Organización de los Estados Americanos Cumbres de las Américas
 
Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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SEGURIDAD: Lavado de Dinero
MANDATOS

  1. Continuar con el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Octava Cumbre de las Américas, en particular, el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, reafirmando el compromiso con los tratados en la materia, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción, e implementando las siguientes acciones:

    • b. Establecer medidas, sistemas y campañas de concientización pública que incentiven y mejoren las condiciones para la presentación de denuncias sobre posibles irregularidades y actos de corrupción, incluido el lavado de dinero generado por actos de corrupción, así como medidas que brinden una protección eficaz contra posibles represalias o intimidación, el uso de la fuerza física o de amenazas hacia denunciantes, víctimas, testigos informantes y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y la justicia de conformidad con las obligaciones internacionales; (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Adoptar las medidas correspondientes para abordar los compromisos políticos de la Resolución A/RES/S-32-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración Política “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional”, así como seguir promoviendo los resultados del proceso preparatorio de este periodo especial de la Asamblea General, incluyendo, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, de:

    • a. Formular e implementar regulaciones y medidas para recopilar e intercambiar información sobre los beneficiarios finales de las personas e instrumentos jurídicos, para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción, de conformidad con la legislación nacional;

    • e. Fortalecer, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, las capacidades de las autoridades centrales responsables de la cooperación jurídica internacional y de la tramitación de las solicitudes de recuperación de activos, aprovechando y ampliando continuamente los conocimientos de los funcionarios y expertos para mejorar la tramitación electrónica de las solicitudes de cooperación jurídica internacional que tengan por objeto rastrear, congelar, retener, decomisar, incautar y restituir los productos e instrumentos del delito, con miras a una respuesta más eficaz a las solicitudes de recuperación de activos; (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Promover y fortalecer la cooperación internacional entre los Estados para prevenir, procesar, investigar y enjuiciar eficazmente los ciberdelitos; y el uso ilícito de datos e información perteneciente a Gobiernos, instituciones privadas y las personas y otras actividades delictivas apoyadas en el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores y otras formas de violencia sexual, y el tráfico ilícito de drogas y de armas, el lavado de activos, entre otros, en el marco del respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género. (Programa Regional para la Transformación Digital, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

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  1. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Seguiremos luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético. Por lo tanto reafirmamos nuestra voluntad de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, adoptado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas en octubre de 2008, en la Ciudad de México; los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al igual que el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2006. Por consiguiente, invitamos a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales a continuar contribuyendo financieramente y con otras formas de asistencia que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias para facilitar el logro de los objetivos de la seguridad pública en las Américas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar el acceso de los fondos/activos de origen ilícito a nuestros sistemas financieros mediante medidas nacionales y la cooperación internacional para identificar, rastrear, embargar, incautar o decomisar los fondos/activos y bienes que sean producto de la actividad delictiva, determinando su destino y/o repatriación, de conformidad con nuestra legislación nacional y el derecho internacional. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. (Declaración de Nuevo León, 2004).

  1. Apoyarán las medidas contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro tipo de actividades ilícitas provenientes del tráfico de drogas y de armas. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Instrumentarán estrategias colectivas, incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia de las Américas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias, concretando acuerdos internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan; elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación, buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Daremos nuevo impulso a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de armas y el problema de las drogas, incluyendo el uso indebido. Asimismo, trabajaremos conjuntamente para asegurar que los delincuentes no encuentren un refugio seguro en ninguna parte del Hemisferio. Estamos determinados a continuar por este camino (Declaración de Santiago, 1998).

  1. Establecer o fortalecer las unidades centrales especializadas existentes, debidamente entrenadas y equipadas, encargadas de solicitar, analizar e intercambiar entre las autoridades estatales competentes, información relativa al lavado del producto y de los bienes e instrumentos utilizados en las actividades delictivas (también llamadas lavado de dinero). (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Alientan a las instituciones financieras a redoblar sus esfuerzos para evitar el lavado de dinero; como asimismo al sector empresarial correspondiente que refuerce sus controles para evitar el desvío de precursores químicos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud publica y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el trafico y la distribución de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el trafico ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos (Declaración de Miami, 1994).

  • 6.1 Los problemas de las drogas ilícitas y las actividades delictivas conexas plantean graves amenazas para las sociedades, las economías de libre mercado y las instituciones democráticas del Hemisferio. El uso de drogas impone enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes de los estupefacientes constituyen una perdida neta para el crecimiento económico, y los cabecillas de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia. Si bien el trafico de estupefacientes continua siendo una fuente significativa de fondos ilícitos, la industria del lavado de dinero negocia cada vez mas con el producto de toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente a todos los aspectos de estos problemas es necesario un enfoque integrado y equilibrado que incluya el respeto a la soberanía nacional. Por estos motivos, se requiere de una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes que, a la vez, incluya nuevos métodos de aplicación de las leyes de tal forma que se permita desintegrar las redes de trafico de drogas y de lavado de dinero, y llevar a juicio a los que se dediquen a tales actividades. En este contexto, los gobiernos destacan la labor de la Cumbre de San Antonio de 1992, respaldan las gestiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y convienen en trabajar conjuntamente en la formulación de una estrategia contra los estupefacientes para el siglo XXI. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.2 Ratificaran la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, y convertirán en delito el lavado del producto de cualquier delito grave. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.3 Promulgaran leyes que permitan el congelamiento y la incautación del producto de operaciones de lavado de dinero, y consideraran la distribución de los activos incautados entre los gobiernos. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.4 Ejecutaran, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero, y colaboraran para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.5 Alentaran a las instituciones financieras para que notifiquen las transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y elaboraran procedimientos efectivos que permitan la recolección de información pertinente de las instituciones financieras. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.10 Celebraran una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero. (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

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