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Seguimiento e implementación: Mandatos
 

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ENERGÍA: Mejor Acceso a la Energía
MANDATOS

  1. Reconocemos que la energía es un recurso esencial para mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos y que el acceso a la energía es de primordial importancia para el crecimiento económico con equidad e inclusión social. Dirigiremos nuestros esfuerzos a desarrollar sistemas de energía más limpios, asequibles y sostenibles para promover el acceso a la energía y a tecnologías y prácticas energéticas eficientes en todos los sectores. Buscaremos diversificar nuestras matrices energéticas, incrementando, según corresponda, la contribución de fuentes de energía renovables y estimularemos el uso más limpio y eficiente de combustibles fósiles y otros combustibles. (Declaración de Puerto España, 2009).

  1. Incrementarán el acceso de la población rural a los servicios energéticos (Plan de Acción de Santiago, 1998).

  • Iniciativa 61. Incrementar sustancialmente el acceso a los servicios energéticos de las zonas menos atendidas, especialmente las comunidades rurales e indígenas. Al respecto, fomentar la participación de la comunidad y la cooperación de las organizaciones internacionales en la implementación, cuando sea pertinente, y en el financiamiento de servicios de energía apropiados y eficientes (Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra, 1996).

  • 21.1 De conformidad con la Agenda 21 y el Convenio Marco sobre Cambio Climático, el desarrollo y uso sostenible de la energía promueven el desarrollo económico y atienden las preocupaciones ambientales. Los gobiernos y el sector privado deberán promover un mayor acceso a los servicios de energía confiable, limpio y de menor costo a través de actividades y proyectos que reúnan los requerimientos económicos, sociales y ambientales, en el contexto de las metas nacionales de desarrollo sostenible y de los marcos jurídicos nacionales (Plan de Acción de Miami, 1994).

  • 21.5 Promoverán, en cooperación con el sector privado y con las comunidades rurales y aisladas, programas de electrificación rural que tomen en consideración, cuando proceda, la utilización de fuentes de energía renovable, de conformidad con el marco reglamentario nacional (Plan de Acción de Miami, 1994).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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