Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO: Protección Social
MANDATOS

  1. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  2. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  3. Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas de gobernabilidad democrática y gobierno abierto. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  2. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas sobre sus derechos de acceso a la justicia, e impulsarán las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Fomentarán una mayor utilización de policías vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor diálogo e interacción entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y agrupaciones de la sociedad civil y comunidades locales. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Alentarán la cooperación para modernizar las leyes penales, utilizando las tecnologías de información y de las comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en la capacitación en materia de derechos humanos y en la prevención de actos de violencia, en particular la ejercida por las autoridades encargadas de combatir el delito, con el fin de reducir la violencia contra la población civil, fomentando, asimismo, los valores necesarios en nuestras sociedades para conservar la armonía social. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Promoverán el intercambio de experiencias nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los procedimientos de identificación por los agentes de seguridad pública, con miras a prevenir detenciones sobre la base de prejuicios que afectan principalmente a las minorías y a los pobres. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Aumentarán las oportunidades de compartir experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la lucha contra la violencia psicológica, sexual o física en el hogar y en el lugar de trabajo, conscientes de que dicha violencia está principalmente dirigida contra las mujeres y los niños y niñas. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Buscarán adoptar medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y explotación ejercida contra las mujeres, menores, ancianos, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables, y procurarán asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean aplicadas reconociendo la necesidad de garantizar a las víctimas de la violencia la asistencia legal que se requiera para obtener la reparación del caso. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Solicitarán a las organizaciones multilaterales y otras participantes en la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, que intensifiquen su apoyo y asistencia técnica a los países que lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones nacionales en este tema. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Promoverán medidas concretas para prevenir acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al igual que actividades violentas locales, regionales e internacionales de grupos que apoyan y fomentan ideologías racistas y prácticas terroristas para obtener sus objetivos. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Cooperarán y promoverán el diálogo sobre el desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al mejoramiento de los niveles de atención a la población desplazada por la violencia, teniendo en cuenta los problemas que estas poblaciones enfrentan, e instarán a que se armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con las normas y estándares del derecho internacional humanitario, incluyendo la Convención de Ginebra de 1951. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Promoverán un examen de sus respectivas legislaciones nacionales a fin de eliminar o modificar aquellas disposiciones que pudieran conducir a cualquier tipo de discriminación, por alguna razón, y que se contrapongan con sus compromisos internacionales. Se procurará, particularmente, alcanzar antes del año 2002, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. En este contexto, se otorgará prioridad al derecho de trato igualitario en el trabajo, de propiedad, de sucesión, de custodia de menores, así como el combate contra la violencia doméstica. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Adecuarán su legislación, realizarán las reformas institucionales necesarias y tomarán las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de la infancia y de los jóvenes, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales, en el plazo más breve posible. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Impulsarán, según sea el caso, la diferenciación de los procedimientos y consecuencias a las infracciones a la ley penal, de aquellas medidas que se establezcan para la protección de los niños y jóvenes, cuyos derechos están amenazados o son vulnerados. Además, promoverán medidas socio-educativas para la reinserción de menores infractores. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  • Iniciativa 22 Definir claramente, de conformidad con el sistema jurídico de cada país y cuando sea necesario, la tenencia y los derechos de propiedad de la tierra, incluso con respecto a las comunidades indígenas y otras comunidades locales, e identificar medidas adicionales que puedan resultar necesarias para mejorar la ordenación forestal sostenible bajo los distintos regímenes de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta el interés de todas las partes interesadas. (Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra, 1996).

  • 2.5 Revisaran y fortalecerán las leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Apoyaran un proceso para estudiar y aumentar la protección de los derechos de los indígenas en los Estados miembros de la OEA y elaboraran con prontitud una firme declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas. (Plan de Acción de Miami, 1994).