograr la
eliminación del trabajo infantil y, como prioridad
promoverán la ratificación e implementación hemisférica
del Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil de 1999,
trabajarán
para adecuar
las leyes, reglamentos y políticas
nacionales de conformidad con este Convenio, y tomarán
medidas inmediatas para eliminar las peores formas de trabajo
infantil;
Promoverán y protegerán los derechos de
todos los trabajadores, en particular los de las mujeres
trabajadoras y tomarán acciones para eliminar las barreras
estructurales y legales, así como las actitudes
estereotipadas respecto a la igualdad entre hombres y mujeres
en el trabajo, abordando, entre otras, los prejuicios de
género en la contratación; las condiciones de trabajo; la
discriminación laboral y el acoso sexual; la discriminación
en materia de beneficios sociales; la salud y seguridad
ocupacional de las mujeres; la desigualdad de oportunidades de
progreso profesional y la igualdad en materia salarial;
12. Crecimiento con
equidad
Reconociendo que el crecimiento económico es
fundamental para superar las desigualdades económicas y
fortalecer la democracia en el Hemisferio, y que para alcanzar un
crecimiento económico sostenido, estabilidad política y social,
es necesario encarar el desafío más apremiante que enfrenta el
Hemisferio - la erradicación de la pobreza y la inequidad - que
exige un enfoque integrado que fomente mayor competitividad,
oportunidades para un comercio equitativo y un acceso más
equitativo a las oportunidades, tomando en cuenta las dificultades
que enfrentan los países de la región, incluyendo aquellos que
se encuentran bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC), al obtener financiamiento para su desarrollo; y
que es necesario tomar medidas a nivel nacional y hemisférico a
fin de: crear un ambiente positivo para la iniciativa empresarial,
maximizar los beneficios de la migración ordenada, minimizar los
efectos de la volatilidad económica y de los desastres de origen
natural, y fomentar la estabilidad y movilidad social para
promover una distribución más equitativa de los beneficios del
crecimiento económico:
Financiamiento para el desarrollo
Reconocemos la necesidad del financiamiento
para el desarrollo, incluyendo la ayuda de donantes
bilaterales y de préstamos de los bancos de desarrollo
multilateral, bajo las condiciones apropiadas, y se
comprometerán a apoyar a sus Ministros de Finanzas y a los
bancos de desarrollo multilateral en la promoción de
políticas para desarrollar y mantener acceso a los mercados
de capitales internacionales para financiar nuestros esfuerzos
de desarrollo sostenible, reconociendo que el servicio de la
deuda constituye un gran obstáculo para la inversión en
muchos países del Hemisferio;
Ambiente económico favorable
Planearán e implementarán, con la
cooperación del BID, del Banco Mundial y otros donantes,
según corresponda, al igual que la OIT y basándose en el
trabajo comenzado en los programas regionales y subregionales
después de la Cumbre de las Américas de Santiago de 1998,
leyes, políticas y regulaciones destinadas a reducir los
costos de puesta en marcha, a apoyar la creación de nuevos
productos financieros para los grupos de bajos ingresos y la
juventud, a promover el desarrollo de cooperativas de
crédito, e instituciones financieras de la comunidad e
instituciones relacionadas, tales como las oficinas de
crédito, y crearán condiciones para que los bancos
comerciales y otras instituciones financieras pertinentes
amplíen su base de clientes para incluir un mayor número de
micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecerán las
capacidades de las agencias de desarrollo empresarial para la
micro, pequeña y mediana empresa;
Proporcionarán y mejorarán, cuando sea
necesario, en las áreas tanto rurales como urbanas, el acceso
a los sistemas de información de calidad para micro,
pequeñas y medianas empresas a través de la creación de
mecanismos no discriminatorios en cooperación con el BID, el
Banco Mundial y otros donantes, cuando sea apropiado, al igual
que la CEPAL, y establecerán programas destinados a promover
el uso de computadoras e Internet, basándose en la
cooperación entre el sector público y el sector privado,
para ganar mayor acceso a la tecnología de información, al
crédito y a los mercados, así como a instrumentos diseñados
para ayudarles en estas áreas;
Apoyarán y alentarán, con la cooperación
del BID y otros donantes, cuando sea apropiado, la formación
de incubadoras de empresas, redes asociativas, proyectos
conjuntos, programas nacionales de competitividad,
cooperativas de crédito y acuerdos complementarios entre la
micro, pequeña y mediana empresa como parte de una estrategia
más amplia que permita compartir prácticas óptimas, mejorar
el acceso a la información, sistemas de crédito y
comercialización adecuados, y superar la situación
prevaleciente de aislamiento;
Aumentarán el acceso de los jóvenes a las
oportunidades empresariales, de productividad y de empleo
sostenibles;
Mejorarán, según corresponda, las redes
de seguridad social a nivel nacional y regional para
estabilizar los ingresos y el consumo individuales y
familiares por medios tales como fondos de estabilización,
planes de microcréditos, seguros para programas de cultivos,
renovar la capacitación laboral y para capacitación
vocacional, empresarial y comercial, con la participación de
los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de
desarrollo, al igual que con las organizaciones no
gubernamentales y organizaciones comunitarias para establecer
redes regionales con el objeto de compartir prácticas
recomendadas y experiencias;
Promoverán, en cooperación con la CIM, el
IICA, otras instituciones interamericanas pertinentes y el
Banco Mundial, un mayor acceso a los mercados para los
empresarios desfavorecidos, particularmente para las mujeres,
los jóvenes, los discapacitados, los indígenas y las
poblaciones rurales, desarrollando programas que generen
empleos locales, capacitación, renueven capacitación y
aprendizaje permanente, particularmente en nuevas
tecnologías, y servicios a precios asequibles de
administración de empresas, desarrollo de productos,
financiamiento, producción y control de la calidad,
comercialización y aspectos jurídicos de las empresas,
estableciendo programas de extensión para informar a las
poblaciones pobres y de bajos ingresos, particularmente en
zonas rurales y remotas, sobre las oportunidades de acceso a
mercados y tecnología, y prestando servicios de asistencia,
seguimiento, asesoramiento y otros servicios de apoyo para
permitir que dichos grupos puedan aprovechar esas
oportunidades;
Migración
Reconociendo los aspectos positivos y los
beneficios de la migración ordenada, en los países de origen,
tránsito y destino, como un factor que contribuye al crecimiento
económico y al desarrollo nacional y regional:
Apoyarán las iniciativas destinadas a
reforzar los vínculos entre las comunidades de migrantes en
el extranjero y sus lugares de origen y promoverán mecanismos
de cooperación que simplifiquen y aceleren la transferencia
de remesas de dinero de los migrantes y reduzcan
sustancialmente los costos de su envío;
Apoyarán las iniciativas voluntarias
diseñadas por comunidades o individuos para el uso de fondos
de inversiones y de proyectos productivos que beneficien el
bienestar general de las comunidades de origen;
Promoverán el debate en el Hemisferio
sobre el fenómeno de la migración con la debida
consideración de su naturaleza multidimensional y de las
diferencias regionales, considerando la incorporación del
tema de la migración en las negociaciones sobre comercio e
integración económica;
Apoyarán programas de cooperación sobre
procedimientos de migración para mercados laborales
transfronterizos y la migración de trabajadores tanto en los
países de origen como en los de destino, como un medio para
incrementar el crecimiento económico, con pleno conocimiento
del papel que la cooperación en educación y capacitación
puede jugar en la mitigación de cualquier consecuencia
adversa del movimiento de capital humano de países más
pequeños y menos desarrollados;
Buscarán asegurar que los migrantes tengan
acceso a los servicios sociales básicos, de manera
consistente con el ordenamiento jurídico de cada país;
Crearán y armonizarán los sistemas de
información estadística y fomentarán el intercambio de
información y prácticas óptimas mediante el uso de nuevas
tecnologías de información y de las comunicaciones, con el
fin de promover la modernización de la administración de la
migración;
Mejoramiento de la estabilidad y movilidad
social
Continuarán y profundizarán los avances
logrados en la implementación del programa de mejoramiento de
los registros de propiedades establecidos en la Cumbre de las
Américas de Santiago del 1998, con particular énfasis en la
regularización de los derechos informales de propiedad, de
conformidad con las legislaciones nacionales, para asegurar
que todos los derechos de propiedad válidos se reconozcan
oficialmente, que se resuelvan las diferencias y que se
adopten marcos jurídicos actualizados para los archivos
catastrales; y alentarán la obtención de títulos de
propiedad comercializables; estas acciones incluyen la
formulación de reformas institucionales, políticas y
regulaciones que facilitarían la utilización del registro de
propiedades como un mecanismo para que los propietarios puedan
acceder a créditos y para permitir que los bancos comerciales
y los bancos de desarrollo multilaterales amplíen su base de
clientes entre los sectores de menores ingresos; promoverán
mayor cooperación, e intercambio de información y
tecnología para la modernización de los sistemas de registro
y catastro en el hemisferio y, por otra parte, solicitarán a
las instituciones de cooperación multilateral y bilateral que
continúen apoyando y fortaleciendo complementariamente sus
programas de asistencia financiera y técnica para este fin;
Apoyarán, en cooperación con la CEPAL y
el Banco Mundial, la investigación a nivel hemisférico para
generar datos desagregados sobre el impacto diferenciado de
las políticas y procesos económicos sobre las mujeres y
hombres, las poblaciones rurales y urbanas, los indígenas y
no indígenas, las comunidades de alta y baja movilidad
social, y sobre su respectiva participación en el crecimiento
económico;
Promoverán el reconocimiento de la
contribución social y económica del trabajo no remunerado de
las mujeres que se realiza predominantemente en el hogar, y
considerarán proporcionar nuevas redes de seguridad social de
acuerdo a su legislación nacional;
Promoverán mayor reconocimiento de la
contribución económica de las actividades de las mujeres en
el sector informal y de subsistencia, y proporcionarán, a
través de las instituciones financieras internacionales y
regionales y la comunidad de donantes, la ayuda necesaria a
las comunidades que desarrollen esas actividades, dando mayor
atención a los asuntos de género nacionales en la
planificación y formulación de políticas macro-económicas;
Cooperarán y promoverán el diálogo sobre
el desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al
mejoramiento de los niveles de atención a la población
desplazada por la violencia, teniendo en cuenta los problemas
que estas poblaciones enfrentan, e instarán a que se
armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con las
normas y estándares del derecho internacional humanitario,
incluyendo la Convención de Ginebra
de 1951;
Invitarán a la CIDH y a su Relator
Especial sobre Personas Desplazadas Internamente, a que
continúen el seguimiento y la preparación de informes sobre
situaciones de desplazamiento forzado, con miras a promover
soluciones duraderas para las causas principales de dichos
fenómenos;
13. Educación
Reconociendo que la educación es la clave para
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la
promoción del desarrollo del potencial humano, la igualdad y la
comprensión entre nuestros pueblos, y que influye positivamente
en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza;
reconociendo también que para lograr esas metas, es esencial que
una educación de calidad esté a la disposición de todos,
incluyendo niñas y mujeres, habitantes rurales, personas
discapacitadas, indígenas y personas que pertenecen a las
minorías; reafirmando los compromisos contraídos en las
anteriores Cumbres de promover los principios de la equidad,
calidad, pertinencia y eficacia en todos los niveles del sistema
educativo y de asegurar, para el año 2010, el acceso universal y
cumplimiento de todos los niños y las niñas de una educación
primaria de calidad y el acceso a la educación secundaria de
calidad de un mínimo del 75 por ciento de los jóvenes, con
índices crecientes de eficiencia terminal y oportunidades de
educación a lo largo de la vida a la población en general; y
también reafirmando el compromiso de eliminar las disparidades de
género en la educación primaria y secundaria para el 2005:
Encomendarán a la OEA que organice, en el
marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI), una reunión de Ministros de Educación en el
Uruguay, a celebrarse antes de fin este año, con el mandato
de:
- identificar y establecer mecanismos
hemisféricos apropiados para garantizar la implementación
de iniciativas sobre educación contenidas en este Plan de
Acción y continuar promoviendo medidas sobre las
prioridades identificadas en las anteriores Cumbres, basadas
en una cuidadosa evaluación de nuestros avances colectivos
en esta área;
- determinar los plazos y términos de
referencia para efectuar el seguimiento de la
implementación de nuestros compromisos en educación;
- establecer, tomando en cuenta la
importancia fundamental de movilizar recursos para apoyar la
inversión sostenida en educación a todos los niveles, un
mecanismo cooperativo para promover la formación de
alianzas productivas con otros gobiernos, organizaciones
regionales e internacionales y los Bancos de desarrollo
multilaterales;
- promover la participación y el
diálogo con organizaciones pertinentes de la sociedad
civil, para fortalecer la cooperación entre el sector
publico y otros sectores de nuestras sociedades en la
implementación de este Plan de Acción;
Formularán e implementarán políticas
que, en el marco de una estrategia de superación de la
desigualdad social, promuevan el acceso de todos a una
educación básica de calidad, incluyendo la educación
inicial y de adultos, en particular para promover la
alfabetización y, al mismo tiempo, proveer métodos
alternativos que respondan a las necesidades de los sectores
desfavorecidos de la población y de las personas excluidas de
los sistemas de educación formal, en particular a las niñas,
las minorías, los indígenas y los menores con necesidades
educativas especiales; compartirán información y
experiencias exitosas en el impulso de la participación en
educación y enfrentar el problema de la retención escolar en
ciertos grupos, especialmente los niños - en los países del
Caribe, en particular - cuya tasa de abandono escolar en el
nivel secundario es alta en ciertas regiones;
Apoyarán y promoverán el aprendizaje
permanente:
- ofreciendo planes de estudio basados en el desarrollo
de habilidades, conocimientos, valores cívicos y
democráticos;
- proporcionando mecanismos flexibles de prestación del
servicios, incluyendo el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones para favorecer el empleo,
el desarrollo personal y el compromiso social; y
- certificando las competencias adquiridas en contextos
laborales;
Fortalecerán los sistemas educativos:
- alentando la participación de todos los sectores de la
sociedad, a fin de lograr un consenso sobre políticas que
sean viables y que garanticen la distribución apropiada y
continua de recursos;
- descentralizando su toma de decisiones y promoviendo la
participación de la sociedad civil, especialmente de los
padres; y
- fomentando una gestión escolar transparente en el
interés de asegurar la asignación adecuada y estable de
recursos de modo que las instituciones educativas puedan
desempeñar un papel protagónico del cambio;
Realzarán el desempeño de los docentes
mediante:
- el mejoramiento de sus condiciones de servicio; y
- la elevación del perfil de la profesión dándoles,
además de una formación inicial sólida, oportunidades
de perfeccionamiento profesional permanente, y diseñando
estrategias de entrenamiento accesible, flexible,
dinámico y pertinentes usando, entre otros medios, las
nuevas tecnologías de información y de las
comunicaciones;
Apoyarán la continuidad de proyectos
regionales de indicadores comparables y de evaluación de la
educación, resultantes de la Cumbre de Santiago, incluyendo
iniciativas de cooperación basadas en programas de
evaluación de los procesos y los logros educativos, tomando
en consideración estudios pedagógicos y las practicas de
evaluación desarrolladas previamente por los países;
desarrollarán indicadores comparables para evaluar los
servicios que cada país presta a la población con
necesidades educativas especiales y promoverán el intercambio
de información sobre políticas, estrategias y prácticas
óptimas en las Américas;
Procurarán asegurar que la educación
secundaria responda a los requerimientos de un mercado de
trabajo en constante evolución , mediante la promoción de la
diversificación de los programas y experiencias con métodos
de enseñanza nuevos y más flexibles con énfasis en la
ciencia y la tecnología, incluyendo la utilización de las
nuevas tecnologías de información y comunicación y mediante
el apoyo al establecimiento de mecanismos para el
reconocimiento y la certificación de las habilidades
adquiridas; y con este fin, promoverán el intercambio de
información y de prácticas óptimas y apoyarán proyectos de
cooperación;
Promoverán un diálogo más eficaz entre
la sociedad y las instituciones de educación superior y
facilitarán el acceso de todos a dichas instituciones
equilibrando la demanda creciente con normas de calidad más
exigentes y el financiamiento público con un mayor compromiso
de parte del sector privado; apoyarán la cooperación
hemisférica en la investigación de ciencia y tecnología,
enfocada a la solución de problemas específicos en la
región y la transferencia de conocimientos;
Apoyarán la movilidad, entre países del
Hemisferio, de los estudiantes, profesores y administradores
de educación superior, asimismo de docentes y administradores
de la educación primaria y secundaria, con el objeto de
brindarles nuevas oportunidades para tomar parte en la nueva
sociedad basada en el conocimiento, de aumentar sus
conocimientos sobre otras culturas e idiomas, y de permitirles
acceso a la información sobre estudios post-secundarios y
oportunidades de aprendizaje ofrecidas en todo el Hemisferio,
por medio de nuevas o existentes redes hemisféricas, tales
como el sitio Web educativo establecido después de la Cumbre
de Santiago; y continuarán apoyando iniciativas en esta
materia, tales como las que llevan a cabo el BID y la OEA;
Promoverán el acceso de los profesores,
estudiantes y administradores al uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicacion aplicadas a la
educación, mediante una capacitación orientada hacia nuevos
métodos didácticos, al apoyo al desarrollo de redes y al
fortalecimiento, de manera sostenida, de los centros de
intercambio y divulgación de la información, a fin de
reducir la línea divisoria del conocimiento y la brecha
tecnológica entre las sociedades del Hemisferio y dentro de
ellas;
Ciencia y Tecnología
Promoverán la divulgación necesaria de la
ciencia y la tecnología para avanzar en el establecimiento y
la consolidación de una cultura científica en la región; y
estimularán el desarrollo de la ciencia y la tecnología para
la conectividad regional, a través de las tecnologías de
información y comunicación fundamentales para la formación
de sociedades del conocimiento;
Apoyarán la formación de capital humano
de alto nivel para el desarrollo de la investigación en
ciencia y tecnología y la innovación que propicie el
fortalecimiento de los sectores agrícola, industrial,
comercial y de negocios, al igual que el sostenimiento del
medio ambiente;
Promoverán, con el apoyo de los mecanismos
de cooperación existentes, el desarrollo del programa
regional de indicadores de ciencia y tecnología;
Procurarán la implementación y el seguimiento de las
actividades científicas y tecnológicas mencionadas, contando
con el apoyo de los mecanismos hemisféricos de cooperación y
coordinación relacionados con este campo;
14. Salud
Reconociendo - de conformidad con los
compromisos contraídos en las Cumbres de Miami y de Santiago, y
en concordancia con las metas de desarrollo acordadas a nivel
internacional en los campos de la salud materno, infantil, de los
niños y las niñas y de la salud reproductiva - que la buena
salud física y mental es esencial para una vida productiva y
plena, y que el acceso equitativo a los servicios de salud de
calidad es un elemento decisivo en el desarrollo de sociedades
democráticas, y para la estabilidad y prosperidad de las
naciones; que el disfrute de los niveles más altos de salud es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, convicciones políticas y
condición económica o social, tal como está establecido en la
Constitución
de la Organización Mundial de la Salud; que la igualdad de
género y la preocupación por los pueblos indígenas, los niños
y las niñas, los ancianos y los grupos con menor acceso a los
servicios deben ser una preocupación de primordial importancia en
el desarrollo de la política de salud; que la situación de salud
que sea afectada por factores de orden físico, social, económico
y político, y que la cooperación técnica de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos
internacionales pertinentes debe seguir apoyando las medidas de
salud en el Hemisferio, en concordancia con la
Agenda
Compartida para la Salud en las Américas firmada por la OPS,
el BID y el Banco Mundial:
Reforma del sector de la salud
Reafirmarán el compromiso con una reforma
solidaria del sector de la salud dirigida a enfatizar su
preocupación con las funciones esenciales de salud pública,
la calidad de la atención, la igualdad en el acceso a los
servicios y la cobertura de los mismos, especialmente en los
campos de la prevención de enfermedades y la promoción de la
salud, y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y
la administración de servicios; y promoverán el uso continuo
de indicadores comunes, acordados y validados
científicamente, para evaluar la efectividad, equidad y
eficiencia de los sistemas de salud;
Fortalecerán y promoverán la elaboración
de estándares internos referidos al ejercicio de la
profesión, los procedimientos de acreditación y la entrega
de licencias, códigos de ética, y programas de educación y
capacitación para el personal de la salud; y mejorarán la
diversificación de la composición del personal de la salud
en la prestación de servicios de salud, para responder mejor
a las prioridades nacionales de salud;
Intensificarán los esfuerzos e
intercambiarán y promoverán prácticas óptimas para:
- reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil;
- prestar el cuidado y los servicios de salud reproductiva
de calidad a mujeres, hombres y adolescentes; y
- llevar a la práctica los compromisos contraídos en la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de
El Cairo y su seguimiento a los cinco años en Nueva York;
Elaborarán procedimientos para evaluar la
eficacia de prácticas de salud alternativas y productos
medicinales alternativos para garantizar la seguridad pública
y para compartir experiencias y conocimiento con otros países
de las Américas;
Enfermedades transmisibles
Se comprometen, al más alto nivel, a
combatir el VIH/SIDA y sus consecuencias, reconociendo que
esta enfermedad es una gran amenaza a la seguridad de nuestros
pueblos; en particular, buscarán aumentar los recursos para
la prevención, la educación y el acceso al cuidado y
tratamiento, así como la investigación; adoptarán un
enfoque multisectorial con una perspectiva de género hacia la
educación, la prevención y el control de la propagación del
VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS),
desarrollando programas participativos, especialmente con las
poblaciones de alto riesgo, y promoviendo alianzas con la
sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación de
masas, el sector empresarial y organizaciones voluntarias;
promoverán la utilización de mecanismos de cooperación
horizontal en curso para asegurar la disponibilidad de sangre
segura; incrementarán, a nivel nacional, el acceso al
tratamiento de enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA, a
través de medidas que busquen asegurar la provisión de las
medicinas a precios accesibles, incluyendo la disponibilidad
de un sistema de distribución y entrega confiables, así como
mecanismos financieros conforme a las leyes nacionales y los
tratados internacionales acordados; continuarán el diálogo
con la industria farmacéutica y el sector privado en general
para promover la disponibilidad de antiretrovirales y otras
medicinas para el tratamiento del VIH/SIDA a precios
accesibles, y alentarán estrategias para facilitar el
intercambio de información sobre los precios de las medicinas
incluyendo, según sea apropiado, de aquellas disponible en
los bancos de datos nacionales; promoverán y protegerán los
derechos humanos de todas las personas que viven con VIH/SIDA,
sin discriminación de género o edad; utilizarán la Sesión
Especial sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las NU de
junio de 2001 como plataforma para generar apoyo para los
programas hemisféricos y nacionales sobre el VIH/SIDA;
Fortalecerán los programas a nivel
hemisférico, nacional y local destinados a prevenir,
controlar y tratar las enfermedades transmisibles, tales como
la tuberculosis, el dengue, la malaria y el mal de Chagas;
Promoverán el crecimiento saludable en la
niñez mediante: programas de inmunización más amplios, el
control de enfermedades respiratorias y enfermedades
diarreicas a través de programas tales como el de Atención
Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia,
educación sanitaria, educación física, el acceso a
alimentos seguros y nutritivos y el fomento de la lactancia
materna;
Enfermedades no transmisibles
Implementarán programas comunitarios de
atención, prevención y promoción para reducir los riesgos a
la salud y de la incidencia de las enfermedades no
transmisibles, tales como las enfermedades cardiovasculares
incluyendo la hipertensión, el cáncer, la diabetes, las
enfermedades mentales y, asimismo, el impacto de la violencia
y los accidentes sobre la salud;
Participarán activamente en la
negociación de un convenio marco para la lucha
antitabáquica; elaborarán y adoptarán políticas destinadas
a reducir el consumo de productos de tabaco, especialmente por
lo que afecta a los niños y las niñas; compartirán
prácticas óptimas y lecciones aprendidas en la elaboración
de programas concebidos para crear conciencia pública,
particularmente para adolescentes, acerca de los riesgos de
salud asociados con el tabaco, el alcohol y las drogas;
Conectividad
Proveerán información científica y
técnica fidedigna a los trabajadores de la salud y al
público, empleando innovaciones tales como la Biblioteca
Virtual de Salud de las Américas; alentarán el uso de la
tele-medicina como un medio para conectar las poblaciones
remotas y proporcionar servicios e información de salud a los
grupos subatendidos, como complemento a los servicios de salud
existentes;
15. Igualdad de género
Reconociendo que la potenciación de la mujer,
su plena e igual participación en el desarrollo de nuestras
sociedades, y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo,
son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción
de la prosperidad económica y social, el desarrollo sostenible
centrado en el ser humano, la consolidación de la democracia y la
resolución de conflictos, y para el desarrollo de alianzas
comunes entre mujeres y hombres; reconociendo además que estos
principios son la base para promover la igualdad de género y los
derechos humanos de la mujer en las Américas, y para trabajar
hacia la eliminación de la amplia gama de desigualdades aún
existentes:
Respaldarán el
Programa Interamericano
sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la
Equidad e Igualdad de Género, aprobado por la Primera
Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel
Responsables de las Políticas de las Mujeres, organizada en
abril de 2000 por la CIM; asimismo, respaldarán el
Plan de
Acción Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe
1995-2000, y otras acciones e iniciativas adoptadas en el
Vigésimo Tercer Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidades (Beijing +5) para implementar
la Declaración de Beijing y su
Plataforma de
Acción; e integrarán la perspectiva de género en los
programas, acciones y agendas de eventos nacionales e
internacionales, para garantizar que las experiencias de las
mujeres y la igualdad de género sean una dimensión integral
del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas
y programas gubernamentales e interamericanos en todos los
campos;
Fortalecerán mecanismos nacionales y de
otros organismos de gobierno responsables del progreso de la
mujer y de la promoción y protección de los derechos humanos
de las mujeres; otorgarán los recursos financieros y humanos
necesarios, incluyendo la exploración de iniciativas
financieras innovadoras para que la perspectiva de género
esté integrada en todas las políticas, programas y
proyectos; apoyarán, tanto el papel fundamental que han
desempeñado y continuarán desempeñando las organizaciones
de mujeres en la promoción de la igualdad de género, como
los esfuerzos conjuntos entre gobiernos y el sector privado
que contribuyen al respeto y a la comprensión de los derechos
humanos de las mujeres;
Promoverán la equidad e igualdad de
género y los derechos humanos de la mujer fortaleciendo y
fomentando su plena e igual participación en la vida
política en sus países y en la toma de decisiones a todos
los niveles;
Reforzarán el papel de la CIM, como el
organismo asesor técnico del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres (GRIC), en todos los aspectos de
equidad e igualdad de género y reconocerán la importancia de
la CIM en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de
la Cumbre; proporcionarán un nivel apropiado de recursos a la
CIM para desempeñar su papel como el principal foro
hemisférico generador de políticas en el fomento de los
derechos humanos de la mujer y particularmente de la igualdad
de género; promoverán el apoyo y la participación del BID,
el Banco Mundial y la CEPAL en la implementación y el
seguimiento del presente Plan de Acción;
Promoverán el uso de las tecnologías de
información y comunicación como un mecanismo para enfocar
las desigualdades entre hombres y mujeres y asegurarán la
igualdad de acceso de la mujer a estas nuevas tecnologías y a
la capacitación requerida;con este fin, asegurarán que los
programas de conectividad y la programación gubernamentales a
nivel local, nacional y regional incorporen una perspectiva de
género que represente la diversidad de la mujer dentro de
diversos grupos, incluyendo los pueblos indígenas y rurales y
las minorías étnicas;
Fortalecerán sistemas de recolección y
procesamiento de datos estadísticos desagregados por género
y adoptarán indicadores de género que contribuyan al
diagnóstico de la situación de las mujeres y a la
implementación de políticas públicas a nivel nacional y
regional, y hagan posible un mejor seguimiento y evaluación
de los acuerdos regionales e internacionales;
16. Pueblos Indígenas
Reconociendo que el carácter único de las
culturas, historias y circunstancias socioeconómicas,
demográficas, y políticas de los pueblos indígenas (según
se explica este término en la sección Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales de este Plan de Acción) de las
Américas, necesita medidas especiales para que dichos pueblos
alcancen su pleno potencial humano, y que la inclusión de los
pueblos indígenas en nuestras sociedades e instituciones es
un elemento valioso para el continuo fortalecimiento, no sólo
de los derechos humanos en nuestra comunidad hemisférica,
sino también, en un sentido más amplio, de las democracias,
economías y civilizaciones; tomando nota de que aunque se han
realizado progresos, es necesario fortalecer la participación
de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para
fomentar un diálogo abierto y continuo entre éstos y los
gobiernos, y para continuar trabajando juntos para asegurar
una implementación eficaz de los mandatos pertinentes en el
Plan de Acción de la Cumbre de Santiago:
Realizarán sus mejores esfuerzos, conforme
a la legislación nacional, para alentar a los organismos
donantes, el sector privado, otros gobiernos, organizaciones
regionales e internacionales, al igual que los bancos de
desarrollo multilateral a apoyar las conferencias
hemisféricas y nacionales para intercambiar experiencias
entre los pueblos indígenas y sus organizaciones en la
implementación de actividades para promover su desarrollo
sostenible, cultural, económico y social, y en cualquier otro
campo que pudiera ser identificado por los pueblos indígenas;
Reconocerán el valor que las
cosmovisiones, los usos, las costumbres y las tradiciones de
los pueblos indígenas pueden otorgar a las políticas y
programas relacionados con el uso de la tierra y recursos
naturales, el desarrollo sostenible y la biodiversidad; sobre
esta base, desarrollarán las estrategias y los métodos
correspondientes para considerar y respetar las expresiones
culturales de los pueblos indígenas y para proteger su
conocimiento tradicional de acuerdo con los principios y
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
Aumentarán la disponibilidad y la
accesibilidad de los servicios educativos en consulta con los
pueblos indígenas, en especial para las mujeres, los niños y
las niñas, y los jóvenes, conforme a sus valores,
costumbres, tradiciones y formas de organización, promoviendo
la diversidad cultural y lingüística en los programas de
educación y capacitación para las comunidades indígenas;
promoverán estrategias nacionales y regionales para las
mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes indígenas; de
igual forma, impulsarán programas de intercambio
internacional y pasantías en los sectores público y privado,
con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades, elevar el
promedio de edad de la retención escolar, maximizar la
realización individual y colectiva, y promover la educación
permanente para todos los indígenas;
Promoverán y darán cabida, según
corresponda, a las necesidades culturales, lingüísticas y de
desarrollo propias de los pueblos indígenas, en los contextos
urbano y rural, en el desarrollo e implementación de las
iniciativas y estrategias educativas, con especial atención
al desarrollo de la capacidad institucional, la conectividad y
las vinculaciones, incluyendo por medio de puntos focales
nacionales, con otros pueblos indígenas del Hemisferio;
Promoverán y divulgarán, en todos los
ámbitos de la sociedad, y en particular en el sector
educativo, el aporte de los pueblos indígenas en la
formación de la identidad nacional en los países en los que
habitan;
Desarrollarán estrategias, medidas y
mecanismos que aseguren la efectiva participación de los
pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la
evaluación de planes, políticas, sistemas y programas de
salud integrales que reconozcan el valor del desarrollo de
comunidades holísticas, y que tomen en consideración las
realidades y circunstancias culturales, económicas y
sociales;
Apoyarán la
Iniciativa de Salud
para los Pueblos Indígenas, promovida por la OPS,
ayudando a los Estados y en consulta con los pueblos
indígenas, para formular políticas públicas integrales y
sistemas de salud que fomenten la salud de los pueblos
indígenas; diseñando e implementando un marco y modelo
intercultural de salud que se concentre especialmente en las
necesidades de salud y las prioridades de estos pueblos; y
mejorando la información colectiva, el análisis y la
distribución de las condiciones sanitarias y sociales de
estos pueblos, con un énfasis especial en la niñez;
Reducirán la brecha digital, de
comunicación y de información entre el promedio nacional y
los pueblos y las comunidades indígenas, mediante programas y
proyectos de conectividad relevantes que proporcionen
servicios en los campos del desarrollo político, económico y
social, incluyendo el uso de las redes de información de los
pueblos indígenas;
Promoverán la obtención y la difusión de
datos estadísticos nacionales en los que se proporcione
información sobre la composición étnica y las
características socio-económicas de las poblaciones
indígenas a fin de formular y evaluar políticas de atención
y desarrollo más adecuadas;
Apoyarán el proceso para reformar el
Instituto Indigenista Interamericano (III), basado en las
amplias consultas entre los Estados y los pueblos indígenas a
través del Hemisferio, y seguirán desarrollando procesos
para asegurar la amplia y plena participación de los pueblos
indígenas en el Sistema Interamericano, incluyendo en las
discusiones sobre el Proyecto de Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
17. Diversidad cultural
Reconociendo que el respeto y la valoración de
la diversidad cultural contribuyen al dinamismo social y
económico, y son factores positivos en la promoción de la
gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los
derechos humanos y la coexistencia pacífica en el Hemisferio; y
que los efectos de la globalización ofrecen grandes posibilidades
para la promoción de la diversidad cultural, pero también
suscitan preocupaciones sobre la capacidad de algunas comunidades
para expresar los aspectos de su identidad cultural; reconociendo
asimismo el rol único que tienen los bienes culturales en el
fortalecimiento de los vínculos geográficos, sociales,
históricos y antropológicos entre las sociedades; reconociendo
ademas la necesidad de fortalecer las estrategias para impedir el
tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual va en detrimento
de la conservación de la memoria colectiva y del patrimonio
histórico de las sociedades, y amenaza la diversidad cultural del
Hemisferio; tomando en cuenta la proclamación de la Asamblea
General de las NU del año 2001 como el
Año para el Diálogo
entre las Civilizaciones;
Fortalecerán alianzas e intercambios de
información, incluyendo el uso de tecnologías de
información y comunicaciones mediante la realización de una
serie de seminarios de expertos, funcionarios del gobierno y
representantes de la sociedad civil sobre la importancia de la
diversidad lingüística y cultural del Hemisferio para
promover una mejor aceptación, entendimiento, valoración, y
respeto entre los pueblos de la región;
Alentarán la convocatoria de una reunión
ministerial o de alto nivel apropiado, con el apoyo del CIDI
de la OEA, para tratar la diversidad cultural, con miras a
profundizar la cooperación hemisférica sobre este tema;
Crearán un ambiente para fomentar la
percepción y valoración de la diversidad cultural y
lingüística de los países de las Américas, por varios
medios, incluyendo mediante el uso de nuevas tecnologías de
comunicación y el Internet; apoyarán, a través de una
amplia colaboración, nuevos proyectos de medios de
comunicación que promuevan el diálogo intercultural,
mediante la producción y difusión de productos culturales
destinados a la televisión, el cine, la industria del disco,
la industria editorial
y los medios electrónicos;
enriquecerán la diversidad del contenido cultural de estas
industrias, inter-alia, mediante la preservación y
restauración de bienes culturales y el rescate de aquellos
adquiridos ilegalmente, de acuerdo a sus obligaciones
internacionales;
Promocionarán la cohesión social, el
respeto y el desarrollo mutuo:
- Reconociendo la contribución del deporte
justo y libre de drogas; y
- Apoyando iniciativas que preserven y
mejoren los deportes tradicionales e indígenas, fortalezcan
el papel de la mujer en el deporte, y aumenten las
oportunidades para que los niños y las niñas, y los
jóvenes, las personas discapacitadas y las minorías
participen y se beneficien de la práctica del deporte y de la
actividad física;
Se comprometen a cooperar activamente entre
las diversas instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional, para erradicar el tráfico ilícito de bienes
culturales conforme a la Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de
Bienes Culturales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de
1970; asimismo, promoverán la acción conjunta con las
organizaciones de la sociedad civil para implementar y apoyar
políticas, planes y programas que puedan fortalecer y
promover la investigación, la recuperación, los estudios, la
conservación, el mantenimiento, la restauración, el acceso a
y la apreciación del patrimonio cultural y los bienes
culturales mediante su adecuado cuidado, preservación y
disfrute;
17. La infancia y la
juventud
Reconociendo que la promoción de los derechos
de los niños y de las niñas así como su desarrollo, protección
y participación son esenciales para asegurar que alcancen su
pleno potencial; reconociendo asimismo la eficacia y la necesidad
de intervenciones centradas en la protección contra la
discriminación, la desigualdad, el abuso, la explotación y la
violencia, en especial para los grupos más vulnerables, y
teniendo en cuenta una perspectiva de género; afirmando la
importancia de la cooperación, como fue planteado en la Décima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Panamá
y asimismo resaltando la oportunidad que el año 2001 representa
para el progreso de los niños y las niñas en el contexto del
Año
Interamericano de la Niñez y la Adolescencia y de las metas
adoptadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990; y
reconociendo la contribución vital de la
Convención sobre los
Derechos del Niño de las NU en la promoción y la protección
de los derechos de los niños y de las niñas, así como la labor
que adelanta el Instituto Interamericano del Nino:
Implementarán y apoyarán los compromisos
contenidos en la Agenda sobre Niños Afectados por las
Guerras acordada por 132 Estados en la Conferencia
Internacional sobre los Niños Afectados por las Guerras,
celebrada en Winnipeg, Canadá, en septiembre de 2000,
incluyendo el fomento de una participación activa para los
niños, las niñas y los adolescentes en las políticas, el
diálogo y la programación para los niños, las niñas y los
adolescentes afectados por conflictos armados y también
alentando el establecimiento de una red para ellos.
Considerarán medidas adicionales para supervisar, informar y
abogar por la protección, los derechos y el bienestar de los
niños y las niñas en el Hemisferio que sean afectados por
conflictos armados, en conjunto con la Relatoría Especial
sobre Derechos del Niño de la CIDH.
Promoverán acciones con el fin de
establecer, fortalecer e implementar políticas
públicas tendientes a asegurar el bienestar y el desarrollo
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y
fomentarán la realización de conferencias, seminarios y
otras actividades nacionales o multilaterales, referidas a los
temas de la infancia y la adolescencia, en especial a lo largo
del año 2001, en el marco del Año Interamericano de la
Niñez y la Adolescencia;
Garantizarán que cada niño y niña en
conflicto con la ley sea tratado en forma consecuente con sus
mejores intereses de conformidad con las obligaciones asumidas
en la Convención sobre los Derechos del Niño, y otros
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
relevantes incluyendo el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; tomando en cuenta las
Reglas
Minimas de las Naciones Unidas para la administracion de
justicia de menores; y proporcionarán oportunidades de
capacitación cuando sea apropiado, incluyendo la instrucción
sobre la concientización sobre género y derechos humanos, a
aquellos que trabajan en la administración de la justicia;
Identificarán, compartirán y promoverán
prácticas óptimas y maneras de abordar el tema, en especial
las que involucran a la comunidad para apoyar a las familias,
en atender las necesidades de los niños, las niñas y los
adolescentes en situación de riesgo y protegerlos contra el
abuso físico o mental, lesiones o violencia, discriminación,
negligencia, maltrato y explotación, incluyendo el abuso
sexual, la explotación comercial y las peores formas de
trabajo infantil según se estipula en el
Convenio 182 de
la Organización Internacional del Trabajo; De conformidad
con las legislaciones nacionales, diseñarán políticas
nacionales y modelos de rehabilitación o sistemas judiciales
para menores, incorporando iniciativas de prevención del
delito y garantizando el debido proceso de la ley, y
permitiendo el acceso a instituciones y a programas de
rehabilitación y reinserción de los niños, las niñas y los
adolescentes delincuentes en la sociedad y sus familias;
Apoyarán y buscarán medios de
cooperación para fomentar las recomendaciones del
Consenso
de Kingston de la Quinta Reunión Ministerial sobre
Infancia y Política Social, celebrada en Kingston, Jamaica en
octubre de 2000, que representa la contribución de la región
a la Sesión Especial de las NU a Favor de la Infancia a
celebrarse en septiembre de 2001;
Alentaran la cooperación para reducir los
casos de sustracción internacional de menores por parte de
uno de sus padres; considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de
la Sustracción Internacional de Menores de 1980, el
Convenio
de la Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional de 1993, y la
Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores
de
1989; y cumplirán las obligaciones emanadas de las mismas
para prevenir y corregir los casos de sustracción
internacional de menores por parte de uno de sus padres;
A fin de proteger y promover los derechos
de los niños y de las niñas, formularán e implementarán
políticas y programas inter-sectoriales, que podrían incluir
la promoción del registro civil de todos los niños y las
niñas, y destinarán los recursos apropiados para emprender
estas tareas; establecerán y apoyarán la cooperación entre
los Estados y la sociedad civil y los jóvenes, para asegurar
la efectiva implementación y seguimiento de los derechos de
los niños y las niñas, incluyendo los indicadores apropiados
para cada país relacionados con la salud, el desarrollo y el
bienestar de los niños y las niñas, y la provisión de
información sobre mejores experiencias mediante los informes
nacionales de los Estados Partes de la
Convención sobre
los Derechos del Niño;
Fomentarán la consulta, participación y
representación de la gente joven en todos los asuntos que les
afectan, proporcionando al acceso a la información confiable
y ofreciendo oportunidades para que ellos expresen sus
opiniones y contribuyan a las discusiones en foros y eventos
locales, nacionales, regionales e internacionales;
Reforzarán el papel de la OPS, el IIN y la CIDH, como
asesores técnicos del GRIC, en todos los aspectos
relacionados con los niños y las niñas, y reconocerán la
importancia de estas instituciones en el seguimiento de las
recomendaciones relevantes de las Cumbres.
Seguimiento Para El Plan
De Acción
Durante nuestra tercera reunión en la ciudad
de Quebec, subrayamos la necesidad de profundizar y ampliar
nuestra cooperación para responder a las necesidades y
aspiraciones de los ciudadanos de nuestros países. Para lograr
este objetivo es fundamental implementar de manera eficaz los
compromisos que hemos asumido. A tal fin:
Reconocemos la función primordial de los
gobiernos en la implementación del Plan de Acción.
Acogemos con beneplácito y promovemos la
amplia cooperación sectorial que existe a nivel ministerial en
las distintas áreas de nuestros gobiernos que son los pilares
fundamentales de la cooperación hemisférica. Encomendamos a
nuestros ministros correspondientes que continúen apoyando la
implementación de los mandatos acordados en este Plan de Acción
y que presenten informes sobre los avances realizados.
Gestión de la Cumbre
Continuamos apoyando al GRIC como cuerpo
principal, que rinde cuentas, a través de los Ministros de
Relaciones Exteriores, del monitoreo de la implementación de los
mandatos de las Cumbres.
Con el propósito de fortalecer el carácter
inclusivo y hemisférico del proceso de la Cumbre de las
Américas, acordamos constituir un Consejo Ejecutivo del GRIC, que
sea representativo de las regiones y que cuente con un Consejo
Directivo permanente compuesto por los anfitriones de las
anteriores, actual y futuras Cumbres, el cual deberá:
- evaluar, fortalecer y apoyar el seguimiento de las
iniciativas de la Cumbre, con la OEA actuando como su
secretaría técnica y memoria institucional al proceso de la
Cumbre;
- maximazar la coherencia entre el proceso de la Cumbre de las
Américas y los mandatos y procesos de Cumbres subregionales;
- profundizar los lazos de asociación y coordinación entre
el proceso de la Cumbre de las Américas y sus instituciones
asociadas (la OEA, el IICA, la OPS, el BID, la CEPAL, el Banco
Mundial), incluyendo el estudio de la conveniencia de
establecer nuevas relaciones con bancos multilaterales
subregionales de desarrollo;
- promover un mayor involucramiento al igual que alianzas con
fundaciones subregionales y grupos de la sociedad civil, tales
como los de los sectores empresariales y voluntarios para
apoyar los mandatos de la Cumbre.
El Consejo Directivo apoyará al Presidente de
la Cumbre en la preparación de las futuras Cumbres, incluyendo la
preparación de las reuniones del Grupo de Revisión de
Implementación de Cumbres.
Implementación y financiación
Subrayamos la necesidad de un diálogo y de una
coordinación permanentes dentro del sistema interamericano a fin
de asegurar la implementación efectiva y eficaz de los mandatos
de la Cumbre.
Acogemos con beneplácito el involucramiento de
nuestros socios institucionales (la OEA, el IICA, la OPS, la
CEPAL, el BID y el Banco Mundial) en todas las etapas del proceso
de la Cumbre de las
Américas y respaldamos:
- el diálogo periódico entre el GRIC y
nuestros socios institucionales para asegurar la coordinación
en la planificación, financiación e implementación de los
mandatos de las Cumbres;
- la participación de los Principales
titulares de las instituciones asociadas en las futuras
reuniones del GRIC a nivel ministerial;
- el fortalecimiento de la colaboración y
la ampliación de los intercambios de información y
conocimientos técnicos entre los Bancos de desarrollo
multilateralesé, las organizaciones interamericanas y los
organismos nacionales, con miras a alentar el uso eficiente de
los recursos, optimizar la eficacia en la ejecución de los
programas, evitar superposición y duplicación de los
mandatos existentes, aumentar las oportunidades de
financiación para los beneficiarios, y asegurar la coherencia
en la implementación de las iniciativas de las Cumbres que
apuntan a lograr una mayor justicia social.
Reconocemos la función esencial que cumplen
los bancos multilaterales de desarrollo y los organismos de
financiación en la movilización de conocimientos técnicos y
recursos que apoyan los objetivos sociales y económicos del Plan
de Acción. Encomendamos a nuestros ministros que, trabajando con
el GRIC, examinen con las instituciones asociadas el apoyo
financiero actual de las iniciativas, y alentamos:
- a nuestros representantes nacionales en
los directorios de estas instituciones a que promuevan el
desarrollo de programas que apoyen los objetivos sociales y
económicos de la Cumbre;
- los esfuerzos que realizan el BID y el
Banco Mundial para proveer conocimientos técnicos y movilizar
recursos en apoyo de iniciativas que responden a las áreas
prioritarias de programación;
- la búsqueda activa de una mejor
comunicación y coordinación entre los coordinadores
nacionales y los directores ejecutivos del BID y del Banco
Mundial, incluyendo la realización de una reunión entre el
GRIC y los directores generales con el objeto de discutir la
implementación de los mandatos de la Cumbre;
- el fortalecimiento, a nivel nacional, de
relaciones entre los ministerios, organismos responsables de
la implementación de los mandatos de la Cumbre y el BID y el
Banco Mundial, con el objeto de asegurar un mayor intercambio
en la planificación e implementación de los mandatos de la
Cumbre;
- a los Ministros de Finanzas del
Hemisferio Occidental, tanto en su calidad de ministros de
finanzas como, cuando sea pertinente, en su calidad de
gobernadores de los bancos multilaterales de desarrollo a que
aumenten su apoyo y compromiso con la agenda de la Cumbre de
las Américas y el apoyo que le prestan en su conjunto.
Instruimos a nuestros Ministros de Finanzas que consideren el
establecimiento de mecanismos financieros para apoyar las
iniciativas de las Cumbres.
- los esfuerzos que realiza la Agencia
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) a
fin asegurar financiación proveniente de fuentes tanto
tradicionales como nuevas, incluyendo nuevos lazos de
asociación con el sector privado,asimismo su empeño para que
los objetivos de la Cumbre orienten la concepción de su Plan
Estratégico 2002-2005.
Reconocemos la función central que la OEA
cumple en apoyo del proceso de la Cumbre de las Américas, y la
función que la Comisión Especial de Gestión de Cumbres
Interamericanas (CEGCI) cumple como coordinador de los esfuerzos
de la OEA en esta materia y como foro para que la sociedad civil
contribuya al proceso de la Cumbre de las Américas.
Instruimos a los Ministros de Relaciones
Exteriores para que en la próxima Asamblea General de la OEA en
San José, Costa Rica, fortalezcan y reformen, cuando sea
necesario, los mecanismos institucionales y financieros de apoyo
de la Organización al proceso de las Cumbres de las Américas en
las funciones de secretaría técnica, y para dar apoyo a las
reuniones ministeriales y sectoriales en los temas relevantes para
la OEA. Asimismo, instruyen la creación de un fondo especifico
para financiar las actividades de apoyo al GRIC.
Apoyamos además que la OEA, las otras
organizaciones interamericanas y los gobiernos nacionales
consideren los modos en que la sociedad civil puede contribuir al
monitoreo e implementación de los mandatos de la Cumbre, a fin de
someterlos como recomendación al GRIC al igual que para continuar
desarrollando mecanismos y sistemas de información que aseguren
la divulgación de información sobre el proceso de la Cumbre de
las Américas y sobre los compromisos asumidos por los gobiernos.
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