ANTECEDENTES .... 03

PROCEDIMIENTOS .... 03

I. LA PRESERVACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DE DEMOCRACIAS COMUNIDAD DE LAS AMERICAS .... 05

Iniciativa 1. El fortalecimiento de la democracia ....05
Iniciativa 2. La promoción y la protección de los derechos humanos .... 14
Iniciativa 5. La lucha contra la corrupción .... 27
Iniciativa 6. La lucha contra el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos .... 30
Iniciativa 7. La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e Internacional .... 37
Iniciativa 8. El fomento de la confianza mutua .... 40

II. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO .... 48

Iniciativa 9. El libre comercio en las Américas .... 48
Iniciativa 13. Las telecomunicaciones y la infraestructura de la información .... 54
Iniciativa 14. La cooperación en ciencia y tecnología ....59

III. LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION EN NUESTRO HEMISFERIO .... 62

Iniciativa 18. El fortalecimiento del papel de la mujer en la Sociedad .... 65

IV. LA GARANTIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS .... 70

Iniciativa 23. La alianza para la prevención de la contaminación .... 70

LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS .... 75

ANTECEDENTES

Mediante la resolución AG.RES. 1349 (XXV-0/95) la Asamblea General creó la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, con el fin de asegurar un seguimiento eficaz, oportuno y apropiado de las actividades encomendadas a la Organización por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas.

Asimismo, instruyó a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas que informara por escrito a los Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Consejo Permanente, sobre el progreso alcanzado en la ejecución de la resolución. Este mandato fue reafirmado por la Asamblea General por medio de las resoluciones AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).

La Asamblea General también encomendó a la Comisión Especial que solicitara y recibiera regularmente informes de cualquier órgano, organismo o entidad de la OEA, los comentara y que, de acuerdo con su mandato, orientara, diera pautas específicas y encargara tareas a dichos órganos, organismos y entidades.

De conformidad con lo anterior, a lo largo de 5 sesiones, se realizó un intercambio de puntos de vista sobre cada una de las iniciativas contenidas en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, en la que la Organización ha cumplido ha cumplido un papel relevante. Para ello la Presidencia solicitó a los órganos, organismos y entidades que preparasen informes de sus respectivas actividades de seguimiento de las iniciativas, los que fueron presentados y comentados por las delegaciones^.

Con fecha 19 de Diciembre de 1997, el Presidente de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas presentó al Consejo Permanente un informe (doc. CP/DOC.2994/2994/97) que se refiere a las tareas emprendidas por la Organización, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de las Américas y los puntos de vista expresados por las distintas delegaciones.

Con fecha 4 de Mayo de 1998, la Comisión Especial consideró informes presentados por los órganos, organismos, oficinas y unidades de la Secretaría General y entidades de la Organización los que, conjuntamente con el informe CP/doc.2994/97, conforman el presente Informe a los Ministros de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 1349 (XXV-0/95), AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).

El presente informe cubre las actividades de los órganos, organismos y entidades de la OEA, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de Miami, hasta el 28 de febrero de 1998.

No obstante lo anterior, se incluyen referencias de actividades desarrolladas con posterioridad a esa fecha pero antes a la II Cumbre de las Américas, en las iniciativas relativas al libre comercio, a las telecomunicaciones y al desarrollo sostenible.

De conformidad con el mandato de informar por escrito, me es grato presentar el Informe de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas al Consejo Permanente para su consideración por los Ministros de Relaciones Exteriores.

I. PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS DE LAS AMERICAS

INICIATIVA 1. EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en la Declaración de Principios:

"La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente.

Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en el beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos a favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organización a favor de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de la región."

Por su parte, en el Plan de Acción, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los Gobiernos:

• Considerarán en forma expedita, cuando aún no lo hayan hecho, la ratificación de los Protocolos de Cartagena de Indias, de Washington y de Managua a la Carta de la OEA.

• Fortalecerán el diálogo entre los grupos sociales y promoverán la participación de las comunidades de base en la solución de los problemas a nivel local.

• Respaldarán las gestiones de la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia a través de los siguientes medios:

- Alentando los intercambios de tecnologías en materia electoral, y asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del estado interesado.

- Fortaleciendo la Unidad para la Promoción de la Democracia, a fin de que, a solicitud del Estado interesado, pueda prestar asistencia en cuestiones tales como procedimientos legislativos y judiciales, reformas al gobierno (incluidas la administración de justicia, la modernización técnica de los órganos legislativos del país, la simplificación de los reglamentos gubernamentales y el fomento de la participación de las organizaciones comunitarias en la democracia local) y otros cambios institucionales.

- Estimulando las oportunidades para el intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas de los Estados miembros, en particular entre sus órganos legislativos y judiciales.

- Promoviendo el entendimiento, el diálogo y la reconciliación política, a petición del Estado afectado y teniendo en cuenta que la reconciliación nacional se logra a través de los esfuerzos internos.

- Solicitando a la OEA que promueva y haga el seguimiento de estos compromisos."

Las acciones de la OEA

La Secretaría General en su calidad de depositaria de los instrumentos jurídicos interamericanos, ha registrado las ratificaciones y adhesiones de los Protocolos de Reforma de la Carta de la OEA -Cartagena de Indias, Washington y Managua-.

Con posterioridad a la Cumbre de Miami:

• El Protocolo de Cartagena de Indias, adoptado en 1985 y vigente desde el 16 de noviembre de 1988, registra una sola ratificación con posteridad a la Cumbre de Miami, Perú, en 1996. De esta forma el número de Estados parte es de 28.

• El Protocolo de Washington, adoptado en 1992, adquirió vigor internacional luego de recibir la vigésima primera ratificación por parte de Venezuela, el 25 de septiembre de 1997. El número de Estados parte alcanza a 21. En el período 1995 a 1997, se produjo el depósito de 12 instrumentos de ratificación o adhesión .

• El Protocolo de Managua, adoptado en 1993, entró en vigor el 29 de enero de 1996. El número de Estados parte suma 28. Entre 1995 y 1997, 21 Estados depositaron el respectivo instrumento de ratificación o adhesión^.

Fortalecimiento de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)

Los compromisos de la Cumbre, reiterados en la Declaración de Montrouis, aprobada con ocasión de la Asamblea General de 1995, condujeron al fortalecimiento de la UPD, la que se ha visto beneficiada con un cierto incremento en la asignación de recursos del Fondo Regular y en una fuerte contribución de recursos externos, provenientes de Estados miembros, Estados observadores y de otras regiones, así como de otras instituciones.

Las actividades de la UPD, en general han estado dirigidas al cumplimiento de los mandatos de la Cumbre. Desde 1994 a 1996, el 92.7% de los fondos utilizados por la Unidad (suman casi 33 millones de dólares) provinieron de fuentes externas, que han sido utilizadas para programas de misiones especiales, incluyendo misiones de observación electoral y programas de apoyo a sociedades de post-conflicto y a la reconstrucción de la paz.

Por otro lado, el Secretario General modificó en 1995 la estructura orgánica de la UPD desde un punto de vista funcional, incluyendo las áreas temáticas de asistencia técnica electoral, fortalecimiento de las instituciones democráticas, información y diálogo y programas especiales.

Cooperación con organismos y procesos electorales

El área de asistencia técnica electoral la UPD ha procurado proveer apoyo a los organismos electorales en los Estados miembros, principalmente en lo referente a la identificación de tecnologías nuevas y confiables, a la organización de eventos regionales para el intercambio de experiencias y conocimientos y de actividades que faciliten el perfeccionamiento institucional y jurídico de los sistemas electorales de aquellos Estados que así lo soliciten.

Conforme a los fines antes señalados, la Organización ha apoyado las iniciativas de instituciones de los Estados miembros que así lo han solicitado. Las actividades se han dirigido a colaborar, bajo distintas modalidades de acción con los organismos electorales de Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Asimismo, y en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se celebró la Conferencia Subregional sobre el Fortalecimiento de los Registros Civiles de Panamá y de Centroamérica, que tuvo lugar en Panamá en noviembre de 1997. De esta forma, 15 Estados han recibido apoyo de la UPD en este ámbito.

Los programas de la UPD contemplan la incorporación de tecnologías destinadas a simplificar el proceso electoral, por considerar que la adopción de técnicas modernas de procesamiento de la información aseguran la eficiencia, integridad y seguridad de los procedimientos, a la vez que disminuyen los costos. Relacionado con este tema se han emprendido misiones de asistencia técnica para la modernización y el fortalecimiento de los Registros Civiles, que son el soporte de la información y actualización permanente de los padrones electorales en la mayor parte de los países.

En 1998 se realizará una reunión de autoridades electorales de las Américas para profundizar los conocimientos y el intercambio sobre tecnologías electorales modernas.

Una labor de especial relevancia ha sido la organización, a solicitud del Estado miembro interesado, de misiones de observación electoral. El objetivo de dichas misiones es contribuir a la transparencia y buen desarrollo del proceso electoral. Las misiones frecuentemente formulan recomendaciones acerca de medidas que podrían adoptarse para mejorar y fortalecer los sistemas e instituciones electorales. La Organización, desde 1989, ha participado en 36 misiones de observación electoral en 15 Estados miembros. De éstas, 10 han tenido lugar con posterioridad a la Cumbre de Miami en los siguientes Estados: Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Surinam, Haití, El Salvador, Colombia y Guyana.

Debe señalarse que algunas misiones de observación electoral, han jugado un papel importante en varios procesos electorales realizados en momentos críticos de post-conflicto o de transición democrática en distintos Estados miembros. La participación de esas misiones fue importante especialmente en contextos de nuevos o recién renovados sistemas electorales, para asistir a las instituciones respectivas, contribuir a la transparencia de los comicios, disuadir prácticas anti-democráticas y aumentar la confianza de la población en las elecciones.

Asimismo, cabe señalar que en varias oportunidades y a solicitud de las partes, las misiones de observación electoral de la Organización han podido servir como conducto informal para el diálogo, la obtención de consensos y la resolución de conflictos.

En términos de asignación de recursos, poco más del 27% de los fondos disponibles de la UPD entre 1994 y 1996 han estado destinados a estos efectos.

En este ámbito, debe consignarse la reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales, que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, los días 16 y 17 de febrero de 1998.

El temario de dicho evento fue el siguiente: Análisis del tema de las contribuciones a las campañas electorales teniendo en cuenta las circunstancias políticas, económicas y sociales en el Hemisferio; análisis de las contribuciones a las campañas electorales: en relación con su naturaleza y límites, en relación con su origen, en relación a la equidad en el proceso; análisis de las características y evolución de las normas legales y mecanismos institucionales que rigen financiamiento de las campañas electorales; evaluación de alternativas para desarrollar y profundizar la cooperación y el intercambio de experiencias en este tema.

Modernización del Estado. instituciones y procesos legislativos

El Plan de Acción de Miami asigna a la Organización la tarea de estimular el intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas, en particular, sus órganos legislativos. Los Estados miembros, por su parte, han solicitado la colaboración de la UPD para llevar adelante programas destinados a mejorar la función fiscalizadora y de control político del parlamento, la eficacia de su capacidad legislativa, la articulación con los demás poderes del Estado y los mecanismos de vinculación con la opinión pública y con los intereses del ciudadano.

Se ha comenzado a desarrollar actividades, focalizándolas principalmente en las tareas de promover y estimular la creación de un cuerpo de información y conocimiento sólido y sistemático sobre el funcionamiento de las instituciones legislativas. Estos conocimientos y la información resultante servirán para modernizar las instituciones legislativas y capacitar en asuntos legislativos a funcionarios, políticos, profesores y estudiantes de Ciencias Políticas y periodistas, entre otros. Estas actividades han incluido el intercambio de experiencias entre legisladores de los Estados miembros, la publicación y difusión de estudios e investigaciones comparativas y actividades de acercamiento entre académicos y legisladores. Los programas de la UPD también han enfatizado la capacitación de asesores y funcionarios legislativos y la asesoría técnica para legisladores y los parlamentos.

En este ámbito, la UPD ha colaborado en algunos programas con los cuerpos legislativos y/o con instituciones académicas especializadas en el análisis de las funciones del poder legislativo en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, así como ha desarrollado programas de apoyo a los Parlamentos regionales de América Central y la Comunidad Andina. Asimismo, se ha colaborado con la Universidad de las Indias Occidentales en la realización de un curso regional para el Caribe de habla inglesa de entrenamiento en Técnicas de Redacción Legislativa.

Debe señalarse también que uno de los objetivos y metodologías de trabajo de la UPD ha sido la promoción de los intercambios de experiencias entre las instituciones democráticas de los Estados. En este sentido, se pueden mencionar ciertas actividades en beneficio de los órganos legislativos, de Ministerios de Educación en materia de educación para la democracia, instituciones electorales, entidades centrales responsables de la descentralización, la participación y los gobiernos locales, y alcaldes del hemisferio. En dos ocasiones, junto con otras instituciones multilaterales, la OEA patrocinó una Conferencia Interamericana de Alcaldes. Este año, participó en la Tercera Conferencia Interamericana de Alcaldes.

Democracia local y participación de las organizaciones comunitarias

El Plan de Acción de la Cumbre de las Américas refleja el compromiso de los gobiernos de fortalecer el diálogo entre los grupos sociales y promover la participación de las comunidades de base en la solución de los problemas al nivel local. Tal compromiso es coherente con las iniciativas de descentralización adoptadas por diversos Estados de la región, como instrumento para la implementación de políticas públicas de distinta naturaleza.

Teniendo presente lo anterior, así como una tendencia creciente en muchos países del Hemisferio hacia una mayor desconcentración y descentralización del poder, un mayor equilibrio del poder central y el poder local y una mayor participación ciudadana en los problemas nacionales, la UPD está trabajando en la elaboración de un programa hemisférico integral en descentralización, gobierno local y participación, a través de actividades de investigación, intercambios de experiencias en reuniones de expertos y de practicantes, seminarios de capacitación, iniciativas de cooperación horizontal y desarrollo de un sistema de información.

Dentro de ese ámbito, la UPD asistió en febrero de 1998 a la reunión del Comité Asesor de la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (EIP). La EIP fue uno de los mandatos derivados de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996, el cual encargó a la Organización de los Estados Americanos la formulación prioritaria de la estrategia mencionada. El objetivo de la reunión fue la consideración del plan de implementación de la EIP, que contempla siete actividades.

Dada la relación de la EIP con los mandatos de la UPD en el área de la participación ciudadana, el objetivo principal de la asistencia de la UPD fue la identificación de puntos de coincidencia con el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana de la UPD y la definición de la colaboración en actividades específicas de la EIP.

Asimismo, a fines de febrero la UPD suscribió con la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) el memorándum de entendimiento para la organización de una reunión de expertos de la región centroamericana, evento que se inscribe en el programa antes señalado. Para la celebración de esta reunión se utilizará una cantidad de recursos asignados por la CEPCIDI.

En la región del Caribe, por invitación del Ombudsman de Antigua y Barbuda, la UPD participó en el Taller Regional sobre el Fortalecimiento del Ombudsman Nacional y las instituciones de derechos humanos en el Caribe. Este Taller se desarrolló del 9 al 12 de marzo de 1998, y fue auspiciado por la Secretaría de la Commonwealth y el Instituto Internacional Ombudsman. Sus objetivos fueron el intercambio de información entre las respectivas oficinas de Ombudsman del Caribe y la capacitación del personal de esas oficinas.

Promoción de las prácticas y los valores democráticos

En este ámbito, la OEA ha orientado sus esfuerzos hacia la promoción de las prácticas y los valores democráticos. En tal sentido, y con el objetivo de colaborar con los Estados miembros, la UPD ha apoyado a instituciones docentes en el desarrollo de programas de educación para la democracia al nivel primario, secundario y universitario, ha iniciado programas de formación de jóvenes líderes políticos y ha capacitado y apoyado el desarrollo y aplicación de métodos y mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

Así, la UPD ha colaborado en programas de educación para la democracia en Grenada, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. A través de eventos subregionales, se ha apoyado igualmente el intercambio de experiencias sobre el tema de la enseñanza de los valores y prácticas democráticas en las escuelas de los países de Centroamérica y del MERCOSUR. Un programa de educación cívica para el Caribe está actualmente bajo consideración. En el mismo sentido, puede citarse el programa de promoción del diálogo y capacitación en técnicas de tratamiento y manejo de conflictos que se lleva a cabo en Guatemala.

Con todo, estas tres áreas -Modernización del Estado. Instituciones y Procesos Legislativos; Democracia Local y Participación de las Organizaciones Comunitarias; y Promoción de las Prácticas y los Valores Democráticos- sólo han sido desarrolladas de acuerdo a una asignación de recursos limitada, que en total representa sólo un poco más del 5% de los fondos disponibles para la UPD entre 1994 y 1996.

Diálogo y reconciliación política

La OEA, sobre la base de los encargos del Plan de Acción, y teniendo presente una solicitud del Estado afectado, ha actuado en apoyo de varios procesos de reconciliación política, a través de programas o misiones especiales, respaldando la consolidación de las instituciones democráticas y el mantenimiento de un clima de paz.

Los programas que se han desarrollado en este campo, representan, en general, iniciativas que van más allá de la cooperación técnica tradicional o de los servicios generales de apoyo: comprenden para la OEA actividades de gran envergadura e impacto, que involucran esfuerzos integrales sustantivos, una cantidad importante de recursos humanos y financieros y una presencia significativa en el territorio de los países involucrados.

En este sentido, la UPD ha colaborado con varios Estados miembros en situaciones de post-conflicto o de transición democrática, en áreas tales como asesoría y seguimiento de negociaciones de paz, promoción del diálogo, prevención y resolución de conflictos, reconstrucción nacional, reinserción de ex-combatientes, verificación y promoción de derechos humanos y fortalecimiento de instituciones democráticas del Estado y de la sociedad civil.

En este contexto, deben mencionarse los programas o misiones especiales que se llevan a cabo actualmente en Guatemala (Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz); Haití (Misión Internacional Civil OEA/ONU-MICIVIH); Nicaragua (hasta junio de 1997, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación y, actualmente, el Programa de Cooperación OEA con Nicaragua) y Surinam (Misión Especial para Surinam).

Las actividades emprendidas en la región centroamericana, especialmente en Nicaragua y Guatemala, han sido reconocidas como una contribución real y efectiva de la OEA al desarrollo y perfeccionamiento institucional y a la promoción de las libertades individuales.

En Haití, por su parte, la labor que la OEA ha ejecutado junto con Naciones Unidas, para la implementación de los programas destinados a consolidar las instituciones democráticas, ha sido resaltada como un esfuerzo significativo de cooperación.

Finalmente, cabe resaltar por sus resultados positivos el Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica, iniciativa que se inscribe en una creciente y profunda preocupación de la comunidad internacional por las graves consecuencias que las minas antipersonales generan.

En términos de asignación de recursos, los programas contemplados en este acápite representaron más de dos tercios de los recursos a disposición de la UPD entre 1994 y 1996.

Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano (CJI) ha desarrollado las siguientes acciones:

En el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el CJI consideró el Informe titulado "La Democracia en el Sistema Interamericano", que remitió al Secretario General a fin de que lo ponga a disposición de los órganos de la Organización a los que corresponda tratar el tema. En el período de sesiones de marzo de 1995, el CJI consideró el Informe Complementario sobre la Democracia en el Sistema Interamericano y adoptó una resolución (CJI-RES-I-3-95), en la cual constató y enumeró los principios y normas que la Organización y sus Estados miembros observan en relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. También resolvió proponer a los correspondientes órganos de la Organización diversas medidas tendientes al efectivo desarrollo progresivo del Derecho Internacional en relación al tema.

Asimismo, el CJI resolvió poner especial énfasis en identificar y tipificar el eventual hecho ilícito internacional contra el ejercicio efectivo de la democracia representativa y estudiar la responsabilidad que de él se puede derivar para el Estado y los individuos la posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral la relación entre el ejercicio efectivo de la democracia representativa, la paz y seguridad Internacional, y los derechos humanos y el alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa.

El día 21 de febrero de 1997, se realizó el Seminario sobre "La Democracia en el Sistema Interamericano", en la ciudad de Washington, D.C. Dicho Seminario fue organizado por el CJI, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la UPD, con la participación de Representantes de las Misiones Permanentes ante la OEA y expertos invitados. Los trabajos de este Seminario han sido publicados recientemente por la Secretaría General.

INICIATIVA 2. LA PROMOCION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

De conformidad al Plan de Acción de la Cumbre de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron los siguientes compromisos en el campo de la promoción y protección de los derechos humanos:

• "Considerarán seriamente la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que aún no sean parte.

• Cooperarán plenamente con todos los órganos de derechos humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

• Desarrollarán programas para la promoción y la observancia de los derechos humanos, incluidos programas educativos para informar a la población de sus derechos legales y de su obligación de respetar los derechos de los demás.

• Promoverán políticas para garantizar que las mujeres disfruten plena e igualitariamente de los derechos jurídicos en sus familias y sociedades, y para garantizar la eliminación de restricciones a su plena participación como votantes, candidatas y funcionarias por elección y por nombramiento.

• Revisarán y fortalecerán las leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Apoyarán un proceso para estudiar y aumentar la protección de los derechos de los indígenas en los Estados miembros de la OEA y elaborarán con prontitud una firme declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas.

• Revisarán la legislación nacional que afecte a los discapacitados, así como sus beneficios y servicios, y harán los cambios necesarios para facilitar que esos individuos disfruten de los mismos derechos y libertades que los demás miembros de la sociedad.

• Emprenderán todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños y, en caso de que todavía no lo hayan hecho, considerarán seriamente la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

• Garantizarán la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migrasteis y de sus familias.

• Adoptarán las medidas necesarias para remediar las condiciones inhumanas en las cárceles y reducir al mínimo el número de detenidos en espera de juicio.

• Revisarán los programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, así como las relaciones con la comunidad.

• Intercambiarán experiencias sobre la protección de los derechos humanos a nivel nacional y, cuando sea posible, colaborarán en la elaboración de programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley y las fuerzas de seguridad, así como de otros programas que disminuyan la posibilidad de violaciones de los derechos humanos.

• Solicitarán a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establezcan o fortalezcan, según el caso, los programas para apoyar los proyectos nacionales destinados a la promoción y la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio Occidental.

• Fortalecerán aún más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."

Las acciones de la OEA

La Organización, a través de sus órganos, en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emprendido diversas iniciativas destinadas a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en el Plan de Acción de Miami. Otras entidades del Sistema Interamericano también han emprendido acciones en el campo de los derechos humanos.

Adhesión a instrumentos de derechos humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos,"Pacto de San José", no registró con posterioridad a la Cumbre de Miami ninguna ratificación o adhesión. Merece consignarse el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho por El Salvador el 6 de junio de 1995. El número de Estados parte de esta Convención es de 25, y la última ratificación data de 1993^.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", cuenta con 9 ratificaciones o adhesiones, de las cuales 6 se produjeron después de la Cumbre. En efecto, depositaron los respectivos instrumentos de ratificación: Perú, el 4 de junio de 1995; El Salvador, el 6 de junio del mismo año; Uruguay, el 2 de abril; México, el 16 de abril y Brasil, el 21 de agosto, todos en 1996, y Paraguay el 3 de junio de 1997. Conviene tener presente que este Protocolo aún no entra en vigor internacional, ya que para ello requiere del depósito de 11 instrumentos de ratificación o adhesión^.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adquirió vigor internacional en 1996. Después de la Cumbre, durante 1996, los siguientes Estados se hicieron parte: Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay.

El Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,vigente desde el 28 de abril de 1991, ha recibido dos ratificaciones adicionales después de la Cumbre: Brasil, el 13 de agosto de l996 y Ecuador, el 15 de abril de 1998.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adquirió vigencia internacional el 5 de marzo de 1995. Conviene señalar que hasta ahora es el instrumento convencional de derechos humanos que mayor número de Estados parte tiene: 27, y un solo Estado suscriptor. Así, y después de la Cumbre de Miami, se registraron 14 ratificaciones durante 1995, 11 en 1996 y una durante 1997

La Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura no ha registrado, luego de diciembre de 1994, ninguna ratificación o adhesión.

Poblaciones y comunidades indígenas

En este ámbito, la principal actividad ha estado centrada en la culminación del proceso de elaboración del proyecto de "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", tarea que la Asamblea General había encomendado en 1989 a la CIDH. El respaldo que dicha iniciativa recibe con el Plan de Acción de Miami, permitió que la CIDH concluyera un primer borrador en 1995, que fue objeto de un amplio proceso de difusión y consulta, en el que participaron los gobiernos, las organizaciones indígenas y el Instituto Indigenista Interamericano. Dicho proyecto fue aprobado por la CIDH en marzo de 1997 y enviado al Consejo Permanente.

La Asamblea General de Lima, en 1997, mediante la resolución AG/RES.1479, dispuso que los Estados miembros presenten al " Consejo Permanente -órgano en que quedó radicada la consideración del referido proyecto-, antes del 31 de diciembre de 1997, sus observaciones y recomendaciones". Enseguida, encargó al "Comité Jurídico Interamericano y al Instituto Indigenista Interamericano que, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que presenten los Estados miembros, transmitan al Consejo Permanente sus comentarios." Finalmente, se convocará a una reunión de expertos gubernamentales sobre la materia.

El Comité Jurídico Interamericano, de conformidad con la resolución antes señalada, examinó dicho Proyecto de Declaración y formuló sus observaciones en el curso del período ordinario de sesiones celebrado en marzo de 1998, las que serán remitidas próximamente al Consejo Permanente.

La CIDH está prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y ha incorporado esta temática en sus labores de promoción.

Programas para la promoción

Desde la Cumbre de las Américas, la CIDH ha continuado fortaleciendo las actividades de promoción de los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos; ha dado a conocer las funciones y competencias de los órganos dedicados a estos propósitos y ha realizado cursos de capacitación para agentes públicos, académicos e interesados en general en esta temática.

El reforzamiento de esta línea de trabajo ha permitido a la CIDH, además de ir satisfaciendo una creciente demanda formulada por los Estados, establecer y acrecentar, según el caso, vínculos directos y más estrechos con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, los Ombudsman y otras instituciones similares que existen en varios países de la región.

La CIDH diseñó un seminario tipo modular de presentación y discusión de los procedimientos y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el cual puede realizarse en cualquier Estado miembro que así lo solicite. Se han efectuado estos seminarios en Brasil, Paraguay y Argentina, con la participación de varios centenares de funcionarios judiciales de esos países y funcionarios invitados de países vecinos.

La CIDH ha ampliado su programa de becas " Rómulo Gallegos" para jóvenes profesionales que realizan pasantías de diez meses en su Secretaría Ejecutiva.

Los Comisionados y especialistas legales de la Secretaría Ejecutiva participan en forma regular en reuniones técnicas sobre temas de derechos humanos e imparten cursos especiales en distintas universidades e institutos de formación militar de la región.

Cabe resaltar que durante 1995, la CIDH brindó su apoyo a la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia en Haití (CNVJ). En la etapa inicial, la Unidad de Investigación de la CNVJ, integrada por 50 investigadores encargados de recoger información sobre abusos de derechos humanos, estuvo dirigida por una profesional de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

En cuanto a difusión, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la CIDH mantienen un servicio de publicaciones y distribución de sus informes.

En cumplimiento del mandato encomendado por Asamblea General, la CIDH elaboró un Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos, que decidió elevar al Consejo Permanente. Dicha propuesta busca impulsar y coordinar actividades ya en ejecución y otras a desarrollarse, con la colaboración de organizaciones interamericanas; instituciones nacionales públicas y la sociedad civil. Sus tres áreas principales están orientadas a difundir la normativa, mecanismos y jurisprudencia del sistema interamericano; a fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos; y a lograr la incorporación de la enseñanza de los derechos humanos en los sistemas educativos.

La CIDH también ha continuado trabajando con los órganos gubernamentales de derechos humanos, en particular las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de distintos países, los Comisionados (ombudsman) y otros similares. Los Comisionados y especialistas de la Secretaría Ejecutiva siguen participando en reuniones técnicas sobre temas de derechos humanos e impartiendo cursos especiales en distintas universidades e institutos de la región.

Derechos de la mujer

La CIDH, a través de un Comisionado Relator Especial, ha emprendido un estudio sobre la compatibilidad de las leyes y prácticas de los Estados miembros de la OEA relativas a la situación jurídica de la mujer con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En mayo de 1995, el Relator Especial convocó a una Reunión de Expertos con la colaboración del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para analizar la posibilidad de preparar un cuestionario sobre las leyes y prácticas nacionales que influyen sobre la mujer. En marzo de 1996, se realizó una Segunda Reunión de Expertos destinada a completar la elaboración de dicho cuestionario. Juntamente con esta reunión, la CIDH organizó una conferencia titulada "La Mujer, los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano: Agenda para la Acción", en cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Washington College of Law.

En julio de 1996, la CIDH envió cuestionarios a los Estados miembros de la OEA, que consultaba sobre diversos aspectos relacionados con la situación de la mujer. A la fecha, 13 países han brindado la información solicitada. En el primer semestre de 1997, la CIDH envió el cuestionario a unas 100 organizaciones no gubernamentales de la región.

Por otra parte, cabe mencionar que por iniciativa de la CIDH, tuvo lugar en Washington en marzo de l997, el Segundo Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Derecho de la American University, con participación de más de 40 universidades de la región, evento que puso especial énfasis en los derechos de la mujer. Comisionados y funcionarios de la CIDH participaron como jueces.

En el marco de su sistema de casos individuales, la CIDH emitió dos informes contenidos en su Informe Anual de 1996 relacionados con violaciones de derechos humanos de la mujer y ha empezado a recibir más peticiones por violencia basadas en razones de género. Además, en sus actividades de seguimiento e informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en varios Estados miembros está considerando la situación específica de los derechos de la mujer.

En su último período ordinario de sesiones (1998), la CIDH consideró y aprobó el Informe del Relator Especial sobre Derechos de la Mujer, el cual analiza la legislación y la práctica de los Estados miembros con miras al cumplimiento de las obligaciones de respetar los derechos de la mujer establecidos en la Convención Americana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Asimismo, provee información sobre la manera en la que los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos pueden ser utilizados para remediar las deficiencias legislativas que afectan los derechos de la mujer y presenta un número de conclusiones preliminares sobre temas tales como garantías institucionales y legales; capacidad jurídica; derecho de participar en asuntos públicos; derechos a la vida y a la integridad física; y derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. El informe concluye con un número de recomendaciones relativas a la supresión de la discriminación de facto y de jure y sus consecuencias, y al cumplimiento de los objetivos planteados en el marco del sistema regional. La CIDH ha puesto énfasis en recomendar a los Estados miembros que identifiquen las prácticas que tienen el propósito o efecto de discriminar por razones de género y reformen su legislación a fin de que esas deficiencias sean eliminadas antes del año 2000. También se ha hecho un Ilamamiento a los Estados miembros para que evalúen los recursos legales previstos en la legislación interna, a fin de desarrollar y reforzar su disponibilidad y efectividad en esta área. El Informe será publicado e incluido in extenso en el Informe Anual de la CIDH para 1997, que será sometido a la Asamblea General de la OEA en Caracas.

En cuanto a las tareas a desarrollar en el futuro inmediato, la Relatoría ha indicado que estarán centradas en el problema de la violencia contra la mujer y la utilización de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos con el fin de prevenirla, sancionarla y erradicarla.

La CIDH ha decidido establecer un Fondo Voluntario sobre Derechos de la Mujer, que está abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y entes privados.

Derechos de los discapacitados

En el marco de la OEA, la consideración y adopción del proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razones de Discapacidad ha constituido, después de la Cumbre de 1994, la principal actividad que se ha desarrollado en esta área. Dicha iniciativa, que fue presentada por Panamá, ha recibido ya los comentarios y observaciones de varios Estados miembros, del Comité Jurídico Interamericano, de la OPS, de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

De conformidad con la resolución 1487, aprobada en la Asamblea General de Lima, el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado de los discapacitados, celebrará una reunión extraordinaria, con la participación de los expertos legales u otros que designen los Estados miembros, con el fin de someter el proyecto de Convención a la consideración del vigésimo octavo período ordinario de sesiones de Asamblea General, en 1998. El Consejo Permanente ha decidido que dicha reunión extraordinaria tenga lugar en 1998. En efecto, dicho Grupo sostuvo una sesión especial los días 3 y 4 de marzo, ocasión que permitió aprobar varios artículos del referido proyecto convencional.

Derechos de los niños

El Instituto Interamericano del Niño (IIN), después de la Cumbre de Miami, se encuentra empeñado en un proceso de promoción de los derechos del niño. En tal sentido, y luego de la elaboración de un inventario con todas las actividades de los órganos y organismos del sistema interamericano referidas a la situación de la niñez, el IIN deberá presentar a la próxima Asamblea General un programa de acción concertada para la niñez de las Américas, que propugne "el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas y los niños de la región, tanto en el plano social como en el económico, el educativo, el científico y el tecnológico, y la plena vigencia de todos sus derechos", conforme a la resolución 1522, aprobada en la Asamblea General de Lima.

Conviene tener presente, por otra parte, que el IIN participó en la Cumbre a favor de la infancia de América Latina y el Caribe, que organizó el Gobierno de Colombia en marzo de 1998. Los temas de la agenda de esta reunión fueron : Trabajo infantil; Violencia Intrafamiliar; Participación de la niñez en los conflictos armados y Explotación sexual. Sobre este último punto, cabe consignar que el IIN ha incorporado en su agenda el tema de la Explotación sexual. A tal fin, se ha encargado a un consultorio independiente la preparación de un documento marco que sirva de punto de partida para las deliberaciones de un Seminario sobre la materia, que recibirá apoyo financiero del BID.

Por su parte, conviene tener presente que la CIDH, en sus últimos Informes Anuales, se ha referido a problemas específicos que afectan a la población infantil como el de los "niños de la calle", la situación de los niños en establecimientos de internación, la explotación sexual infantil y los derechos socio-económicos especialmente a la salud y a la educación y los derechos de la niñez indígena.

Derechos de los trabajadores migrantes

La CIDH, en mayo de 1996, decidió iniciar la consideración del tema de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias en el hemisferio, con vistas a la preparación de un informe sobre el particular. En Panamá, la Asamblea General de la OEA, mediante la resolución 1404, dispuso que la CIDH efectúe una evaluación sobre la situación de este grupo de personas.

La CIDH constituyó un Grupo de Trabajo integrado por Comisionados y abogados especialistas de su Secretaría Ejecutiva, cuyo propósito será estudiar la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, sin entrar al análisis de problemas como los de las "personas desplazadas en el ámbito interno", los "apátridas" o los "refugiados".

El Grupo de Trabajo emprendió la primera fase de su labor, que consiste en entablar contacto con organizaciones internacionales, regionales y nacionales, que interactúan con los trabajadores migrantes, a fin de recibir información sobre éstos que permita identificar y definir sus problemas.

Actualmente el Grupo está dedicado a analizar la información que proporcionaron esas organizaciones y proseguirá sus consultas con diversas entidades para ampliarla. También se realizarán visitas a las áreas donde existan concentraciones considerables de trabajadores migrantes, a fin de evaluar directamente su situación.

Asimismo, el Grupo se encuentra preparando un cuestionario sobre la situación de los trabajadores migrantes que se remitirá a todos los Estados miembros de la OEA. También se preparará un cuestionario separado que se remitirá a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con trabajadores migrantes en forma cotidiana, con el fin de obtener una evaluación directa de su situación.

Con esos antecedentes, la CIDH preparará un informe de evaluación sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias.

Durante su nonagésimo octavo período de sesiones, la CIDH consideró el informe de avance de asuntos relacionados con la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y aprobó sendos cuestionarios a ser enviados a los Estados miembros de la OEA, y a organizaciones, ya sea intergubernamentales o no gubernamentales, especializadas en el tema.

A fin de fortalecer las actividades que la CIDH está desarrollando sobre la materia, se decidió establecer un Fondo Voluntario sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, que está abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y entes privados.

Condiciones carcelarias

La CIDH estableció un Grupo de Trabajo para estudiar las condiciones de detención en las Américas, acordando que una vez concluido el estudio, emitiría el informe correspondiente y prepararía un instrumento para establecer un código uniforme de organización y normas mínimas, consecuente con el derecho internacional, que sirva de modelo a los Estados miembros para la administración penitenciaria y el tratamiento de la población reclusa.

Se enviaron cuestionarios a los gobiernos de los Estados miembros, en los que se solicitó información sobre las condiciones de detención y de los establecimientos carcelarios en sus respectivos países. Los cuestionarios también se enviaron a organizaciones no gubernamentales interesadas en las condiciones de detención en el hemisferio. Hasta la fecha han respondido 26 Estados miembros y 14 organizaciones no gubernamentales.

La CIDH ha realizado visitas específicas a centros de detención y prisiones en varios países, tanto en sus visitas de observación general, como en misiones especiales dedicadas a ese propósito, para obtener conocimiento directo sobre las condiciones de detención.

La Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1404 (XXVI-0/96), recomendó "a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe considerando con carácter prioritario el tema de la adopción de medidas necesarias para remediar las condiciones de los detenidos en espera de juicio y de la sobrepoblación de las cárceles y que informe al respecto al próximo período de sesiones de la Asamblea General".

El Grupo, durante 1997, ha seguido con sus actividades de evaluación, con vista a la preparación del informe sobre "Condiciones de Detención en las Américas", que será presentado a la consideración de la Asamblea General.

Durante 1998, la CIDH continuó con la preparación de su informe especial sobre "Condiciones de detención y encarcelamiento en las Américas", cuya Relatoría está a cargo de dos Comisionados.

Capacitación de agentes de la ley y fuerzas de seguridad

La CIDH participó en una reunión auspiciada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá en julio de 1997, con la participación de representantes gubernamentales militares y civiles de más de doce países miembros. En esa reunión los representantes gubernamentales convinieron en que la capacitación de agentes de la ley y fuerzas de seguridad se concrete en planes nacionales que incorporen la formación en derechos humanos.

La CIDH ha realizado además visitas especiales y reuniones con distintos centros militares de la región, referidos a los aspectos curriculares de la formación en derechos humanos de la oficialidad militar y de seguridad.

Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En la Cumbre de las Américas los gobiernos asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Declaración de Montrouis, adoptada en la Asamblea General, de 1995, se manifestó que " ... en el sistema interamericano existe una valiosa experiencia y un bien ganado prestigio en los campos de la promoción y la protección de los derechos humanos, que justifica que los Estados miembros otorguen un decidido respaldo a sus órganos, incluida la dotación de mayores recursos financieros y humanos para el cumplimiento de sus fines; igualmente, que se realice una evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos con miras a iniciar un proceso de reflexión que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad, si fuere necesario, de introducir reformas en los instrumentos correspondientes, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

En 1996, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente " realizar una evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos con miras a iniciar un proceso que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad de reformar los instrumentos jurídicos correspondientes, así como sobre métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitará la colaboración de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...".

En el curso de 1996 y 1997 se analizaron los diversos aspectos comprendidos en el mandato de evaluación del sistema. En tal sentido, merecen consignarse diversas iniciativas y propuestas: el Secretario General presentó el documento " Hacia una Nueva Visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" (CP/doc.2828/96 de 26 de noviembre de 1996); la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró, a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente, un documento titulado "La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones y Retos" (OEA/Ser.G, CP/CAJP-1130, del 26 de noviembre de 1996); la CIDH organizó un seminario sobre "el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos", que tuvo lugar en Washington del 2 al 4 de diciembre de 1996, y la CAJP del Consejo Permanente celebró una sesión especial con la asistencia de expertos gubernamentales del 2 al 4 de abril de 1997.

La Asamblea General celebrada en 1997, a la luz de las actividades realizadas en el seno de la Organización, adoptó dos resoluciones: AG/Res.1488 , titulada "Evaluación del Funcionamiento y el Perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos" y AG/RES. 1489, denominada "Promoción Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano". La primera de ellas encomienda al Consejo Permanente que "a fin de fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, continúe la consideración integral de los distintos aspectos relativos al mismo (sistema de derechos humanos), formulando recomendaciones, de considerarlo adecuado y a través de los órganos correspondientes, sobre eventuales reformas a los instrumentos jurídicos aplicables." En la segunda resolución se acogen las conclusiones de la Sesión Especial de la CAJP sobre promoción internacional de los derechos humanos y encomienda a la CIDH que elabore un proyecto de Programa Interamericano de Promoción Internacional de los derechos Humanos para someterlo a la consideración del Consejo Permanente.

En concordancia con el objetivo prioritario establecido por el Plan de Acción respecto al fortalecimiento del sistema, la CIDH ha desarrollado una amplia y creciente actividad cumpliendo su mandato de promover y defender los derechos humanos en el hemisferio. A partir de 1995 se incrementaron las siguientes actividades de la CIDH: se realizaron un promedio anual de más de tres períodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, ampliándose el período de duración de cada sesión; se llevaron a cabo 11 misiones de observación in loco, de carácter general y de orden temático, además de varias visitas especiales de contacto con autoridades y de observancia de cumplimiento de acuerdos. También se incrementó el número de casos tramitados y decididos de solicitudes de medidas cautelares a gobiernos, así como el número de procedimientos de soluciones amistosas.

La CIDH ha desarrollado una amplia actividad en materia de protección de los derechos humanos a través de su sistema de peticiones individuales. En tal sentido, cabe destacar que en el Informe Anual de 1995 aparecen 9 casos que fueron aprobados para su publicación. En el Informe Anual de 1996 se publicaron 31 informes.

En los años 1995 y 1996, la CIDH y la Corte han incrementado sustancialmente sus relaciones como resultado del mayor número de casos que la Comisión ha presentado a la Corte, así como de las medidas provisionales solicitadas. Asimismo, la coordinación entre los dos órganos del sistema interamericano se ha visto beneficiada con la realización de reuniones conjuntas, que han provisto un marco adecuado para el intercambio de experiencias y la coordinación de actividades.

Durante 1997, la Corte en pleno y sus secretarías sostuvieron una reunión de trabajo en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica con algunos comisionados y con los secretarios de la Comisión Interamericana.

En dicha reunión se tomaron acuerdos importantes sobre aspectos procedimentales e institucionales, entre los que cabe destacar la elaboración de propuestas para la próxima reunión sobre la representación de las víctimas ante la Corte, así como la idea de informar a la Asamblea General de la OEA para que durante las Asambleas Generales se incorpore un capítulo o subcapítulo para debatir el cumplimiento de las sentencias de la Corte y las resoluciones de la Comisión, dando audiencia previa a los Estados involucrados

El Seminario organizado por la CIDH arribó a una serie de conclusiones orientadas al perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las mismas señalan que el proceso de perfeccionamiento debe centrarse en la modificación de los Reglamentos de los órganos del sistema, ya que los problemas que presenta el sistema son principalmente de carácter procedimental, por lo que su solución no requiere de la reforma o modificación del texto del Pacto de San José.

En tal sentido, la Corte revisó su Reglamento durante el XXIII Período Ordinario de Sesiones y promulgó uno nuevo que entró en vigor el 1º de enero de 1997. Este Reglamento tiene la virtud de haber reorganizado el procedimiento ante la Corte para adecuarlo a situaciones más acordes con la naturaleza de un proceso internacional de derechos humanos y darle más celeridad al proceso, eliminando algunos actos procesales que respondían más al litigio internacional entre Estados. Sin embargo, el cambio más radical fue la reforma introducida para darle a las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares participación directa e independiente de la Comisión ante el proceso de la Corte en la etapa de reparaciones.

Con esta reforma, la Corte cumple en forma parcial, con la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1488.

Otra de las medidas tomadas por la Corte para fortalecer el sistema ha sido el incremento de los períodos de sesiones a cinco durante 1997.

En la actualidad, con el incremento de envío de casos por parte de la Comisión a la Corte (dos en 1997 y dos más en lo que va del presente año) asciende a 28 el número de asuntos en trámite ante el tribunal.

Por otra parte, la CIDH ha acrecentado su acción y relaciones de trabajo con entidades nacionales, de la OEA, del sistema de Naciones Unidas y de otros sistemas regionales.

En cuanto a la Corte, conviene señalar las siguientes actividades realizadas durante 1997:

• Reunión de la Corte con la Corte Europea de Derechos Humanos los días 4 y 5 de noviembre, oportunidad en que se trataron temas de interés común para ambos tribunales y en especial se estudiaron la evolución reglamentaria y jurisprudencial de uno y otros órganos jurisdiccional, los efectos de la entrada en vigor del Protocolo XI y cambios en la estructura de la Corte Europea y la posibles modificaciones al sistema interamericano de derechos humanos.

• Suscripción de un Convenio de Cooperación con el Instituto Internacional de Derechos Humanos, el 8 de julio.

• Convenio con el Centro Danés de Derechos Humanos, con el propósito de proporcionar al Departamento Legal de la Secretaría de la Corte los servicios profesionales de un abogado europeo.

• Colaboración con la Asociación Costarricense de Derecho Internacional en la implementación de la ‘Competencia Interamericana sobre Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga’.

INICIATIVA 5. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:

"La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas."

En el Plan de Acción de Miami los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

• Promoverán el debate público sobre los problemas más importantes que enfrente el gobierno y establecerán prioridades para efectuar las reformas necesarias que permitan lograr transparencia y rendición efectiva de cuentas de las funciones de gobierno.

• Garantizarán la debida supervisión de las funciones gubernamentales fortaleciendo los mecanismos internos, entre ellos la capacidad de investigación y cumplimiento de las leyes con respecto a los actos de corrupción y facilitando el acceso del público a la información necesaria para un escrutinio externo significativo.

• Establecerán normas sobre conflicto de intereses para los empleados públicos, así como medidas eficaces contra el enriquecimiento ilícito, entre ellas la imposición de sanciones rigurosas a aquellos que utilicen sus cargos públicos en beneficio de intereses particulares.

• Harán un llamado a los gobiernos del mundo para que adopten y hagan cumplir las medidas contra el soborno en todas las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio; con este fin, invitarán a la OEA a que establezca vínculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales.

• Elaborarán mecanismos de cooperación en los sectores bancario y judicial para que sea posible una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales de los casos de corrupción.

• Darán prioridad al fortalecimiento de los reglamentos y las compras gubernamentales, la recaudación de impuestos, la administración de justicia y los procesos electoral y legislativo, utilizando el apoyo del BID y de otras instituciones financieras internacionales cuando así proceda.

• Desarrollarán en la OEA, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores público y privado que incluya la extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional."

Las acciones de la OEA

Dos mandatos recayeron directamente en la Organización: el establecimiento de vínculos entre la OEA y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales y el desarrollo de un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores público y privado, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico. Ambos encargos se han materializado.

En efecto, respecto del primer encargo se ha establecido un contacto inicial con la OCDE y existe un intercambio de información entre las Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y los órganos competentes de la organización europea.

En cuanto al segundo compromiso, la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, constituye el logro principal, convirtiéndolo en el primer instrumento multilateral en su género. Su rápida entrada en vigor, que se produjo el 6 de marzo de 1997, treinta días después del depósito de la segunda ratificación, es una prueba elocuente del éxito alcanzado en el establecimiento de este marco jurídico de cooperación de lucha contra la corrupción. A la fecha, son 24 los Estados signatarios y 9 los Estados parte del Acuerdo .

La Convención ha permitido, por otra parte, que los Estados avancen en el desarrollo y perfeccionamiento de figuras que no están contempladas en todos los ordenamientos jurídicos nacionales, como acontece con el enriquecimiento ilícito y soborno transnacional. Se encargó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de legislación modelo respecto de las actividades antes mencionadas.

En agosto de 1996, el Comité estudió diversos documentos presentados por sus miembros así como el documento ‘’Algunos Elementos para la Preparación de Legislación Modelo Relativa a Enriquecimiento Ilícito y Soborno Transnacional’’ (CJI/doc.15/97), preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, y emitió la resolución CJI/RES.1-1/97 mediante la cual resuelve aprobar el informe preparado por los relatores titulado ‘’Elementos para la Preparación de Legislación Modelo con respecto al Enriquecimiento Ilícito y el Soborno Transnacional’’ (CJI/SO/I/doc.12/97), como un aporte preliminar del Comité hacia la elaboración posterior de legislación modelo en la materia.

Durante su LI período de sesiones realizado en agosto de 1997, el Comité Jurídico examinó el tema y adoptó la resolución CJI/RES.13/LI/97 ‘’Legislación Modelo con Respecto al Soborno Transnacional y el Enriquecimiento Ilícito’’, mediante la cual decidió continuar analizando la naturaleza del aporte del Comité que sería más apropiado para que el derecho positivo interno incorpore las conductas relativas al soborno transnacional y al enriquecimiento ilícito.

Teniendo presente los términos de la Convención antes señalada, y muy particularmente aquellas disposiciones que implican la adopción de acciones por parte de los Estados, tanto al interior de ellos, como en el ámbito de la cooperación internacional, la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en Lima, en 1997, aprobó el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, el cual establece acciones tendientes a perfeccionar los instrumentos jurídicos para combatir la corrupción, fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra ese flagelo, estrechar los vínculos con otros organismos internacionales y promover la participación de la sociedad civil en esa tarea. La Asamblea General encomendó la implementación de este Programa a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, bajo la supervisión del Consejo Permanente. Finalmente, cabe tener presente que la Secretaría General, a través de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, posee un centro de documentación, que cuenta con la legislación de diversos países del hemisferio sobre corrupción.

En la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales se adoptaron las siguientes recomendaciones: Que se continúe con la labores de recopilación de la legislación relativa a las contribuciones a las campañas electorales; que se promuevan las acciones tendientes al intercambio de información legislativa; brindar asesoría legislativa a solicitud de los Estados miembros interesados; desarrollar proyectos de legislación modelo y estudios de legislación comparada en relación con las contribuciones a las campañas electorales; propiciar la divulgación de las medidas adoptadas para controlar las contribuciones a las campañas electorales en los distintos países; estimular el intercambio de informaciones y experiencias entre las instituciones encargadas en cada uno de los Estados de supervisar el desarrollo de las campañas electorales; realizar el intercambio de información y proyectos destinados a lograr el control del financiamiento ilegal que transciende las fronteras nacionales; propiciar la realización de encuentros académicos y de instituciones de la sociedad civil a fin de analizar los problemas suscitados por las contribuciones a las campañas electorales;.celebrar una reunión en el transcurso del año a los fines de continuar evaluando el tema sobre contribuciones en campañas electorales; que el Consejo Permanente, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, siga considerando el tema sobre contribuciones en campañas electorales y, de considerarlo pertinente, constituya un Grupo de Trabajo dedicado a esta materia.

INICIATIVA 6. LA LUCHA CONTRA EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS Y DELITOS CONEXOS

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:

"Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, sobre la salud pública y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución de narcóticos, así como contra el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas y sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos."

En el Plan de Acción de Miami los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

• Ratificarán la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y convertirán en delito el lavado del producto de cualquier delito grave.

• Promulgarán leyes que permitan el congelamiento y la incautación del producto de operaciones de lavado de dinero y considerarán la distribución de los activos incautados entre los gobiernos.

• Ejecutarán, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero y colaborarán para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

• Alentarán a las instituciones financieras para que notifiquen las transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y elaborarán procedimientos efectivos que permitan la recolección de información pertinente de las instituciones financieras.

• Trabajarán individual y colectivamente para identificar las redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero de la región, entablar juicio a sus dirigentes e incautar los bienes procedentes de esas actividades delictivas.

• Adoptarán programas para prevenir y reducir la demanda y el consumo de drogas ilícitas.

• Adoptarán estrategias nacionales efectivas y ambientalmente sanas para prevenir o reducir significativamente el cultivo y procesamiento de cultivos utilizados para el comercio de drogas ilícitas, prestando particular atención al apoyo nacional e internacional para los programas de desarrollo que creen alternativas económicas viables para la producción de estupefacientes.

• Brindarán particular atención al control de productos químicos precursores y apoyarán estrategias integradas de interdicción de drogas.

• Celebrarán una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero.

• Convocarán una conferencia hemisférica de donantes, incluidos los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de las Naciones Unidas, con el fin de obtener recursos para los programas de desarrollo alternativo dirigidos a poner fin a la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, y a la rehabilitación de los drogadictos.

• Apoyarán las consultas que ha iniciado la OEA con la Unión Europea sobre las medidas para controlar los productos químicos precursores.

• Apoyarán la convocatoria de una Conferencia Mundial contra los Estupefacientes."

Las acciones de la OEA

La CICAD ha tenido la responsabilidad de apoyar los esfuerzos nacionales destinados a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en la Cumbre de Miami.

Todos los Estados miembros de la OEA son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Después de la Cumbre de Miami, 4 Estados efectuaron el depósito del respectivo instrumento de ratificación o adhesión.

Estrategia antidrogas

La CICAD, a través de un Grupo de Trabajo presidido por Uruguay, inició en 1995 la elaboración de la "Estrategia Antidrogas en el Hemisferio", la que fue aprobada en su vigésimo período de sesiones, en noviembre de 1996, en Argentina, y formalmente suscrita por los Estados miembros en diciembre del mismo año, en Uruguay.

La Estrategia destaca por su visión integral, equilibrada y consensual, innovativa en muchos aspectos y que, en el marco del respeto a principios como el de responsabilidad compartida, establece los parámetros y criterios conforme a los cuales los países del hemisferio diseñan e implementan sus propios esfuerzos nacionales contra el abuso de drogas y delitos conexos.

En abril de 1997, durante el vigésimo primer período de sesiones de la CICAD, se identificaron 40 tareas prioritarias destinadas a implementar el Plan de Acción de la Estrategia, las cuales -en un período de casi dos años- deberán ser ejecutadas por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD.

Conviene consignar, que durante el XXII Período Ordinario de Sesiones celebrado en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997, la CICAD decidió, a propuesta de la Delegación de Canadá, realizar una o más reuniones en Washington, D.C., para analizar las propuestas de Honduras y de Estados Unidos, tomando en consideración las intervenciones de otras Delegaciones, para el establecimiento de un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los Estados miembros, consistente con la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio antes citada.

Lavado de dinero

Los países del Hemisferio se reunieron al nivel ministerial en diciembre de 1995, en Argentina, para acordar un marco de acción contra el lavado de dinero. En este evento se suscribió la Declaración Ministerial y el Plan de Acción de Buenos Aires, que encargó a la CICAD la realización de actividades sustantivas y, en especial, el diseño de mecanismos de autoevaluación nacional del cumplimiento de las acciones acordadas. Para este último efecto, la Secretaría Ejecutiva distribuyó un cuestionario, previamente aprobado por la CICAD, para ser voluntariamente respondido por los Estados miembros. A la fecha 21 Estados han entregado la información solicitada.

El Grupo de Expertos que existe sobre esta materia ha tenido reuniones en Washington (1996) y Santiago de Chile (1997), concentrando su atención en la actualización del Reglamento Modelo, aprobado en 1992, y en la identificación de nuevos tipos penales. Igualmente se ha puesto el acento en el perfeccionamiento de los programas de entrenamiento contra el lavado de dinero y activos.

Varios Estados del hemisferio - después de la Cumbre de Miami y de la reunión de Buenos Aires- han dictado leyes y reglamentos destinados a sancionar el lavado de activos. En todo caso, con posterioridad a diciembre de 1994, la mayoría de los países de la región han incorporado en sus legislaciones nacionales, de manera total o parcial, los principales principios y recomendaciones contenidas en el Reglamento Modelo de la CICAD y en las del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

Durante el período posterior a la Cumbre, los países han procurado incorporar al combate contra el lavado de activos al sector financiero privado. Este esfuerzo está permitiendo crear una adecuada conciencia de responsabilidad de parte de las instituciones financieras, las que, a través de mecanismos gremiales nacionales e internacionales, vienen adoptando medidas de control y capacitación de su personal para contener el problema del lavado de activos. Asimismo, las instituciones financieras internacionales, particularmente el BID y el Banco Mundial, se han interesado en este empeño, encontrándose a la fecha estudiando fórmulas que les permitan asistir a los Estados, en estrecha cooperación con la CICAD. En este sentido, conviene anotar que en la última Asamblea de Gobernadores del BID, celebrada en Cartagena, las autoridades del Banco y de la CICAD anunciaron el lanzamiento de un programa de entrenamiento en materia de control del lavado de activos para funcionarios de gobierno y de instituciones bancarias encargadas de estas actividades, que constituye el primero de su género.

Control de precursores y sustancias químicas utilizadas en la producción ilícita de drogas.

La CICAD, a través de su Grupo de Expertos, continuó el trabajo de modernización y actualización del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Productos Químicos, aprobado en 1992. Así, y luego de la reunión del Grupo en Martinique, en junio de 1997, se ha decidido revisar las tablas de productos controlados y se ha elaborado una tabla adicional de vigilancia de productos no controlados que se ha verificado son usados actualmente en esa actividad.

A su vez, y con el fin de promover la coordinación e intercambio de información entre las autoridades responsables de las acciones de control e interdicción del desvío de químicos, se está implementando el módulo de precursores químicos del Sistema Interamericano de Comunicaciones para el Control de Drogas (SITCOD). A tal efecto, se han enlazado computacionalmente los puestos fronterizos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, para mejorar el control del tráfico de productos químicos. Los demás países del hemisferio se irán incorporando paulatinamente a este sistema.

Asimismo, se ha continuado impartiendo cursos de entrenamiento en este campo.

Control del tráfico ilícitos de armas y explosivos utilizados por los narcotraficantes

El Grupo de Expertos de la CICAD para el control del contrabando de armas y explosivos acordó utilizar formularios comunes para el control de la exportación e importación de armas y explosivos y elaboró un proyecto de Reglamento Modelo en la materia, el cual fue aprobado por la Asamblea de la CICAD, celebrada en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997.

Por otra parte, conviene destacar que, la Asamblea General, durante su XXIV Período Extraordinario de Sesiones, adoptó el 14 de noviembre de 1997, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

Durante el acto de firma de la citada Convención, la Asamblea General contó con la presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Ernesto Zedillo, y del Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. William Clinton.

El propósito de dicha Convención es "impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados", así como "promover y facilitar entre los Estados parte la cooperación y el intercambio de información para el cumplimiento de tales fines".

El número de Estados signatarios de dicho instrumento es 31, y un Estado lo ha ratificado.

La CICAD, con la finalidad de apoyar los esfuerzos nacionales por un más estricto control de las vías marítimas, ha establecido, en una primera etapa, un mecanismo de información para acciones de cooperación marítima que abarca todos los países sudamericanos. Luego se sumarán los centroamericanos y México. Este mecanismo se conectará con el que se viene implementando en el Caribe, bajo los auspicios de la Unión Europea. En relación a las vías fluviales y lacustres, el desarrollo del SITCOD/ Precursores, contribuirá a una mejor vigilancia de estas rutas.

Desarrollo alternativo

La CICAD, en el contexto de sus esfuerzos por reducir la oferta, tiene en ejecución proyectos sobre desarrollo alternativo, los que son significativos por el efecto multiplicador y de valor agregado que generan, en especial los vinculados a la creación de oportunidades de mercado, al manejo integrado de plagas y al de la administración y evaluación del uso de tierras. Otras actividades en cuanto al desarrollo alternativo están referidas a propiciar el interés de las instituciones financieras internacionales en la materia. Así, algunos Estados miembros han solicitado que la CICAD coordine con tales instituciones la convocatoria de mesas de donantes para desarrollo alternativo.

El Grupo de Trabajo que existe en esta área, sostuvo una reunión en septiembre de 1997, en Washington, D.C., oportunidad que permitió considerar diversos aspectos envueltos en esta estrategia para superar la oferta de drogas y formular propuestas tendientes a reforzar esta línea de trabajo. Este grupo de trabajo fue convertido en un Grupo de Expertos, conforme a una decisión adoptada en el período de sesiones de la CICAD de Lima de 1997, teniendo su primera reunión en tal carácter en febrero de 1998.

El Grupo Consultivo para el Desarrollo Alternativo se ha convocado para fines del mes de octubre de1998, en Perú, país que tiene a su cargo la organización de este evento, en el que participarán el BID y la CICAD. Luego de esta reunión, se ha previsto iniciar trabajos de apoyo a los programas de desarrollo alternativo al Gobierno de Colombia. Asimismo, debe consignarse que la CICAD y el IICA suscribieron un memorándum de entendimiento para apoyar a los países de la región en materia de desarrollo alternativo a través del entrenamiento y asistencia técnica.

Finalmente, conviene destacar que por primera vez una institución financiera internacional ha mostrado interés en participar en este tipo de programa.

Fortalecimiento institucional

En este campo, la CICAD viene apoyando directamente a los Consejos o Comisiones Nacionales para el Control de Drogas (CNDs), promoviendo la coordinación nacional e internacional, brindando asistencia directa para el fortalecimiento institucional de esas entidades y en la elaboración y formulación de legislación antidrogas, así como implementando el SITCOD/CNDs, que posibilita que las máximas autoridades antidrogas del hemisferio puedan comunicarse de manera rápida, segura y directa.

Reducción de la demanda

El programa de reducción de la demanda cubre un amplio espectro de actividades: formulación y análisis de políticas; capacitación y desarrollo de recursos humanos e investigación y elaboración de nuevas iniciativas para desestimular el consumo de drogas.

Dentro de las tareas de prevención del consumo de drogas, se inscribe la realización del Simposium Interamericano sobre Prevención del Abuso de Drogas, celebrado en mayo de 1997, en San José de Costa Rica.

Por su parte, el Grupo de Expertos sobre Reducción de la Demanda, sostuvo su primera reunión en julio de 1997, en Buenos Aires, la que permitió identificar nuevos cursos de acción destinados a lograr una aproximación más exitosa a las tareas de prevención y tratamiento del abuso de drogas.

Este Grupo sostuvo su segunda reunión en México con el propósito de establecer parámetros sobre las normas mínimas de atención en el tratamiento de las farmacodependencias, así como para considerar los cambios recientes en el consumo de drogas en el hemisferio y sus implicancias en el tratamiento y rehabilitación.

INICIATIVA 7. LA ELIMINACION DE LA AMENAZA DEL TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:

"El terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de nuestros países han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas. Las medidas que tomen los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para garantizar la ley y el orden público y mantener la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, aquéllos que patrocinan actos terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a través del abuso de la inmunidad y los privilegios diplomáticos o por otros medios, serán considerados responsables de los mismos por la comunidad internacional".

En el Plan de Acción de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

• Promoverán, en el contexto de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, acuerdos bilaterales y subregionales dirigidos a enjuiciar y penalizar a los que cometan actos terroristas.

• Convocarán una conferencia especial de la OEA sobre la prevención del terrorismo.

• Reafirmarán la importancia de los tratados de extradición, ratificados por los Estados del Hemisferio, y hacen notar que dichos tratados serán acatados estrictamente como expresión de la voluntad política de los gobiernos, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales."

Las acciones de la OEA

El Comité Jurídico Interamericano ha venido considerando el tema ‘’Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional’’ desde el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, aún cuando sus actividades en el tema, se remontan a 1970, cuando participó en la preparación de la "Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional", adoptada en Washington, D.C., en 1971.

De acuerdo con los mandatos recibidos, la OEA convocó a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo. Para ese efecto el Consejo Permanente, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos realizó una reunión preparatoria que tuvo lugar en Washington, DC. el 27 y el 28 de febrero de 1996.

La Conferencia Especializada sobre Terrorismo se celebró en Lima, Perú, del 23 al 26 de abril de 1996. Durante la misma se aprobó la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, así como el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Combatir, Prevenir y Eliminar el Terrorismo. La Declaración condenó todos los tipos y actos terroristas, dondequiera que sean cometidos y cualesquiera sean sus agentes, modalidades y motivaciones con las que se pretenda justificarlos, y subrayó que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislación interna y las garantías que ofrece el Estado de derecho.

La Conferencia Especializada recomendó considerar los medios y mecanismos apropiados para efectuar el seguimiento de las medidas recomendadas en la Declaración y en el Plan de Acción. Sobre la base de esas recomendaciones, la Asamblea General, reunida en Panamá (1996) aprobó la resolución AG/RES. 1399 (XXVI-0/96) que solicitó al Consejo Permanente que considere la convocatoria de la Reunión de Expertos Gubernamentales a que hizo referencia el Plan de Acción.

La Reunión de Expertos Gubernamentales para examinar los medios que permitan mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros con el fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, se llevó a cabo en Washington, DC. el 5 y el 6 de mayo de 1997. Los expertos identificaron medidas concretas para prevenir y combatir el terrorismo, entre las que se encuentra el intercambio de información, las acciones de cooperación fronteriza y el intercambio de experiencias en las labores de capacitación de funcionarios encargados de combatir el terrorismo. También se consideró la necesidad de definir los criterios y el tipo de información que se debe compartir entre los Estados miembros de la Organización y se analizó la posibilidad de establecer un "directorio de competencias" para mejorar la cooperación en materia de combate contra el terrorismo.

Posteriormente, la Asamblea General, reunida en Lima, Perú (1997), aprobó la resolución AG/RES.1492 (XXVII-0/97) que encomendó al Consejo Permanente que estudie las recomendaciones y propuestas formuladas en la Reunión de Expertos y que siga considerando los medios y mecanismos apropiados para el seguimiento de las medidas recomendadas en el Plan de Acción de Lima. También solicitó al Comité Jurídico Interamericano que continúe el estudio del tema "Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo" a la luz de los documentos adoptados en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo de Lima.

Sobre la base de los acuerdos y resoluciones antes aludidas, los relatores del CJI sobre este tema presentaron, en el período de sesiones de este órgano, en agosto de 1997, un primer informe, decidiéndose continuar con la consideración de esta materia.

Debe señalarse en relación con este tema que se ha continuado acentuando la cooperación bilateral y multilateral entre los Estados del Hemisferio, pudiendo citarse los acuerdos entre México y los Estados de Centroamérica y el acuerdo de Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Mediante este último acuerdo, los tres países se comprometen a coordinar la acción contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona de la triple frontera, lo que incluye la creación de una base de datos, la interconexión de las existentes y el establecimiento de mecanismos conjuntos de lucha contra la criminalidad y el terrorismo.

Finalmente, en este contexto de cooperación, cabe mencionar la creación del Consejo de Policías del Mercosur, cuyo propósito es estudiar y enfrentar a la delincuencia en el ámbito del terrorismo internacional.

INICIATIVA 8. EL FOMENTO DE LA CONFIANZA MUTUA

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:

"La ampliación y consolidación de la democracia en las Américas ofrece la oportunidad de aprovechar las tradiciones pacíficas y las relaciones de cooperación que han prevalecido entre los países del Hemisferio Occidental. Nuestro objetivo consiste en fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integración social y económica de nuestros pueblos."

En el Plan de Acción de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

Apoyarán las acciones que estimulen un diálogo regional para promover el fortalecimiento de la confianza mutua, preparando el camino para una conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza en 1995, para la que Chile se ha ofrecido como anfitrión."

Las acciones de la OEA

La Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad se llevó a cabo en Santiago de Chile, del 8 al 10 de noviembre de 1995. La Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad refleja el resultado de los trabajos que venían realizándose en el seno de la Organización desde 1991, primero en un grupo de trabajo del Consejo Permanente y luego en la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica.

La Declaración de Santiago reafirma la vigencia de los principios fundamentales del derecho internacional indicando que "el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención y la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con los términos de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas, son la base de la convivencia pacífica y de la seguridad en el Hemisferio y constituyen el marco para el desarrollo de las medidas de fomento de la confianza."

La Declaración menciona, además, once medidas de fomento de la confianza y de la seguridad que los gobiernos acuerdan recomendar su aplicación de la manera que sea más adecuada:

• "Gradual adopción de acuerdos sobre notificación previa de ejercicios militares;

• Intercambio de información y participación de todos los Estados miembros en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares;

• Fomento de la elaboración y el intercambio de información sobre políticas y doctrinas de defensa;

• Consideración de un proceso de consultas con miras a avanzar en la limitación y control de armas convencionales;

• Acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares, visitas a instalaciones militares, facilidades para observar operaciones rutinarias e intercambio de personal civil y militar para la formación, capacitación y perfeccionamiento;

• Reuniones y acciones para prevenir incidentes e incrementar la seguridad en el tránsito terrestre, marítimo y aéreo;

• Programas de cooperación en casos de desastres naturales o para prevenir tales desastres, sobre la base de la petición y autorización de los Estados afectados;

• Desarrollo e implementación de las comunicaciones entre autoridades civiles o militares de países vecinos de conformidad con su situación fronteriza;

• Realización de seminarios, cursos de difusión y estudios sobre medidas de fomento de la confianza mutua y de la seguridad, y políticas de fomento de la confianza con participación de civiles y militares, así como sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares;

• Realización de una reunión de alto nivel sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares; y

• Programas de educación para la paz."

La Declaración de Santiago hizo hincapié, además, en el carácter voluntario de las medidas de fomento de la confianza y afirmó que su aplicación contribuye a la creación de un ambiente propicio para una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar mayores recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros de la organización.

La Declaración de Santiago, asimismo, hizo una referencia al apoyo concedido a la continuación de las negociaciones internacionales sobre la proscripción, el tráfico y el uso indiscriminado de minas antipersonales y reconoció la labor de desminado que vienen realizando en Centroamérica la Organización de los Estados Americanos, con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa.

La Declaración de Santiago también hizo una referencia a la necesidad de ejecutar acciones de seguimiento y periódica evaluación de la implementación de tales medidas, solicitando a la Comisión de Seguridad Hemisférica que asuma tales tareas, dejando a la Asamblea General de la OEA la decisión de convocar una conferencia regional de seguimiento de los acuerdos de la conferencia celebrada en Santiago. Esta tuvo lugar en El Salvador del 25 al 27 de Febrero de 1998.

La Declaración de San Salvador junto con reafirmar la plena vigencia de la Declaración de Santiago y de las medidas ahí mencionadas afirma que la base de la convivencia pacífica y la seguridad hemisférica se sustenta en el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, de conformidad con los términos de la carta de la O.E.A. y de las Naciones Unidas.

Por otra parte, constata los significativos avances registrados en la identificación y aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desde la adopción de la Declaración de Santiago, lo que ha contribuido a la reducción de factores generadores de desconfianza y a la promoción de la transparencia y de la confianza mutua en la región.

La Declaración reconoce los importantes avances logrados desde la Declaración de Santiago en materia de seguridad a nivel de las sub-regiones, en particular, los compromisos asumidos por los países de Centroamericana con el "Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica", y la promoción de la confianza mutua y la seguridad de los países del Cono Sur.

La Declaración menciona medidas adicionales de fomento de la confianza y de la seguridad, que los Estados recomiendan aplicar, de la manera que sea más adecuada, como ser:

• Estimular contactos y cooperación entre legisladores sobre medidas de fomento de la confianza y temas relacionados con la paz y la seguridad hemisférica, incluyendo la realización de encuentros, intercambio de visitas y una reunión de parlamentarios, a fin de fortalecer este proceso.

• Extender a los institutos de formación diplomática, academias militares, centros de investigación, y universidades, los seminarios, cursos y estudios contemplados en las Declaraciones de Santiago y San Salvador, sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desarme y otros vinculados a la paz y la seguridad hemisférica, con participación de funcionarios gubernamentales, civiles y militares, así como de la sociedad civil, en dichas actividades.

• Identificar y desarrollo actividades que promuevan la cooperación entre países vecinos en sus zonas fronterizas.

• Promover el intercambio de información, entre otros, a través de la publicación de libros de la defensa o documentos oficiales, según sea el caso, que permita una mayor transparencia en materia de políticas de defensa de cada país, así como sobre la organización, estructura, tamaño y composición de las fuerzas armadas.

• Con el propósito de promover la transparencia y con el apoyo técnico de organismos internacionales económicos apropiados, estimular la realización de estudios tendientes a avanzar en el establecimiento de una metodología común que facilite la comparación del gasto militar en la región, teniendo en cuenta, entre otros, el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares de las Naciones Unidas.

• Desarrollo un programa de cooperación para atender las preocupaciones presentadas por el transporte marítimo de desechos nucleares y otros desechos, así como cooperar y coordinar en los foros internacionales pertinentes para el fortalecimiento de las normas que regulan este transporte y su seguridad.

• Continuar apoyando los esfuerzos de los pequeños Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, incluyendo aquellas de naturaleza económica, financiera y del medio ambiente, tomando en consideración su vulnerabilidad y nivel de desarrollo.

• Mejorar y ampliar la información que los Estados miembros remiten al Registro de Armas Convencionales de la ONU, a fin de fortalecer la contribución del Hemisferio a los objetivos de dicho registro, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.

• Continuar con las consultas e intercambios de ideas dentro del Hemisferio para avanzar en la limitación y el control de armas convencionales en la región.

Con relación a la implementación y seguimiento de las medidas propuestas en San Salvador y Santiago, la Declaración de San Salvador recomendó a la O.E.A., a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, que realice las siguientes actividades:

a) Estudie las recomendaciones emanadas de la Reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares, celebrada el 25 de febrero de 1998, a fin de generar una mayor conciencia y comprensión en cuanto a las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe, y continúe implementando acciones apropiadas e identifique nuevas medidas de cooperación para atender esas preocupaciones.

b) Realice una reunión en la cual los Estados miembros pongan a disposición los expertos que hayan formado parte del grupo de expertos gubernamentales sobre el Registro de Armas Convencionales de la ONU, para que éstos proporcionen información sobre los resultados de los trabajos del mencionado grupo y realice una reunión para intercambiar opiniones con miras a lograr una mayor participación en el referido Registro.

c) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque mas apropiado que permita fortalecer a nivel hemisférico el diálogo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas convencionales.

d) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque más apropiado a nivel hemisférico que permita fortalecer el diálogo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas ligeras y del tráfico de éstas.

e) Concluya la elaboración del programa de educación para la paz en el Hemisferio acordado por la Asamblea General de la OEA y dé inicio a su implementación.

f) Promueva el intercambio de experiencias entre los Estados miembros y con organizaciones e instituciones regionales y extra-regionales pertinentes, con el fin de fortalecer la paz y seguridad internacionales.

Por último, la Declaración de San Salvador expresa su convicción que la II Cumbre de las Américas, a realizarse en Santiago, Chile (18 y 19 de Abril de 1998) es una importante oportunidad para consolidar los logros alcanzados en materia de confianza y seguridad hemisféricas y para considerar orientaciones a la O.E.A. para que, a través de los órganos pertinentes, estudie modos posibles para revitalizar y fortalecer las instituciones del sistema interamericano relacionados con los distintos aspectos de la seguridad hemisférica.

La Asamblea General de la OEA, a su vez, ha adoptado un número importante de resoluciones en relación con las medidas acordadas en la Declaración de Santiago y que constituyen el marco de referencia de la labor de la Organización en este tema.

En primer lugar, debemos destacar las resoluciones AG/RES. 1409 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1494 (XXVII-0/97) sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en las Américas. Sobre la base de ambas, los Estados miembros de la Organización han comenzado a remitir la información correspondiente del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y del Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares. Estas dos resoluciones instan también a los Estados miembros a intercambiar información sobre las demás medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, como políticas y doctrinas de defensa; registro de expertos en temas de seguridad; realización de seminarios, cursos de difusión y estudios sobre medidas de confianza mutua; acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares. La Secretaría General es la depositaria de toda esta información, la cual puede ser consultada por los Estados interesados.

Asimismo, es importante mencionar las resoluciones AG/RES. 1411 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1496 (XXVII-0/97) que reafirman las metas de la eliminación de las minas terrestres antipersonales y la conversión del Hemisferio Occidental como una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal. En ambas la Secretaría General ha recibido el encargo de ser la depositaria de la información relativa al registro completo e integrado de minas terrestres antipersonales, cuya implementación ya ha comenzado, bajo la supervisión de la Comisión de Seguridad Hemisférica.

También han continuado las labores destinadas a lograr el desminado completo en América Central, a cargo de la UPD de la Secretaría General. En este sentido revisten especial importancia las resoluciones AG/RES.1413 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1498 (XXVII-0/97) en que se adoptó como objetivo de la OEA concluir el desminado en Centroamérica para el año 2000.

Asimismo, la Secretaría General está colaborando activamente con la Comisión de Seguridad Hemisférica en la elaboración de un programa de educación para la paz. Se ha avanzado ya en la formulación de consultas con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras instituciones con experiencias en el tema con miras a aprobar los lineamientos de ese programa con ocasión de las celebraciones del cincuentenario de la Organización.

El tema de las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares, a que se refiere la Declaración de Santiago, fue motivo de tratamiento en la Comisión de Seguridad Hemisférica, para lo cual se convocó una Sesión Especial, celebrada en Washington D.C., el 17 y el 18 de octubre de 1996. Una de las principales conclusiones de la sesión especial fue la conveniencia de convocar una reunión de alto nivel sobre la materia, propuesta que fue recogida en la resolución AG/RES. 1497 (XXVII-0/97). La reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares reconoció que la seguridad para los pequeños Estados insulares tiene carácter multidimensional en cuanto a su ámbito y aplicación, e incluye inter alia aspectos político-militares; la protección y preservación de la soberanía e integridad territorial de los Estados; estar exentos de interferencias externas en sus asuntos internos por parte de Estados o protagonistas no estatales; la protección contra las condiciones ambientales y desastres ecológicos; el vínculo entre el comercio, el desarrollo económico y la seguridad y la capacidad para mantener y proteger sus instituciones democráticas. La referida reunión de alto nivel se realizó en El Salvador, el 25 de Febrero de 1998, junto con la Conferencia de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad.

Reconoció, asimismo, que la seguridad de los pequeños estados insulares puede ser afianzada mediante la colaboración entre los Estados insulares, como lo demuestra el Sistema de Seguridad Regional y que puede mejorar más aún mediante una mayor cooperación entre los Estados insulares y otros Estados, tanto dentro como fuera del Hemisferio.

Por último, reconoció que la seguridad de los pequeños Estados insulares puede mejorar con la aplicación de las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad previstas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador.

La Reunión de Alto Nivel también formuló las siguientes recomendaciones:

"1) Que el XXVIII período de sesiones de la Asamblea General de la O.E.A. apruebe una resolución que defina el enfoque y la forma de atender las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares en concordancia con las disposiciones de la Carta de la OEA.

2) Que, por medio de una resolución pertinente, el vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General instruye a la

Organización que cooperen con los pequeños Estados insulares a través de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) para fomentar el examen sobre sus preocupaciones especiales de seguridad.

3) Que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en la Conferencia Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en seguimiento de la Conferencia de Santiago incluyan en la Declaración de San Salvador el texto siguiente:

• el compromiso y apoyo a las actividades y programas que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano puedan continuar realizando para abordar la cuestión de la seguridad de los pequeños Estados insulares;

• la cooperación con los pequeños Estados insulares para la erradicación de las actividades delictivas transnacionales que amenazan la estabilidad y seguridad de la subregión;

• la revisión y el fortalecimiento de los programas de cooperación en casos de desastres naturales, o para prevenir tales desastres, con base en la solicitud y autorización de los Estados interesados:

• la formulación de un programa de cooperación para atender los problemas presentados por el transporte de desechos nucleares y otros desechos peligrosos por el Mar Caribe y adoptar políticas para preservar el ambiente natural del Caribe;

• mayor cooperación financiera, comercial y política con los pequeños Estados insulares a fin de que éstos puedan garantizar su seguridad y promover su desarrollo; y

• un llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos para que intercambien y compartan información que podría fortalecer la capacidad de los pequeños Estados insulares en materia de seguridad y defensa nacional.

Finalmente, la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES 1500 (XXVII-0/97) sobre Confianza Mutua en las Américas, ha encargado al Consejo Permanente para que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica "considere la conveniencia de aprobar un marco jurídico sobre el tema de la notificación anticipada de las adquisiciones de armamentos importantes contemplados en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas a efectos de lograr una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros..." De conformidad con esta resolución, en caso que el Consejo Permanente decida que es conveniente aprobar ese marco jurídico, "preparará un proyecto al respecto con el objetivo de que se apruebe en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Santiago de Chile."

Las acciones emprendidas por la OEA en este campo demuestran que la Organización ha servido como un foro idóneo para que los Estados miembros consideren y adopten determinadas medidas encaminadas a los objetivos de paz y seguridad a que aspiran los países del hemisferio.

II. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO

INICIATIVA 9. EL LIBRE COMERCIO EN LAS AMERICAS

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:

"... decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del "Area de Libre Comercio de las Américas" en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión. Asimismo, resolvemos concluir las negociaciones del "Area de Libre Comercio de las Américas" a más tardar en el año 2005, y convenimos en alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para el final del este siglo. Reconocemos el progreso que ya se ha obtenido a través de las acciones unilaterales de cada una de nuestras naciones y de los acuerdos comerciales subregionales de nuestro Hemisferio. Sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes ampliaremos y profundizaremos la integración económica hemisférica, haciéndolos más parecidos."

En el Plan de Acción de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

" Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a que adopten los siguientes pasos concretos iniciales para lograr el "Area de Libre Comercio de las Américas":

6) Con el objetivo de garantizar una discusión plena y cabal entre las partes de los diversos acuerdos comerciales del Hemisferio, ordenamos que se celebren reuniones en el marco de los foros de comercio e inversión existentes. Los miembros de estos foros determinarán las áreas de coincidencia y divergencia en los acuerdos particulares bajo estudio, y deberán considerar los medios de mejorar las disciplinas entre ellos y hacerlos más parecidos. Instruimos, asimismo, a los miembros de estos foros a que informen a los ministros sobre el estado de sus discusiones y formulen recomendaciones para lograr el "Area de Libre Comercio de las Américas".

7) La transparencia y el claro entendimiento sobre los acuerdos subregionales y bilaterales logrados hasta la fecha entre las naciones del Hemisferio son decisivos para fomentar el comercio y la integración de las inversiones en las Américas. Instruiremos a la Comisión Especial sobre Comercio de la OEA, con el apoyo del BID, de la CEPAL y de otras organizaciones regionales y subregionales especializadas, a que asista en la sistematización de datos en la región y a que continúe su labor de estudio de los arreglos de integración económica del Hemisferio, incluyendo descripciones comparativas breves de las obligaciones en cada uno de los acuerdos comerciales existentes en el Hemisferio. Asimismo, instruiremos a la Comisión Especial sobre Comercio a que elabore un informe de su trabajo a más tardar en junio de 1995 para la reunión de ministros.

8) Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a: a) revisar el progreso de la labor emprendida en los foros mencionados en los párrafos 6 y 7; b) ofrecer orientación con respecto al trabajo posterior; y c) considerar las áreas que requieren atención inmediata, tales como la facilitación aduanera, y pruebas y certificaciones de productos con miras a alcanzar acuerdos de reconocimiento mutuo, que puedan ser debatidos en los f