Organización de los Estados Americanos Cumbres de las Américas
 
Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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SEGURIDAD: Crimen Organizado
MANDATOS

  1. Tomar medidas concretas, con participación y colaboración de la sociedad civil, para mejorar la promoción y protección de los defensores de los derechos humanos, incluidos aquellos que trabajan en temas ambientales, a fin de incluir:

    • d. La conducción de investigaciones y procesos, cuando corresponda, sobre denuncias y alegaciones de violaciones o abusos de los derechos humanos. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Integrar los compromisos emanados de la Cumbre de las Américas y otros foros pertinentes relacionados con la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción en los Planes de Acción Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, según corresponda, incluyendo iniciativas que fortalezcan la transparencia fiscal y eviten los delitos financieros, y refuercen la apertura de la información pública y los datos en formatos abiertos desde el diseño. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Adoptar las medidas correspondientes para abordar los compromisos políticos de la Resolución A/RES/S-32-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración Política “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional”, así como seguir promoviendo los resultados del proceso preparatorio de este periodo especial de la Asamblea General, incluyendo, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, de:

    • b. Penalizar la solicitud y aceptación de sobornos y el soborno de funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organismos públicos internacionales;

    • d. Elaborar y aplicar medidas, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, que establezcan la responsabilidad penal, o bien, cuando proceda, la responsabilidad civil y administrativa de las personas jurídicas que incurran en actos de soborno transnacional; (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Fortalecer los procedimientos de compras públicas y adquisiciones a nivel nacional, regional e internacional, que incluyan:

    • d. Elaborar y aplicar medidas eficaces que aborden la informalidad y la precarización laboral y prevengan y combatan la corrupción y los abusos, incluido el trabajo forzoso y el trabajo infantil, en las cadenas de suministro mundiales mediante el desarrollo de estándares transparentes de contratación pública y requisitos de cumplimiento o códigos de conducta relacionados con la contratación de bienes y servicios, según corresponda, y de acuerdo a la legislación nacional y las obligaciones internacionales de los Estados;

    • e. Elaborar e implementar, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, mecanismos para prevenir, investigar o, según proceda, sancionar la corrupción, incluido el soborno, el tráfico de influencias, el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las adquisiciones de bienes y servicios de los sectores público y privado en colaboración con las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y otros actores. (Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Promover el desarrollo de talento digital especializado en materia de ciberseguridad para la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades de identificación y gestión de riesgos de ciberseguridad en las diferentes partes interesadas e incentivar comportamientos y prácticas adecuadas en el ámbito digital por parte de toda la sociedad. (Programa Regional para la Transformación Digital, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

  1. Promover y fortalecer la cooperación internacional entre los Estados para prevenir, procesar, investigar y enjuiciar eficazmente los ciberdelitos; y el uso ilícito de datos e información perteneciente a Gobiernos, instituciones privadas y las personas y otras actividades delictivas apoyadas en el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores y otras formas de violencia sexual, y el tráfico ilícito de drogas y de armas, el lavado de activos, entre otros, en el marco del respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género. (Programa Regional para la Transformación Digital, IX Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).

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  1. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).

  1. Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).

  1. Fortalecer el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional abordando las finalidades económicas relacionadas con este fenómeno mediante mecanismos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias, cuando proceda, para enfrentar dichas amenazas de manera concertada, aprovechando las experiencias y recursos disponibles de las redes, los organismos y los mecanismos existentes, de conformidad con el derecho interno e internacional. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).

  1. Seguiremos luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético. Por lo tanto reafirmamos nuestra voluntad de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, adoptado en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas en octubre de 2008, en la Ciudad de México; los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al igual que el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2006. Por consiguiente, invitamos a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales a continuar contribuyendo financieramente y con otras formas de asistencia que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias para facilitar el logro de los objetivos de la seguridad pública en las Américas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Asimismo enfatizamos nuestra decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social, que ponen en riesgo los avances logrados por nuestras sociedades en el proceso de alcanzar la estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, con un enfoque global que comprenda, entre otros, la prevención, rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por este fenómeno. En ese sentido, alentaremos los trabajos de la OEA en la elaboración de una estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Enfatizamos nuestra preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible; situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente (Declaración de Mar del Plata, 2005).

  1. Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio (Declaración de Québec, 2001).

  1. Apoyarán las medidas contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro tipo de actividades ilícitas provenientes del tráfico de drogas y de armas. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Alentarán a todos los países del Hemisferio a firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, y Municiones, una vez que éste sea abierto a la firma. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Promoverán, cuando sea apropiado y de conformidad con su ordenamiento jurídico, la adopción de las técnicas de investigación comprendidas en la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que constituyen herramientas muy importantes en la lucha contra la delincuencia organizada. (Plan de Acción de Québec, 2001).

  1. Sensibilizar a la opinión pública respecto de los graves efectos del abuso de drogas y sobre las actividades de las organizaciones criminales que las comercian, incluyendo al nivel mayorista y minorista. (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  1. Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud publica y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el trafico y la distribución de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el trafico ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos (Declaración de Miami, 1994).

  • 6.1 Los problemas de las drogas ilícitas y las actividades delictivas conexas plantean graves amenazas para las sociedades, las economías de libre mercado y las instituciones democráticas del Hemisferio. El uso de drogas impone enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes de los estupefacientes constituyen una perdida neta para el crecimiento económico, y los cabecillas de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia. Si bien el trafico de estupefacientes continua siendo una fuente significativa de fondos ilícitos, la industria del lavado de dinero negocia cada vez mas con el producto de toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente a todos los aspectos de estos problemas es necesario un enfoque integrado y equilibrado que incluya el respeto a la soberanía nacional. Por estos motivos, se requiere de una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes que, a la vez, incluya nuevos métodos de aplicación de las leyes de tal forma que se permita desintegrar las redes de trafico de drogas y de lavado de dinero, y llevar a juicio a los que se dediquen a tales actividades. En este contexto, los gobiernos destacan la labor de la Cumbre de San Antonio de 1992, respaldan las gestiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y convienen en trabajar conjuntamente en la formulación de una estrategia contra los estupefacientes para el siglo XXI. (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 6.9 Fortalecerán los esfuerzos para controlar las armas de fuego, las municiones y los explosivos, a fin de evitar que caigan en manos de los traficantes de drogas y de las organizaciones criminales. (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

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