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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACI�N DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISI�N ESPECIAL SOBRE GESTI�N DE CUMBRES INTERAMERICANAS

OEA/Ser.G  CE/GCI-132/98 rev.2
13 mayo 1998, Original: espa�ol

CUARTO INFORME DE LA COMISI�N ESPECIAL SOBRE GESTI�N DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES AG/RES. 1349 (XXV-O/95), AG/RES. 1377 (XXVI-O/96) Y AG/RES. 1448 (XXVII-O/97)


I N D I C E

ANTECEDENTES .... 03

PROCEDIMIENTOS .... 03

I. LA PRESERVACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DE DEMOCRACIAS COMUNIDAD DE LAS AMERICAS .... 05

Iniciativa 1. El fortalecimiento de la democracia ....05
Iniciativa 2. La promoci�n y la protecci�n de los derechos humanos .... 14
Iniciativa 5. La lucha contra la corrupci�n .... 27
Iniciativa 6. La lucha contra el problema de las drogas il�citas y delitos conexos .... 30
Iniciativa 7. La eliminaci�n de la amenaza del terrorismo nacional e Internacional .... 37
Iniciativa 8. El fomento de la confianza mutua .... 40

II. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO .... 48

Iniciativa 9. El libre comercio en las Am�ricas .... 48
Iniciativa 13. Las telecomunicaciones y la infraestructura de la informaci�n .... 54
Iniciativa 14. La cooperaci�n en ciencia y tecnolog�a ....59

III. LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION EN NUESTRO HEMISFERIO .... 62

Iniciativa 18. El fortalecimiento del papel de la mujer en la Sociedad .... 65

IV. LA GARANTIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS .... 70

Iniciativa 23. La alianza para la prevenci�n de la contaminaci�n .... 70

LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS .... 75


ANTECEDENTES

Mediante la resoluci�n AG.RES. 1349 (XXV-0/95) la Asamblea General cre� la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas, con el fin de asegurar un seguimiento eficaz, oportuno y apropiado de las actividades encomendadas a la Organizaci�n por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas.

Asimismo, instruy� a la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas que informara por escrito a los Ministros de Relaciones Exteriores, a trav�s del Consejo Permanente, sobre el progreso alcanzado en la ejecuci�n de la resoluci�n. Este mandato fue reafirmado por la Asamblea General por medio de las resoluciones AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).

La Asamblea General tambi�n encomend� a la Comisi�n Especial que solicitara y recibiera regularmente informes de cualquier �rgano, organismo o entidad de la OEA, los comentara y que, de acuerdo con su mandato, orientara, diera pautas espec�ficas y encargara tareas a dichos �rganos, organismos y entidades.

PROCEDIMIENTOS

De conformidad con lo anterior, a lo largo de 5 sesiones, se realiz� un intercambio de puntos de vista sobre cada una de las iniciativas contenidas en el Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas, en la que la Organizaci�n ha cumplido ha cumplido un papel relevante. Para ello la Presidencia solicit� a los �rganos, organismos y entidades que preparasen informes de sus respectivas actividades de seguimiento de las iniciativas, los que fueron presentados y comentados por las delegaciones.

Con fecha 19 de Diciembre de 1997, el Presidente de la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas present� al Consejo Permanente un informe (doc. CP/DOC.2994/2994/97) que se refiere a las tareas emprendidas por la Organizaci�n, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de las Am�ricas y los puntos de vista expresados por las distintas delegaciones.

Con fecha 4 de Mayo de 1998, la Comisi�n Especial consider� informes presentados por los �rganos, organismos, oficinas y unidades de la Secretar�a General y entidades de la Organizaci�n los que, conjuntamente con el informe CP/doc.2994/97, conforman el presente Informe a los Ministros de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 1349 (XXV-0/95), AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).

El presente informe cubre las actividades de los �rganos, organismos y entidades de la OEA, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de Miami, hasta el 28 de febrero de 1998.

No obstante lo anterior, se incluyen referencias de actividades desarrolladas con posterioridad a esa fecha pero antes a la II Cumbre de las Am�ricas, en las iniciativas relativas al libre comercio, a las telecomunicaciones y al desarrollo sostenible.

De conformidad con el mandato de informar por escrito, me es grato presentar el Informe de la Comisi�n Especial sobre Gesti�n de Cumbres Interamericanas al Consejo Permanente para su consideraci�n por los Ministros de Relaciones Exteriores.

I. PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS DE LAS AMERICAS

INICIATIVA 1. EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en la Declaraci�n de Principios:

"La Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la regi�n. La democracia es el �nico sistema pol�tico que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minor�as y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente.

Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democr�ticos en el beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A trav�s de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos a favor del fortalecimiento de las instituciones democr�ticas y de la promoci�n y defensa de los reg�menes democr�ticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organizaci�n a favor de la paz y la estabilidad democr�tica, social y econ�mica de la regi�n."

Por su parte, en el Plan de Acci�n, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los Gobiernos:

  • Considerar�n en forma expedita, cuando a�n no lo hayan hecho, la ratificaci�n de los Protocolos de Cartagena de Indias, de Washington y de Managua a la Carta de la OEA.
  • Fortalecer�n el di�logo entre los grupos sociales y promover�n la participaci�n de las comunidades de base en la soluci�n de los problemas a nivel local.
  • Respaldar�n las gestiones de la Organizaci�n de los Estados Americanos para promover la democracia a trav�s de los siguientes medios:

- Alentando los intercambios de tecnolog�as en materia electoral, y asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del estado interesado.

- Fortaleciendo la Unidad para la Promoci�n de la Democracia, a fin de que, a solicitud del Estado interesado, pueda prestar asistencia en cuestiones tales como procedimientos legislativos y judiciales, reformas al gobierno (incluidas la administraci�n de justicia, la modernizaci�n t�cnica de los �rganos legislativos del pa�s, la simplificaci�n de los reglamentos gubernamentales y el fomento de la participaci�n de las organizaciones comunitarias en la democracia local) y otros cambios institucionales.

- Estimulando las oportunidades para el intercambio de experiencias entre las instituciones democr�ticas de los Estados miembros, en particular entre sus �rganos legislativos y judiciales.

- Promoviendo el entendimiento, el di�logo y la reconciliaci�n pol�tica, a petici�n del Estado afectado y teniendo en cuenta que la reconciliaci�n nacional se logra a trav�s de los esfuerzos internos.

- Solicitando a la OEA que promueva y haga el seguimiento de estos compromisos."

Las acciones de la OEA

La Secretar�a General en su calidad de depositaria de los instrumentos jur�dicos interamericanos, ha registrado las ratificaciones y adhesiones de los Protocolos de Reforma de la Carta de la OEA -Cartagena de Indias, Washington y Managua-.

Con posterioridad a la Cumbre de Miami:

  • El Protocolo de Cartagena de Indias, adoptado en 1985 y vigente desde el 16 de noviembre de 1988, registra una sola ratificaci�n con posteridad a la Cumbre de Miami, Per�, en 1996. De esta forma el n�mero de Estados parte es de 28.
  • El Protocolo de Washington, adoptado en 1992, adquiri� vigor internacional luego de recibir la vig�sima primera ratificaci�n por parte de Venezuela, el 25 de septiembre de 1997. El n�mero de Estados parte alcanza a 21. En el per�odo 1995 a 1997, se produjo el dep�sito de 12 instrumentos de ratificaci�n o adhesi�n .
  • El Protocolo de Managua, adoptado en 1993, entr� en vigor el 29 de enero de 1996. El n�mero de Estados parte suma 28. Entre 1995 y 1997, 21 Estados depositaron el respectivo instrumento de ratificaci�n o adhesi�n.

Fortalecimiento de la Unidad para la Promoci�n de la Democracia (UPD)

Los compromisos de la Cumbre, reiterados en la Declaraci�n de Montrouis, aprobada con ocasi�n de la Asamblea General de 1995, condujeron al fortalecimiento de la UPD, la que se ha visto beneficiada con un cierto incremento en la asignaci�n de recursos del Fondo Regular y en una fuerte contribuci�n de recursos externos, provenientes de Estados miembros, Estados observadores y de otras regiones, as� como de otras instituciones.

Las actividades de la UPD, en general han estado dirigidas al cumplimiento de los mandatos de la Cumbre. Desde 1994 a 1996, el 92.7% de los fondos utilizados por la Unidad (suman casi 33 millones de d�lares) provinieron de fuentes externas, que han sido utilizadas para programas de misiones especiales, incluyendo misiones de observaci�n electoral y programas de apoyo a sociedades de post-conflicto y a la reconstrucci�n de la paz.

Por otro lado, el Secretario General modific� en 1995 la estructura org�nica de la UPD desde un punto de vista funcional, incluyendo las �reas tem�ticas de asistencia t�cnica electoral, fortalecimiento de las instituciones democr�ticas, informaci�n y di�logo y programas especiales.

Cooperaci�n con organismos y procesos electorales

El �rea de asistencia t�cnica electoral la UPD ha procurado proveer apoyo a los organismos electorales en los Estados miembros, principalmente en lo referente a la identificaci�n de tecnolog�as nuevas y confiables, a la organizaci�n de eventos regionales para el intercambio de experiencias y conocimientos y de actividades que faciliten el perfeccionamiento institucional y jur�dico de los sistemas electorales de aquellos Estados que as� lo soliciten.

Conforme a los fines antes se�alados, la Organizaci�n ha apoyado las iniciativas de instituciones de los Estados miembros que as� lo han solicitado. Las actividades se han dirigido a colaborar, bajo distintas modalidades de acci�n con los organismos electorales de Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panam�, Per� y Venezuela. Asimismo, y en cooperaci�n con el Banco Interamericano de Desarrollo, se celebr� la Conferencia Subregional sobre el Fortalecimiento de los Registros Civiles de Panam� y de Centroam�rica, que tuvo lugar en Panam� en noviembre de 1997. De esta forma, 15 Estados han recibido apoyo de la UPD en este �mbito.

Los programas de la UPD contemplan la incorporaci�n de tecnolog�as destinadas a simplificar el proceso electoral, por considerar que la adopci�n de t�cnicas modernas de procesamiento de la informaci�n aseguran la eficiencia, integridad y seguridad de los procedimientos, a la vez que disminuyen los costos. Relacionado con este tema se han emprendido misiones de asistencia t�cnica para la modernizaci�n y el fortalecimiento de los Registros Civiles, que son el soporte de la informaci�n y actualizaci�n permanente de los padrones electorales en la mayor parte de los pa�ses.

En 1998 se realizar� una reuni�n de autoridades electorales de las Am�ricas para profundizar los conocimientos y el intercambio sobre tecnolog�as electorales modernas.

Una labor de especial relevancia ha sido la organizaci�n, a solicitud del Estado miembro interesado, de misiones de observaci�n electoral. El objetivo de dichas misiones es contribuir a la transparencia y buen desarrollo del proceso electoral. Las misiones frecuentemente formulan recomendaciones acerca de medidas que podr�an adoptarse para mejorar y fortalecer los sistemas e instituciones electorales. La Organizaci�n, desde 1989, ha participado en 36 misiones de observaci�n electoral en 15 Estados miembros. De �stas, 10 han tenido lugar con posterioridad a la Cumbre de Miami en los siguientes Estados: Per�, Guatemala, Ecuador, Rep�blica Dominicana, Nicaragua, Surinam, Hait�, El Salvador, Colombia y Guyana.

Debe se�alarse que algunas misiones de observaci�n electoral, han jugado un papel importante en varios procesos electorales realizados en momentos cr�ticos de post-conflicto o de transici�n democr�tica en distintos Estados miembros. La participaci�n de esas misiones fue importante especialmente en contextos de nuevos o reci�n renovados sistemas electorales, para asistir a las instituciones respectivas, contribuir a la transparencia de los comicios, disuadir pr�cticas anti-democr�ticas y aumentar la confianza de la poblaci�n en las elecciones.

Asimismo, cabe se�alar que en varias oportunidades y a solicitud de las partes, las misiones de observaci�n electoral de la Organizaci�n han podido servir como conducto informal para el di�logo, la obtenci�n de consensos y la resoluci�n de conflictos.

En t�rminos de asignaci�n de recursos, poco m�s del 27% de los fondos disponibles de la UPD entre 1994 y 1996 han estado destinados a estos efectos.

En este �mbito, debe consignarse la reuni�n de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campa�as Electorales, que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, los d�as 16 y 17 de febrero de 1998.

El temario de dicho evento fue el siguiente: An�lisis del tema de las contribuciones a las campa�as electorales teniendo en cuenta las circunstancias pol�ticas, econ�micas y sociales en el Hemisferio; an�lisis de las contribuciones a las campa�as electorales: en relaci�n con su naturaleza y l�mites, en relaci�n con su origen, en relaci�n a la equidad en el proceso; an�lisis de las caracter�sticas y evoluci�n de las normas legales y mecanismos institucionales que rigen financiamiento de las campa�as electorales; evaluaci�n de alternativas para desarrollar y profundizar la cooperaci�n y el intercambio de experiencias en este tema.

Modernizaci�n del Estado. instituciones y procesos legislativos

El Plan de Acci�n de Miami asigna a la Organizaci�n la tarea de estimular el intercambio de experiencias entre las instituciones democr�ticas, en particular, sus �rganos legislativos. Los Estados miembros, por su parte, han solicitado la colaboraci�n de la UPD para llevar adelante programas destinados a mejorar la funci�n fiscalizadora y de control pol�tico del parlamento, la eficacia de su capacidad legislativa, la articulaci�n con los dem�s poderes del Estado y los mecanismos de vinculaci�n con la opini�n p�blica y con los intereses del ciudadano.

Se ha comenzado a desarrollar actividades, focaliz�ndolas principalmente en las tareas de promover y estimular la creaci�n de un cuerpo de informaci�n y conocimiento s�lido y sistem�tico sobre el funcionamiento de las instituciones legislativas. Estos conocimientos y la informaci�n resultante servir�n para modernizar las instituciones legislativas y capacitar en asuntos legislativos a funcionarios, pol�ticos, profesores y estudiantes de Ciencias Pol�ticas y periodistas, entre otros. Estas actividades han incluido el intercambio de experiencias entre legisladores de los Estados miembros, la publicaci�n y difusi�n de estudios e investigaciones comparativas y actividades de acercamiento entre acad�micos y legisladores. Los programas de la UPD tambi�n han enfatizado la capacitaci�n de asesores y funcionarios legislativos y la asesor�a t�cnica para legisladores y los parlamentos.

En este �mbito, la UPD ha colaborado en algunos programas con los cuerpos legislativos y/o con instituciones acad�micas especializadas en el an�lisis de las funciones del poder legislativo en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, as� como ha desarrollado programas de apoyo a los Parlamentos regionales de Am�rica Central y la Comunidad Andina. Asimismo, se ha colaborado con la Universidad de las Indias Occidentales en la realizaci�n de un curso regional para el Caribe de habla inglesa de entrenamiento en T�cnicas de Redacci�n Legislativa.

Debe se�alarse tambi�n que uno de los objetivos y metodolog�as de trabajo de la UPD ha sido la promoci�n de los intercambios de experiencias entre las instituciones democr�ticas de los Estados. En este sentido, se pueden mencionar ciertas actividades en beneficio de los �rganos legislativos, de Ministerios de Educaci�n en materia de educaci�n para la democracia, instituciones electorales, entidades centrales responsables de la descentralizaci�n, la participaci�n y los gobiernos locales, y alcaldes del hemisferio. En dos ocasiones, junto con otras instituciones multilaterales, la OEA patrocin� una Conferencia Interamericana de Alcaldes. Este a�o, particip� en la Tercera Conferencia Interamericana de Alcaldes.

Democracia local y participaci�n de las organizaciones comunitarias

El Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas refleja el compromiso de los gobiernos de fortalecer el di�logo entre los grupos sociales y promover la participaci�n de las comunidades de base en la soluci�n de los problemas al nivel local. Tal compromiso es coherente con las iniciativas de descentralizaci�n adoptadas por diversos Estados de la regi�n, como instrumento para la implementaci�n de pol�ticas p�blicas de distinta naturaleza.

Teniendo presente lo anterior, as� como una tendencia creciente en muchos pa�ses del Hemisferio hacia una mayor desconcentraci�n y descentralizaci�n del poder, un mayor equilibrio del poder central y el poder local y una mayor participaci�n ciudadana en los problemas nacionales, la UPD est� trabajando en la elaboraci�n de un programa hemisf�rico integral en descentralizaci�n, gobierno local y participaci�n, a trav�s de actividades de investigaci�n, intercambios de experiencias en reuniones de expertos y de practicantes, seminarios de capacitaci�n, iniciativas de cooperaci�n horizontal y desarrollo de un sistema de informaci�n.

Dentro de ese �mbito, la UPD asisti� en febrero de 1998 a la reuni�n del Comit� Asesor de la Estrategia Interamericana para la Promoci�n de la Participaci�n P�blica en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (EIP). La EIP fue uno de los mandatos derivados de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996, el cual encarg� a la Organizaci�n de los Estados Americanos la formulaci�n prioritaria de la estrategia mencionada. El objetivo de la reuni�n fue la consideraci�n del plan de implementaci�n de la EIP, que contempla siete actividades.

Dada la relaci�n de la EIP con los mandatos de la UPD en el �rea de la participaci�n ciudadana, el objetivo principal de la asistencia de la UPD fue la identificaci�n de puntos de coincidencia con el Programa de Cooperaci�n en Descentralizaci�n, Gobierno Local y Participaci�n Ciudadana de la UPD y la definici�n de la colaboraci�n en actividades espec�ficas de la EIP.

Asimismo, a fines de febrero la UPD suscribi� con la Federaci�n de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) el memor�ndum de entendimiento para la organizaci�n de una reuni�n de expertos de la regi�n centroamericana, evento que se inscribe en el programa antes se�alado. Para la celebraci�n de esta reuni�n se utilizar� una cantidad de recursos asignados por la CEPCIDI.

En la regi�n del Caribe, por invitaci�n del Ombudsman de Antigua y Barbuda, la UPD particip� en el Taller Regional sobre el Fortalecimiento del Ombudsman Nacional y las instituciones de derechos humanos en el Caribe. Este Taller se desarroll� del 9 al 12 de marzo de 1998, y fue auspiciado por la Secretar�a de la Commonwealth y el Instituto Internacional Ombudsman. Sus objetivos fueron el intercambio de informaci�n entre las respectivas oficinas de Ombudsman del Caribe y la capacitaci�n del personal de esas oficinas.

Promoci�n de las pr�cticas y los valores democr�ticos

En este �mbito, la OEA ha orientado sus esfuerzos hacia la promoci�n de las pr�cticas y los valores democr�ticos. En tal sentido, y con el objetivo de colaborar con los Estados miembros, la UPD ha apoyado a instituciones docentes en el desarrollo de programas de educaci�n para la democracia al nivel primario, secundario y universitario, ha iniciado programas de formaci�n de j�venes l�deres pol�ticos y ha capacitado y apoyado el desarrollo y aplicaci�n de m�todos y mecanismos de resoluci�n pac�fica de conflictos.

As�, la UPD ha colaborado en programas de educaci�n para la democracia en Grenada, M�xico, Nicaragua, Paraguay, Per� y Trinidad y Tobago. A trav�s de eventos subregionales, se ha apoyado igualmente el intercambio de experiencias sobre el tema de la ense�anza de los valores y pr�cticas democr�ticas en las escuelas de los pa�ses de Centroam�rica y del MERCOSUR. Un programa de educaci�n c�vica para el Caribe est� actualmente bajo consideraci�n. En el mismo sentido, puede citarse el programa de promoci�n del di�logo y capacitaci�n en t�cnicas de tratamiento y manejo de conflictos que se lleva a cabo en Guatemala.

Con todo, estas tres �reas -Modernizaci�n del Estado. Instituciones y Procesos Legislativos; Democracia Local y Participaci�n de las Organizaciones Comunitarias; y Promoci�n de las Pr�cticas y los Valores Democr�ticos- s�lo han sido desarrolladas de acuerdo a una asignaci�n de recursos limitada, que en total representa s�lo un poco m�s del 5% de los fondos disponibles para la UPD entre 1994 y 1996.

Di�logo y reconciliaci�n pol�tica

La OEA, sobre la base de los encargos del Plan de Acci�n, y teniendo presente una solicitud del Estado afectado, ha actuado en apoyo de varios procesos de reconciliaci�n pol�tica, a trav�s de programas o misiones especiales, respaldando la consolidaci�n de las instituciones democr�ticas y el mantenimiento de un clima de paz.

Los programas que se han desarrollado en este campo, representan, en general, iniciativas que van m�s all� de la cooperaci�n t�cnica tradicional o de los servicios generales de apoyo: comprenden para la OEA actividades de gran envergadura e impacto, que involucran esfuerzos integrales sustantivos, una cantidad importante de recursos humanos y financieros y una presencia significativa en el territorio de los pa�ses involucrados.

En este sentido, la UPD ha colaborado con varios Estados miembros en situaciones de post-conflicto o de transici�n democr�tica, en �reas tales como asesor�a y seguimiento de negociaciones de paz, promoci�n del di�logo, prevenci�n y resoluci�n de conflictos, reconstrucci�n nacional, reinserci�n de ex-combatientes, verificaci�n y promoci�n de derechos humanos y fortalecimiento de instituciones democr�ticas del Estado y de la sociedad civil.

En este contexto, deben mencionarse los programas o misiones especiales que se llevan a cabo actualmente en Guatemala (Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz); Hait� (Misi�n Internacional Civil OEA/ONU-MICIVIH); Nicaragua (hasta junio de 1997, la Comisi�n Internacional de Apoyo y Verificaci�n y, actualmente, el Programa de Cooperaci�n OEA con Nicaragua) y Surinam (Misi�n Especial para Surinam).

Las actividades emprendidas en la regi�n centroamericana, especialmente en Nicaragua y Guatemala, han sido reconocidas como una contribuci�n real y efectiva de la OEA al desarrollo y perfeccionamiento institucional y a la promoci�n de las libertades individuales.

En Hait�, por su parte, la labor que la OEA ha ejecutado junto con Naciones Unidas, para la implementaci�n de los programas destinados a consolidar las instituciones democr�ticas, ha sido resaltada como un esfuerzo significativo de cooperaci�n.

Finalmente, cabe resaltar por sus resultados positivos el Programa de Apoyo al Desminado en Centroam�rica, iniciativa que se inscribe en una creciente y profunda preocupaci�n de la comunidad internacional por las graves consecuencias que las minas antipersonales generan.

En t�rminos de asignaci�n de recursos, los programas contemplados en este ac�pite representaron m�s de dos tercios de los recursos a disposici�n de la UPD entre 1994 y 1996.

Por su parte, el Comit� Jur�dico Interamericano (CJI) ha desarrollado las siguientes acciones:

En el per�odo ordinario de sesiones de agosto de 1994, el CJI consider� el Informe titulado "La Democracia en el Sistema Interamericano", que remiti� al Secretario General a fin de que lo ponga a disposici�n de los �rganos de la Organizaci�n a los que corresponda tratar el tema. En el per�odo de sesiones de marzo de 1995, el CJI consider� el Informe Complementario sobre la Democracia en el Sistema Interamericano y adopt� una resoluci�n (CJI-RES-I-3-95), en la cual constat� y enumer� los principios y normas que la Organizaci�n y sus Estados miembros observan en relaci�n al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. Tambi�n resolvi� proponer a los correspondientes �rganos de la Organizaci�n diversas medidas tendientes al efectivo desarrollo progresivo del Derecho Internacional en relaci�n al tema.

Asimismo, el CJI resolvi� poner especial �nfasis en identificar y tipificar el eventual hecho il�cito internacional contra el ejercicio efectivo de la democracia representativa y estudiar la responsabilidad que de �l se puede derivar para el Estado y los individuos la posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresi�n del sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral la relaci�n entre el ejercicio efectivo de la democracia representativa, la paz y seguridad Internacional, y los derechos humanos y el alcance jur�dico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa.

El d�a 21 de febrero de 1997, se realiz� el Seminario sobre "La Democracia en el Sistema Interamericano", en la ciudad de Washington, D.C. Dicho Seminario fue organizado por el CJI, la Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos y la UPD, con la participaci�n de Representantes de las Misiones Permanentes ante la OEA y expertos invitados. Los trabajos de este Seminario han sido publicados recientemente por la Secretar�a General.

INICIATIVA 2. LA PROMOCION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

De conformidad al Plan de Acci�n de la Cumbre de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron los siguientes compromisos en el campo de la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos:

  • "Considerar�n seriamente la adhesi�n a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que a�n no sean parte.
  • Cooperar�n plenamente con todos los �rganos de derechos humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.
  • Desarrollar�n programas para la promoci�n y la observancia de los derechos humanos, incluidos programas educativos para informar a la poblaci�n de sus derechos legales y de su obligaci�n de respetar los derechos de los dem�s.
  • Promover�n pol�ticas para garantizar que las mujeres disfruten plena e igualitariamente de los derechos jur�dicos en sus familias y sociedades, y para garantizar la eliminaci�n de restricciones a su plena participaci�n como votantes, candidatas y funcionarias por elecci�n y por nombramiento.
  • Revisar�n y fortalecer�n las leyes para la protecci�n de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades ind�genas, a fin de asegurar que no sufran discriminaci�n, garantizar que gocen de protecci�n legal plena e igualitaria y facilitar su activa participaci�n c�vica. Apoyar�n un proceso para estudiar y aumentar la protecci�n de los derechos de los ind�genas en los Estados miembros de la OEA y elaborar�n con prontitud una firme declaraci�n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los ind�genas.
  • Revisar�n la legislaci�n nacional que afecte a los discapacitados, as� como sus beneficios y servicios, y har�n los cambios necesarios para facilitar que esos individuos disfruten de los mismos derechos y libertades que los dem�s miembros de la sociedad.
  • Emprender�n todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ni�os y, en caso de que todav�a no lo hayan hecho, considerar�n seriamente la ratificaci�n de la Convenci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni�o.
  • Garantizar�n la protecci�n de los derechos humanos de todos los trabajadores migrasteis y de sus familias.
  • Adoptar�n las medidas necesarias para remediar las condiciones inhumanas en las c�rceles y reducir al m�nimo el n�mero de detenidos en espera de juicio.
  • Revisar�n los programas de capacitaci�n para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, as� como las relaciones con la comunidad.
  • Intercambiar�n experiencias sobre la protecci�n de los derechos humanos a nivel nacional y, cuando sea posible, colaborar�n en la elaboraci�n de programas de capacitaci�n para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley y las fuerzas de seguridad, as� como de otros programas que disminuyan la posibilidad de violaciones de los derechos humanos.
  • Solicitar�n a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establezcan o fortalezcan, seg�n el caso, los programas para apoyar los proyectos nacionales destinados a la promoci�n y la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio Occidental.
  • Fortalecer�n a�n m�s a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."

Las acciones de la OEA

La Organizaci�n, a trav�s de sus �rganos, en especial de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emprendido diversas iniciativas destinadas a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en el Plan de Acci�n de Miami. Otras entidades del Sistema Interamericano tambi�n han emprendido acciones en el campo de los derechos humanos.

Adhesi�n a instrumentos de derechos humanos

La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos,"Pacto de San Jos�", no registr� con posterioridad a la Cumbre de Miami ninguna ratificaci�n o adhesi�n. Merece consignarse el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho por El Salvador el 6 de junio de 1995. El n�mero de Estados parte de esta Convenci�n es de 25, y la �ltima ratificaci�n data de 1993.

El Protocolo Adicional a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", cuenta con 9 ratificaciones o adhesiones, de las cuales 6 se produjeron despu�s de la Cumbre. En efecto, depositaron los respectivos instrumentos de ratificaci�n: Per�, el 4 de junio de 1995; El Salvador, el 6 de junio del mismo a�o; Uruguay, el 2 de abril; M�xico, el 16 de abril y Brasil, el 21 de agosto, todos en 1996, y Paraguay el 3 de junio de 1997. Conviene tener presente que este Protocolo a�n no entra en vigor internacional, ya que para ello requiere del dep�sito de 11 instrumentos de ratificaci�n o adhesi�n.

La Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas adquiri� vigor internacional en 1996. Despu�s de la Cumbre, durante 1996, los siguientes Estados se hicieron parte: Argentina, Costa Rica, Panam�, Paraguay y Uruguay.

El Protocolo Relativo a la Abolici�n de la Pena de Muerte,vigente desde el 28 de abril de 1991, ha recibido dos ratificaciones adicionales despu�s de la Cumbre: Brasil, el 13 de agosto de l996 y Ecuador, el 15 de abril de 1998.

La Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convenci�n de Bel�m do Par�", adquiri� vigencia internacional el 5 de marzo de 1995. Conviene se�alar que hasta ahora es el instrumento convencional de derechos humanos que mayor n�mero de Estados parte tiene: 27, y un solo Estado suscriptor. As�, y despu�s de la Cumbre de Miami, se registraron 14 ratificaciones durante 1995, 11 en 1996 y una durante 1997

La Convenci�n para Prevenir y Sancionar la Tortura no ha registrado, luego de diciembre de 1994, ninguna ratificaci�n o adhesi�n.

Poblaciones y comunidades ind�genas

En este �mbito, la principal actividad ha estado centrada en la culminaci�n del proceso de elaboraci�n del proyecto de "Declaraci�n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas", tarea que la Asamblea General hab�a encomendado en 1989 a la CIDH. El respaldo que dicha iniciativa recibe con el Plan de Acci�n de Miami, permiti� que la CIDH concluyera un primer borrador en 1995, que fue objeto de un amplio proceso de difusi�n y consulta, en el que participaron los gobiernos, las organizaciones ind�genas y el Instituto Indigenista Interamericano. Dicho proyecto fue aprobado por la CIDH en marzo de 1997 y enviado al Consejo Permanente.

La Asamblea General de Lima, en 1997, mediante la resoluci�n AG/RES.1479, dispuso que los Estados miembros presenten al " Consejo Permanente -�rgano en que qued� radicada la consideraci�n del referido proyecto-, antes del 31 de diciembre de 1997, sus observaciones y recomendaciones". Enseguida, encarg� al "Comit� Jur�dico Interamericano y al Instituto Indigenista Interamericano que, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que presenten los Estados miembros, transmitan al Consejo Permanente sus comentarios." Finalmente, se convocar� a una reuni�n de expertos gubernamentales sobre la materia.

El Comit� Jur�dico Interamericano, de conformidad con la resoluci�n antes se�alada, examin� dicho Proyecto de Declaraci�n y formul� sus observaciones en el curso del per�odo ordinario de sesiones celebrado en marzo de 1998, las que ser�n remitidas pr�ximamente al Consejo Permanente.

La CIDH est� prestando especial atenci�n a la situaci�n de los pueblos ind�genas y ha incorporado esta tem�tica en sus labores de promoci�n.

Programas para la promoci�n

Desde la Cumbre de las Am�ricas, la CIDH ha continuado fortaleciendo las actividades de promoci�n de los instrumentos regionales de protecci�n de los derechos humanos; ha dado a conocer las funciones y competencias de los �rganos dedicados a estos prop�sitos y ha realizado cursos de capacitaci�n para agentes p�blicos, acad�micos e interesados en general en esta tem�tica.

El reforzamiento de esta l�nea de trabajo ha permitido a la CIDH, adem�s de ir satisfaciendo una creciente demanda formulada por los Estados, establecer y acrecentar, seg�n el caso, v�nculos directos y m�s estrechos con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, los Ombudsman y otras instituciones similares que existen en varios pa�ses de la regi�n.

La CIDH dise�� un seminario tipo modular de presentaci�n y discusi�n de los procedimientos y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el cual puede realizarse en cualquier Estado miembro que as� lo solicite. Se han efectuado estos seminarios en Brasil, Paraguay y Argentina, con la participaci�n de varios centenares de funcionarios judiciales de esos pa�ses y funcionarios invitados de pa�ses vecinos.

La CIDH ha ampliado su programa de becas " R�mulo Gallegos" para j�venes profesionales que realizan pasant�as de diez meses en su Secretar�a Ejecutiva.

Los Comisionados y especialistas legales de la Secretar�a Ejecutiva participan en forma regular en reuniones t�cnicas sobre temas de derechos humanos e imparten cursos especiales en distintas universidades e institutos de formaci�n militar de la regi�n.

Cabe resaltar que durante 1995, la CIDH brind� su apoyo a la Comisi�n Nacional de la Verdad y Justicia en Hait� (CNVJ). En la etapa inicial, la Unidad de Investigaci�n de la CNVJ, integrada por 50 investigadores encargados de recoger informaci�n sobre abusos de derechos humanos, estuvo dirigida por una profesional de la Secretar�a Ejecutiva de la CIDH.

En cuanto a difusi�n, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la CIDH mantienen un servicio de publicaciones y distribuci�n de sus informes.

En cumplimiento del mandato encomendado por Asamblea General, la CIDH elabor� un Programa Interamericano de Promoci�n de los Derechos Humanos, que decidi� elevar al Consejo Permanente. Dicha propuesta busca impulsar y coordinar actividades ya en ejecuci�n y otras a desarrollarse, con la colaboraci�n de organizaciones interamericanas; instituciones nacionales p�blicas y la sociedad civil. Sus tres �reas principales est�n orientadas a difundir la normativa, mecanismos y jurisprudencia del sistema interamericano; a fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos; y a lograr la incorporaci�n de la ense�anza de los derechos humanos en los sistemas educativos.

La CIDH tambi�n ha continuado trabajando con los �rganos gubernamentales de derechos humanos, en particular las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de distintos pa�ses, los Comisionados (ombudsman) y otros similares. Los Comisionados y especialistas de la Secretar�a Ejecutiva siguen participando en reuniones t�cnicas sobre temas de derechos humanos e impartiendo cursos especiales en distintas universidades e institutos de la regi�n.

Derechos de la mujer

La CIDH, a trav�s de un Comisionado Relator Especial, ha emprendido un estudio sobre la compatibilidad de las leyes y pr�cticas de los Estados miembros de la OEA relativas a la situaci�n jur�dica de la mujer con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En mayo de 1995, el Relator Especial convoc� a una Reuni�n de Expertos con la colaboraci�n del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para analizar la posibilidad de preparar un cuestionario sobre las leyes y pr�cticas nacionales que influyen sobre la mujer. En marzo de 1996, se realiz� una Segunda Reuni�n de Expertos destinada a completar la elaboraci�n de dicho cuestionario. Juntamente con esta reuni�n, la CIDH organiz� una conferencia titulada "La Mujer, los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano: Agenda para la Acci�n", en cooperaci�n con la Comisi�n Interamericana de Mujeres, la Organizaci�n Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Washington College of Law.

En julio de 1996, la CIDH envi� cuestionarios a los Estados miembros de la OEA, que consultaba sobre diversos aspectos relacionados con la situaci�n de la mujer. A la fecha, 13 pa�ses han brindado la informaci�n solicitada. En el primer semestre de 1997, la CIDH envi� el cuestionario a unas 100 organizaciones no gubernamentales de la regi�n.

Por otra parte, cabe mencionar que por iniciativa de la CIDH, tuvo lugar en Washington en marzo de l997, el Segundo Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Derecho de la American University, con participaci�n de m�s de 40 universidades de la regi�n, evento que puso especial �nfasis en los derechos de la mujer. Comisionados y funcionarios de la CIDH participaron como jueces.

En el marco de su sistema de casos individuales, la CIDH emiti� dos informes contenidos en su Informe Anual de 1996 relacionados con violaciones de derechos humanos de la mujer y ha empezado a recibir m�s peticiones por violencia basadas en razones de g�nero. Adem�s, en sus actividades de seguimiento e informes especiales sobre la situaci�n de los derechos humanos en varios Estados miembros est� considerando la situaci�n espec�fica de los derechos de la mujer.

En su �ltimo per�odo ordinario de sesiones (1998), la CIDH consider� y aprob� el Informe del Relator Especial sobre Derechos de la Mujer, el cual analiza la legislaci�n y la pr�ctica de los Estados miembros con miras al cumplimiento de las obligaciones de respetar los derechos de la mujer establecidos en la Convenci�n Americana y en la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Asimismo, provee informaci�n sobre la manera en la que los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos pueden ser utilizados para remediar las deficiencias legislativas que afectan los derechos de la mujer y presenta un n�mero de conclusiones preliminares sobre temas tales como garant�as institucionales y legales; capacidad jur�dica; derecho de participar en asuntos p�blicos; derechos a la vida y a la integridad f�sica; y derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminaci�n. El informe concluye con un n�mero de recomendaciones relativas a la supresi�n de la discriminaci�n de facto y de jure y sus consecuencias, y al cumplimiento de los objetivos planteados en el marco del sistema regional. La CIDH ha puesto �nfasis en recomendar a los Estados miembros que identifiquen las pr�cticas que tienen el prop�sito o efecto de discriminar por razones de g�nero y reformen su legislaci�n a fin de que esas deficiencias sean eliminadas antes del a�o 2000. Tambi�n se ha hecho un Ilamamiento a los Estados miembros para que eval�en los recursos legales previstos en la legislaci�n interna, a fin de desarrollar y reforzar su disponibilidad y efectividad en esta �rea. El Informe ser� publicado e incluido in extenso en el Informe Anual de la CIDH para 1997, que ser� sometido a la Asamblea General de la OEA en Caracas.

En cuanto a las tareas a desarrollar en el futuro inmediato, la Relator�a ha indicado que estar�n centradas en el problema de la violencia contra la mujer y la utilizaci�n de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos con el fin de prevenirla, sancionarla y erradicarla.

La CIDH ha decidido establecer un Fondo Voluntario sobre Derechos de la Mujer, que est� abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperaci�n, fundaciones y entes privados.

Derechos de los discapacitados

En el marco de la OEA, la consideraci�n y adopci�n del proyecto de Convenci�n Interamericana para la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n por Razones de Discapacidad ha constituido, despu�s de la Cumbre de 1994, la principal actividad que se ha desarrollado en esta �rea. Dicha iniciativa, que fue presentada por Panam�, ha recibido ya los comentarios y observaciones de varios Estados miembros, del Comit� Jur�dico Interamericano, de la OPS, de la Secretar�a Ejecutiva de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

De conformidad con la resoluci�n 1487, aprobada en la Asamblea General de Lima, el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado de los discapacitados, celebrar� una reuni�n extraordinaria, con la participaci�n de los expertos legales u otros que designen los Estados miembros, con el fin de someter el proyecto de Convenci�n a la consideraci�n del vig�simo octavo per�odo ordinario de sesiones de Asamblea General, en 1998. El Consejo Permanente ha decidido que dicha reuni�n extraordinaria tenga lugar en 1998. En efecto, dicho Grupo sostuvo una sesi�n especial los d�as 3 y 4 de marzo, ocasi�n que permiti� aprobar varios art�culos del referido proyecto convencional.

Derechos de los ni�os

El Instituto Interamericano del Ni�o (IIN), despu�s de la Cumbre de Miami, se encuentra empe�ado en un proceso de promoci�n de los derechos del ni�o. En tal sentido, y luego de la elaboraci�n de un inventario con todas las actividades de los �rganos y organismos del sistema interamericano referidas a la situaci�n de la ni�ez, el IIN deber� presentar a la pr�xima Asamblea General un programa de acci�n concertada para la ni�ez de las Am�ricas, que propugne "el mejoramiento de las condiciones de vida de las ni�as y los ni�os de la regi�n, tanto en el plano social como en el econ�mico, el educativo, el cient�fico y el tecnol�gico, y la plena vigencia de todos sus derechos", conforme a la resoluci�n 1522, aprobada en la Asamblea General de Lima.

Conviene tener presente, por otra parte, que el IIN particip� en la Cumbre a favor de la infancia de Am�rica Latina y el Caribe, que organiz� el Gobierno de Colombia en marzo de 1998. Los temas de la agenda de esta reuni�n fueron : Trabajo infantil; Violencia Intrafamiliar; Participaci�n de la ni�ez en los conflictos armados y Explotaci�n sexual. Sobre este �ltimo punto, cabe consignar que el IIN ha incorporado en su agenda el tema de la Explotaci�n sexual. A tal fin, se ha encargado a un consultorio independiente la preparaci�n de un documento marco que sirva de punto de partida para las deliberaciones de un Seminario sobre la materia, que recibir� apoyo financiero del BID.

Por su parte, conviene tener presente que la CIDH, en sus �ltimos Informes Anuales, se ha referido a problemas espec�ficos que afectan a la poblaci�n infantil como el de los "ni�os de la calle", la situaci�n de los ni�os en establecimientos de internaci�n, la explotaci�n sexual infantil y los derechos socio-econ�micos especialmente a la salud y a la educaci�n y los derechos de la ni�ez ind�gena.

Derechos de los trabajadores migrantes

La CIDH, en mayo de 1996, decidi� iniciar la consideraci�n del tema de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias en el hemisferio, con vistas a la preparaci�n de un informe sobre el particular. En Panam�, la Asamblea General de la OEA, mediante la resoluci�n 1404, dispuso que la CIDH efect�e una evaluaci�n sobre la situaci�n de este grupo de personas.

La CIDH constituy� un Grupo de Trabajo integrado por Comisionados y abogados especialistas de su Secretar�a Ejecutiva, cuyo prop�sito ser� estudiar la situaci�n de los trabajadores migrantes y sus familias, sin entrar al an�lisis de problemas como los de las "personas desplazadas en el �mbito interno", los "ap�tridas" o los "refugiados".

El Grupo de Trabajo emprendi� la primera fase de su labor, que consiste en entablar contacto con organizaciones internacionales, regionales y nacionales, que interact�an con los trabajadores migrantes, a fin de recibir informaci�n sobre �stos que permita identificar y definir sus problemas.

Actualmente el Grupo est� dedicado a analizar la informaci�n que proporcionaron esas organizaciones y proseguir� sus consultas con diversas entidades para ampliarla. Tambi�n se realizar�n visitas a las �reas donde existan concentraciones considerables de trabajadores migrantes, a fin de evaluar directamente su situaci�n.

Asimismo, el Grupo se encuentra preparando un cuestionario sobre la situaci�n de los trabajadores migrantes que se remitir� a todos los Estados miembros de la OEA. Tambi�n se preparar� un cuestionario separado que se remitir� a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con trabajadores migrantes en forma cotidiana, con el fin de obtener una evaluaci�n directa de su situaci�n.

Con esos antecedentes, la CIDH preparar� un informe de evaluaci�n sobre la situaci�n de los trabajadores migrantes y sus familias.

Durante su nonag�simo octavo per�odo de sesiones, la CIDH consider� el informe de avance de asuntos relacionados con la Relator�a sobre Trabajadores Migratorios y aprob� sendos cuestionarios a ser enviados a los Estados miembros de la OEA, y a organizaciones, ya sea intergubernamentales o no gubernamentales, especializadas en el tema.

A fin de fortalecer las actividades que la CIDH est� desarrollando sobre la materia, se decidi� establecer un Fondo Voluntario sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, que est� abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperaci�n, fundaciones y entes privados.

Condiciones carcelarias

La CIDH estableci� un Grupo de Trabajo para estudiar las condiciones de detenci�n en las Am�ricas, acordando que una vez concluido el estudio, emitir�a el informe correspondiente y preparar�a un instrumento para establecer un c�digo uniforme de organizaci�n y normas m�nimas, consecuente con el derecho internacional, que sirva de modelo a los Estados miembros para la administraci�n penitenciaria y el tratamiento de la poblaci�n reclusa.

Se enviaron cuestionarios a los gobiernos de los Estados miembros, en los que se solicit� informaci�n sobre las condiciones de detenci�n y de los establecimientos carcelarios en sus respectivos pa�ses. Los cuestionarios tambi�n se enviaron a organizaciones no gubernamentales interesadas en las condiciones de detenci�n en el hemisferio. Hasta la fecha han respondido 26 Estados miembros y 14 organizaciones no gubernamentales.

La CIDH ha realizado visitas espec�ficas a centros de detenci�n y prisiones en varios pa�ses, tanto en sus visitas de observaci�n general, como en misiones especiales dedicadas a ese prop�sito, para obtener conocimiento directo sobre las condiciones de detenci�n.

La Asamblea General, mediante la resoluci�n AG/RES. 1404 (XXVI-0/96), recomend� "a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos que contin�e considerando con car�cter prioritario el tema de la adopci�n de medidas necesarias para remediar las condiciones de los detenidos en espera de juicio y de la sobrepoblaci�n de las c�rceles y que informe al respecto al pr�ximo per�odo de sesiones de la Asamblea General".

El Grupo, durante 1997, ha seguido con sus actividades de evaluaci�n, con vista a la preparaci�n del informe sobre "Condiciones de Detenci�n en las Am�ricas", que ser� presentado a la consideraci�n de la Asamblea General.

Durante 1998, la CIDH continu� con la preparaci�n de su informe especial sobre "Condiciones de detenci�n y encarcelamiento en las Am�ricas", cuya Relator�a est� a cargo de dos Comisionados.

Capacitaci�n de agentes de la ley y fuerzas de seguridad

La CIDH particip� en una reuni�n auspiciada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Comando Sur de los Estados Unidos en Panam� en julio de 1997, con la participaci�n de representantes gubernamentales militares y civiles de m�s de doce pa�ses miembros. En esa reuni�n los representantes gubernamentales convinieron en que la capacitaci�n de agentes de la ley y fuerzas de seguridad se concrete en planes nacionales que incorporen la formaci�n en derechos humanos.

La CIDH ha realizado adem�s visitas especiales y reuniones con distintos centros militares de la regi�n, referidos a los aspectos curriculares de la formaci�n en derechos humanos de la oficialidad militar y de seguridad.

Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En la Cumbre de las Am�ricas los gobiernos asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Declaraci�n de Montrouis, adoptada en la Asamblea General, de 1995, se manifest� que " ... en el sistema interamericano existe una valiosa experiencia y un bien ganado prestigio en los campos de la promoci�n y la protecci�n de los derechos humanos, que justifica que los Estados miembros otorguen un decidido respaldo a sus �rganos, incluida la dotaci�n de mayores recursos financieros y humanos para el cumplimiento de sus fines; igualmente, que se realice una evaluaci�n del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos con miras a iniciar un proceso de reflexi�n que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad, si fuere necesario, de introducir reformas en los instrumentos correspondientes, en especial a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos."

En 1996, la Asamblea General encomend� al Consejo Permanente " realizar una evaluaci�n del funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos con miras a iniciar un proceso que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad de reformar los instrumentos jur�dicos correspondientes, as� como sobre m�todos y procedimientos de trabajo de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitar� la colaboraci�n de la Comisi�n y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...".

En el curso de 1996 y 1997 se analizaron los diversos aspectos comprendidos en el mandato de evaluaci�n del sistema. En tal sentido, merecen consignarse diversas iniciativas y propuestas: el Secretario General present� el documento " Hacia una Nueva Visi�n del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" (CP/doc.2828/96 de 26 de noviembre de 1996); la Secretar�a de la Corte Interamericana de Derechos Humanos elabor�, a solicitud de la Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos (CAJP) del Consejo Permanente, un documento titulado "La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones y Retos" (OEA/Ser.G, CP/CAJP-1130, del 26 de noviembre de 1996); la CIDH organiz� un seminario sobre "el Sistema Interamericano de Promoci�n y Protecci�n de los Derechos Humanos", que tuvo lugar en Washington del 2 al 4 de diciembre de 1996, y la CAJP del Consejo Permanente celebr� una sesi�n especial con la asistencia de expertos gubernamentales del 2 al 4 de abril de 1997.

La Asamblea General celebrada en 1997, a la luz de las actividades realizadas en el seno de la Organizaci�n, adopt� dos resoluciones: AG/Res.1488 , titulada "Evaluaci�n del Funcionamiento y el Perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Promoci�n y Protecci�n de los Derechos Humanos" y AG/RES. 1489, denominada "Promoci�n Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano". La primera de ellas encomienda al Consejo Permanente que "a fin de fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de promoci�n y protecci�n de los derechos humanos, contin�e la consideraci�n integral de los distintos aspectos relativos al mismo (sistema de derechos humanos), formulando recomendaciones, de considerarlo adecuado y a trav�s de los �rganos correspondientes, sobre eventuales reformas a los instrumentos jur�dicos aplicables." En la segunda resoluci�n se acogen las conclusiones de la Sesi�n Especial de la CAJP sobre promoci�n internacional de los derechos humanos y encomienda a la CIDH que elabore un proyecto de Programa Interamericano de Promoci�n Internacional de los derechos Humanos para someterlo a la consideraci�n del Consejo Permanente.

En concordancia con el objetivo prioritario establecido por el Plan de Acci�n respecto al fortalecimiento del sistema, la CIDH ha desarrollado una amplia y creciente actividad cumpliendo su mandato de promover y defender los derechos humanos en el hemisferio. A partir de 1995 se incrementaron las siguientes actividades de la CIDH: se realizaron un promedio anual de m�s de tres per�odos de sesiones ordinarios y extraordinarios, ampli�ndose el per�odo de duraci�n de cada sesi�n; se llevaron a cabo 11 misiones de observaci�n in loco, de car�cter general y de orden tem�tico, adem�s de varias visitas especiales de contacto con autoridades y de observancia de cumplimiento de acuerdos. Tambi�n se increment� el n�mero de casos tramitados y decididos de solicitudes de medidas cautelares a gobiernos, as� como el n�mero de procedimientos de soluciones amistosas.

La CIDH ha desarrollado una amplia actividad en materia de protecci�n de los derechos humanos a trav�s de su sistema de peticiones individuales. En tal sentido, cabe destacar que en el Informe Anual de 1995 aparecen 9 casos que fueron aprobados para su publicaci�n. En el Informe Anual de 1996 se publicaron 31 informes.

En los a�os 1995 y 1996, la CIDH y la Corte han incrementado sustancialmente sus relaciones como resultado del mayor n�mero de casos que la Comisi�n ha presentado a la Corte, as� como de las medidas provisionales solicitadas. Asimismo, la coordinaci�n entre los dos �rganos del sistema interamericano se ha visto beneficiada con la realizaci�n de reuniones conjuntas, que han provisto un marco adecuado para el intercambio de experiencias y la coordinaci�n de actividades.

Durante 1997, la Corte en pleno y sus secretar�as sostuvieron una reuni�n de trabajo en la sede de la Corte, en San Jos�, Costa Rica con algunos comisionados y con los secretarios de la Comisi�n Interamericana.

En dicha reuni�n se tomaron acuerdos importantes sobre aspectos procedimentales e institucionales, entre los que cabe destacar la elaboraci�n de propuestas para la pr�xima reuni�n sobre la representaci�n de las v�ctimas ante la Corte, as� como la idea de informar a la Asamblea General de la OEA para que durante las Asambleas Generales se incorpore un cap�tulo o subcap�tulo para debatir el cumplimiento de las sentencias de la Corte y las resoluciones de la Comisi�n, dando audiencia previa a los Estados involucrados

El Seminario organizado por la CIDH arrib� a una serie de conclusiones orientadas al perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las mismas se�alan que el proceso de perfeccionamiento debe centrarse en la modificaci�n de los Reglamentos de los �rganos del sistema, ya que los problemas que presenta el sistema son principalmente de car�cter procedimental, por lo que su soluci�n no requiere de la reforma o modificaci�n del texto del Pacto de San Jos�.

En tal sentido, la Corte revis� su Reglamento durante el XXIII Per�odo Ordinario de Sesiones y promulg� uno nuevo que entr� en vigor el 1� de enero de 1997. Este Reglamento tiene la virtud de haber reorganizado el procedimiento ante la Corte para adecuarlo a situaciones m�s acordes con la naturaleza de un proceso internacional de derechos humanos y darle m�s celeridad al proceso, eliminando algunos actos procesales que respond�an m�s al litigio internacional entre Estados. Sin embargo, el cambio m�s radical fue la reforma introducida para darle a las v�ctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares participaci�n directa e independiente de la Comisi�n ante el proceso de la Corte en la etapa de reparaciones.

Con esta reforma, la Corte cumple en forma parcial, con la resoluci�n de la Asamblea General AG/RES. 1488.

Otra de las medidas tomadas por la Corte para fortalecer el sistema ha sido el incremento de los per�odos de sesiones a cinco durante 1997.

En la actualidad, con el incremento de env�o de casos por parte de la Comisi�n a la Corte (dos en 1997 y dos m�s en lo que va del presente a�o) asciende a 28 el n�mero de asuntos en tr�mite ante el tribunal.

Por otra parte, la CIDH ha acrecentado su acci�n y relaciones de trabajo con entidades nacionales, de la OEA, del sistema de Naciones Unidas y de otros sistemas regionales.

En cuanto a la Corte, conviene se�alar las siguientes actividades realizadas durante 1997:

  • Reuni�n de la Corte con la Corte Europea de Derechos Humanos los d�as 4 y 5 de noviembre, oportunidad en que se trataron temas de inter�s com�n para ambos tribunales y en especial se estudiaron la evoluci�n reglamentaria y jurisprudencial de uno y otros �rganos jurisdiccional, los efectos de la entrada en vigor del Protocolo XI y cambios en la estructura de la Corte Europea y la posibles modificaciones al sistema interamericano de derechos humanos.
  • Suscripci�n de un Convenio de Cooperaci�n con el Instituto Internacional de Derechos Humanos, el 8 de julio.
  • Convenio con el Centro Dan�s de Derechos Humanos, con el prop�sito de proporcionar al Departamento Legal de la Secretar�a de la Corte los servicios profesionales de un abogado europeo.
  • Colaboraci�n con la Asociaci�n Costarricense de Derecho Internacional en la implementaci�n de la ‘Competencia Interamericana sobre Derechos Humanos Eduardo Jim�nez de Ar�chaga’.

INICIATIVA 5. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"La democracia efectiva requiere que la corrupci�n sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegraci�n social y de distorsi�n del sistema econ�mico que socava la legitimidad de las instituciones pol�ticas."

En el Plan de Acci�n de Miami los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Promover�n el debate p�blico sobre los problemas m�s importantes que enfrente el gobierno y establecer�n prioridades para efectuar las reformas necesarias que permitan lograr transparencia y rendici�n efectiva de cuentas de las funciones de gobierno.
  • Garantizar�n la debida supervisi�n de las funciones gubernamentales fortaleciendo los mecanismos internos, entre ellos la capacidad de investigaci�n y cumplimiento de las leyes con respecto a los actos de corrupci�n y facilitando el acceso del p�blico a la informaci�n necesaria para un escrutinio externo significativo.
  • Establecer�n normas sobre conflicto de intereses para los empleados p�blicos, as� como medidas eficaces contra el enriquecimiento il�cito, entre ellas la imposici�n de sanciones rigurosas a aquellos que utilicen sus cargos p�blicos en beneficio de intereses particulares.
  • Har�n un llamado a los gobiernos del mundo para que adopten y hagan cumplir las medidas contra el soborno en todas las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio; con este fin, invitar�n a la OEA a que establezca v�nculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales.
  • Elaborar�n mecanismos de cooperaci�n en los sectores bancario y judicial para que sea posible una respuesta r�pida y efectiva en las investigaciones internacionales de los casos de corrupci�n.
  • Dar�n prioridad al fortalecimiento de los reglamentos y las compras gubernamentales, la recaudaci�n de impuestos, la administraci�n de justicia y los procesos electoral y legislativo, utilizando el apoyo del BID y de otras instituciones financieras internacionales cuando as� proceda.
  • Desarrollar�n en la OEA, con la debida consideraci�n de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisf�rico sobre los actos de corrupci�n en los sectores p�blico y privado que incluya la extradici�n y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupci�n, a trav�s de la negociaci�n de un nuevo acuerdo hemisf�rico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperaci�n internacional."

Las acciones de la OEA

Dos mandatos recayeron directamente en la Organizaci�n: el establecimiento de v�nculos entre la OEA y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales y el desarrollo de un enfoque hemisf�rico sobre los actos de corrupci�n en los sectores p�blico y privado, a trav�s de la negociaci�n de un nuevo acuerdo hemisf�rico. Ambos encargos se han materializado.

En efecto, respecto del primer encargo se ha establecido un contacto inicial con la OCDE y existe un intercambio de informaci�n entre las Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos de la OEA y los �rganos competentes de la organizaci�n europea.

En cuanto al segundo compromiso, la adopci�n de la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n, el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, constituye el logro principal, convirti�ndolo en el primer instrumento multilateral en su g�nero. Su r�pida entrada en vigor, que se produjo el 6 de marzo de 1997, treinta d�as despu�s del dep�sito de la segunda ratificaci�n, es una prueba elocuente del �xito alcanzado en el establecimiento de este marco jur�dico de cooperaci�n de lucha contra la corrupci�n. A la fecha, son 24 los Estados signatarios y 9 los Estados parte del Acuerdo .

La Convenci�n ha permitido, por otra parte, que los Estados avancen en el desarrollo y perfeccionamiento de figuras que no est�n contempladas en todos los ordenamientos jur�dicos nacionales, como acontece con el enriquecimiento il�cito y soborno transnacional. Se encarg� al Comit� Jur�dico Interamericano la elaboraci�n de legislaci�n modelo respecto de las actividades antes mencionadas.

En agosto de 1996, el Comit� estudi� diversos documentos presentados por sus miembros as� como el documento ‘’Algunos Elementos para la Preparaci�n de Legislaci�n Modelo Relativa a Enriquecimiento Il�cito y Soborno Transnacional’’ (CJI/doc.15/97), preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos, y emiti� la resoluci�n CJI/RES.1-1/97 mediante la cual resuelve aprobar el informe preparado por los relatores titulado ‘’Elementos para la Preparaci�n de Legislaci�n Modelo con respecto al Enriquecimiento Il�cito y el Soborno Transnacional’’ (CJI/SO/I/doc.12/97), como un aporte preliminar del Comit� hacia la elaboraci�n posterior de legislaci�n modelo en la materia.

Durante su LI per�odo de sesiones realizado en agosto de 1997, el Comit� Jur�dico examin� el tema y adopt� la resoluci�n CJI/RES.13/LI/97 ‘’Legislaci�n Modelo con Respecto al Soborno Transnacional y el Enriquecimiento Il�cito’’, mediante la cual decidi� continuar analizando la naturaleza del aporte del Comit� que ser�a m�s apropiado para que el derecho positivo interno incorpore las conductas relativas al soborno transnacional y al enriquecimiento il�cito.

Teniendo presente los t�rminos de la Convenci�n antes se�alada, y muy particularmente aquellas disposiciones que implican la adopci�n de acciones por parte de los Estados, tanto al interior de ellos, como en el �mbito de la cooperaci�n internacional, la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en Lima, en 1997, aprob� el Programa Interamericano de Cooperaci�n para Combatir la Corrupci�n, el cual establece acciones tendientes a perfeccionar los instrumentos jur�dicos para combatir la corrupci�n, fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra ese flagelo, estrechar los v�nculos con otros organismos internacionales y promover la participaci�n de la sociedad civil en esa tarea. La Asamblea General encomend� la implementaci�n de este Programa a la Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos de la Secretar�a General, bajo la supervisi�n del Consejo Permanente. Finalmente, cabe tener presente que la Secretar�a General, a trav�s de su Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos, posee un centro de documentaci�n, que cuenta con la legislaci�n de diversos pa�ses del hemisferio sobre corrupci�n.

En la Reuni�n de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campa�as Electorales se adoptaron las siguientes recomendaciones: Que se contin�e con la labores de recopilaci�n de la legislaci�n relativa a las contribuciones a las campa�as electorales; que se promuevan las acciones tendientes al intercambio de informaci�n legislativa; brindar asesor�a legislativa a solicitud de los Estados miembros interesados; desarrollar proyectos de legislaci�n modelo y estudios de legislaci�n comparada en relaci�n con las contribuciones a las campa�as electorales; propiciar la divulgaci�n de las medidas adoptadas para controlar las contribuciones a las campa�as electorales en los distintos pa�ses; estimular el intercambio de informaciones y experiencias entre las instituciones encargadas en cada uno de los Estados de supervisar el desarrollo de las campa�as electorales; realizar el intercambio de informaci�n y proyectos destinados a lograr el control del financiamiento ilegal que transciende las fronteras nacionales; propiciar la realizaci�n de encuentros acad�micos y de instituciones de la sociedad civil a fin de analizar los problemas suscitados por las contribuciones a las campa�as electorales;.celebrar una reuni�n en el transcurso del a�o a los fines de continuar evaluando el tema sobre contribuciones en campa�as electorales; que el Consejo Permanente, a trav�s de su Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos, siga considerando el tema sobre contribuciones en campa�as electorales y, de considerarlo pertinente, constituya un Grupo de Trabajo dedicado a esta materia.

INICIATIVA 6. LA LUCHA CONTRA EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS Y DELITOS CONEXOS

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas il�citas sobre nuestras econom�as y valores �ticos, sobre la salud p�blica y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producci�n, el tr�fico y la distribuci�n de narc�ticos, as� como contra el lavado de dinero y el tr�fico il�cito de armas y sustancias qu�micas precursoras. Tambi�n cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos pa�ses donde existen cultivos il�citos. La cooperaci�n deber� extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producci�n, uso y tr�fico de drogas il�citas y a la rehabilitaci�n de adictos."

En el Plan de Acci�n de Miami los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Ratificar�n la Convenci�n de las Naciones Unidas contra el Tr�fico Il�cito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr�picas de 1988 y convertir�n en delito el lavado del producto de cualquier delito grave.
  • Promulgar�n leyes que permitan el congelamiento y la incautaci�n del producto de operaciones de lavado de dinero y considerar�n la distribuci�n de los activos incautados entre los gobiernos.
  • Ejecutar�n, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaraci�n de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acci�n Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero y colaborar�n para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisi�n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
  • Alentar�n a las instituciones financieras para que notifiquen las transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y elaborar�n procedimientos efectivos que permitan la recolecci�n de informaci�n pertinente de las instituciones financieras.
  • Trabajar�n individual y colectivamente para identificar las redes de tr�fico de estupefacientes y de lavado de dinero de la regi�n, entablar juicio a sus dirigentes e incautar los bienes procedentes de esas actividades delictivas.
  • Adoptar�n programas para prevenir y reducir la demanda y el consumo de drogas il�citas.
  • Adoptar�n estrategias nacionales efectivas y ambientalmente sanas para prevenir o reducir significativamente el cultivo y procesamiento de cultivos utilizados para el comercio de drogas il�citas, prestando particular atenci�n al apoyo nacional e internacional para los programas de desarrollo que creen alternativas econ�micas viables para la producci�n de estupefacientes.
  • Brindar�n particular atenci�n al control de productos qu�micos precursores y apoyar�n estrategias integradas de interdicci�n de drogas.
  • Celebrar�n una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisf�rica coordinada, que incluya la consideraci�n de una convenci�n interamericana para combatir el lavado de dinero.
  • Convocar�n una conferencia hemisf�rica de donantes, incluidos los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de las Naciones Unidas, con el fin de obtener recursos para los programas de desarrollo alternativo dirigidos a poner fin a la producci�n, el tr�fico y el consumo de drogas il�citas, y a la rehabilitaci�n de los drogadictos.
  • Apoyar�n las consultas que ha iniciado la OEA con la Uni�n Europea sobre las medidas para controlar los productos qu�micos precursores.
  • Apoyar�n la convocatoria de una Conferencia Mundial contra los Estupefacientes."

Las acciones de la OEA

La CICAD ha tenido la responsabilidad de apoyar los esfuerzos nacionales destinados a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en la Cumbre de Miami.

Todos los Estados miembros de la OEA son parte de la Convenci�n de las Naciones Unidas contra el Tr�fico Il�cito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr�picas de 1988. Despu�s de la Cumbre de Miami, 4 Estados efectuaron el dep�sito del respectivo instrumento de ratificaci�n o adhesi�n.

Estrategia antidrogas

La CICAD, a trav�s de un Grupo de Trabajo presidido por Uruguay, inici� en 1995 la elaboraci�n de la "Estrategia Antidrogas en el Hemisferio", la que fue aprobada en su vig�simo per�odo de sesiones, en noviembre de 1996, en Argentina, y formalmente suscrita por los Estados miembros en diciembre del mismo a�o, en Uruguay.

La Estrategia destaca por su visi�n integral, equilibrada y consensual, innovativa en muchos aspectos y que, en el marco del respeto a principios como el de responsabilidad compartida, establece los par�metros y criterios conforme a los cuales los pa�ses del hemisferio dise�an e implementan sus propios esfuerzos nacionales contra el abuso de drogas y delitos conexos.

En abril de 1997, durante el vig�simo primer per�odo de sesiones de la CICAD, se identificaron 40 tareas prioritarias destinadas a implementar el Plan de Acci�n de la Estrategia, las cuales -en un per�odo de casi dos a�os- deber�n ser ejecutadas por la Secretar�a Ejecutiva de la CICAD.

Conviene consignar, que durante el XXII Per�odo Ordinario de Sesiones celebrado en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997, la CICAD decidi�, a propuesta de la Delegaci�n de Canad�, realizar una o m�s reuniones en Washington, D.C., para analizar las propuestas de Honduras y de Estados Unidos, tomando en consideraci�n las intervenciones de otras Delegaciones, para el establecimiento de un proceso �nico y objetivo de evaluaci�n gubernamental de car�cter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisf�ricos y de todos los Estados miembros, consistente con la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio antes citada.

Lavado de dinero

Los pa�ses del Hemisferio se reunieron al nivel ministerial en diciembre de 1995, en Argentina, para acordar un marco de acci�n contra el lavado de dinero. En este evento se suscribi� la Declaraci�n Ministerial y el Plan de Acci�n de Buenos Aires, que encarg� a la CICAD la realizaci�n de actividades sustantivas y, en especial, el dise�o de mecanismos de autoevaluaci�n nacional del cumplimiento de las acciones acordadas. Para este �ltimo efecto, la Secretar�a Ejecutiva distribuy� un cuestionario, previamente aprobado por la CICAD, para ser voluntariamente respondido por los Estados miembros. A la fecha 21 Estados han entregado la informaci�n solicitada.

El Grupo de Expertos que existe sobre esta materia ha tenido reuniones en Washington (1996) y Santiago de Chile (1997), concentrando su atenci�n en la actualizaci�n del Reglamento Modelo, aprobado en 1992, y en la identificaci�n de nuevos tipos penales. Igualmente se ha puesto el acento en el perfeccionamiento de los programas de entrenamiento contra el lavado de dinero y activos.

Varios Estados del hemisferio - despu�s de la Cumbre de Miami y de la reuni�n de Buenos Aires- han dictado leyes y reglamentos destinados a sancionar el lavado de activos. En todo caso, con posterioridad a diciembre de 1994, la mayor�a de los pa�ses de la regi�n han incorporado en sus legislaciones nacionales, de manera total o parcial, los principales principios y recomendaciones contenidas en el Reglamento Modelo de la CICAD y en las del Grupo de Acci�n Financiera del Caribe (GAFIC).

Durante el per�odo posterior a la Cumbre, los pa�ses han procurado incorporar al combate contra el lavado de activos al sector financiero privado. Este esfuerzo est� permitiendo crear una adecuada conciencia de responsabilidad de parte de las instituciones financieras, las que, a trav�s de mecanismos gremiales nacionales e internacionales, vienen adoptando medidas de control y capacitaci�n de su personal para contener el problema del lavado de activos. Asimismo, las instituciones financieras internacionales, particularmente el BID y el Banco Mundial, se han interesado en este empe�o, encontr�ndose a la fecha estudiando f�rmulas que les permitan asistir a los Estados, en estrecha cooperaci�n con la CICAD. En este sentido, conviene anotar que en la �ltima Asamblea de Gobernadores del BID, celebrada en Cartagena, las autoridades del Banco y de la CICAD anunciaron el lanzamiento de un programa de entrenamiento en materia de control del lavado de activos para funcionarios de gobierno y de instituciones bancarias encargadas de estas actividades, que constituye el primero de su g�nero.

Control de precursores y sustancias qu�micas utilizadas en la producci�n il�cita de drogas.

La CICAD, a trav�s de su Grupo de Expertos, continu� el trabajo de modernizaci�n y actualizaci�n del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Productos Qu�micos, aprobado en 1992. As�, y luego de la reuni�n del Grupo en Martinique, en junio de 1997, se ha decidido revisar las tablas de productos controlados y se ha elaborado una tabla adicional de vigilancia de productos no controlados que se ha verificado son usados actualmente en esa actividad.

A su vez, y con el fin de promover la coordinaci�n e intercambio de informaci�n entre las autoridades responsables de las acciones de control e interdicci�n del desv�o de qu�micos, se est� implementando el m�dulo de precursores qu�micos del Sistema Interamericano de Comunicaciones para el Control de Drogas (SITCOD). A tal efecto, se han enlazado computacionalmente los puestos fronterizos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Per� y Venezuela, para mejorar el control del tr�fico de productos qu�micos. Los dem�s pa�ses del hemisferio se ir�n incorporando paulatinamente a este sistema.

Asimismo, se ha continuado impartiendo cursos de entrenamiento en este campo.

Control del tr�fico il�citos de armas y explosivos utilizados por los narcotraficantes

El Grupo de Expertos de la CICAD para el control del contrabando de armas y explosivos acord� utilizar formularios comunes para el control de la exportaci�n e importaci�n de armas y explosivos y elabor� un proyecto de Reglamento Modelo en la materia, el cual fue aprobado por la Asamblea de la CICAD, celebrada en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997.

Por otra parte, conviene destacar que, la Asamblea General, durante su XXIV Per�odo Extraordinario de Sesiones, adopt� el 14 de noviembre de 1997, la Convenci�n Interamericana contra la Fabricaci�n y el Tr�fico Il�citos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

Durante el acto de firma de la citada Convenci�n, la Asamblea General cont� con la presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Ernesto Zedillo, y del Presidente de los Estados Unidos de Am�rica, Sr. William Clinton.

El prop�sito de dicha Convenci�n es "impedir, combatir y erradicar la fabricaci�n y el tr�fico il�cito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados", as� como "promover y facilitar entre los Estados parte la cooperaci�n y el intercambio de informaci�n para el cumplimiento de tales fines".

El n�mero de Estados signatarios de dicho instrumento es 31, y un Estado lo ha ratificado.

Cooperaci�n en la lucha contra las drogas

La CICAD, con la finalidad de apoyar los esfuerzos nacionales por un m�s estricto control de las v�as mar�timas, ha establecido, en una primera etapa, un mecanismo de informaci�n para acciones de cooperaci�n mar�tima que abarca todos los pa�ses sudamericanos. Luego se sumar�n los centroamericanos y M�xico. Este mecanismo se conectar� con el que se viene implementando en el Caribe, bajo los auspicios de la Uni�n Europea. En relaci�n a las v�as fluviales y lacustres, el desarrollo del SITCOD/ Precursores, contribuir� a una mejor vigilancia de estas rutas.

Desarrollo alternativo

La CICAD, en el contexto de sus esfuerzos por reducir la oferta, tiene en ejecuci�n proyectos sobre desarrollo alternativo, los que son significativos por el efecto multiplicador y de valor agregado que generan, en especial los vinculados a la creaci�n de oportunidades de mercado, al manejo integrado de plagas y al de la administraci�n y evaluaci�n del uso de tierras. Otras actividades en cuanto al desarrollo alternativo est�n referidas a propiciar el inter�s de las instituciones financieras internacionales en la materia. As�, algunos Estados miembros han solicitado que la CICAD coordine con tales instituciones la convocatoria de mesas de donantes para desarrollo alternativo.

El Grupo de Trabajo que existe en esta �rea, sostuvo una reuni�n en septiembre de 1997, en Washington, D.C., oportunidad que permiti� considerar diversos aspectos envueltos en esta estrategia para superar la oferta de drogas y formular propuestas tendientes a reforzar esta l�nea de trabajo. Este grupo de trabajo fue convertido en un Grupo de Expertos, conforme a una decisi�n adoptada en el per�odo de sesiones de la CICAD de Lima de 1997, teniendo su primera reuni�n en tal car�cter en febrero de 1998.

El Grupo Consultivo para el Desarrollo Alternativo se ha convocado para fines del mes de octubre de1998, en Per�, pa�s que tiene a su cargo la organizaci�n de este evento, en el que participar�n el BID y la CICAD. Luego de esta reuni�n, se ha previsto iniciar trabajos de apoyo a los programas de desarrollo alternativo al Gobierno de Colombia. Asimismo, debe consignarse que la CICAD y el IICA suscribieron un memor�ndum de entendimiento para apoyar a los pa�ses de la regi�n en materia de desarrollo alternativo a trav�s del entrenamiento y asistencia t�cnica.

Finalmente, conviene destacar que por primera vez una instituci�n financiera internacional ha mostrado inter�s en participar en este tipo de programa.

Fortalecimiento institucional

En este campo, la CICAD viene apoyando directamente a los Consejos o Comisiones Nacionales para el Control de Drogas (CNDs), promoviendo la coordinaci�n nacional e internacional, brindando asistencia directa para el fortalecimiento institucional de esas entidades y en la elaboraci�n y formulaci�n de legislaci�n antidrogas, as� como implementando el SITCOD/CNDs, que posibilita que las m�ximas autoridades antidrogas del hemisferio puedan comunicarse de manera r�pida, segura y directa.

Reducci�n de la demanda

El programa de reducci�n de la demanda cubre un amplio espectro de actividades: formulaci�n y an�lisis de pol�ticas; capacitaci�n y desarrollo de recursos humanos e investigaci�n y elaboraci�n de nuevas iniciativas para desestimular el consumo de drogas.

Dentro de las tareas de prevenci�n del consumo de drogas, se inscribe la realizaci�n del Simposium Interamericano sobre Prevenci�n del Abuso de Drogas, celebrado en mayo de 1997, en San Jos� de Costa Rica.

Por su parte, el Grupo de Expertos sobre Reducci�n de la Demanda, sostuvo su primera reuni�n en julio de 1997, en Buenos Aires, la que permiti� identificar nuevos cursos de acci�n destinados a lograr una aproximaci�n m�s exitosa a las tareas de prevenci�n y tratamiento del abuso de drogas.

Este Grupo sostuvo su segunda reuni�n en M�xico con el prop�sito de establecer par�metros sobre las normas m�nimas de atenci�n en el tratamiento de las farmacodependencias, as� como para considerar los cambios recientes en el consumo de drogas en el hemisferio y sus implicancias en el tratamiento y rehabilitaci�n.

INICIATIVA 7. LA ELIMINACION DE LA AMENAZA DEL TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"El terrorismo nacional e internacional constituye una violaci�n sistem�tica y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de nuestros pa�ses han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Am�ricas. Las medidas que tomen los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para garantizar la ley y el orden p�blico y mantener la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, aqu�llos que patrocinan actos terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a trav�s del abuso de la inmunidad y los privilegios diplom�ticos o por otros medios, ser�n considerados responsables de los mismos por la comunidad internacional".

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Promover�n, en el contexto de la protecci�n de los derechos humanos y las libertades civiles, acuerdos bilaterales y subregionales dirigidos a enjuiciar y penalizar a los que cometan actos terroristas.
  • Convocar�n una conferencia especial de la OEA sobre la prevenci�n del terrorismo.
  • Reafirmar�n la importancia de los tratados de extradici�n, ratificados por los Estados del Hemisferio, y hacen notar que dichos tratados ser�n acatados estrictamente como expresi�n de la voluntad pol�tica de los gobiernos, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales."

Las acciones de la OEA

El Comit� Jur�dico Interamericano ha venido considerando el tema ‘’Cooperaci�n interamericana para enfrentar el terrorismo internacional’’ desde el per�odo ordinario de sesiones de agosto de 1994, a�n cuando sus actividades en el tema, se remontan a 1970, cuando particip� en la preparaci�n de la "Convenci�n para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados contra las personas y la extorsi�n conexa cuando �stos tengan trascendencia internacional", adoptada en Washington, D.C., en 1971.

De acuerdo con los mandatos recibidos, la OEA convoc� a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo. Para ese efecto el Consejo Permanente, a trav�s de su Comisi�n de Asuntos Jur�dicos y Pol�ticos realiz� una reuni�n preparatoria que tuvo lugar en Washington, DC. el 27 y el 28 de febrero de 1996.

La Conferencia Especializada sobre Terrorismo se celebr� en Lima, Per�, del 23 al 26 de abril de 1996. Durante la misma se aprob� la Declaraci�n de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, as� como el Plan de Acci�n sobre Cooperaci�n Hemisf�rica para Combatir, Prevenir y Eliminar el Terrorismo. La Declaraci�n conden� todos los tipos y actos terroristas, dondequiera que sean cometidos y cualesquiera sean sus agentes, modalidades y motivaciones con las que se pretenda justificarlos, y subray� que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislaci�n interna y las garant�as que ofrece el Estado de derecho.

La Conferencia Especializada recomend� considerar los medios y mecanismos apropiados para efectuar el seguimiento de las medidas recomendadas en la Declaraci�n y en el Plan de Acci�n. Sobre la base de esas recomendaciones, la Asamblea General, reunida en Panam� (1996) aprob� la resoluci�n AG/RES. 1399 (XXVI-0/96) que solicit� al Consejo Permanente que considere la convocatoria de la Reuni�n de Expertos Gubernamentales a que hizo referencia el Plan de Acci�n.

La Reuni�n de Expertos Gubernamentales para examinar los medios que permitan mejorar el intercambio de informaci�n entre los Estados miembros con el fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, se llev� a cabo en Washington, DC. el 5 y el 6 de mayo de 1997. Los expertos identificaron medidas concretas para prevenir y combatir el terrorismo, entre las que se encuentra el intercambio de informaci�n, las acciones de cooperaci�n fronteriza y el intercambio de experiencias en las labores de capacitaci�n de funcionarios encargados de combatir el terrorismo. Tambi�n se consider� la necesidad de definir los criterios y el tipo de informaci�n que se debe compartir entre los Estados miembros de la Organizaci�n y se analiz� la posibilidad de establecer un "directorio de competencias" para mejorar la cooperaci�n en materia de combate contra el terrorismo.

Posteriormente, la Asamblea General, reunida en Lima, Per� (1997), aprob� la resoluci�n AG/RES.1492 (XXVII-0/97) que encomend� al Consejo Permanente que estudie las recomendaciones y propuestas formuladas en la Reuni�n de Expertos y que siga considerando los medios y mecanismos apropiados para el seguimiento de las medidas recomendadas en el Plan de Acci�n de Lima. Tambi�n solicit� al Comit� Jur�dico Interamericano que contin�e el estudio del tema "Cooperaci�n interamericana para enfrentar el terrorismo" a la luz de los documentos adoptados en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo de Lima.

Sobre la base de los acuerdos y resoluciones antes aludidas, los relatores del CJI sobre este tema presentaron, en el per�odo de sesiones de este �rgano, en agosto de 1997, un primer informe, decidi�ndose continuar con la consideraci�n de esta materia.

Debe se�alarse en relaci�n con este tema que se ha continuado acentuando la cooperaci�n bilateral y multilateral entre los Estados del Hemisferio, pudiendo citarse los acuerdos entre M�xico y los Estados de Centroam�rica y el acuerdo de Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Mediante este �ltimo acuerdo, los tres pa�ses se comprometen a coordinar la acci�n contra el terrorismo y el narcotr�fico en la zona de la triple frontera, lo que incluye la creaci�n de una base de datos, la interconexi�n de las existentes y el establecimiento de mecanismos conjuntos de lucha contra la criminalidad y el terrorismo.

Finalmente, en este contexto de cooperaci�n, cabe mencionar la creaci�n del Consejo de Polic�as del Mercosur, cuyo prop�sito es estudiar y enfrentar a la delincuencia en el �mbito del terrorismo internacional.

INICIATIVA 8. EL FOMENTO DE LA CONFIANZA MUTUA

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"La ampliaci�n y consolidaci�n de la democracia en las Am�ricas ofrece la oportunidad de aprovechar las tradiciones pac�ficas y las relaciones de cooperaci�n que han prevalecido entre los pa�ses del Hemisferio Occidental. Nuestro objetivo consiste en fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integraci�n social y econ�mica de nuestros pueblos."

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

Apoyar�n las acciones que estimulen un di�logo regional para promover el fortalecimiento de la confianza mutua, preparando el camino para una conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza en 1995, para la que Chile se ha ofrecido como anfitri�n."

Las acciones de la OEA

La Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad se llev� a cabo en Santiago de Chile, del 8 al 10 de noviembre de 1995. La Declaraci�n de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad refleja el resultado de los trabajos que ven�an realiz�ndose en el seno de la Organizaci�n desde 1991, primero en un grupo de trabajo del Consejo Permanente y luego en la Comisi�n Especial de Seguridad Hemisf�rica.

La Declaraci�n de Santiago reafirma la vigencia de los principios fundamentales del derecho internacional indicando que "el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la soluci�n pac�fica de las controversias, el respeto a la soberan�a de los Estados y la no intervenci�n y la prohibici�n del uso o amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con los t�rminos de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas, son la base de la convivencia pac�fica y de la seguridad en el Hemisferio y constituyen el marco para el desarrollo de las medidas de fomento de la confianza."

La Declaraci�n menciona, adem�s, once medidas de fomento de la confianza y de la seguridad que los gobiernos acuerdan recomendar su aplicaci�n de la manera que sea m�s adecuada:

  • "Gradual adopci�n de acuerdos sobre notificaci�n previa de ejercicios militares;
  • Intercambio de informaci�n y participaci�n de todos los Estados miembros en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares;
  • Fomento de la elaboraci�n y el intercambio de informaci�n sobre pol�ticas y doctrinas de defensa;
  • Consideraci�n de un proceso de consultas con miras a avanzar en la limitaci�n y control de armas convencionales;
  • Acuerdos sobre invitaci�n de observadores para ejercicios militares, visitas a instalaciones militares, facilidades para observar operaciones rutinarias e intercambio de personal civil y militar para la formaci�n, capacitaci�n y perfeccionamiento;
  • Reuniones y acciones para prevenir incidentes e incrementar la seguridad en el tr�nsito terrestre, mar�timo y a�reo;
  • Programas de cooperaci�n en casos de desastres naturales o para prevenir tales desastres, sobre la base de la petici�n y autorizaci�n de los Estados afectados;
  • Desarrollo e implementaci�n de las comunicaciones entre autoridades civiles o militares de pa�ses vecinos de conformidad con su situaci�n fronteriza;
  • Realizaci�n de seminarios, cursos de difusi�n y estudios sobre medidas de fomento de la confianza mutua y de la seguridad, y pol�ticas de fomento de la confianza con participaci�n de civiles y militares, as� como sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los peque�os Estados insulares;
  • Realizaci�n de una reuni�n de alto nivel sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los peque�os Estados insulares; y
  • Programas de educaci�n para la paz."

La Declaraci�n de Santiago hizo hincapi�, adem�s, en el car�cter voluntario de las medidas de fomento de la confianza y afirm� que su aplicaci�n contribuye a la creaci�n de un ambiente propicio para una efectiva limitaci�n de armamentos convencionales que permita dedicar mayores recursos al desarrollo econ�mico y social de los Estados miembros de la organizaci�n.

La Declaraci�n de Santiago, asimismo, hizo una referencia al apoyo concedido a la continuaci�n de las negociaciones internacionales sobre la proscripci�n, el tr�fico y el uso indiscriminado de minas antipersonales y reconoci� la labor de desminado que vienen realizando en Centroam�rica la Organizaci�n de los Estados Americanos, con el apoyo t�cnico de la Junta Interamericana de Defensa.

La Declaraci�n de Santiago tambi�n hizo una referencia a la necesidad de ejecutar acciones de seguimiento y peri�dica evaluaci�n de la implementaci�n de tales medidas, solicitando a la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica que asuma tales tareas, dejando a la Asamblea General de la OEA la decisi�n de convocar una conferencia regional de seguimiento de los acuerdos de la conferencia celebrada en Santiago. Esta tuvo lugar en El Salvador del 25 al 27 de Febrero de 1998.

La Declaraci�n de San Salvador junto con reafirmar la plena vigencia de la Declaraci�n de Santiago y de las medidas ah� mencionadas afirma que la base de la convivencia pac�fica y la seguridad hemisf�rica se sustenta en el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la soluci�n pac�fica de controversias, el respeto a la soberan�a de los Estados y la no intervenci�n y la prohibici�n del uso o la amenaza del uso de la fuerza, de conformidad con los t�rminos de la carta de la O.E.A. y de las Naciones Unidas.

Por otra parte, constata los significativos avances registrados en la identificaci�n y aplicaci�n de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desde la adopci�n de la Declaraci�n de Santiago, lo que ha contribuido a la reducci�n de factores generadores de desconfianza y a la promoci�n de la transparencia y de la confianza mutua en la regi�n.

La Declaraci�n reconoce los importantes avances logrados desde la Declaraci�n de Santiago en materia de seguridad a nivel de las sub-regiones, en particular, los compromisos asumidos por los pa�ses de Centroamericana con el "Tratado Marco de Seguridad Democr�tica en Centroam�rica", y la promoci�n de la confianza mutua y la seguridad de los pa�ses del Cono Sur.

La Declaraci�n menciona medidas adicionales de fomento de la confianza y de la seguridad, que los Estados recomiendan aplicar, de la manera que sea m�s adecuada, como ser:

  • Estimular contactos y cooperaci�n entre legisladores sobre medidas de fomento de la confianza y temas relacionados con la paz y la seguridad hemisf�rica, incluyendo la realizaci�n de encuentros, intercambio de visitas y una reuni�n de parlamentarios, a fin de fortalecer este proceso.
  • Extender a los institutos de formaci�n diplom�tica, academias militares, centros de investigaci�n, y universidades, los seminarios, cursos y estudios contemplados en las Declaraciones de Santiago y San Salvador, sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desarme y otros vinculados a la paz y la seguridad hemisf�rica, con participaci�n de funcionarios gubernamentales, civiles y militares, as� como de la sociedad civil, en dichas actividades.
  • Identificar y desarrollo actividades que promuevan la cooperaci�n entre pa�ses vecinos en sus zonas fronterizas.
  • Promover el intercambio de informaci�n, entre otros, a trav�s de la publicaci�n de libros de la defensa o documentos oficiales, seg�n sea el caso, que permita una mayor transparencia en materia de pol�ticas de defensa de cada pa�s, as� como sobre la organizaci�n, estructura, tama�o y composici�n de las fuerzas armadas.
  • Con el prop�sito de promover la transparencia y con el apoyo t�cnico de organismos internacionales econ�micos apropiados, estimular la realizaci�n de estudios tendientes a avanzar en el establecimiento de una metodolog�a com�n que facilite la comparaci�n del gasto militar en la regi�n, teniendo en cuenta, entre otros, el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares de las Naciones Unidas.
  • Desarrollo un programa de cooperaci�n para atender las preocupaciones presentadas por el transporte mar�timo de desechos nucleares y otros desechos, as� como cooperar y coordinar en los foros internacionales pertinentes para el fortalecimiento de las normas que regulan este transporte y su seguridad.
  • Continuar apoyando los esfuerzos de los peque�os Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, incluyendo aquellas de naturaleza econ�mica, financiera y del medio ambiente, tomando en consideraci�n su vulnerabilidad y nivel de desarrollo.
  • Mejorar y ampliar la informaci�n que los Estados miembros remiten al Registro de Armas Convencionales de la ONU, a fin de fortalecer la contribuci�n del Hemisferio a los objetivos de dicho registro, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.
  • Continuar con las consultas e intercambios de ideas dentro del Hemisferio para avanzar en la limitaci�n y el control de armas convencionales en la regi�n.

Con relaci�n a la implementaci�n y seguimiento de las medidas propuestas en San Salvador y Santiago, la Declaraci�n de San Salvador recomend� a la O.E.A., a trav�s de la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica, que realice las siguientes actividades:

a) Estudie las recomendaciones emanadas de la Reuni�n de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Peque�os Estados Insulares, celebrada el 25 de febrero de 1998, a fin de generar una mayor conciencia y comprensi�n en cuanto a las preocupaciones especiales de seguridad de los peque�os Estados insulares del Caribe, y contin�e implementando acciones apropiadas e identifique nuevas medidas de cooperaci�n para atender esas preocupaciones.

b) Realice una reuni�n en la cual los Estados miembros pongan a disposici�n los expertos que hayan formado parte del grupo de expertos gubernamentales sobre el Registro de Armas Convencionales de la ONU, para que �stos proporcionen informaci�n sobre los resultados de los trabajos del mencionado grupo y realice una reuni�n para intercambiar opiniones con miras a lograr una mayor participaci�n en el referido Registro.

c) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque mas apropiado que permita fortalecer a nivel hemisf�rico el di�logo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas convencionales.

d) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque m�s apropiado a nivel hemisf�rico que permita fortalecer el di�logo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas ligeras y del tr�fico de �stas.

e) Concluya la elaboraci�n del programa de educaci�n para la paz en el Hemisferio acordado por la Asamblea General de la OEA y d� inicio a su implementaci�n.

f) Promueva el intercambio de experiencias entre los Estados miembros y con organizaciones e instituciones regionales y extra-regionales pertinentes, con el fin de fortalecer la paz y seguridad internacionales.

Por �ltimo, la Declaraci�n de San Salvador expresa su convicci�n que la II Cumbre de las Am�ricas, a realizarse en Santiago, Chile (18 y 19 de Abril de 1998) es una importante oportunidad para consolidar los logros alcanzados en materia de confianza y seguridad hemisf�ricas y para considerar orientaciones a la O.E.A. para que, a trav�s de los �rganos pertinentes, estudie modos posibles para revitalizar y fortalecer las instituciones del sistema interamericano relacionados con los distintos aspectos de la seguridad hemisf�rica.

La Asamblea General de la OEA, a su vez, ha adoptado un n�mero importante de resoluciones en relaci�n con las medidas acordadas en la Declaraci�n de Santiago y que constituyen el marco de referencia de la labor de la Organizaci�n en este tema.

En primer lugar, debemos destacar las resoluciones AG/RES. 1409 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1494 (XXVII-0/97) sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en las Am�ricas. Sobre la base de ambas, los Estados miembros de la Organizaci�n han comenzado a remitir la informaci�n correspondiente del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y del Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares. Estas dos resoluciones instan tambi�n a los Estados miembros a intercambiar informaci�n sobre las dem�s medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, como pol�ticas y doctrinas de defensa; registro de expertos en temas de seguridad; realizaci�n de seminarios, cursos de difusi�n y estudios sobre medidas de confianza mutua; acuerdos sobre invitaci�n de observadores para ejercicios militares. La Secretar�a General es la depositaria de toda esta informaci�n, la cual puede ser consultada por los Estados interesados.

Asimismo, es importante mencionar las resoluciones AG/RES. 1411 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1496 (XXVII-0/97) que reafirman las metas de la eliminaci�n de las minas terrestres antipersonales y la conversi�n del Hemisferio Occidental como una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal. En ambas la Secretar�a General ha recibido el encargo de ser la depositaria de la informaci�n relativa al registro completo e integrado de minas terrestres antipersonales, cuya implementaci�n ya ha comenzado, bajo la supervisi�n de la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica.

Tambi�n han continuado las labores destinadas a lograr el desminado completo en Am�rica Central, a cargo de la UPD de la Secretar�a General. En este sentido revisten especial importancia las resoluciones AG/RES.1413 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1498 (XXVII-0/97) en que se adopt� como objetivo de la OEA concluir el desminado en Centroam�rica para el a�o 2000.

Asimismo, la Secretar�a General est� colaborando activamente con la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica en la elaboraci�n de un programa de educaci�n para la paz. Se ha avanzado ya en la formulaci�n de consultas con la Organizaci�n de Naciones Unidas para la Educaci�n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras instituciones con experiencias en el tema con miras a aprobar los lineamientos de ese programa con ocasi�n de las celebraciones del cincuentenario de la Organizaci�n.

El tema de las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Peque�os Estados Insulares, a que se refiere la Declaraci�n de Santiago, fue motivo de tratamiento en la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica, para lo cual se convoc� una Sesi�n Especial, celebrada en Washington D.C., el 17 y el 18 de octubre de 1996. Una de las principales conclusiones de la sesi�n especial fue la conveniencia de convocar una reuni�n de alto nivel sobre la materia, propuesta que fue recogida en la resoluci�n AG/RES. 1497 (XXVII-0/97). La reuni�n de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Peque�os Estados Insulares reconoci� que la seguridad para los peque�os Estados insulares tiene car�cter multidimensional en cuanto a su �mbito y aplicaci�n, e incluye inter alia aspectos pol�tico-militares; la protecci�n y preservaci�n de la soberan�a e integridad territorial de los Estados; estar exentos de interferencias externas en sus asuntos internos por parte de Estados o protagonistas no estatales; la protecci�n contra las condiciones ambientales y desastres ecol�gicos; el v�nculo entre el comercio, el desarrollo econ�mico y la seguridad y la capacidad para mantener y proteger sus instituciones democr�ticas. La referida reuni�n de alto nivel se realiz� en El Salvador, el 25 de Febrero de 1998, junto con la Conferencia de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad.

Reconoci�, asimismo, que la seguridad de los peque�os estados insulares puede ser afianzada mediante la colaboraci�n entre los Estados insulares, como lo demuestra el Sistema de Seguridad Regional y que puede mejorar m�s a�n mediante una mayor cooperaci�n entre los Estados insulares y otros Estados, tanto dentro como fuera del Hemisferio.

Por �ltimo, reconoci� que la seguridad de los peque�os Estados insulares puede mejorar con la aplicaci�n de las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad previstas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador.

La Reuni�n de Alto Nivel tambi�n formul� las siguientes recomendaciones:

"1) Que el XXVIII per�odo de sesiones de la Asamblea General de la O.E.A. apruebe una resoluci�n que defina el enfoque y la forma de atender las preocupaciones especiales de seguridad de los peque�os Estados insulares en concordancia con las disposiciones de la Carta de la OEA.

2) Que, por medio de una resoluci�n pertinente, el vig�simo octavo per�odo ordinario de sesiones de la Asamblea General instruye a la

Organizaci�n que cooperen con los peque�os Estados insulares a trav�s de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) para fomentar el examen sobre sus preocupaciones especiales de seguridad.

3) Que los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos en la Conferencia Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en seguimiento de la Conferencia de Santiago incluyan en la Declaraci�n de San Salvador el texto siguiente:

  • el compromiso y apoyo a las actividades y programas que la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, los �rganos, organismos y entidades del sistema interamericano puedan continuar realizando para abordar la cuesti�n de la seguridad de los peque�os Estados insulares;
  • la cooperaci�n con los peque�os Estados insulares para la erradicaci�n de las actividades delictivas transnacionales que amenazan la estabilidad y seguridad de la subregi�n;
  • la revisi�n y el fortalecimiento de los programas de cooperaci�n en casos de desastres naturales, o para prevenir tales desastres, con base en la solicitud y autorizaci�n de los Estados interesados:
    • la formulaci�n de un programa de cooperaci�n para atender los problemas presentados por el transporte de desechos nucleares y otros desechos peligrosos por el Mar Caribe y adoptar pol�ticas para preservar el ambiente natural del Caribe;
    • mayor cooperaci�n financiera, comercial y pol�tica con los peque�os Estados insulares a fin de que �stos puedan garantizar su seguridad y promover su desarrollo; y
    • un llamado a los Estados miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos para que intercambien y compartan informaci�n que podr�a fortalecer la capacidad de los peque�os Estados insulares en materia de seguridad y defensa nacional.

Finalmente, la Asamblea General, mediante la resoluci�n AG/RES 1500 (XXVII-0/97) sobre Confianza Mutua en las Am�ricas, ha encargado al Consejo Permanente para que, a trav�s de la Comisi�n de Seguridad Hemisf�rica "considere la conveniencia de aprobar un marco jur�dico sobre el tema de la notificaci�n anticipada de las adquisiciones de armamentos importantes contemplados en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas a efectos de lograr una efectiva limitaci�n de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor n�mero de recursos al desarrollo econ�mico y social de los Estados miembros..." De conformidad con esta resoluci�n, en caso que el Consejo Permanente decida que es conveniente aprobar ese marco jur�dico, "preparar� un proyecto al respecto con el objetivo de que se apruebe en la pr�xima Cumbre de las Am�ricas, que se realizar� en Santiago de Chile."

Las acciones emprendidas por la OEA en este campo demuestran que la Organizaci�n ha servido como un foro id�neo para que los Estados miembros consideren y adopten determinadas medidas encaminadas a los objetivos de paz y seguridad a que aspiran los pa�ses del hemisferio.

II. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO

INICIATIVA 9. EL LIBRE COMERCIO EN LAS AMERICAS

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"... decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del "Area de Libre Comercio de las Am�ricas" en la que se eliminar�n progresivamente las barreras al comercio y la inversi�n. Asimismo, resolvemos concluir las negociaciones del "Area de Libre Comercio de las Am�ricas" a m�s tardar en el a�o 2005, y convenimos en alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para el final del este siglo. Reconocemos el progreso que ya se ha obtenido a trav�s de las acciones unilaterales de cada una de nuestras naciones y de los acuerdos comerciales subregionales de nuestro Hemisferio. Sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes ampliaremos y profundizaremos la integraci�n econ�mica hemisf�rica, haci�ndolos m�s parecidos."

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

" Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a que adopten los siguientes pasos concretos iniciales para lograr el "Area de Libre Comercio de las Am�ricas":

6) Con el objetivo de garantizar una discusi�n plena y cabal entre las partes de los diversos acuerdos comerciales del Hemisferio, ordenamos que se celebren reuniones en el marco de los foros de comercio e inversi�n existentes. Los miembros de estos foros determinar�n las �reas de coincidencia y divergencia en los acuerdos particulares bajo estudio, y deber�n considerar los medios de mejorar las disciplinas entre ellos y hacerlos m�s parecidos. Instruimos, asimismo, a los miembros de estos foros a que informen a los ministros sobre el estado de sus discusiones y formulen recomendaciones para lograr el "Area de Libre Comercio de las Am�ricas".

7) La transparencia y el claro entendimiento sobre los acuerdos subregionales y bilaterales logrados hasta la fecha entre las naciones del Hemisferio son decisivos para fomentar el comercio y la integraci�n de las inversiones en las Am�ricas. Instruiremos a la Comisi�n Especial sobre Comercio de la OEA, con el apoyo del BID, de la CEPAL y de otras organizaciones regionales y subregionales especializadas, a que asista en la sistematizaci�n de datos en la regi�n y a que contin�e su labor de estudio de los arreglos de integraci�n econ�mica del Hemisferio, incluyendo descripciones comparativas breves de las obligaciones en cada uno de los acuerdos comerciales existentes en el Hemisferio. Asimismo, instruiremos a la Comisi�n Especial sobre Comercio a que elabore un informe de su trabajo a m�s tardar en junio de 1995 para la reuni�n de ministros.

8) Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a: a) revisar el progreso de la labor emprendida en los foros mencionados en los p�rrafos 6 y 7; b) ofrecer orientaci�n con respecto al trabajo posterior; y c) considerar las �reas que requieren atenci�n inmediata, tales como la facilitaci�n aduanera, y pruebas y certificaciones de productos con miras a alcanzar acuerdos de reconocimiento mutuo, que puedan ser debatidos en los foros pertinentes."

Las acciones de la OEA

La OEA hab�a venido introduciendo ajustes institucionales para responder al inter�s creciente de los Estados miembros en el tema de comercio regional en la agenda hemisf�rica. Por una parte, se hab�a creado la Comisi�n Especial de Comercio (CEC) como un foro regional para tratar los asuntos comerciales desde una perspectiva que reflejara las nuevas realidades derivadas de las pol�ticas de apertura y de integraci�n regional que se hab�an generalizado en la regi�n. Por otra parte, se cre�, al nivel de la Secretar�a General de la Organizaci�n, la Unidad de Comercio con el prop�sito de apoyar a la CEC y a los esfuerzos hemisf�ricos en esta �rea.

La Unidad de Comercio ha cumplido una funci�n muy importante de apoyo t�cnico al proceso. En coordinaci�n con las otras instituciones que integran el Comit� Tripartito -el BID y la CEPAL- ha prestado asistencia a ocho de los doce grupos de trabajo que se han establecido para llevar adelante el trabajo preparatorio de las negociaciones. En este sentido, a la OEA le ha correspondido la responsabilidad principal de apoyar a los siguientes grupos de trabajo: Pol�tica de Competencia; Propiedad Intelectual; Inversi�n; Servicios; Econom�as m�s Peque�as; Normas y Barreras T�cnicas al Comercio; Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y Soluci�n de Controversias.

Las actividades de asistencia proporcionadas por la Unidad de Comercio han sido las siguientes:

  • Preparaci�n de inventarios y estudios comparativos de legislaciones nacionales y acuerdos sub-regionales, regionales e internacionales suscritos por los pa�ses del Hemisferio, los cuales han servido de base para identificar coincidencias y divergencias entre los distintos reg�menes vigentes.
  • An�lisis de temas en discusi�n tales como los mecanismos necesarios para facilitar la participaci�n de las econom�as m�s peque�as en el Area de Libre Comercio de las Am�ricas (ALCA).
  • Apoyo log�stico cuando las reuniones de los Grupos de Trabajo se han celebrado en la sede de la OEA.

Varios puntos merecen destacarse de la experiencia de estos dos a�os de trabajo preparatorio:

Primero, hay un consenso que el trabajo t�cnico que se ha realizado hasta el momento en la preparaci�n de las negociaciones del ALCA es s�lido y se compara favorablemente con el que se hab�a hecho al momento de lanzar la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Esto ha facilitado el que hoy d�a la toma de decisiones sobre el lanzamiento de las negociaciones por parte de los pa�ses se est� dando sobre bases firmes.

Segundo, la experiencia de cooperaci�n entre las instituciones que integran el Comit� Tripartito ha sido muy positiva. Ello ha permitido un uso eficiente de los recursos disponibles y evitado la duplicaci�n de esfuerzos, lo cual ha redundado en beneficios para los Estados miembros. En la Declaraci�n Ministerial de Bello Horizonte, los Ministros de Comercio del Hemisferio reconocieron y apreciaron el apoyo t�cnico y log�stico que el Comit� Tripartito ha prestado a los Grupos de Trabajo y le solicitaron que "siga brindando apoyo anal�tico, asistencia t�cnica y estudios afines, seg�n lo requieran los correspondientes Grupos de Trabajo".

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia t�cnica para muchos de los pa�ses de la regi�n, en particular las econom�as m�s peque�as, que la requieren no salo para garantizar su participaci�n efectiva en las negociaciones sino, asimismo, para fortalecer su capacidad de implementar los resultados a los que se llegue en las mismas.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el seminario ‘Guatemala y el Proceso del ALCA’ organizado por la C�mara Empresarial de Guatemala y la Fundaci�n para el Desarrollo de Guatemala y que cont� con la activa participaci�n de la Unidad de Comercio. Este evento, que se llev� a cabo en enero de 1998, tuvo por objetivo proporcionar a funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado un detallado informe sobre las principales temas del ALCA, y a la vez, facilitar el intercambio sobre los problemas del comercio entre los sectores publico y privado.

En este �mbito, es necesario se�alar que en la OEA se ha venido otorgando prioridad a los proyectos de asistencia t�cnica en las �reas de comercio e integraci�n. La Unidad de Comercio ha estado trabajando con el CIDI en varios proyectos entre los que se destaca un programa de capacitaci�n sobre pol�tica comercial al nivel multilateral y regional para funcionarios gubernamentales, particularmente de las econom�as m�s peque�as de la regi�n, que participar�n directamente en las negociaciones del ALCA. Se trata de un proyecto conjunto de la OEA, la Organizaci�n Mundial de Comercio (OMC) y la Universidad de Gorgoteen. Incluye, por a�o, dos cursos de capacitaci�n de tres semanas y seminarios sobre temas espec�ficos, incluido el proceso del ALCA.

El proceso de negociaciones del ALCA: perspectivas

Los Ministros de Comercio, reunidos en Belo Horizonte, en mayo de 1997, acordaron que las negociaciones del ALCA se iniciaran en la II Cumbre de las Am�ricas en Santiago de Chile en abril de 1998 y convinieron en que recomendar�an a sus Jefes de Estado y de Gobierno para que tomaran las decisiones correspondientes en esa oportunidad.

Teniendo en cuenta las complejidades de las negociaciones, no s�lo por el n�mero de pa�ses participantes, sino adem�s por las diferencias en el tama�o y en el desarrollo de sus econom�as, los Ministros de Comercio convinieron establecer una secretar�a independiente que prestar�a apoyo al proceso. El Comit� Tripartito prepar� a estos efectos, a instancia de los Ministros, un estudio de factibilidad que analiz� las diferentes opciones para el establecimiento de esta secretar�a desde el punto de vista de las implicaciones tanto presupuestarias como legales.

En la tercera reuni�n del Comit� Preparatorio, efectuada en Costa Rica entre el 10 y el 12 de Febrero de 1998, los Vice-ministros analizaron cuatro aspectos fundamentales del proceso: los objetivos y principios de las negociaciones; la estructura y funcionamiento de las negociaciones; las sedes para las negociaciones y la Secretar�a Administrativa.

En esta reuni�n, el Comit� Preparatorio acord� reunirse, a nivel ministerial en Marzo, en San Jos�, con el fin de adoptar las decisiones correspondientes.

El 19 de marzo tuvo lugar la 4� reuni�n de Ministros responsables del Comercio en el Hemisferio Occidental. El prop�sito de esta reuni�n era hacer una revisi�n para acordar los elementos y t�rminos de referencia que son requisitos necesarios para iniciar las negociaciones para la creaci�n del Area de Libre Comercio de las Am�ricas.

En este sentido cabe indicar que la agenda de discusi�n se estructur� en base a los siguientes puntos:

  1. Sede y Secretar�a Administrativa de las negociaciones;
  2. Presidencia del proceso del ALCA y de los grupos de Negociaci�n;
  3. Estructura de las negociaciones; y
  4. Principios y Objetivos de las negociaciones

En relaci�n al primer punto, se acord� que la Sede y la Secretar�a Administrativa de las negociaciones rotar�an de manera secuencial de acuerdo con el siguiente calendario: Miami, Estados Unidos: 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero del 2001; Ciudad de Panam�, Panam�: 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero del 2003; y M�xico D.F., M�xico: 1 de marzo del 2003 al 31 de diciembre del 2004.

En la Sede de negociaciones tendr�n lugar todas las reuniones de los Grupos de Negociaci�n.

Se acord� que la Secretar�a Administrativa como su nombre lo indica estar� a cargo de proporcionar el apoyo log�stico necesario que asegure un adecuado funcionamiento de las reuniones de negociaci�n, con inclusi�n de las facilidades de traducci�n e interpretaci�n.

El Comit� Tripartito, integrado por la OEA, el BID y la CEPAL, continuar� proporcionando el apoyo t�cnico que le soliciten los Grupos de Negociaci�n. Asimismo, cada instituci�n que forma parte del Comit� podr� proporcionar la cooperaci�n t�cnica que le soliciten los pa�ses del ALCA.

En relaci�n a la Presidencia del proceso del ALCA, la instancia m�xima de decisi�n ser�n las reuniones de Ministros responsables del Comercio en el Hemisferio. Se acord� que la instancia de conducci�n de las negociaciones del ALCA ser� el Comit� de Negociaciones Comerciales, integrada por los Viceministros responsables del comercio en el hemisferio. La Presidencia y Vicepresidencia del proceso del ALCA, es decir, las reuniones a nivel de Ministros y del CNC ser� rotativa quedando en los siguientes t�rminos: del 1� de mayo de 1998 al 31 de octubre de 1998 Presidencia Canad�, Vicepresidencia Argentina; del 1� de noviembre de 1999 al 30 de abril de 2001 Presidencia Argentina, Vicepresidencia Ecuador; del 1 de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2002 Presidencia Ecuador, Vicepresidencia Chile y del 1� de noviembre de 2002 al 31 de diciembre de 2004 Co-Presidencia Brasil y los Estados Unidos.

Adicionalmente, se acord� que las reuniones de Viceministros no tendr�an lugar en la Sede oficial de las negociaciones, sino que ser�an en otras ciudades y distintos pa�ses. Sin embargo, estas reuniones seguir�n siendo presididas por el pa�s a cargo de la Presidencia del ALCA.

En cuando a estructura de las negociaciones se acord� la constituci�n de nueve grupos de trabajo y se design� sus Presidencias y Vicepresidencias para los primeros 18 meses de las negociaciones: Grupo de Acceso a Mercados, Presidencia Colombia, Vicepresidencia Bolivia; Grupo de Inversi�n, Presidencia Costa Rica, Vicepresidencia Rep. Dominicana; Grupo de Servicios, Presidencia Nicaragua, Vicepresidencia Barbados; Grupo de Compras del Sector P�blico, Presidencia Estados Unidos, Vicepresidencia Honduras; Grupo de Soluci�n de Diferencias, Presidencia Chile, Vicepresidencia Uruguay, y Paraguay; Grupo de Agricultura, Presidencia Argentina, Vicepresidencia El Salvador; Grupo de Derechos de Propiedad Intelectual, Presidencia Venezuela, Vicepresidencia Ecuador; Grupo de Subsidios, Derechos antidumping y compensatorios, Presidencia Brasil, Vicepresidencia Chile y Grupo de Pol�ticas de Competencia, Presidencia Per�, Vicepresidencia Trinidad y Tobago.

Durante las discusiones sobre la estructura de las negociaciones se identificaron diversos v�nculos entre los grupos de negociaci�n, buscando asegurar que los temas sean tratados tomando en cuenta sus v�nculos de car�cter horizontal, de forma tal que los resultados sean congruentes en uno y otro �mbito.

Se estableci� un Grupo Consultivo sobre Econom�as m�s Peque�as, abierto a la participaci�n de todos los pa�ses del ALCA, presidido durante el primer per�odo por Jamaica y Guatemala como Vicepresidente, cuyas funciones ser�n seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes e intereses de las Econom�as m�s Peque�as y elevar a la consideraci�n del Comit� de Negociaciones Comerciales los temas de inter�s para las econom�as m�s peque�as y hacer las recomendaciones parar abordar estos temas.

Para facilitar la participaci�n constructiva de los diferentes sectores de la sociedad, se estableci� un comit� de representantes gubernamentales, abierto a todos los pa�ses miembros, el que recibir� los aportes del sector empresarial y otros sectores productivos, grupos laborales, ambientales y acad�micos.

En cuando a objetivos y principios generales y por �reas tem�ticas de las negociaciones los trabajos se realizaron tomando como base las recomendaciones de los grupos de trabajo respectivos.

Cabe recordar que respecto de estas materias el lenguaje es una reiteraci�n de los principios enunciados por los Jefes de Estado y de Gobierno de la I Cumbre de Miami en 1994.

La reuni�n ministerial de San Jos�, concluy� la etapa de preparaci�n de las negociaciones que se inici� en Miami en 1994 y Denver en 1995. En esta se hizo una revisi�n exhaustiva de las legislaciones que afectan el comercio en sus diversas dimensiones mediante la creaci�n de 12 grupos de trabajo, la mayor�a de los cuales han concluido sus labores.

La reuni�n de ministros responsable del comercio recomend� a los Jefes de Estado y Gobierno que den inicio a las negociaciones.

INICIATIVA 13. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACION

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"La infraestructura de la informaci�n de un pa�s -las telecomunicaciones, la tecnolog�a de la informaci�n y la radiodifusi�n es un componente esencial del desarrollo pol�tico, econ�mico, social y cultural. Las necesidades del desarrollo de la infraestructura de la informaci�n son inmensas. Los gobiernos de las Am�ricas se proponen satisfacer esas necesidades dedic�ndose a acciones m�ltiples, cuando sean compatibles con sus leyes respectivas...".

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Participar�n en los debates en curso a nivel internacional de las acciones a las que se hace referencia supra y procurar�n emprender esas acciones en sus propios pa�ses, tomando en cuenta las condiciones y circunstancias internas.
  • Se esforzar�n para que el p�blico tenga mayor acceso a la informaci�n del gobierno a trav�s de los medios electr�nicos.
  • Estudiar�n la disponibilidad e interoperabilidad de las conexiones con las redes internacionales que facilitan el comercio, mejoran la educaci�n y aumentan el acceso al cuidado de la salud.
  • Instar�n a las principales universidades, bibliotecas, hospitales y organismos gubernamentales a tener acceso a estas redes, aprovechando la labor de la Red Hemisf�rica Interuniversitaria de Informaci�n Cient�fica y Tecnol�gica de la OEA.
  • A trav�s de la Comisi�n Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la OEA, y en coordinaci�n con las organizaciones subregionales de telecomunicaciones, elaborar y ejecutar un programa de trabajo para:

- Evaluar los medios reglamentarios, t�cnicos y jur�dicos para promover la liberalizaci�n, las normas comunes, la interoperabilidad de las redes y el uso compatible del espectro de radiocomunicaciones.

- Examinar los modos de promover una mayor conformidad de los procesos de certificaci�n para el equipo de telecomunicaciones entre los pa�ses miembros.

- Elaborar directrices regionales para la prestaci�n de servicios de la red de valor agregado internacional.

  • Apoyar�n una reuni�n en 1996, coordinada por la CITEL, de funcionarios de telecomunicaciones de alto nivel para conducir debates ulteriores de las acciones mencionadas."

Las acciones de la OEA

CITEL para apoyar los objetivos y mandatos del Plan de Acci�n de la Cumbre reforz� algunas �reas program�ticas y, en conjunto con el sector privado y otras organizaciones regionales de telecomunicaciones, acord� un programa que cubre aspectos legales, t�cnicos y regulatorios.

As�, dentro del marco de la elaboraci�n de directrices normativas, CITEL, con el apoyo de la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones (UIT), prepar� el informe "Recomendaciones sobre Pol�ticas de Telecomunicaciones para los pa�ses de las Am�ricas", conocido como "Libro Azul".

El Grupo de Trabajo para Asuntos Legales de CITEL est� actualmente preparando un proyecto para definir las diferencias de los procedimientos administrativos empleados por los Estados miembros.

Se aprobaron las "Pautas sobre servicios de valor agregado en las Am�ricas" y se est� trabajando en la actualidad en la redacci�n de una convenci�n interamericana para la implementaci�n de esas pautas.

Se adoptaron, por otro lado, las pautas que persiguen una implementaci�n m�s uniforme de los procedimientos de certificaci�n de los equipos de telecomunicaciones de los Estados miembros. La implementaci�n de esas pautas continuar� con el objetivo de armonizar los procedimientos de certificaci�n a lo largo de las Am�ricas. Un importante aspecto de este trabajo ha sido fomentar entre los Estados miembros una seria consideraci�n del Memor�ndum de Entendimiento, patrocinado por la UIT, relativo a la implementaci�n de los servicios de comunicaciones personales globales m�viles.

Se ha establecido un Grupo Ad-Hoc con el objeto de estudiar los m�todos alternativos para establecer las tasas de distribuci�n internacionales para los servicios de telecomunicaciones.

Sobre las directrices para la prestaci�n de servicios de la red de valor agregado, merece consignarse que CITEL ha preparado documentos de normas que ayudar�n a la puesta en vigor de nuevas tecnolog�as en la regi�n, aprovechando las econom�as de escala. Los documentos preparados han sido: "Servicios de comunicaciones personales en la Banda 2 GHz (PCS)", " Sistema de Se�alizaci�n Nro.7 (SS7)" y "Redes digitales de Servicios Integrados en Banda angosta y Redes inteligentes". Asimismo, CITEL est� compilando, en colaboraci�n con la UIT, informaci�n para una base de datos sobre atribuci�n de frecuencias -utilizaci�n del espectro- en la regi�n. Esta base de datos ser� de gran utilidad para los acuerdos multilaterales sobre atribuci�n y administraci�n del espectro de frecuencias y la introducci�n de nuevos servicios.

Se ha establecido un programa para la implementaci�n de la Infraestructura Global de la Informaci�n en las Am�ricas, con el fin de expandir las telecomunicaciones a �reas remotas y rurales en los pa�ses en desarrollo y se ha reforzado las actividades de varios Grupos de Trabajo de CITEL como, por ejemplo, el de Servicios B�sicos de Telecomunicaciones y el de Modernizaci�n de Redes.

CITEL, por otra parte, ha enfatizado una mayor coordinaci�n para actividades conjuntas con otras organizaciones regionales, como la Asociaci�n Hispanoamericana de Centros de Investigaci�n y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET); la Uni�n de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y la Uni�n Internacional de Telecomunicaciones. En este contexto, se inscriben las m�s de 40 propuestas que CITEL llev� a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, que se llev� a cabo en octubre-noviembre de 1997.

De conformidad al mandato de la Cumbre de Miami, CITEL organiz� y apoy� la Reuni�n de Altas Autoridades en Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Washington D.C. los d�as 25 y 26 de septiembre de 1996. En �sta, se adopt� una Declaraci�n de Principios y un Plan de Acci�n, los que est�n en concordancia con los objetivos de la Cumbre de las Am�ricas.

Las actividades de CITEL sufrieron el impacto de la falta de recursos financieros adicionales para atender los requerimientos de la Cumbre de las Am�ricas de 1994. Por ello, debi� ajustar su calendario, para crear nuevos programas, cancelar reuniones y cambiar las prioridades. En tal sentido, ser�a muy importante que para el cumplimiento de las actividades de la CITEL, inclu�dos los mandatos recibidos de la Cumbre de Santiago, se tenga en cuenta los aspectos financieros.

El Presidente de la Comisi�n Ejecutiva Permanente de la CITEL (COM-CITEL), luego de consultas con los Estados miembros, ha hecho varias propuestas para el Plan de Acci�n de la pr�xima Cumbre Hemisf�rica, las que ponen el acento en la armonizaci�n de los procesos de certificaci�n y en la implementaci�n de la Infraestructura Global de la Informaci�n en las Am�ricas.

Por otra parte, la OEA a trav�s de la Oficina de Ciencia y Tecnolog�a, ha brindado apoyo al Proyecto de Red Hemisf�rica Universitaria de Informaci�n en Ciencia y Tecnolog�a (RedHUCyT). Este proyecto ha respaldado la conexi�n a Internet de muchos pa�ses miembros, facilitando la asistencia t�cnica y el equipo necesario a la mayor�a de ellos. Asimismo, ha apoyado la expansi�n de redes nacionales en la mayor�a de los pa�ses de la regi�n. Estas redes son utilizadas por instituciones dedicadas a temas ambientales. Por �ltimo, se ha apoyado la instalaci�n de estaciones terrestres para comunicaciones por sat�lite. La m�s reciente es la de Costa Rica, que empez� sus funciones en septiembre del presente a�o.

Del 1 al 5 de diciembre de 1997 tuvo lugar la V Reuni�n del Comit� Directivo Permanente de la CITEL en la que se acordaron entre otras decisiones, las siguientes:

  • Preparaci�n de propuestas comunes de la regi�n para la Segunda Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, CMDT, a realizarse en Malta en marzo de 1998.

Esta Conferencia es organizada por la UIT, y sus principales objetivos son: el estudio de aspectos de pol�tica, operativos, regulatorios, t�cnicos y financieros de las telecomunicaciones y movilizar recursos para estimular el desarrollo de las telecomunicaciones. Se espera que en �sta se adopten objetivos globales y estrategias adecuadas a las diferentes regiones, que incluir� objetivos, prioridades y un programa de trabajo a mediano pIazo para el per�odo 1999-2003.

Los temas identificados como prioritarios para la regi�n, se indican a continuaci�n:

  1. Formulaci�n de planes para el desarrollo de las telecomunicaciones en �reas rurales y urbanas de bajos ingresos
  2. Desarrollo de recursos humanos
  3. Gesti�n del espectro de radiocomunicaciones
  4. Metodolog�a para el desarrollo de una interconexi�n completa
  5. Integraci�n regional a trav�s de la identificaci�n de proyecto
  6. M�todos para la puesta en marcha del GMPCS
  7. Uo de las telecomunicaciones para la preservaci�n de la vida humana y la seguridad p�blica en el caso de cat�strofes
  8. Apoyo de las telecomunicaciones para la protecci�n del medio ambiente.
  9. Optimizaci�n de los mecanismos de interacci�n entre el BDT y sus miembros.
  10. Celebraci�n de una Conferencia Regional de desarrollo de las Telecomunicaciones para las Am�ricas.
  11. Fortalecimiento de la presencia regional de la UIT-D en las Am�ricas

En relaci�n a una Infraestructura Global de la Informaci�n, se decidi� la preparaci�n de un documento blanco sobre esta materia, cuyo primer proyecto se presentar� a fines de 1998 y su versi�n final en 1999.

En la Segunda Reuni�n Ordinaria de la Asamblea de la CITEL, que tuvo lugar en Quito, del 2 al 6 de marzo de 1998, se adopt� la "Declaraci�n de Quito", que entre otros puntos se�ala:

"Consolidar la capacidad de la CITEL para que, responda plenamente a las directrices de los Mandatarios en el marco de la Cumbre de las Am�ricas, considerando a las telecomunicaciones como parte fundamental del desarrollo econ�mico sostenible de la regi�n".

"Estimular el desarrollo de la infraestructura b�sica de las telecomunicaciones as� como de nuevos servicios y tecnolog�as de telecomunicaciones, dentro de un entorno legal predecible, consistente, no discriminatorio y transparente".

"Afianzar la coordinaci�n con los organismos de telecomunicaciones en las Am�ricas en el desarrollo de programas sobre infraestructura, capacitaci�n e investigaci�n".

INICIATIVA 14. LA COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"Es necesario reevaluar la interacci�n que existe entre la infraestructura cient�fica y tecnol�gica y los mecanismos de cooperaci�n de la regi�n; darle impulso a una mayor cooperaci�n; reducir las barreras a la colaboraci�n; aumentar la demanda de tecnolog�a; divulgar la informaci�n acerca de las oportunidades tecnol�gicas, utilizando los nuevos avances en materia de tecnolog�a de la informaci�n; y mejorar, en general, las comunicaciones entre las principales organizaciones de ciencia y tecnolog�a, los investigadores de la regi�n y las cada vez m�s numerosas peque�as y medianas empresas dedicadas a la tecnolog�a.

El compromiso de los pa�ses de las Am�ricas con la no proliferaci�n ha alcanzado un nuevo impulso con la aceptaci�n del r�gimen internacional de salvaguardias por parte de algunos de nuestros pa�ses. Merece destacarse el progreso extraordinario logrado en este campo, el cual contribuir� a mayores oportunidad de cooperaci�n en materia de bienes y tecnolog�as avanzadas."

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

Convocar�n una reuni�n de ministros encargados de la ciencia y la tecnolog�a del Hemisferio el a�o pr�ximo con el fin de evaluar el progreso y promover el Programa Bol�var y el programa MERCOCYT (Mercado Com�n del Conocimiento Cient�fico y Tecnol�gico) de la OEA, proporcionar el apoyo necesario para fomentar las asociaciones cient�ficas y empresas tecnol�gicas de la regi�n, y explorar la posibilidad de establecer un consejo de ciencia y tecnolog�a."

Las acciones de la OEA

La reuni�n de Ministros de Ciencia y Tecnolog�a se llev� a cabo en Cartagena, Colombia, el 28 y el 29 de marzo de 1996. Los ministros recomendaron que el programa MERCOCYT siga alentando a las instituciones cient�ficas de los pa�ses miembros de la OEA para combinar su capacidad y esfuerzo y establecer lazos de cooperaci�n entre los organismos Internacionales, alianzas interamericanas de instituciones universitarias y t�cnicas y el sector productivo.

De la reuni�n de ministros surgi� la "Declaraci�n de Cartagena y su Plan de Acci�n", en que los Estados miembros declararon su apoyo pol�tico al MERCOCYT, pero su respaldo financiero no qued� claro.

En seguimiento de la reuni�n de Ministros de Ciencia y Tecnolog�a, la OEA, a trav�s de la Oficina de Ciencia y Tecnolog�a (OCT), ha organizado algunas actividades que se vinculan a los siguientes temas: a) innovaci�n tecnol�gica, competitividad y comercio internacional; b) tecnolog�as de informaci�n y comunicaciones; c) tecnolog�as no contaminantes y cooperaci�n hemisf�rica para un desarrollo m�s sostenible, y el papel de la ciencia y la tecnolog�a en el desarrollo social.

Asimismo, la OCT ha participado activamente en los siguientes proyectos en el �rea de ciencia y tecnolog�a:

  • Proyecto regional de indicadores de ciencia y tecnolog�a. Este proyecto ha facilitado la elaboraci�n de una metodolog�a regional para recolectar y analizar datos estad�sticos vinculados a los indicadores de la ciencia y la tecnolog�a que se utilizan para establecer pol�ticas a favor de un desarrollo integral en la regi�n. Se ha programado un taller para el Caribe sobre indicadores, a realizarse durante la segunda semana de diciembre de 1997. En este taller se discutir� el rol, la utilizaci�n y la interpretaci�n de estos indicadores en la planificaci�n futura de actividades cient�ficas y tecnol�gicas en la subregi�n.
  • Sistema Interamericano de Metrolog�a, Normalizaci�n, Certificaci�n y Calidad. Se revitaliz� el Sistema Interamericano de Metrolog�a, a trav�s de visitas efectuadas por t�cnicos de distintos pa�ses al Instituto Nacional de Normas y Tecnolog�as de los Estados Unidos. Esta acci�n va en beneficio directo del ALCA. En este sentido, cabe recordar que los ministros de comercio del hemisferio recomendaron que el BID y la OEA consolidaran el Sistema Interamericano de Metrolog�a, el Comit� Panamericano sobre Est�ndares T�cnicos y el Comit� Interamericano sobre Instituciones de Acreditaci�n, en lo que hoy se llama Sistema Interamericano de Metrolog�a, Normalizaci�n, Certificaci�n y Calidad. Dentro de este marco, se han efectuado un n�mero importante de talleres y reuniones t�cnicas.
  • Proyecto de administraci�n de calidad en empresas peque�as y medianas OEA/GTZ (Gesselschaft fur Technische Zusammenarbeit de Alemania). Esta iniciativa regional ha respaldado a m�s de 1.000 plantas industriales de doce pa�ses que han mejorado la calidad de los productos que comercializan.
  • Proyecto interamericano para la cooperaci�n tecnol�gica ambiental en sectores claves de la econom�a. Sobre el particular se realiz� una mesa redonda sobre agroindustria y metalizaci�n, con el fin de facilitar la transferencia y la administraci�n efectiva de tecnolog�as responsables haciendo participar a representantes del sector de los pa�ses miembros y de instituciones financieras. Asimismo, se realizaron y se realizar�n las siguientes mesas redondas sobre cooperaci�n en tecnolog�a ambiental:

- Metalizaci�n (Colombia, 21 al 23 de octubre de 1997)

- Eficiencia energ�tica (Jamaica, 9 al 11 de diciembre de 1997)

- Desechos municipales (Canad�, 15 al 17 de marzo de 1998)

- Bosques (Chile, 23 al 25 de septiembre de 1998)

La mesa redonda sobre eficiencia energ�tica fue organizada por la Canadian Environment Industry Association y la Petroleum Cooperation de Jamaica, y cont� con la participaci�n de 59 especialistas provenientes de 18 Estados miembros de la Organizaci�n.

Entre las conclusiones de la mesa podemos citar la diseminaci�n de las conclusiones y recomendaciones por parte de la Oficina de Ciencia y Tecnolog�a de la O.E.A.; la diseminaci�n de las conclusiones entre las instituciones nacionales correspondientes y la preparaci�n de una propuesta de proyecto, por parte de la Oficina de Ciencia y Tecnolog�a para el seguimiento para el Programa Interamericano de Cooperaci�n Tecnol�gica Ambiental que deber�a poner en ejecuci�n las conclusiones de las mesas redondas.

Asimismo la OEA, a trav�s de la OCT ha participado en acciones relacionadas con otras iniciativas aprobadas en la Cumbre de Miami. En especial, ha organizado una mesa redonda regional sobre eficiencia energ�tica, a celebrarse en Kingston, Jamaica, en enero de 1998. Esta mesa redonda tiene por prop�sito fomentar el uso racional del petr�leo y la sustituci�n parcial por energ�a renovable y ofrece un foro para fomentar el intercambio de conocimientos en la regi�n.

III. LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION EN NUESTRO HEMISFERIO

Los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron el compromiso de erradicar la pobreza y la discriminaci�n en el Hemisferio, reconociendo que "....grandes segmentos de la sociedad, particularmente las mujeres, las minor�as, los discapacitados, las poblaciones ind�genas, los refugiados y los desplazados, no han sido habilitados para participar plenamente en la vida econ�mica." Los mecanismos que los mandatarios consideraron importantes para erradicar la pobreza son la m�s amplia participaci�n de los pobres en las econom�as de la regi�n, el acceso a los recursos productivos, el apoyo adecuado a las redes de seguridad social y mayores inversiones de capital humano. En tal sentido, los gobernantes reafirmaron su apoyo a las estrategias contenidas en el "Compromiso para Impulsar la Cooperaci�n Solidaria y la Superaci�n de la Pobreza", adoptado por la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

El Plan de Acci�n de Miami menciona las siguientes iniciativas para enfrentar este desaf�o: Iniciativa 16: "El acceso universal a la educaci�n"; Iniciativa 17: "El acceso equitativo a los servicios b�sicos de salud"; Iniciativa 18: "El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad"; Iniciativa 19: "El fomento de las microempresas y las peque�as empresas"; e Iniciativa 20: "Los Cascos Blancos- cuerpos para casos de emergencia y el desarrollo".

Las acciones de la OEA

Los esfuerzos de la OEA en el �rea de la erradicaci�n de la pobreza y la discriminaci�n se han canalizados a trav�s de los mecanismos de la cooperaci�n solidaria, a saber: foros, intercambio de informaci�n, programas y proyectos de cooperaci�n, coordinaci�n con otros organismos y apoyo t�cnico y administrativo. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y la Secretar�a Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) han sido los principales instrumentos en este esfuerzo.

En primer lugar, es importante se�alar que el CIDI estableci�, en 1996. la Comisi�n de Desarrollo Social (CDS) y le encarg� la elaboraci�n de un Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminaci�n. La CDS organiz� una Reuni�n de Alto Nivel sobre Combate a la Pobreza y la Discriminaci�n, que se realiz� en la sede de la OEA, en Washington en 1997. En ella, ministros y otros representantes de alto nivel formularon el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminaci�n, el cual, con el respaldo del CIDI y la aprobaci�n de la Asamblea General, pas� a formar parte del Plan Estrat�gico del CIDI.

En el marco de este Programa Interamericano, la OEA apoyar� la realizaci�n de una reuni�n de alto nivel sobre el tema "Desarrollo y Modernizaci�n de las Instituciones P�blicas y la Gesti�n Social", en 1998. La OEA apoya tambi�n la Red Social de Am�rica Latina y el Caribe, organizaci�n que agrupa a 24 fondos de inversi�n social e instituciones an�logas de la regi�n y lleva a cabo estudios y actividades conjuntas con la CEPAL, el BID, la OPS, el Banco Mundial y otras instituciones.

El CIDI est� auspiciando asimismo proyectos de cooperaci�n que apoyan la preparaci�n de las reuniones de alto nivel y la implementaci�n de otras iniciativas en el marco del Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminaci�n.

La Unidad de Desarrollo Social y Educaci�n de la Secretar�a General de la OEA brinda servicios de secretar�a t�cnica y administrativa y elabora documentos t�cnicos y propuestas de programas para consideraci�n de los cuerpos pol�ticos. Tambi�n brinda servicios de secretar�a t�cnica a la mencionada Red Social. Esta labor la realiza en coordinaci�n con la SEDI.

Con relaci�n a la iniciativa 16 el acceso universal a la educaci�n, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que: "el alfabetismo universal y el acceso a la educaci�n en todos los niveles, sin distinci�n de raza, origen nacional o g�nero, son la base indispensable para el desarrollo social y cultural sostenible, el crecimiento econ�mico y la estabilidad democr�tica."

Al respecto comprometieron a sus gobiernos a garantizar el acceso universal a una educaci�n primaria de calidad; a promover la capacitaci�n profesional de los trabajadores, as� como la educaci�n de adultos; a aumentar y fortalecer la calidad de la educaci�n superior; a mejorar la capacitaci�n de los recursos humanos, as� como la capacitaci�n t�cnica, profesional y magisterial; a apoyar estrategias para superar las deficiencias nutricionales de los ni�os en edad escolar, con el objetivo de ampliar su capacidad de aprendizaje, entre otros aspectos.

Sobre el particular, es importante recordar que los Ministros de Educaci�n se reun�an dentro del marco de la Uni�n Panamericana y luego del antiguo Consejo Interamericano para la Ciencia, la Educaci�n y la Cultura de la OEA (CIECC), desde 1948, para intercambiar experiencias sobre pol�ticas, identificar problemas comunes y apoyar proyectos y otras actividades conjuntas. Su �ltima reuni�n bajo el CIECC, se efectu� en Buenos Aires en 1995. Con la entrada en vigencia del Protocolo de Managua (1993) que cre� el CIDI, le ha correspondido a este �ltimo asumir dicha responsabilidad. Al respecto ha acordado la convocatoria de una Reuni�n de Ministros de Educaci�n en 1998 y est� apoyando, dentro del marco de la II Cumbre de las Am�ricas, la realizaci�n de dos reuniones preparatorias con la participaci�n de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Educaci�n de los pa�ses Coordinadores y ha participado en las mismas aportando documentos t�cnicos para el di�logo.

La OEA ha brindado apoyo a las reuniones de ministros, actuando como secretar�a t�cnica y administrativa y apoyando la organizaci�n, realizaci�n y seguimiento de las reuniones y sus mandatos. Por encargo de la Asamblea General, la Secretar�a General ha venido cooperando en las iniciativas de educaci�n relacionadas con el Plan de Acci�n de Miami y con los aspectos educacionales complementarios del temario de la II Cumbre de las Am�ricas. En este campo, la Secretar�a General act�a principalmente a trav�s de la Unidad de Desarrollo Social y Educaci�n y con la coordinaci�n de la SEDI.

En el marco del CIDI y con recursos del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI), los Estados miembros est�n apoyando la realizaci�n de reuniones preparatorias y han aprobado la ejecuci�n de un proyecto para actividades de seguimiento de la Cumbre de Santiago en el tema de educaci�n, adem�s de numerosas actividades asociadas a los mandatos del Plan de Acci�n de Miami.

INICIATIVA 18. EL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami que:

"El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad es de importancia fundamental no s�lo para su realizaci�n completa en un marco de igualdad y justicia, sino para lograr un verdadero desarrollo sostenible. Resulta esencial fortalecer las pol�ticas y los programas que mejoren y ampl�en la participaci�n de las mujeres en todas las esferas de la vida pol�tica, social y econ�mica, y que mejoren su acceso a los recursos b�sicos necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Atender a las necesidades de las mujeres, significa en gran medida, contribuir a la reducci�n de la pobreza y las desigualdades sociales."

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Reconocer�n y respetar�n plenamente todos los derechos de las mujeres como condici�n esencial para su desarrollo individual y para la creaci�n de una sociedad m�s justa, unida y pac�fica. Con ese prop�sito, se promover�n pol�ticas que aseguren que las mujeres disfruten de la protecci�n plena de sus derechos legales y civiles.

  • Incluir�n un enfoque de g�nero en los proyectos de cooperaci�n y planificaci�n del desarrollo, y promover�n la realizaci�n del potencial de la mujer, elevando su productividad a trav�s de la educaci�n, la capacitaci�n, el desarrollo de sus habilidades y el empleo.
  • Promover�n la participaci�n de la mujer en el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pol�tica, social y econ�mica.
  • Emprender�n medidas apropiadas para enfrentar y reducir la violencia contra las mujeres.
  • Adoptar�n medidas apropiadas para mejorar la capacidad de las mujeres para percibir ingresos de ocupaciones que no sean s�lo las tradicionales, lograr autosuficiencia econ�mica y garantizar su acceso igualitario al mercado laboral en todos los niveles de empleo, a los sistemas de seguridad social, al sistema de cr�dito, y a la adquisici�n de bienes y tierras.
  • Cooperar�n plenamente con el reci�n nombrado Relator Especial sobre la Violencia Contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisi�n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
  • Apoyar�n y trabajar�n activamente para garantizar el �xito de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tendr� lugar en Beijing en septiembre de 1995.
  • Alentar�n, seg�n proceda, la ratificaci�n y el cumplimiento de la Convenci�n Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n Contra la Mujer y la Convenci�n Interamericana para la Prevenci�n, el Castigo y la Erradicaci�n de la Violencia Contra la Mujer.
  • Fortalecer�n a�n m�s la Comisi�n Interamericana de Mujeres.
  • Har�n un llamado a las organizaciones t�cnicas y financieras regionales e internacionales para que intensifiquen sus programas en favor de las mujeres.
  • Alentar�n la adopci�n de procedimientos para dar seguimiento a las medidas nacionales e internacionales incluidas en el presente plan de acci�n."

Las acciones de la OEA

La OEA, por intermedio de su Comisi�n Interamericana de Mujeres (CIM), ha participado activamente en todas las reuniones celebradas para efectuar el seguimiento del Plan de Acci�n de la Cumbre. Cabe destacar, en particular, los Encuentros T�cnicos Hemisf�ricos sobre el Fortalecimiento del papel de la Mujer en la sociedad, realizados en Montelimar, Nicaragua (abril 1997) y Washington DC, Estados Unidos (octubre 1997) que dieron por resultado la adopci�n de un sistema de indicadores que se utilizar�n para conocer la situaci�n de la mujer y propuestas para la Declaraci�n Pol�tica y el Plan de Acci�n de la II Cumbre de las Am�ricas, consideradas, oportunamente, en las sesiones del GRIC.

En ocasi�n de celebrarse la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, China, 1995), la CIM present� su Plan Estrat�gico de Acci�n, a fin de ponerlo a disposici�n de los foros nacionales e internacionales que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la promoci�n del adelanto de la mujer.

Asimismo, la CIM particip� de la V, VI y VII Conferencias de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Am�ricas (Paraguay 1995, Bolivia, 1996 y Panam� 1997). En la �ltima de estas reuniones fue presentado, con el IICA un proyecto sobre desarrollo de la mujer rural, aprobado posteriormente.

La promoci�n de la ratificaci�n de la Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convenci�n de Bel�m do Par�", adoptada en junio de 1994, ha constituido una preocupaci�n central y prioritaria. Con posterioridad a la Cumbre de Miami, esta convenci�n adquiri� vigencia internacional y en la actualidad existe un n�mero significativo de Estados Parte . La Secretar�a General de la OEA, en su funci�n de depositaria, ha registrado, hasta la fecha, el dep�sito de 24 instrumentos de ratificaci�n y tres de adhesi�n.

Cabe destacar, asimismo, que como consecuencia directa del avance legislativo a nivel interamericano, la figura de violencia dom�stica ha sido incorporada en las legislaciones internas de varios pa�ses.

Una actividad muy importante emprendida, por la CIM, para lograr una mayor difusi�n de la Convenci�n de Bel�m do Par� ha sido la traducci�n de �sta a idiomas de uso masivo en ciertos Estados como el aymar�, cr�ol, guaran�, holand�s y quechua.

Asimismo, se han dise�ado proyectos por parte de la Secretar�a Ejecutiva de la CIM destinados a la capacitaci�n de personal de la administraci�n de justicia y de la polic�a, con el fin de que conozcan el contenido de la Convenci�n Interamericana y de los medios que establece para salvaguardar y proteger los derechos de la mujer. Dichos programas de entrenamiento han tenido lugar en diversos pa�ses del hemisferio. La CIM, adem�s, ha prestado su concurso para la organizaci�n de distintas conferencias y reuniones destinadas a desarrollar pol�ticas p�blicas para erradicar la violencia contra la mujer as� como a documentar sus determinantes y costos socioec�nomicos. En esta materia ha sido particularmente importante la Conferencia sobre Violencia Dom�stica en Latinoam�rica y El Caribe, transmitida por radio a una audiencia de m�s de 20 millones de personas. El evento, organizado por el BID cont� con el copatrocinio de la CIM y de otras instituciones.

Por otra parte, y a efectos de asegurar el efectivo seguimiento de esta problem�tica, la Asamblea General de la OEA adopt�, en 1997, una resoluci�n mediante la cual solicita a la Secretar�a Permanente de la CIM, la presentaci�n, cada dos a�os, de un informe sobre los avances logrados en la aplicaci�n de la Convenci�n y las experiencias y resultados obtenidos mediante las iniciativas y programas llevados a cabo en los Estados miembros. El primer documento sobre esta materia ser� considerado en oportunidad de celebrarse el XXIX Per�odo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General (Guatemala, 1999).

En el marco de contactos con otras instituciones internacionales, la CIM ha estrechado sus relaciones de cooperaci�n con la OPS, con el fin de realizar actividades relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de pol�ticas para la mujer, en los temas de salud, violencia intrafamiliar y capacitaci�n en la planificaci�n y formulaci�n de proyectos con perspectiva de g�nero.

El Estatuto y el Reglamento de la CIM se encuentran desde el a�o pasado en proceso de reforma.

Otro tema considerado prioritario en la agenda de trabajo de la CIM, es el que apunta al logro de la participaci�n paritaria de la mujer en todos los niveles y segmentos de la sociedad. En este sentido, la CIM ha prestado su concurso y brindado apoyo a los Estados miembros para la organizaci�n de distintos foros y seminarios orientados a promover el liderazgo de la mujer. Igualmente, la CIM particip� en la primera reuni�n de Ministras de Estado de los pa�ses iberoamericanos(Chile, 1995) que consider� el tema relativo a la participaci�n de la mujer en las decisiones pol�ticas y econ�micas.

En el mes de febrero de 1998, se llev� a cabo, en la sede de la Secretar�a General de la OEA, la Reuni�n Interamericana de Consulta sobre Participaci�n de la Mujer en las Estructuras de Poder y en la toma de Decisiones, que cont� con la participaci�n de m�s de 70 expertos.

La reuni�n tuvo el doble prop�sito de efectuar una reflexi�n conjunta sobre la situaci�n de la mujer y efectuar recomendaciones tendientes a lograr una mayor igualdad de oportunidades y la aplicaci�n del principio de equidad de g�nero como ejes transformadores y viabilizadores del incremento de la presencia de la mujer en las instancias de decisi�n pol�tica y econ�mica.

Importa subrayar tambi�n la participaci�n de la CIM en el programa de Representaci�n y Liderazgo de la Mujer del BID orientado a la financiaci�n de proyectos en los sectores p�blico y privado de los pa�ses de Am�rica Latina y El Caribe.

Adem�s, la CIM firm� un acuerdo con el Parlamento Centroamericano y espera celebrar convenios de cooperaci�n similares con el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano. Los contactos establecidos con dichos �rganos legislativos se inscriben en la tem�tica de la "Participaci�n de la mujer en las estructuras del poder", asunto al que la CIM ha otorgado especial atenci�n de conformidad con el mandato de la Cumbre de 1994.

Especial menci�n merecen los esfuerzos de cooperaci�n y coordinaci�n de actividades que la CIM ha efectuado, desde 1995, con los dem�s organismos del Sistema Interamericano, as� como con otras entidades que tienen intereses afines, tales como foros parlamentarios y centros de investigaci�n. Este acercamiento ha permitido la obtenci�n de algunos recursos financieros internacionales y ha servido para intercambiar conocimientos t�cnicos especiales.

En igual sentido y, con el fin de reforzar el nivel pol�tico del tratamiento del tema de la mujer en la Organizaci�n, el Consejo Permanente acord� en noviembre pasado la creaci�n de un mecanismo informal de contacto y coordinaci�n con las oficinas de la Secretar�a General, organismos del Sistema Interamericano y otras instituciones para el tratamiento de la situaci�n de la mujer en el Hemisferio.

IV. LA GARANTIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS

INICIATIVA 23. LA ALIANZA PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION

Los Jefes de Estado y de Gobierno se�alaron en Miami:

"Tal como se reconoci� en la Agenda 21, la gesti�n ambiental sana es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Se requiere de esfuerzos de cooperaci�n para elaborar o mejorar, de conformidad con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes: 1) marcos para la protecci�n ambiental, y 2) mecanismos para ejecutar y hacer cumplir los reglamentos ambientales. A fin de lograr este objetivo, una nueva alianza promover� las actividades de cooperaci�n para desarrollar pol�ticas, leyes e instituciones ambientales; aumentar la capacidad t�cnica, promover la concientizaci�n y participaci�n del p�blico; continuar procurando la cooperaci�n tecnol�gica, financiera y de otro tipo; y facilitar el intercambio de informaci�n, incluido el relativo a las tecnolog�as ambientalmente sanas. Las actividades de la alianza aprovechar�n y promover�n la ejecuci�n de acuerdos y principios internacionales, incluidos los acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Peque�os Estados Insulares en Desarrollo de 1994, en �reas que los pa�ses del Hemisferio consideren prioritarias."

En el Plan de Acci�n de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:

"Los gobiernos:

  • Promover�n la participaci�n de organizaciones, tales como el BID, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Banco Mundial, la OPS, la OEA y otros actores y organizaciones no gubernamentales, seg�n el caso, en el financiamiento, la elaboraci�n y ejecuci�n de los proyectos prioritarios.
  • Discutir�n el avance en la ejecuci�n de las actividades nacionales e internacionales en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que se celebrar� en Bolivia en 1996, y en las subsiguientes reuniones ministeriales anuales sobre desarrollo sostenible."

Las acciones de la OEA

En respuesta a los mandatos contenidos en el Plan de Acci�n, la Organizaci�n Panamericana de la Salud organiz� en 1995 la Conferencia Pan Americana sobre la Salud y el Ambiente dentro del Desarrollo Humano Sostenible. La cooperaci�n t�cnica de esa organizaci�n en esta tarea se canaliz� hacia el seguimiento del plan de acci�n que eman� de la Conferencia.

En 1996, los esfuerzos de la organizaci�n en materia de agua potable se canalizaron hacia expandir el suministro y cobertura de este servicio, as� como mejorar la calidad bacteriol�gica del agua para consumo humano y extendiendo su suministro y los servicios sanitarios a regiones urbanas marginadas, �reas rurales y a comunidades ind�genas.

En relaci�n con desechos s�lidos urbanos, la OPS apoy� los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales y regulatorias de los pa�ses de la regi�n, para hacer frente a los procesos de descentralizaci�n y privatizaci�n.

En lo que se refiere a la labor de la O.E.A., de conformidad con una recomendaci�n de la reuni�n de expertos t�cnicos ambientales, convocada dentro del marco del Plan de Acci�n de Miami y que se celebr� en San Juan, Puerto Rico, del 6 al 8 de noviembre de 1995, se estableci� un Grupo de Trabajo Interinstitucional para prestar apoyo a los gobiernos en la puesta en pr�ctica de la Iniciativa 23. En esa ocasi�n, se solicit� a la OEA que sirviera de secretar�a t�cnica para el Grupo de Trabajo Interinstitucional.

En 1996 la OEA, a trav�s de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente organiz� una serie de reuniones que tuvieron como resultado la creaci�n de varios grupos de trabajo interinstitucionales para prestar apoyo a la implementaci�n de diversos componentes de la Alianza para la Prevenci�n de la Contaminaci�n. El grupo de mayor �xito fue el encargado de coordinar las actividades de los organismos y gobiernos para apoyar la eliminaci�n gradual del plomo en la gasolina. A pedido de este grupo de trabajo, se realiz� una reuni�n de puntos focales en Chile, del 4 al 6 de noviembre de 1996, para examinar los esfuerzos que estaban realizando los organismos internacionales en esta materia, intercambiar experiencias entre pa�ses e identificar las necesidades de asistencia t�cnica.

A fines de 1996 diez pa�ses hab�an eliminado el plomo en la gasolina y se anticipa que para el a�o 2000 cuatro pa�ses m�s lo habr�n logrado. Con ello el consumo de gasolina sin plomo ascender� del 68 por ciento al 83 por ciento del consumo total de ese combustible.

En esta empresa han colaborado estrechamente la O.E.A., la Organizaci�n Panamericana de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional para la Reconstrucci�n y el Desarrollo (Banco Mundial) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

Por otra parte, la labor del grupo de trabajo interinstitucional sobre administraci�n de aguas condujo a la convocatoria de la Reuni�n sobre Recursos H�dricos, celebrada en Buenos Aires, del 18 al 20 de julio de 1996, que efectu� contribuciones sustantivas a la preparaci�n t�cnica para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de 1996.

En septiembre de 1997 el Grupo de Trabajo Interinstitucional cre� un grupo de trabajo sobre producci�n m�s limpia que colaborar� con los pa�ses del Hemisferio en promover, en esta materia, el intercambio de informaci�n, la transferencia de tecnolog�a, y el uso de pr�cticas menos contaminantes.

La OEA, a trav�s de la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, desempe�� un papel importante en el suministro de apoyo t�cnico y administrativo para la preparaci�n de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. Tambi�n efectu� un aporte importante en la Comisi�n T�cnica designada por el Gobierno de Bolivia para formular las bases t�cnicas del proyecto de Plan de Acci�n. En particular, la Unidad coordin� el trabajo sobre los temas de recursos h�dricos, silvicultura y participaci�n ciudadana para el desarrollo sostenible y organiz� reuniones sobre cada uno de los temas, a las cuales asistieron expertos de alto nivel de toda la regi�n. La Comisi�n T�cnica prepar� 11 documentos de antecedentes para la Cumbre, cinco de los cuales fueron preparados por la Unidad.

El Consejo Permanente de la OEA, por su parte, cre� el Grupo de Trabajo sobre Cooperaci�n de la OEA en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. Este grupo de trabajo realiz� varias reuniones dedicadas al proceso de preparaci�n de la Cumbre y tres sesiones extraordinarias, con participaci�n de expertos para examinar y negociar los proyectos de Declaraci�n de Santa Cruz y el Plan de Acci�n para el Desarrollo Sostenible de las Am�ricas. La reuni�n de Plenipotenciarios para considerar y aprobar los documentos finales tuvo lugar en la OEA el 20 y el 21 de noviembre de 1996 y los documentos que emanaron de dicha reuni�n fueron aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de las Am�ricas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz, Bolivia, el 7 y el 8 de diciembre de ese a�o.

La Cumbre de Santa Cruz no fue dise�ada como una Cumbre Ambiental. Precisamente, la complejidad de la negociaci�n deriv� de la propuesta de incorporar la dimensi�n ambiental dentro de una visi�n de desarrollo integral.

La Cumbre de Santa Cruz constituye una alianza de cooperaci�n entre los Estados de las Am�ricas para la b�squeda com�n de una calidad de vida m�s elevada para sus pueblos, fundada en objetivos integrales y complementarios de car�cter econ�mico, social y ambiental.

En la Declaraci�n de Santa Cruz de la Sierra, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron el derecho del ser humano a una vida saludable y productiva en armon�a con la naturaleza y lo situaron como centro de las preocupaciones relacionadas con el Desarrollo Sostenible.

Manifestaron que las estrategias de desarrollo deben incorporar la sostenibilidad, como un elemento indispensable para lograr de una manera equilibrada, interdependiente e integral los objetivos econ�micos, sociales y ambientales.

En el Plan de Acci�n para el Desarrollo Sostenible de las Am�ricas se asumi� el compromiso de llevar adelante 65 iniciativas relativas a los temas de salud, educaci�n, ciudades y comunidades sostenibles, recursos h�dricos y �reas costeras, energ�a y minerales.

En el plano institucional, el Plan de Acci�n encomend� a la Organizaci�n de los Estados Americanos, el papel de coordinar el seguimiento de las diversas decisiones de la Cumbre de las Am�ricas sobre Desarrollo sostenible. A tal efecto la OEA convocar� las reuniones necesarias al nivel que corresponda. En particular, la OEA, mediante la Comisi�n Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) examinar� el progreso de este Plan de Acci�n como parte de su temario. Se solicit� asimismo, al Secretario General de la OEA, preparar un informe de dicho progreso, el cual deber�a estar disponible antes de la Cumbre de las Am�ricas de 1998.

En el marco de los aspectos institucionales, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron tambi�n a los �rganos, organismos y entidades del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano que desarrollen mecanismos adecuados de cooperaci�n y coordinaci�n con la OEA, dentro de sus esferas de acci�n y sus mandatos, en respaldo de los esfuerzos nacionales, regionales y hemisf�ricos en favor del desarrollo sostenible.

El Plan de Acci�n incluy� adem�s mandatos relacionados con aspectos de financiamiento, transferencia cient�fica y tecnol�gica, y participaci�n p�blica.

En el XXVII Per�odo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Lima en 1997, se aprobaron las siguientes resoluciones relacionadas con la Cumbre de Santa Cruz: AG/RES.1513(XXVII-0/97) sobre el Programa de Desarrollo Sostenible y AG/RES.1514 (XXVII-0/97) sobre Coordinaci�n y Seguimiento de la Declaraci�n de Santa Cruz de la Sierra y el Plan de Acci�n para el Desarrollo Sostenible de las Am�ricas. En �sta �ltima se establece la Comisi�n Ad Hoc de Desarrollo Sostenible, dependiente de la Comisi�n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI).

En cumplimiento de sus tareas la Comisi�n Ad Hoc de Desarrollo Sostenible consider� la celebraci�n de una reuni�n extraordinaria de la Comisi�n Interamericana para el Desarrollo Sostenible y recomend� celebrarla a la brevedad posible.

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) durante su Tercera Reuni�n Ordinaria, realizada en la ciudad de Buenos Aires, los d�as 25 y 26 de marzo de 1998, aprob� la Resoluci�n CIDI/RES.39(III-0/93), que encomienda a la CEPCIDI "reprogramar la Reuni�n Extraordinaria de la CIDS para que se lleve a cabo a la brevedad posible, en la sede de la Secretar�a General de la OEA, a fin de dar seguimiento a la implementaci�n de la Declaraci�n y el Plan de Acci�n de la Cumbre de Santa Cruz, con atenci�n particular al Informe del Secretario General sobre implementaci�n de las iniciativas de la Cumbre de Bolivia y del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible".

En la Reuni�n del CIDI, cumpliendo el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Am�ricas, el Secretario General de la OEA present� su Informe sobre la Implementaci�n de las Iniciativas de la Cumbre de Santa Cruz, Bolivia 1996.

En este Informe se identifican los principales obst�culos para la ejecuci�n de las iniciativas del Plan de Acci�n, se mencionan los avances logrados en el cumplimiento de las diferentes iniciativas as� como los aspectos institucionales, financieros, tecnol�gicos y de cooperaci�n, y finalmente se propone la creaci�n de un Foro de las Am�ricas sobre Desarrollo Sostenible.

LISTA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

  1. CE/GCI-114/97 Actividades de Seguimiento de lo establecido en la Declaraci�n de Principios y Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas celebrada en Miami en diciembre de 1996 (CICAD)

  2. CE/GCI-115/97 La participaci�n de la OEA en el proceso del �rea del Libre Comercio en las Am�ricas (ALCA) - (Unidad de Comercio)

  3. CE/GCI-116/97 Informe sobre la Implementaci�n de la Cumbre de las Am�ricas (CIM)

  4. CE/GCI-117/97 La OEA y el Seguimiento de la Cumbre de Miami: Fortalecimiento de la Democracia (UPD)

  5. CE/GCI-118/97 S�ntesis de las actividades de CITEL en cumplimiento de la Cumbre de Miami

  6. CG/GCI-119/97 El proceso de Cumbres Hemisf�ricas y la Organizaci�n de los Estados Americanos

  7. CG/GCI-121/97 Cumbre de las Am�ricas - Miami, diciembre 1994 (Subsecretar�a de Asuntos Jur�dicos de la OEA)

  8. CG/GCI-122/97 Seguimiento del Plan de Acci�n de la Cumbre de las Am�ricas. Promoci�n y Protecci�n de los Derechos Humanos (CIDH)

  9. CG/GCI-124/97 Support of the Summit of the Americas by the Office of Science and Technology/OAS

  10. CG/GCI-125/97 La Cumbre de las Am�ricas (Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente)

  11. CG/GCI-125/97 Seguimiento de la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible add.1

  12. CG/GCI-127/97 Actividades desarrolladas por la OEA en el marco del CIDI en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de las Am�ricas Realizada en Miami, en Diciembre de 1994.


[CEGCI Docs/tracker.htm]