Organización de los Estados Americanos Cumbres de las Américas
 
Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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SEGURIDAD: Crimen
MANDATOS

  1. Continuar implementando políticas, estrategias y acciones integrales que procuren prevenir la delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta los vínculos entre seguridad y desarrollo así como abordar todas las causas de la violencia y promover la convivencia y la resolución pacífica de controversias entre ciudadanos, con especial atención a los jóvenes y otros grupos vulnerables. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).

  1. Seguiremos luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético. Por lo tanto reafirmamos nuestra voluntad de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, adoptado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas en octubre de 2008, en la Ciudad de México; los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al igual que el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2006. Por consiguiente, invitamos a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales a continuar contribuyendo financieramente y con otras formas de asistencia que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias para facilitar el logro de los objetivos de la seguridad pública en las Américas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Incrementaremos nuestros esfuerzos para prevenir y combatir todos los aspectos del problema mundial de las drogas y los delitos conexos, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y un enfoque integral y equilibrado, con base en el principio de responsabilidad común y compartida, de conformidad con los principios contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, el derecho internacional y nuestros marcos legales aplicables. Con este fin, fortaleceremos nuestras capacidades nacionales y continuaremos implementando, según corresponda, las recomendaciones del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Acogemos con beneplácito la finalización de su última Ronda de Evaluación, y continuaremos fortaleciéndolo para hacer frente a los nuevos desafíos y necesidades de los países del Hemisferio. Asimismo, reconocemos la importancia de los programas sostenibles de desarrollo alternativo, y cuando proceda, de desarrollo alternativo preventivo, en la lucha contra el problema mundial de las drogas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar el acceso de los fondos/activos de origen ilícito a nuestros sistemas financieros mediante medidas nacionales y la cooperación internacional para identificar, rastrear, embargar, incautar o decomisar los fondos/activos y bienes que sean producto de la actividad delictiva, determinando su destino y/o repatriación, de conformidad con nuestra legislación nacional y el derecho internacional. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Asimismo enfatizamos nuestra decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social, que ponen en riesgo los avances logrados por nuestras sociedades en el proceso de alcanzar la estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, con un enfoque global que comprenda, entre otros, la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por este fenómeno. En ese sentido, alentaremos los trabajos de la OEA en la elaboración de una estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Enfatizamos nuestra preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible; situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente (Declaración de Mar del Plata, 2005).

  1. Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. (Declaración de Nuevo León, 2004).

  1. Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio (Declaración de Québec, 2001).

  1. Instrumentarán estrategias colectivas, incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia de las Américas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias, concretando acuerdos internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan; elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación, buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asistencia jurídica mutua, extradición y deportación a los países de origen, reconociendo las serias preocupaciones de los países que deportan a ciertos extranjeros por los crímenes cometidos en esos países y las serias preocupaciones de los países receptores por el efecto negativo de estas deportaciones en los niveles de criminalidad en los países de origen, y expresan el deseo de trabajar juntos, cuando corresponda, para abordar los efectos negativos en nuestras sociedades (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Reconociendo que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo democrático y socio-económico en el Hemisferio, así como la urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Aumentarán la cooperación regional con miras a prevenir el uso de armas de fuego y municiones con fines criminales, y examinarán medidas y leyes adicionales a nivel nacional cuando sea apropiado. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Apoyarán los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo para que se consideren sus preocupaciones particulares con respecto a la seguridad, reconociendo que para los Estados más pequeños y vulnerables del Hemisferio la seguridad tiene un carácter multidimensional, involucra a actores estatales y no estatales, e incluye componentes políticos, económicos, sociales y naturales, que los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo han concluido en que, entre las amenazas a su seguridad, están el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, los crecientes niveles de actividad delictiva y de la corrupción, la vulnerabilidad ambiental empeorada por la susceptibilidad a los desastres naturales y el transporte de los desechos nucleares, la vulnerabilidad económica, particularmente en relación con el comercio, las nuevas amenazas a la salud, como la pandemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y los niveles crecientes de la pobreza. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Al forjar una alianza contra las drogas y al aplicar la Estrategia Hemisférica contra las Drogas, acogemos con beneplácito el inicio de las negociaciones formales en la reunión de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), a celebrarse el 4 de mayo próximo en Washington, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de establecer un procedimiento objetivo para evaluar multilateralmente las acciones y la cooperación destinadas a prevenir y combatir todos los aspectos del problema de las drogas y sus delitos conexos, que esté basado en los principios de soberanía, integridad territorial de los Estados, responsabilidad compartida y con un enfoque integral y equilibrado (Declaración de Santiago, 1998).

  1. Darán pleno apoyo a la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en junio de 1998 con el fin de promover la cooperación internacional con respecto a las drogas ilícitas y delitos conexos, y alentar a todos los Estados a participar activamente, al nivel más alto, en esa reunión internacional. Harán todo lo posible por asegurar la implementación efectiva de los acuerdos internacionales sobre estupefacientes a los cuales se han suscrito, a nivel regional y subregional, y que estos funcionen en consonancia con el esfuerzo hemisférico, y reafirmar su apoyo a la CICAD y su papel fundamental en la implementación de estos acuerdos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud publica y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el trafico y la distribución de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el trafico ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos (Declaración de Miami, 1994).

  • 6.1 Los problemas de las drogas ilícitas y las actividades delictivas conexas plantean graves amenazas para las sociedades, las economías de libre mercado y las instituciones democráticas del Hemisferio. El uso de drogas impone enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes de los estupefacientes constituyen una perdida neta para el crecimiento económico, y los cabecillas de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia. Si bien el trafico de estupefacientes continua siendo una fuente significativa de fondos ilícitos, la industria del lavado de dinero negocia cada vez mas con el producto de toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente a todos los aspectos de estos problemas es necesario un enfoque integrado y equilibrado que incluya el respeto a la soberanía nacional. Por estos motivos, se requiere de una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes que, a la vez, incluya nuevos métodos de aplicación de las leyes de tal forma que se permita desintegrar las redes de trafico de drogas y de lavado de dinero, y llevar a juicio a los que se dediquen a tales actividades. En este contexto, los gobiernos destacan la labor de la Cumbre de San Antonio de 1992, respaldan las gestiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y convienen en trabajar conjuntamente en la formulación de una estrategia contra los estupefacientes para el siglo XXI. (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

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