Organización de los Estados Americanos Cumbres de las Américas
     
Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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DEMOCRACIA: Corrupción
MANDATOS

  1. Elaborar un Plan de Acción basado en evidencia, que tenga en cuenta los desafíos socioculturales, económicos y estructurales de la región de las Américas, e incluya, entre otros, la determinación de medidas nacionales de coordinación y cooperación internacional, teniendo en cuenta los compromisos globales asumidos por los Estados con respecto a la salud y la resiliencia, con miras a:

    • f. Hacer uso de las adquisiciones públicas para promover simultáneamente la asequibilidad, sostenibilidad, pericia y el desarrollo de los presupuestos de salud actuales de una manera eficaz, eficiente e inclusiva, promoviendo conductas éticas para prevenir la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, teniendo en cuenta los compromisos asumidos a escala regional y subregional; (Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022)

  1. Fortalecer la cooperación regional para apoyar la Carta Democrática Interamericana mediante, entre otras, las siguientes medidas:

    • a. Alentar reuniones periódicas multilaterales y fomentar debates inclusivos entre los países de nuestro Hemisferio sobre los desafíos a la democracia que han surgido en la región tras dos décadas de la adopción de la Carta Democrática Interamericana;

    • b. Desarrollar, fortalecer o consolidar, de acuerdo a la legislación nacional, la función del Ombudsperson (Defensor del Pueblo, Defensor de los Habitantes, Procurador o Comisionado de Derechos Humanos) u otra autoridad nacional pertinente, con miras a fortalecer la gobernabilidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos en los países de la región;

    • c. Reconocer lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú por los Estados Parte e invitar a los países de la región a aunar esfuerzos para accionar de acuerdo con el mismo, según corresponda (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Proteger la libertad de prensa y el ejercicio pleno de los derechos civiles, incluyendo la libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión, y promover el libre intercambio de ideas, información y pensamiento, como principios fundamentales de las democracias representativas y participativas, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, alentando el establecimiento, en todos los ámbitos gubernamentales, de mecanismos que promuevan la transparencia y el acceso a la información pública. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Continuar con el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Octava Cumbre de las Américas, en particular, el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, reafirmando el compromiso con los tratados en la materia, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción, e implementando las siguientes acciones:

    • a. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en las medidas para combatir la corrupción, desde el proceso de planificación hasta la implementación, el seguimiento y la evaluación de las mismas;

    • b. Establecer medidas, sistemas y campañas de concientización pública que incentiven y mejoren las condiciones para la presentación de denuncias sobre posibles irregularidades y actos de corrupción, incluido el lavado de dinero generado por actos de corrupción, así como medidas que brinden una protección eficaz contra posibles represalias o intimidación, el uso de la fuerza física o de amenazas hacia denunciantes, víctimas, testigos informantes y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y la justicia de conformidad con las obligaciones internacionales;

    • c. Promover el uso de datos abiertos para aumentar la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la participación ciudadana, a fin de prevenir y combatir la corrupción, especialmente a través de la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos creado y aprobado en el marco de la Organización de los Estados Americanos;

    • d. Poner en práctica políticas gubernamentales, plataformas y herramientas clave y procesos de adquisición y contratación pública abiertos, transparentes y accesibles, en línea con las buenas prácticas reconocidas a nivel mundial, tales como las Recomendaciones de la OCDE sobre Adquisiciones Públicas y abordar explícitamente la anticorrupción en los contratos públicos pertinentes, cuando corresponda;

    • e. Establecer e implementar medidas que permitan la detección de los conflictos de interés, garantizando que se apliquen en todas las etapas del proceso que se trate;

    • f. Establecer procedimientos y programas dirigidos a orientar, formar y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre situaciones éticas desafiantes; y procedimientos públicos en situaciones de potenciales conflictos de interés;

    • h. Fortalecer y garantizar los espacios de participación ciudadana tales como los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control y participación social, cuando corresponda, para la implementación de medidas de prevención y de lucha contra la corrupción y la impunidad;

    • i. Promover, cuando corresponda, medidas que fortalezcan los mecanismos destinados a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, fraude o faltas éticas, incluyendo aquellos que tienen alcance transnacional;

    • k. Fortalecer, según corresponda y de acuerdo a la legislación nacional, las instituciones responsables de la prevención y la lucha contra la corrupción, así como los mecanismos y marcos normativos en materia de acceso a la información pública, facilitando el acceso e implementando políticas de datos abiertos;

    • l. Fortalecer y promover el uso de sistemas digitales para asegurar y mejorar la transparencia, publicidad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción;

    • m. Participar activamente en el Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, con la información pertinente sobre los avances en la consecución de los compromisos ahí descritos y utilizando el Banco de Buenas Prácticas y Capacidades Regionales en Materia de Prevención y Combate a la Corrupción. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Continuar implementando las recomendaciones recibidas a través del proceso de revisión del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); reportando anualmente al MESICIC sobre el progreso realizado sobre estas recomendaciones; y fomentando la participación de la sociedad civil, el sector privado y los actores sociales en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluyendo iniciativas que fomenten la consulta pública, la educación y concientización, promuevan la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y permitan a la sociedad civil involucrarse en el monitoreo y control, según corresponda y de acuerdo a la legislación nacional. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Integrar los compromisos emanados de la Cumbre de las Américas y otros foros pertinentes relacionados con la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción en los Planes de Acción Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, según corresponda, incluyendo iniciativas que fortalezcan la transparencia fiscal y eviten los delitos financieros, y refuercen la apertura de la información pública y los datos en formatos abiertos desde el diseño. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Tomar las medidas establecidas en las resoluciones adoptadas por la IX Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), realizada en diciembre 2021, a fin de dar seguimiento efectivo a la Declaración de Sharm el-Sheikh sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en la prevención y lucha contra la corrupción en momentos de emergencia y de respuesta y recuperación de crisis, incluso mediante la formulación, la implementación y, cuando corresponda, la mejora y el fortalecimiento de políticas y estrategias anticorrupción, de conformidad con la legislación nacional, para ofrecer preparación para situaciones de emergencias y abordar la corrupción en momentos de emergencias y respuesta y recuperación de crisis, así como con la resolución “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional: seguimiento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción”. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Adoptar las medidas correspondientes para abordar los compromisos políticos de la Resolución A/RES/S-32-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración Política “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional”, así como seguir promoviendo los resultados del proceso preparatorio de este periodo especial de la Asamblea General, incluyendo, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, de:

    • a. Formular e implementar regulaciones y medidas para recopilar e intercambiar información sobre los beneficiarios finales de las personas e instrumentos jurídicos, para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción, de conformidad con la legislación nacional;

    • b. Penalizar la solicitud y aceptación de sobornos y el soborno de funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organismos públicos internacionales;

    • c. Establecer, cuando sea necesario, una política clara de regalos y beneficios importantes, así como una regulación efectiva sobre conflictos de intereses;

    • d. Elaborar y aplicar medidas, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, que establezcan la responsabilidad penal, o bien, cuando proceda, la responsabilidad civil y administrativa de las personas jurídicas que incurran en actos de soborno transnacional;

    • e. Fortalecer, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, las capacidades de las autoridades centrales responsables de la cooperación jurídica internacional y de la tramitación de las solicitudes de recuperación de activos, aprovechando y ampliando continuamente los conocimientos de los funcionarios y expertos para mejorar la tramitación electrónica de las solicitudes de cooperación jurídica internacional que tengan por objeto rastrear, congelar, retener, decomisar, incautar y restituir los productos e instrumentos del delito, con miras a una respuesta más eficaz a las solicitudes de recuperación de activos;

    • f. Analizar la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión o inadmisibilidad para denegar refugio seguro a las personas que han sido condenadas administrativa o penalmente por actos o delitos de corrupción, de conformidad con las obligaciones legales internas e internacionales de cada Estado;

    • g. Empoderar a los jóvenes para proponer ideas encaminadas a la prevención y lucha contra la corrupción, tomando como base los resultados del Foro de la Juventud en el marco del proceso preparatorio del Periodo Especial de Sesiones de 2021 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Apoyar la inclusión, según corresponda, a los jóvenes en la toma de decisiones, veeduría, control y supervisión a todos los niveles de los procesos de la administración pública a fin de mejorar las prácticas de buena gestión para prevenir y luchar contra la corrupción. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Fortalecer los procedimientos de compras públicas y adquisiciones a nivel nacional, regional e internacional, que incluyan:

    • a. Impulsar acciones estratégicas para asegurar la implementación de las recomendaciones realizadas por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) mediante la declaración “Contratación Pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía”, emitida por sus Estados Miembros en 2021;

    • b. Implementar, utilizando datos abiertos, metodologías y recursos tecnológicos para identificar y mitigar riesgos de corrupción;

    • c. Establecer marcos regulatorios, medidas e indicadores que sean eficaces para contrarrestar los conflictos de intereses, los favoritismos y la corrupción;

    • d. Elaborar y aplicar medidas eficaces que aborden la informalidad y la precarización laboral y prevengan y combatan la corrupción y los abusos, incluido el trabajo forzoso y el trabajo infantil, en las cadenas de suministro mundiales mediante el desarrollo de estándares transparentes de contratación pública y requisitos de cumplimiento o códigos de conducta relacionados con la contratación de bienes y servicios, según corresponda, y de acuerdo a la legislación nacional y las obligaciones internacionales de los Estados;

    • e. Elaborar e implementar, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, mecanismos para prevenir, investigar o, según proceda, sancionar la corrupción, incluido el soborno, el tráfico de influencias, el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las adquisiciones de bienes y servicios de los sectores público y privado en colaboración con las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y otros actores. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Asegurar, según corresponda, que el marco institucional de apoyo a la integridad pública se base, entre otros criterios, en reducir los riesgos de la corrupción y se aplique a todos los servidores públicos y empleados, de acuerdo con la legislación nacional, independientemente de su situación contractual, y tomar medidas para que los resultados de la gestión de riesgos se utilicen para tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficacia y la eficiencia de las actividades de control. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Estimular foros de múltiples partes interesadas para el diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y jóvenes, y los actores sociales, a fin de fortalecer las prácticas democráticas, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la lucha contra la corrupción, y el Gobierno abierto con inclusión de:

    • a. Procesos participativos para promover la rendición de cuentas y la confianza pública en el Gobierno, tales como la elaboración de comunicados, compromisos sociales públicos o cartas de compromiso, según corresponda, que establezcan lo que las y los habitantes pueden esperar de los servicios públicos y cómo acceder a ellos;

  1. Promover alianzas estratégicas entre los diferentes sectores de la sociedad civil y actores sociales y los gobiernos nacionales y locales para la prevención y lucha contra la corrupción, incluyendo políticas y programas contra el soborno y la corrupción, e implementando las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y responsabilidad. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Recopilar datos de corrupción, mediante herramientas cualitativas y cuantitativas, provenientes directamente de los usuarios de servicios públicos, y reportarlos para identificar y prevenir diferentes tipos de corrupción y prácticas corruptas. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

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  1. Fortalecer los mecanismos regionales e internacionales de lucha contra la corrupción, reconociendo el valor e importancia de los mecanismos nacionales y el ejercicio multilateral sobre la base de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad. Solicitar a la OEA que continúe poyando a los países en el seguimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Democracia, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015).

  1. Reforzaremos nuestra lucha contra todas las formas de corrupción, prácticas fraudulentas y conducta no ética, mediante el aumento de la transparencia, la integridad, el rendimiento de cuentas y la eficiencia en los sectores público y privado. Reafirmamos nuestro compromiso con la Convención Interamericana contra la Corrupción, y declaramos nuestro apoyo a la ratificación y aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Reiteramos nuestro compromiso, en el marco de la legislación nacional y normas internacionales aplicables, a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen, y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución a sus propietarios legítimos de los activos producto de la corrupción. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos (Declaración de Nuevo León, 2004).

  1. Reconociendo que la corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación efectiva de la Convención, a través, entre otros, del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de buena gestión pública y lucha contra la corrupción, así como los programas que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y por sus propios organismos competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Apoyarán, en el menor plazo posible y tomando en consideración la recomendación de la OEA, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Apoyarán el fortalecimiento de la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre los funcionarios gubernamentales encargados de ética y representantes de la sociedad civil. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Fortalecerán, en cooperación con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. El fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos es una prioridad hemisférica esencial. En este Plan de Acción, respaldamos nuevas iniciativas destinadas a profundizar nuestro compromiso a estos importantes principios. Específicamente, intensificaremos nuestros esfuerzos para promover reformas democráticas a nivel regional y local, proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, mejorar las capacidades de nuestros sistemas de justicia y Ministerios del Trabajo para responder a las necesidades de nuestros pueblos, y alentar una sociedad civil firme y activa. Asimismo, resolvemos defender la democracia contra las graves amenazas de corrupción, terrorismo y drogas ilícitas, y promover la paz y la seguridad entre nuestras naciones. En conjunto, estas medidas consolidan nuestros logros democráticos, reafirman nuestro compromiso a las instituciones democráticas y nos comprometen a construir un Hemisferio de valores compartidos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Darán un decidido respaldo al "Programa Interamericano para Combatir la Corrupción" e implementarán las acciones que allí se establecen, particularmente la adopción de una estrategia para lograr la pronta ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en 1996, la elaboración de códigos de conducta para los funcionarios públicos, en conformidad con los respectivos marcos legales, el estudio del problema del lavado de los bienes o productos provenientes de la corrupción y la promoción de campañas de difusión sobre los valores éticos que sustentan el sistema democrático. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Auspiciarán la realización de un Simposio sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio, a más tardar en agosto de 1998 en Chile, a fin de considerar entre otros temas, los alcances de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la implementación del programa antes señalado. Igualmente, respaldarán la realización de talleres auspiciados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para difundir la normativa contemplada en la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Propiciarán en el marco de la OEA, y de conformidad con el mandato contenido en el Programa Interamericano para Combatir la Corrupción, un adecuado seguimiento de los avances de la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Fomentarán la aprobación de medidas efectivas y concretas para luchar contra todas las formas de corrupción, soborno y prácticas ilícitas conexas en las transacciones comerciales, entre otras. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  • 5.1 El problema de la corrupción es hoy día un asunto de primordial interés no solamente en este Hemisferio, sino también en todas las regiones del mundo. La corrupción en los sectores publico y privado debilita la democracia y socava la legitimidad de los gobiernos e instituciones. La modernización del Estado, que incluya la desregulación, la privatización y la simplificación de los procedimientos gubernamentales, reduce las oportunidades de corrupción. En una democracia, todos los aspectos de la administración pública deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio público. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 5.3 Garantizaran la debida supervisión de las funciones gubernamentales fortaleciendo los mecanismos internos, entre ellos la capacidad de investigación y cumplimiento de las leyes con respecto a los actos de corrupción, y facilitando el acceso del público a la información necesaria para un escrutinio externo significativo. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 5.4 Establecerán normas sobre conflicto de intereses para los empleados públicos, así como medidas eficaces contra el enriquecimiento ilícito, entre ellas la imposición de sanciones rigurosas a aquellos que utilicen sus cargos públicos en beneficio de intereses particulares. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 5.5 Harán un llamado a los gobiernos del mundo para que adopten y hagan cumplir las medidas contra el soborno en todas las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio; con este fin, invitaran a la OEA a que establezca vínculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 5.6 Elaboraran mecanismos de cooperación en los sectores bancario y judicial para que sea posible una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales de los casos de corrupción. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 5.8 Desarrollaran en la OEA, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores publico y privado que incluya la extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional. (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

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